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Foto: ONU, Albert González

Adriana González Carrilo | Diputada Federal
Artículo publicado incompleto el pasado 27 de diciembre de 2014 en Milenio Diario, estado de México

Después de un importante activismo para conseguirlo, se anunció recientemente que México será sede, en agosto de 2015, de la Primera Conferencia Internacional de la ONU para el Tratado sobre comercio de armas de las Naciones Unidas (ATT por sus siglas en inglés). Así lo informó el representante permanente ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales, el embajador Jorge Lomónaco desde Alemania, donde 96 países avalaron que México fungiera como sede de la Secretaría provisional del Tratado hasta que en la Conferencia de Estados Parte del ATT se designe la sede de la Secretaría permanente encargada de dar seguimiento a la implementación del mismo. Luego de acumular más de las 50 ratificaciones necesarias, el Tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 lo que significa que los primeros reportes en materia de implementación nacional deberán entregarse antes del 24 de diciembre de 2015. Son 125 ya los países que han suscrito este instrumento y 55 que lo han ratificado por lo que comenzarán a obligarse por sus contenidos. Se trata de un instrumento internacional de vanguardia por distintas razones. En primer lugar, proveerá del primer marco normativo para regular las transferencias legales de armas a nivel mundial. Paradójicamente, como señalan expertos, mientras el comercio de bienes se encuentra regulado en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, el de armas pequeñas y convencionales no era parte de ningún régimen de observancia obligatoria. En segundo lugar, es un instrumento que aportará sustancialmente a la reducción de la violencia y promoverá, de manera indirecta, la cooperación para el combate al comercio ilegal de armas convencionales y pequeñas. Si bien el Tratado no se ocupa del trasiego ilícito de estas armas genera incentivos para que la comunidad internacional lo combata frontalmente y comprometer a los países que no regulan actualmente el comercio de armas a que lo hagan. En tercer término, el Tratado hace una aportación sustancial al derecho humanitario internacional y sienta un precedente especialmente relevante en lo que hace a establecer disposiciones novedosas para impedir las transferencias de armas ahí donde exista un riesgo considerable de que vayan a ser utilizadas para cometer violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, facilitar actos graves de violencia por motivos de género así como para violar medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad, especialmente en materia de embargos de armas.

Para México se trata de una oportunidad singular para volver a poner en el centro de la agenda multilateral la discusión sobre regulaciones más estrictas contra el tráfico de armas, y mejores mecanismos institucionales para impedir las transferencias ilícitas y restringir el comercio lícito con objeto de promover la estabilidad y fortalecer la paz y la seguridad internacional. Y es que teniendo en cuenta las legítimas necesidades de seguridad de los Estados, es necesario entender las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad del comercio no regulado de armas convencionales. Es evidente que para nuestro país, ser anfitrión y organizar la primera reunión de los Estados Parte es crucial para mantener firme el compromiso histórico con el desarme y el combate a los flujos ilegales de armas desde las ligeras hasta las nucleares. El cruce de este tipo de armamento, sin restricciones a través de las fronteras, ha tenido un enorme impacto en nuestro país y ha cobrado innumerables víctimas fatales. Es hora de trabajar para la consecución de soluciones multilaterales a problemas con una fuerte dimensión regional. @AdriGlezCar

Gráfico: milenio.com

Recientemente el Foro Económico Mundial publicó los resultados de una encuesta realizada a más de mil expertos de la industria, la administración pública, la sociedad civil y la academia a quienes se pidió ponderar los 50 riesgos globales a su juicio más sobresalientes que enfrentará el mundo en la próxima década. El Informe sobre riesgos globales 2013, en efecto, arroja información útil para identificar una agenda de amenazas a la estabilidad, el crecimiento y la seguridad mundiales y, por tanto, para ubicar respuestas globales y de largo plazo a las mismas. En primer lugar, el Informe enlista los que, de acuerdo con los encuestados, resultan los cinco riesgos globales más graves y por lo tanto los más urgentes por ser abordados por la comunidad internacional. De manera textual el Informe argumenta que las persistentes dificultades económicas y financieras junto con los fenómenos meteorológicos y ambientales relativos al cambio climático “constituyen una combinación cada vez más peligrosa para la estabilidad económica social, ambiental y tecnológica del mundo”. En efecto, el Informe plantea que en términos de probabilidad se identifican cinco riesgos principales a saber: 1) Graves diferencias de ingreso entre la población mundial, 2) Desequilibrios fiscales crónicos, 3) Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 4) Crisis de abastecimiento de agua y 5) Mala gestión del envejecimiento de la población. Por otro lado, el Informe examina también los riesgos que mayor impacto podrían tener sobre la estabilidad mundial. En este apartado se enlistan también la crisis de escasez de alimentos y la proliferación de armas de destrucción masiva, los desequilibrios crónicos del mercado laboral y la nacionalización unilateral de recursos. El hallazgo central del Informe tiene que ver con las posibilidades reales de que se desate la “tormenta global perfecta”. Con ello el Foro Económico Mundial caracteriza una crisis financiera al mismo tiempo en que se produce una crisis ambiental. El colapso súbito de cualquiera de ellos, sostiene el Informe, pondría en jaque inmediatamente al segundo desencadenando toda clase de implicaciones negativas para la estabilidad y el crecimiento.

