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Luis Felipe Bravo Mena
Ya lo decía recientemente Juan José Rodríguez Prats, el panismo mexiquense tiene una larga trayectoria en la que abundan éxitos y, como resultado de la condición humana en la actividad política, algunos fracasos, más bien recientes. Durante las elecciones pasadas en la entidad, el PAN registró un severo voto de castigo y, en consecuencia, abrió un amplio proceso de reflexión sobre lo que toca a los panistas hacer para recobrar plenamente la confianza ciudadana. Entre otras lecciones, destaca la de recuperar nuestros orígenes. Esto supone recuperar nuestro ideario, nuestra forma distintiva de hacer política y los principios que han orientado nuestra lucha democrática por décadas. Frente a la amenaza del adversario -un priísmo anclado en el pasado, hundido en un océano de corrupción, enraizado en lo peor de las tradiciones corporativas y autoritarias del antiguo régimen que han entorpecido el desarrollo del estado de México- Acción Nacional debe abanderar una agenda de cambio radical.
Para ello, se necesita un liderazgo con una trayectoria irreprochable dentro del partido, con un trabajo sólido y congruente entre la militancia, con una amplia experiencia y, primordialmente, con calidad moral y profundas convicciones de carácter ético. Luis Felipe Bravo Mena es, por mucho, la personalidad que reúne todos estos rasgos. Por un lado, se trata de un político que se formó en el panismo de los años ochenta, aquel que en condiciones adversas se mantuvo como oposición firme a un régimen que parecía entonces inquebrantable. Fue hombre del Maquío Clouthier en Sinaloa en 1986 y luego un cercano colaborador del entonces candidato presidencial en 1988. Junto con otros muchos hombres y mujeres valientes fue un protagonista del proceso de transición democrática que vivió nuestro país y eso acredita no sólo su compromiso con este ideario sino su amplia experiencia enfrentando a los dinosaurios que se resisten a dejar el poder. En suma, Bravo Mena es la antítesis del político improvisado, del pragmático que aprovecha las coyunturas favorables. Todo lo contrario, es un hombre acostumbrado a la adversidad, al sacrificio, y a la lucha a ras de suelo. Esa fue la tónica de las campañas de 1993 por la gubernatura de la entidad, por la presidencia municipal de Naucalpan y las que lo llevaron a ser electo Diputado Federal y Senador en 1994.
Por otro lado, Luis Felipe ha sido congruente durante toda su carrera política. Nunca ha militado en otro partido político. Nunca ha dejado atrás sus convicciones. Nadie puede señalarle algún capítulo oscuro en su pasado, su integridad está fuera de duda y siempre ha predicado con el ejemplo. Nada más ajeno a Luis Felipe que esos políticos camaleónicos que cambian el color de su piel según las circunstancias. Militando desde abajo, fue electo a la más alta responsabilidad partidista a que un panista pueda aspirar y se convirtió en el Presidente Nacional del PAN en 1999 por dos periodos consecutivos. Su exitosa gestión al frente del partido fue crucial para el aplastante triunfo de Vicente Fox en el 2000 y, en consecuencia, para hacer posible el sueño del Maquío, de Gómez Morín y de todos quienes se entregaron en esta brega de eternidad por la democracia y la alternancia.
Finalmente, Luis Felipe es un mexiquense de toda la vida. Aunque nació en Guanajuato, ha vivido prácticamente toda su vida adulta en el estado de México. Conoce mejor que nadie el estado y sus 125 municipios, conoce sus problemas y los ha vivido en carne propia. Es un mexiquense reconocido y querido por sus vecinos, un padre de familia entrañable y un ciudadano ejemplar.
Por todas estas razones, Luis Felipe Bravo Mena es no sólo el mejor candidato para representar al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones del 3 de julio sino, si la ciudadanía se decanta por ella, el candidato idóneo para apuntalar la Alianza opositora que podría echar al PRI del Palacio de Toluca.
Artículo publicado el 12 de febrero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
No es necesario que los diputados locales del Partido Verde en el Congreso mexiquense se esfuercen en convencernos de lo contrario. El gobernador Enrique Peña Nieto orquestó, con sus adeptos, la aprobación de una ley antidemocrática cuyo objetivo final es impedir una alianza electoral y ciudadana como la que se está construyendo para dar paso a la alternancia tras ocho décadas de autoritarismo en nuestra entidad. En efecto, aprovechando que el país se ocupaba de celebrar el Bicentenario de la Independencia y con el objetivo de hacer la operación lo más oscura posible, la mayoría legislativa en el Congreso del Estado de México asestó un duro golpe a la democracia y los derechos electorales de los mexiquenses. Luego de un debate en el que los diputados del PAN, PRD y PT se opusieron enérgicamente a la propuesta, los diputados del PRI, PVEM, el PANAL, PSD y Convergencia consiguieron aprobar la iniciativa que elimina tanto de la Constitución como del Código Electoral del estado la figura de la candidatura común.
