Fría y lluviosa navidad

Gráfico: Milenio.Com | Columna semanal: Argumentos a debate

Artículo publicado el pasado 28 de diciembre en Milenio Diario, Estado de México

Varios frentes fríos, como se denomina en la meteorología a estos fenómenos, fueron los responsables de que miles de habitantes en Tabasco, Chiapas y Veracruz, principalmente, pasaran Nochebuena y Navidad con viviendas, negocios y calles totalmente anegadas por las lluvias mas intensas del año. Mientras escribo estas líneas leo que la Comisión Nacional del Agua pronosticó para el viernes 27 un reforzamiento del Frente Frío número 20 que podría extenderse desde la península de Florida hasta el Sur del Golfo de México afectando gravemente a la mayor parte del estado de Tabasco, la región noroeste de Chiapas y algunos municipios de Veracruz con precipitaciones de alto volumen. En plena navidad, cientos de familias fueron evacuadas y llevadas a albergues. Las temperaturas bajaron también notablemente en todo el país y, en consecuencia, la Secretaría de Marina debió activar el “Plan Marina” y la Secretaría de la Defensa Nacional el DN-III para la prevención, auxilio y recuperación por los estragos causados. El 2013, en efecto, fue un año especialmente crítico para nuestro país en materia de ciclones, huracanes y sismos. De entrada, la interacción entre el huracán Ingrid en el Golfo de México y la tormenta tropical Manuel en el Pacífico volvieron a septiembre, por primera vez desde hacía décadas, el mes más lluvioso del año. A consecuencia de ello, la costa de Acapulco y muchas otras del estado de Guerrero atestiguaron una devastación sin precedentes. En el Pacífico, la temporada de ciclones fue profusa y se formaron decenas de huracanes.

Sin duda, hay acciones gubernamentales que podrían reducir el sufrimiento que causan estas catástrofes naturales. Pero cometeríamos un error si nos ocupamos tan sólo de la dimensión local o nacional de estos desastres. Pero lo cierto es que las recientes inundaciones en México apenas son un botón de muestra de un fenómeno auténticamente global. Las inundaciones registradas en Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas han sido a tal grado dramáticas que la Organización de Estados Americanos comienza a ocuparse de coordinar una respuesta hemisférica. En efecto, se trata de los embates, cada vez más profundos, del cambio climático. De acuerdo con científicos de la talla de Francis Zwiers, existe una correlación entre los niveles de gases de efecto invernadero y las fuertes precipitaciones que viene experimentando el planeta. Sin duda, ni el alcantarillado ni el sistema de aguas, ni prácticamente ningún sistema de protección civil en el planeta está preparado para enfrentar lluvias torrenciales como las que se esperan si el medio ambiente sigue deteriorándose. Más aún, de acuerdo con un informe reciente de la organización Nature Climate Change, las ciudades portuarias y ribereñas tendrán un riesgo nueve veces mayor al actual en materia de inundaciones mismas que le costarán al mundo unos 52 mil millones de dólares en el 2050. Hoy más que nunca necesitamos respuestas coordinadas por la comunidad internacional para hacerle frente a este desafío. De ahí la importancia de que México sea la sede, en 2014, de la Cumbre Mundial de Legisladores de GLOBE, una organización encomiable para el combate al cambio climático y la promoción del desarrollo sustentable. @AdriGlezCar

Pasos sólidos para prevenir y sancionar la trata de personas

Gráfico: Milenio Diario

Con todo, lo emprendido hasta ahora parecía estar muy lejos de satisfacer la apremiante necesidad de atajar un problema tan extendido y complejo. En efecto, la llamada esclavitud del siglo XXI se ha reflejado en nuestro país con formas y dimensiones indignantes que pasan por las distintas fases de origen, tránsito y destino de personas víctimas de la explotación sexual y laboral. De acuerdo con información de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWALC, por sus siglas en inglés), México es no sólo el quinto país de la región latinoamericana con el mayor número de víctimas de este delito, sino uno de los que mayor riesgo corren frente a la expansión de redes nacionales y transnacionales del crimen organizado dedicadas a este aberrante negocio. Peor aún, dos coyunturas confluyen para agravar la vulnerabilidad de nuestro país frente a estas prácticas. Por un lado, la crisis económica internacional y, por el otro, la lucha frontal que el Estado Mexicano mantiene contra el narcotráfico han terminado por generar un proceso de diversificación de las organizaciones criminales que encuentran en la trata de personas una alternativa para seguir delinquiendo y obteniendo recursos cuantiosos para financiarse. Concretamente, los estados de la frontera norte y la frontera sur, así como aquellos que colindan con el Océano Pacífico concentran la mayor parte de los problemas relacionados con  la trata de personas y la explotación. Todos los días, estas redes criminales desafían al Estado Mexicano, compran funcionarios de los tres niveles de gobierno, controlan complejos esquemas logísticos para su operación y sustentan económicamente muchas otras actividades delictivas. No hay que olvidar que se trata, según la Organización de las Naciones Unidas, del tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, justo después del tráfico de drogas y armas, puesto que sus ganancias ya rebasan los 30 mil millones de dólares anuales.