Para México la lección es muy clara. Tenemos que seguir apostando fuerte a la cooperación internacional para el desarrollo como única vía para resolver problemas comunes de carácter global. Como país de renta media, tenemos importantes responsabilidades globales en este sentido pero sobretodo responsabilidades regionales frente a amenazas que ningún país puede enfrentar por sí solo. Más aún, actualmente no existe ninguna Nación que por si misma pueda asegurar la paz, la prosperidad y la seguridad de sus integrantes. Los pueblos del mundo necesitamos ser solidarios para lograr construir un mundo más humano, próspero y seguro para las nuevas generaciones. En América Central primordialmente tenemos una responsabilidad importante, clave para garantizar nuestro bienestar, con la seguridad, el desarrollo y el crecimiento económico de la región. A partir de la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, México tiene que reformular su posición como un país solidario y comprometido con un esquema integral de cooperación con Centroamérica. Se trata de nuestro vecindario común y, por tanto, tenemos que ocuparnos de él. Ojalá se cumplan, por tanto, las promesas de esta nueva administración para, como dijo el Canciller Meade recientemente, “ampliar y diversificar la cooperación con el fin de profundizar los lazos con todas las naciones hermanas de una región prioritaria para México”.

Artículo publicado el pasado 12 de enero en Milenio Diario, Estado de México

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente 1,500 millones de jóvenes, entre los 15 y 24 años de edad de acuerdo con las definiciones globalmente aceptadas. Las proyecciones demográficas, sin embargo, plantean que el universo de jóvenes se ampliará significativamente en las próximas décadas.

De ahí que en 1998 se celebrara una Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud la cual consiguió el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas para emitir la Resolución 54/120. De acuerdo con esta resolución, cada 12 de agosto se celebra, en todos los Estados miembros, el Día Internacional de la Juventud como una forma de hacer patente el compromiso de los gobiernos a favor de la promoción de políticas para proteger y apoyar a un sector clave de la sociedad: los jóvenes.

No se necesita ser un experto para advertir que la inversión en los jóvenes es una pieza fundamental de cualquier política pública para promover el desarrollo económico y social. Mientras más sanos, mejor educados, más felices y plenos, harán una aportación mayor al desarrollo de su comunidad hasta convertirse en verdaderos artífices para la superación de la pobreza en su entorno inmediato.

Pero la propia juventud enfrenta una realidad más compleja. De entrada, el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 da cuenta de la existencia de más de 200 millones de jóvenes en el mundo que viven con menos de un dólar por día, 130 millones son analfabetos, 88 millones están desempleados y de entre los que padecen de una salud precaria, 10 millones podrían ser portadores del VIH Sida.

La insuficiencia de la inversión pública y los programas focalizados hacia la juventud es un acuciante problema global que, en el contexto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no puede ser relegado de la agenda. En México mucho tenemos que hacer para remontar este histórico lastre.

Tan sólo en nuestro país, 14.9 millones de jóvenes están en pobreza mientras 3.3 millones viven en pobreza extrema. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), éstos sufren de severos rezagos educativos, un precario e insuficiente acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda y alimentación especialmente en cuatro estados: Chiapas (con más del 75% de los jóvenes en pobreza multidimensional), Guerrero, Puebla y Oaxaca. Mientras que en el Estado de México, más de la mitad de los 4.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, se siente discriminada o con pocas perspectivas hacia el futuro.

Por ello, las necesidades que emanan de esta franja poblacional deben ser atendidas sin mayores dilaciones y, en definitiva, son los tres niveles de gobierno los responsables de comprometerse a una acción decidida para cerrar el paso a lo que puede ser una tragedia muy importante en términos de capital humano y equidad social. Hay que considerar que no son sólo problemas socioeconómicos sino también de otra índole –discriminación, violencia, represión, adicciones, subrepresentación en distintos espacios, escasez de opciones culturales y recreativas- los que también afectan severamente a nuestros jóvenes.

La acción es impostergable, más aún, si consideramos que de acuerdo con el INEGI se espera que México tenga 29.5 millones de jóvenes en 2015. Ese bono de talento, creatividad y energía tenemos que aprovecharlo al máximo mediante una fuerte inversión pública.

Sin embargo, quizá sea tiempo de comenzar a cambiar el paradigma imperante. Me refiero a dejar de ver a los jóvenes como objetos pasivos de la acción pública y considerarlos mucho más como sujetos activos en el diseño de las políticas que les asistan. Por ello, la relevancia del Día Internacional de la Juventud que pone el acento en la participación plena de los jóvenes quienes, con plena conciencia de su realidad, pueden hacer la diferencia.

En ese sentido, el Senado de la República aprobó declarar el 12 de agosto como “Día nacional de la juventud” en consonancia con el Día Internacional y con la celebración, del 23 al 27 de agosto, de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010 en León, Guanajuato, un espacio donde jóvenes de 93 países establecerán un espacio de discusión y reflexión.

Esta conferencia, una iniciativa del gobierno de México con el respaldo de Naciones Unidas, contará con tres espacios vinculados entre sí para hacer converger a los tres agentes sociales estratégicos para hacer posible una plena participación de los jóvenes como agentes del desarrollo, la paz, los derechos humanos y la democracia. Por un lado los propios jóvenes y, por otro, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, autoridades públicas y representantes gubernamentales así como legisladores.

De este modo, tanto el Foro Social, como el Foro de Gobiernos y el Foro de Legisladores estarán interactuando para escuchar a los jóvenes y juntos diseñar los programas y las iniciativas de gobierno para dar pleno seguimiento y atención a sus necesidades más apremiantes.

Entre otros temas a ser abordados destacan los de la reducción de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, y uso de la energía renovable, generación de empleos con responsabilidad ambiental, protección social en salud y ampliación de oportunidades para la educación.

La declaración que emane de esta cumbre se entregará a la Secretaría General de la ONU. En consecuencia, México tendrá mayores razones para obligarse y comprometerse con una amplia agenda a favor de los jóvenes y siendo ellos quienes principalmente deben recordarle al Estado mexicano de esta responsabilidad.

Artículo publicado el pasado 14 de agosto en Milenio Diario, estado de México

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