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«El Sacerdote Alejandro Solalinde» Foto: AFP-Archivo
En el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre el padre Alejandro Solalinde recibió de manos del Presidente de la República el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de un acto de justicia para reconocer y honrar a uno de los más importantes defensores de los derechos de los inmigrantes centroamericanos en nuestro país. Su incansable trabajo humanitario al frente del albergue “Hermanos en el Camino” en Ciudad Ixtepec, Oaxaca le ha ganado el respeto y la admiración de los defensores de derechos humanos en México y el mundo. No obstante, también ha dado origen a una constante persecución por parte de grupos del crimen organizado -quienes ven amenazados sus intereses en relación con el tráfico de personas, drogas y armas por la frontera sur- así como de grupos políticos –quienes en su incompetencia o complicidad con el crimen han sido desenmascarados por él-. Tan grave es que Solalinde pasó, recientemente, dos meses de exilio forzado en el exterior.
El albergue “Hermanos en el camino” es un punto de referencia para entender el papel crucial que desempeñan organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, entre otros actores sociales, en el combate frontal a lo que Solalinde llama “El Holocausto” de cientos de miles de centroamericanos y, en menor medida de otras latitudes, que buscan cruzar el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos. Desde febrero de 2007, “Hermanos en el Camino” provee de alojamiento, alimentación, así como asistencia médica, jurídica y psicológica a hombres y mujeres que se juegan la vida en esa travesía. Solalinde, a sus setenta años de edad, es un pilar en esta lucha que pocos se atreven a abrazar y que, a pesar de esfuerzos aislados desde las instituciones del Estado, se mantiene en las sombras de las políticas públicas.
La barbarie de la explotación, el abuso, la desaparición y el secuestro contra nuestros hermanos migrantes centroamericanos es, sin la menor duda, un pendiente que los mexicanos venimos arrastrando por décadas. Y es precisamente contra esta criminal indiferencia frente a este grupo tan vulnerable que Solalinde lucha todos los días. Cotidianamente denuncia los abusos y las redes de corrupción que los alimentan, señala las insuficiencias estructurales para impedir que esto siga ocurriendo, llama la atención sobre el origen y las causas de fondo de muchos de estos fenómenos, denuncia a los estados con mayor índice de desapariciones y asesinatos de migrantes -argumentando que son precisamente en los que no ha habido alternancia- y se confronta con la jerarquía eclesiástica que, salvo honrosas excepciones, no voltea a ver esta realidad ni con el bagaje crítico ni con la generosidad de Solalinde. Con el apoyo de otras organizaciones nacionales e internacionales de defensoría y promoción de los derechos humanos, la tarea de Solalinde se ha convertido en una auténtica obra social que afortunadamente se replica hoy en muchos estados del país. Ojalá esta premiación sea sólo la antesala de una acción decidida, entre gobierno y sociedad civil, para parar esta catástrofe a la que se enfrentan las víctimas invisibles, como les denomina Amnistía Internacional. La sola existencia de este holocausto, como lo llama Solalinde, merma gravemente cualquier discurso oficial de apoyo a “nuestros migrantes” en referencia a los mexicanos en tránsito o en residencia indocumentada en Estados Unidos. Tanto ellos, como los del sur, son nuestros migrantes. @AdriGlezCar
Artículo publicado el pasado 29 de diciembre de 2012, en Milenio Diario, estado de México
Comedor temporal para migrantes en Huehuetoca | Foto: radiokashana.org
Así se titula un documento reciente de la organización Amnistía Internacional que demanda una acción urgente ante hechos lamentables que específicamente apuntan a omisiones y negligencias graves por parte de las autoridades de la entidad y de los municipios mexiquenses por los que centenares de miles de migrantes irregulares, provenientes principalmente de Centroamérica, pernoctan o transitan con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. El 21 de julio pasado, unos desconocidos dispararon contra un comedor temporal para migrantes en Huehuetoca, estado de México.
Este gravísimo incidente –un autoatentado según lamentables declaraciones del edil de Huehuetoca- tuvo como telón de fondo el cierre del albergue “San Juan Diego” para migrantes en Lechería –a causa de la violencia y las amenazas de que eran objetos los voluntarios que trabajaban en él- y de un número indeterminado de enfrentamientos entre residentes locales y migrantes sin la intervención de la policía estatal o municipal. En efecto, tanto migrantes como voluntarios en estos albergues han tenido que enfrentar prácticamente solos amenazas de muerte como las que hace meses recibe cotidianamente el padre Alejandro Solalinde en el albergue Hermanos en el Camino ubicado en Tuxtepec, Oaxaca. Pero en el estado de México, la impunidad ha incrementado exponencialmente los abusos, las palizas, secuestros, violaciones y asesinatos de que son víctimas los migrantes frente a la inacción por parte de las autoridades. A pesar de las medidas cautelares ordenadas en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presencia policiaca en estas demarcaciones se ha reducido al mínimo, la protección de los migrantes en riesgo y de los defensores de derechos humanos que trabajan con ellos simplemente no existe y el deber jurídico y humanitario de establecer albergues equipados para prestar ayuda humanitaria se ha incumplido en innumerables ocasiones. Por no hablar, por supuesto, de la implicación directa –ya sea por complicidad o negligencia frente al crimen organizado- de autoridades estatales y federales en los abusos contra migrantes irregulares.