Con aproximadamente 200,000 víctimas anuales de la trata de personas –y 2 de cada 10 siendo menores de edad según datos de organizaciones no gubernamentales- , nuestro país está obligado a diseñar y emprender nuevos mecanismos que desarticulen a estos grupos criminales y que reduzcan sensiblemente la incidencia de este fenómeno global. Frente a la magnitud del desafío, el Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, llega a cubrir un vacío fundamental en términos de la coordinación y colaboración de los sectores público, privado y social. Si bien el Programa se establece como encomienda de la Ley promulgada en 2007, va mucho más allá de lo que originalmente suponía un ejercicio de esta naturaleza. El programa formula un total de 58 líneas de acción fundamentalmente relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia del delito, con el diseño y puesta en marcha de un sistema para la búsqueda sistemática de personas desaparecidas, y que se presuma estén en una situación de este tipo, así como una serie de políticas públicas con el objetivo de colocar este tema en un nivel de alta prioridad entre las tareas de esta administración. Más aún supone la elaboración de un nuevo y profundo diagnóstico sobre las dimensiones y manifestaciones actuales de esta práctica, el establecimiento de un código de conducta que comprometa a los medios de comunicación a no difundir, transmitir ni publicar anuncio que pueda tener que ver con trata y la celebración de un Convenio marco con los estados de la Federación para la plena armonización de legislaciones locales. De hecho, entre sus ambiciosos objetivos, se contempla armonizar las leyes de todas las entidades del país, aumentar el número de integración de averiguaciones previas a por lo menos el 80% así como aumentar sustancialmente el número de campañas mediáticas sobre el particular.

El programa también prevé el desarrollo de herramientas de capacitación y formación para los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno en materia de derechos humanos, prevención de la trata de personas y delitos relacionados, así como la implementación de procedimientos ágiles y seguros de acceso a la justicia, coordinación de las procuradurías para la persecución y sanción del delito y de concientización para asegurar que los centros de salud atiendan y orienten a las personas en situación de trata para acudir a las distintas instancias de procuración de justicia. Más aún prioriza como el grupo más vulnerable entre los vulnerables a la infancia. Por tanto, establece una serie de políticas encaminadas a denunciar posibles conductas asociadas al delito de trata de niños, promoviendo la denuncia entre proveedores de servicios como transportes y hospedaje, a impulsar una plena armonización del marco jurídico nacional con respecto a la Convención sobre los derechos del niño y a implementar una amplia campaña de difusión en este sentido. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cada año son explotados entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en el país.

Finalmente, el Programa no es omiso con respecto a la necesidad de establecer sistemas de cooperación internacional para la persecución de este delito. Como parte sustancial del mismo, se establece el intercambio de información con otros países sobre mejores prácticas para prevenir y sancionar, así como reforzar el intercambio de información de inteligencia, de acuerdo con la legislación internacional vigente.

Se trata de un paso sólido en la dirección correcta que deja atrás años de inacción, indolencia e indiferencia con respecto a este grave asunto de seguridad nacional. El Programa supone un avance sustancial que hoy le permite al gobierno mexicano reconocer que nuestro país se ha convertido en un país de tránsito, origen y destino de víctimas de trata y, en consecuencia, asumir con plenitud su responsabilidad en la erradicación de este delito así como en la generación de las condiciones óptimas para su prevención. Por supuesto que en esta empresa, como en muchas otras, los gobiernos estatales tienen mucho que aportar. De entrada parece inverosímil que tan sólo seis estados –Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala e Hidalgo- cuenten con legislación especializada en la materia mientras que sólo 12 estados cuentan con una legislación que busca armonizarse con el Protocolo de Palermo, el principal mecanismo internacional para atender, prevenir y sancionar la trata.

Artículo publicado el pasado 8 de enero en Milenio Diario, estado de México

Día Internacional de la Juventud: oportunidad para hacer conciencia

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente 1,500 millones de jóvenes, entre los 15 y 24 años de edad de acuerdo con las definiciones globalmente aceptadas. Las proyecciones demográficas, sin embargo, plantean que el universo de jóvenes se ampliará significativamente en las próximas décadas.