Con una velocidad que raramente se observa en la aprobación de leyes que benefician a la población, tomó prácticamente horas el proceso de presentación, análisis y votación en Comisiones unidas de Asuntos Electorales y Gobernación. Luego de su aprobación final en el pleno, el gobernador Peña Nieto ha asumido con vehemencia la defensa de la ley demostrando que es un traje a su medida. Según él, las candidaturas comunes “confunden” y “provocan confusión entre el electorado”. Peor aún y paradójicamente, las ha acusado de antidemocráticas y oportunistas, cometiendo además la impudicia de equipararlas, durante su V Informe, con la delincuencia organizada como si fuera una amenaza para el país.
En el fondo, el gobernador no es capaz de ocultar el pavor que le produce pensar en que seguramente será el último mandatario estatal en emanar del partido de siempre. Esto no sólo afectaría gravemente su reputación como líder del priismo nacional sino que entorpecería en gran medida sus ulteriores aspiraciones políticas. Ese fue el mismo ánimo que lo llevó a buscar afanosamente toda clase de convenios y pactos impresentables a espaldas de la opinión pública.
En primer lugar, lo antidemocrático no son las coaliciones sino el intentar prohibirlas para dejar a salvo un viejo enclave autoritario en la República. En el mundo hay numerosos ejemplos de la manera en que candidaturas comunes y alianzas electorales dan origen a exitosos gobiernos de coalición. Ocurre en Sudamérica, en Europa y, por supuesto, en México.
No hay que olvidar que Oaxaca, Puebla y Sinaloa comenzarán este año su propia transición local a la democracia, la alternancia y la transparencia de la mano de una coalición opositora alrededor de un candidato común. Pero tampoco hay que olvidar que el PRI ha hecho uso de esta figura en múltiples ocasiones. Su propia candidatura, la de Peña Nieto, fue una candidatura común y una alianza electoral entre el PRI y el Partido Verde.
Las coaliciones fueron también una respuesta del PRI a algunas de las candidaturas comunes de la oposición en elecciones recientes como en Sinaloa y Oaxaca.
En segundo lugar, la reforma no puede ocultar el desprecio que el gobierno de Peña Nieto tiene hacia los electores. Durante la discusión legislativa, un diputado del PVEM insistió en que se trataba de evitar la confusión del electorado toda vez que “las candidaturas comunes permiten que en las boletas electorales aparezca la fotografía y el nombre del candidato en diferentes cuadros” por lo que, remata, “el elector llega y marca varios cuadros porque cree que así se debe votar”. A pesar suyo y de sus aliados políticos, quienes con estos argumentos insultan la inteligencia del electorado, los votantes mexiquenses sabemos diferenciar las propuestas políticas detrás de los candidatos e identificar con claridad el contraste que supone un candidato del pasado y una apuesta por el futuro. No hay lugar para confusión porque una coalición electoral, en efecto, se construye alrededor de un candidato común pero también alrededor de un proyecto político y una agenda claramente definidos (véanse Décalogo por una Alianza Opositora, parte I y II, publicados respectivamente el 13 y 20 de marzo en este mismo espacio). Además, supone la construcción de un gobierno que refleje la pluralidad de la alianza electoral con representación de los partidos pero también de los distintos sectores sociales que participaron en su conformación.
En tercer lugar, la reforma muestra el temor que al autoritarismo le infunde una campaña electoral competitiva y abierta. La reforma acortó el periodo de campaña en los comicios para elegir gobernador a celebrarse en julio de 2011. Los diputados votaron por reducir de 90 a 45 días la campaña electoral. Esto tiene profundas implicaciones de toda índole. En principio, supone que los candidatos deberán recorrer nuestro extenso territorio, los 125 municipios que lo conforman, en tan sólo mes y medio. Pero supone también que el candidato sucesor de Peña Nieto intentará refugiarse en la brevedad de la campaña para intentar que la oposición no remonte una inicial desventaja como ocurrió, precisamente, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, fracasos electorales que han calado hondo en el PRI nacional y estatal.
Será imposible que con este tipo de argucias consigan su objetivo de parar lo que ya es por si imparable. Las alianzas llegaron para quedarse y en el estado de México cada día que pasa adquieren mayor fuerza. La batalla política y jurídica que comienza ahora dejará aún más en evidencia la desesperación, el miedo y la desazón del gobernador y sus aliados. El país ya cambió y, a pesar de todas las resistencias, lo hará también el estado de México.