Por ello, Amnistía Internacional les llama las “víctimas invisibles” y de ahí que en su reporte más reciente sobre este asunto, haga una serie de recomendaciones a las autoridades estatales y especialmente a las del Estado de México en materia de asistencia, vigilancia, protección e investigación de delitos. Felizmente la reubicación del albergue San Juan Diego parece haberse puesto en marcha a partir del activismo de organizaciones no gubernamentales y de la solidaridad con su reclamo que demostramos los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso. No obstante, es preciso insistir en una serie de medidas indispensables para, luego de contar con un marco jurídico mucho más sólido a nivel nacional, comenzar a hacer lo propio a nivel estatal. Necesitamos leyes y políticas públicas estatales para la protección al migrante, programas de profesionalización y sensibilización de servidores públicos, estrategias estatales para combatir la impunidad e investigaciones serias para abatir el abuso policíaco.
Artículo publicado el pasado 18 de agosto de 2012 en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Este próximo 27 de marzo, los mexiquenses iremos a las urnas a manifestar nuestra opinión sobre un tema de carácter cívico de la mayor importancia. Se trata de la consulta ciudadana, a la que convocan los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a fin de decidir si una alianza PAN-PRD es respaldada por el grueso de la sociedad civil en nuestro estado. Con el objetivo de garantizar la eficacia y buena marcha del diseño e implementación de este ejercicio democrático, ambos partidos han invitado a Alianza Cívica, organización no gubernamental de reputación intachable, a asumir los trabajos preparatorios y de coordinación de esta iniciativa. Más aún, un grupo de personalidades de reconocida trayectoria, coordinado por el distinguido politólogo Sergio Aguayo, asumirán la autoridad técnica-logística y estarán a cargo de prevenir, atender y decidir sobre posibles quejas o irregularidades. Alianza Cívica es probablemente una de las organizaciones ciudadanas de mayor prestigio, compromiso con la democracia y trayectoria en materia electoral en nuestro país. Su participación en este mecanismo garantizará que, sin excepción, los mexiquenses participemos directa y abiertamente, sin coerción o manipulación de ninguna índole, expresando nuestra opinión de manera libre y secreta.
En efecto, el próximo domingo 27 se instalarán aproximadamente 1,200 mesas de consulta en lugares públicos de fácil acceso y ubicación en cada uno de los municipios del estado de México. Cabe señalar que, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con dos requisitos esenciales a saber: 1) contar con una credencial de elector vigente expedida por el IFE y 2) tener su domicilio permanente en el estado de México. Esa misma noche, Alianza Cívica estará a cargo de dar a conocer los resultados de la consulta, emitirá las decisiones a que haya lugar por las posibles irregularidades que pudieran presentarse y, el miércoles 30 de marzo, entregará públicamente a los partidos los resultados definitivos. Los gastos que este ejercicio genere, serán cubiertos igualmente por ambos partidos y su debida utilización quedará adecuadamente transparentada en información pública y de fácil acceso para todos.
Las consultas ciudadanas son procesos habituales en democracias consolidadas. Utilizando las herramientas de la democracia participativa, como las consultas, las sociedades consiguen hacerse escuchar, manifestar claramente sus preferencias y, al final, decidir sobre un cúmulo de asuntos demasiado importantes como para dejarlos exclusivamente en manos de los políticos. La eventual Alianza opositora en el estado de México es sin duda uno de estos temas. Con todo y que la gran mayoría de actores políticos de oposición simpatizamos con esta iniciativa, el respaldo de la ciudadanía es indispensable para lanzar esta cruzada democratizadora. En caso de no obtenerlo, sobra decir que acataremos esa decisión y actuaremos en consecuencia. De cualquier manera, este tipo de ejercicios ya vislumbra un cambio cualitativo en la manera de hacer política en la entidad. Hay que recordar que en el estado de México está pendiente una alternancia política y una transformación de las estructuras del poder para dejar atrás décadas de autoritarismo, caciquismo, corrupción, impunidad y desprecio por la libertad ciudadana. Más allá del resultado final de esta consulta, el grupo enquistado en el poder se dará cuenta de las dimensiones de un clamor ciudadano que exige ser tomado en cuenta. Descubrirá que la sociedad tiene mucho que decir y aportar en un amplio debate público del que ha estado marginado por alrededor de 8 décadas. Ante esto ya se advierte la desazón del gobernador y su camarilla, sabedores de que la mayoría ya se decanta por un cambio de fondo. En Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa, la sociedad tomó en sus manos el control que ostentaba un partido y sus redes clientelares. El 27 de marzo comienza un nuevo despertar para la ciudadanía mexiquense y estamos todos invitados a la celebración.