De ahí que en 1998 se celebrara una Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud la cual consiguió el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas para emitir la Resolución 54/120. De acuerdo con esta resolución, cada 12 de agosto se celebra, en todos los Estados miembros, el Día Internacional de la Juventud como una forma de hacer patente el compromiso de los gobiernos a favor de la promoción de políticas para proteger y apoyar a un sector clave de la sociedad: los jóvenes.

No se necesita ser un experto para advertir que la inversión en los jóvenes es una pieza fundamental de cualquier política pública para promover el desarrollo económico y social. Mientras más sanos, mejor educados, más felices y plenos, harán una aportación mayor al desarrollo de su comunidad hasta convertirse en verdaderos artífices para la superación de la pobreza en su entorno inmediato.

Pero la propia juventud enfrenta una realidad más compleja. De entrada, el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 da cuenta de la existencia de más de 200 millones de jóvenes en el mundo que viven con menos de un dólar por día, 130 millones son analfabetos, 88 millones están desempleados y de entre los que padecen de una salud precaria, 10 millones podrían ser portadores del VIH Sida.

La insuficiencia de la inversión pública y los programas focalizados hacia la juventud es un acuciante problema global que, en el contexto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no puede ser relegado de la agenda. En México mucho tenemos que hacer para remontar este histórico lastre.

Tan sólo en nuestro país, 14.9 millones de jóvenes están en pobreza mientras 3.3 millones viven en pobreza extrema. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), éstos sufren de severos rezagos educativos, un precario e insuficiente acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda y alimentación especialmente en cuatro estados: Chiapas (con más del 75% de los jóvenes en pobreza multidimensional), Guerrero, Puebla y Oaxaca. Mientras que en el Estado de México, más de la mitad de los 4.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, se siente discriminada o con pocas perspectivas hacia el futuro.

Por ello, las necesidades que emanan de esta franja poblacional deben ser atendidas sin mayores dilaciones y, en definitiva, son los tres niveles de gobierno los responsables de comprometerse a una acción decidida para cerrar el paso a lo que puede ser una tragedia muy importante en términos de capital humano y equidad social. Hay que considerar que no son sólo problemas socioeconómicos sino también de otra índole –discriminación, violencia, represión, adicciones, subrepresentación en distintos espacios, escasez de opciones culturales y recreativas- los que también afectan severamente a nuestros jóvenes.

La acción es impostergable, más aún, si consideramos que de acuerdo con el INEGI se espera que México tenga 29.5 millones de jóvenes en 2015. Ese bono de talento, creatividad y energía tenemos que aprovecharlo al máximo mediante una fuerte inversión pública.

Sin embargo, quizá sea tiempo de comenzar a cambiar el paradigma imperante. Me refiero a dejar de ver a los jóvenes como objetos pasivos de la acción pública y considerarlos mucho más como sujetos activos en el diseño de las políticas que les asistan. Por ello, la relevancia del Día Internacional de la Juventud que pone el acento en la participación plena de los jóvenes quienes, con plena conciencia de su realidad, pueden hacer la diferencia.

En ese sentido, el Senado de la República aprobó declarar el 12 de agosto como “Día nacional de la juventud” en consonancia con el Día Internacional y con la celebración, del 23 al 27 de agosto, de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010 en León, Guanajuato, un espacio donde jóvenes de 93 países establecerán un espacio de discusión y reflexión.

Esta conferencia, una iniciativa del gobierno de México con el respaldo de Naciones Unidas, contará con tres espacios vinculados entre sí para hacer converger a los tres agentes sociales estratégicos para hacer posible una plena participación de los jóvenes como agentes del desarrollo, la paz, los derechos humanos y la democracia. Por un lado los propios jóvenes y, por otro, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, autoridades públicas y representantes gubernamentales así como legisladores.

De este modo, tanto el Foro Social, como el Foro de Gobiernos y el Foro de Legisladores estarán interactuando para escuchar a los jóvenes y juntos diseñar los programas y las iniciativas de gobierno para dar pleno seguimiento y atención a sus necesidades más apremiantes.

Entre otros temas a ser abordados destacan los de la reducción de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, y uso de la energía renovable, generación de empleos con responsabilidad ambiental, protección social en salud y ampliación de oportunidades para la educación.

La declaración que emane de esta cumbre se entregará a la Secretaría General de la ONU. En consecuencia, México tendrá mayores razones para obligarse y comprometerse con una amplia agenda a favor de los jóvenes y siendo ellos quienes principalmente deben recordarle al Estado mexicano de esta responsabilidad.

Artículo publicado el pasado 14 de agosto en Milenio Diario, estado de México