Artículo publicado el pasado 18 de septiembre en Milenio diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
Entre los candidatos que representan a la Alianza PAN-PRD-Convergencia en los respectivos procesos electorales de 2010, el caso de Xóchitl Gálvez en Hidalgo sobresale por múltiples factores. Se trata de una personalidad política y empresarial de gran relevancia que encarna los mejores valores, ideales y sueños de toda una generación de mexicanos. Son precisamente esos ideales los que hoy hacen posible que en Hidalgo se dé por fin una genuina alternancia democrática.
Foto:milenio.com | Xóchitl Gálvez
De origen humilde y ascendencia otomí, Xóchitl aprendió desde muy pequeña que el esfuerzo propio era la única forma de labrarse un futuro promisorio y de mejorar las condiciones de vida de su familia y su comunidad. A base de sacrificios, no sólo terminó con gran éxito sus estudios en la UNAM sino que se convirtió en una exitosa empresaria en el ramo tecnológico. En esta calidad, se ha hecho merecedora de reconocimientos muy importantes a nivel nacional e internacional. Sin embargo, lejos de dedicarse exclusivamente a una actividad privada, Xóchitl emprendió una cruzada social contra la pobreza y la marginación en la que viven muchas comunidades indígenas. Desde 1997 preside la prestigiosa Fundación Porvenir y se convirtió en la primera titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas creada durante la administración del Presidente Fox.
Xóchitl no tiene una afiliación partidista y por ello rompe el esquema tradicional de los políticos mexicanos. Ha vivido en carne propia la pobreza, la marginación y el rezago que siguen sufriendo un gran número de hidalguenses. Ha padecido también la violencia de género, uno de los problemas más acuciantes de la sociedad hidalguense. Pero más aún, ha tenido la oportunidad de experimentar en su vida el poder transformador de la educación y la satisfacción que brinda el trabajo social y comunitario. Lamentablemente, en la política mexicana este tipo de historias personales siguen siendo unas cuantas. De ahí que su candidatura adquiera un interés mucho más profundo que el eminentemente electoral.
En efecto, todo parece indicar que Xóchitl va a convertirse en la séptima gobernadora en la historia de México. Pero lo más importante es que sólo una personalidad como la suya es capaz de convocar a un equipo de funcionarios talentosos y honestos quienes, sin distingos por su afiliación partidista, tendrán el cometido de sacar a Hidalgo de lo que ha sido un histórico letargo en distintos rubros. Xóchitl no sólo podría romper el caciquismo que se vive en esa entidad sino que sería una promotora incansable del desarrollo social, de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, de la educación como motor fundamental para la superación de la pobreza.
Naturalmente, el gobierno del estado y el priísmo local no se han quedado de brazos cruzados. Ambos han emprendido una campaña de desprestigio y difamación, una auténtica guerra sucia que sólo demuestra el miedo que tienen a la Alianza y, por tanto, el pánico que les provoca perder los privilegios y ventajas que han obtenido indebidamente en el servicio público.
Funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo, la han venido acosando profiriendo una serie de desafortunados comentarios sexistas en distintas declaraciones. En enero, de manera misteriosa, prácticamente todos los ejemplares de la edición local de Milenio fueron comprados a primera hora de la mañana en Pachuca justo cuando entre sus páginas aparecía una encuesta que daba cuenta de su impresionante crecimiento electoral. Incluso, la propia candidata ha señalado que algunos pendones de su Fundación, colocados en importantes vialidades de la ciudad hidalguense, han sido retirados sin explicación alguna. Sin embargo, lo más grave en este momento de la contienda es la falta de apertura en los medios de comunicación locales. La intervención del gobierno del estado es evidente cuando el Sistema Estatal de Medios de Comunicación comenzó a dar un trato preferente en medios de comunicación a otros precandidatos, notablemente menos competitivos, para encabezar la Alianza opositora. En un programa de televisión local, Xóchitl Gálvez fue permanentemente ignorada y denostada por una conductora descortés e irrespetuosa quien con su actitud dejó entrever que seguía instrucciones. Es probable que esta lamentable situación se dé en otros medios locales sobretodo ahora que Xóchitl es candidata de la Alianza opositora. Por ello, corresponde a las instituciones electorales vigilar por la aplicación del principio de la equidad de género en las campañas y a los actores políticos nacionales hacer de este tema un eje fundamental para próximas modificaciones a la ley electoral.
Mientras tanto, esa es otra muestra de la desesperación del priísmo local, un indicador más de que un futuro distinto para Hidalgo es posible y un aliciente adicional para Xóchitl Galvez, una mujer que sabe como lidiar con la adversidad.
Artículo publicado el pasado 24 de abril en Milenio Diario, estado de México
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