Artículo publicado el pasado 5 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: diarioimagen.net | Inauguración del Hospital Rural del IMSS-Oportunidades de San José del Rincón, estado de México | enero 2011
Uno de los objetivos primordiales de la administración del presidente Felipe Calderón tiene que ver con avanzar en el cumplimiento de un anhelo de gran relevancia para la sociedad mexicana. Me refiero a la posibilidad de que en México cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, su edad, su actividad laboral o cualquier otra condición, tenga acceso a un médico, medicinas y tratamiento hospitalario en caso de necesitarlo. En efecto, la denominada cobertura universal en materia de salud dejará muy pronto de ser una utopía. Hace algunos días en Ginebra, en el marco de una presentación especial para los participantes del Foro Económico Mundial, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos dio cuenta de una serie de avances que colocan a nuestro país en la vanguardia regional en esta materia. Según información oficial, actualmente 93 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de seguridad social, lo cual acerca a nuestro país a la meta de cobertura universal que, en el mediano plazo, cubriría a la población total que asciende a poco más de 112 millones de habitantes.
Aunque se exprese con facilidad, la cifra alcanzada es notable desde cualquier punto de vista. En primer lugar, este avance se consigue sin una drástica reorientación del gasto público que genere vacíos en la atención gubernamental en otros rubros igualmente delicados. Si bien es cierto que el presupuesto en materia de salud aumentó notablemente pasando del 5.2% del PIB en 2000 a casi el 7% en el presente rebasando su máximo histórico de 161 mil millones de pesos, los recursos han maximizado su utilidad al concentrarse sobretodo en políticas de prevención y atención a los grupos más vulnerables. Tan sólo el gasto en prevención de enfermedades aumentó en un 20% en los últimos diez años. En segundo lugar, se consiguió a contrapelo de una crisis financiera de grandes proporciones y, por si fuera poco, en contraste con el retraso que muchos otros países registran en la materia. Es el caso de los Estados Unidos donde aún faltan 50 millones de ciudadanos en ser adecuadamente cubiertos por algún esquema de protección y seguridad social.
De tal suerte, millones de mexicanos no tendrán que destinar un porcentaje alto de sus ingresos a la atención médica de sus familiares, ni vivirán la incertidumbre que generaba, en el pasado, su situación de crónica vulnerabilidad frente a las enfermedades, los accidentes y las calamidades. De hecho, como afirmó el propio Dr. Córdova, el gasto en salud pasó de privado a público lo cual tendrá también un impacto positivo en el ingreso y el bienestar de millones de ciudadanos.
Desde luego este es el resultado de un arduo trabajo que incluye la adaptación de las mejores prácticas internacionales en la materia a la realidad cotidiana de un país como el nuestro. Entre otras medidas, destaca, por ejemplo la ampliación del Seguro Popular para la atención de enfermedades y situaciones de salud graves como la hemofilia, el infarto al miocardio y cuadros clínicos que exijan transplantes de córneas y médulas óseas. De entrada, esta ampliación implica que se atenderán anualmente entre 20 y 25 mil pacientes más en una inversión pública global anual de aproximadamente mil 800 millones de pesos. Otra de estas prácticas notables tiene que ver con las Caravanas de la Salud. Mediante este programa, se garantiza la atención médica especializada a prácticamente el 8% de la población del país que habita en zonas de difícil acceso y comunicación con el resto del país. Son ya mil 650 unidades que trabajan todos los días llevando a más 15 mil comunidades fundamentalmente rurales, servicios y atención médica de calidad. Este esfuerzo despliega también un ejército de expertos para la detección oportuna de enfermedades y, por ejemplo, la presencia del virus AH1N1 en comunidades marginadas de Oaxaca, el despliegue de campañas de difusión e identificación temprana del cáncer de mama entre otras políticas de alto impacto social.
Adicionalmente, se han venido realizando acciones de seguridad vial para disiminuir la incidencia de accidentes de carretera -de hecho, estos se han reducido en un 19% en los últimos años-, acciones de atención y prevención para casos de alcoholismo -factor asociado a terribles enfermedades, muertes prematuras y letales accidentes entre los jóvenes- así como políticas de vanguardia para el control del VIH Sida. De hecho, México es uno de los países que ha efectuado las mayores reducciones en la tasa de propagación de este virus.
Pero la cobertura universal a finales de 2011 no será la única meta a la que nuestro país llegará a tiempo. México también conseguirá, en 2015, cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad infantil. De ahí el esfuerzo tendiente a fomentar la vacunación y la lactancia materna, así como evitar enfermedades prevenibles en bebes de hasta seis meses de edad. El cumplimiento de este logro pasa también por el reforzamiento del cuadro de vacunación infantil que se ha fortalecido considerablemente con la inclusión de antídotos para la prevención del rotavirus, el neumococo y la influenza.
Por supuesto que aún hay problemas importantes que atender. El abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, la eliminación de duplicidades, ineficiencias y ofertas diferenciadas de servicios entre, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE, los problemas económicos que son comunes a la financiación pública de muchos programas sociales, entre muchos otros. Sin embargo, hay un esfuerzo contínuo que, desde la creación del Seguro Popular y hasta la Cobertura Universal dan testimonio de un compromiso sistemático de los gobiernos panistas con la protección de la salud, un asunto toral para la construcción de un Estado con auténtica vocación social.
Artículo publicado el pasado 22 de enero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
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