Migrantes en peligro en el Estado de México

Comedor temporal para migrantes en Huehuetoca | Foto: radiokashana.org

Así se titula un documento reciente de la organización Amnistía Internacional que demanda una acción urgente ante hechos lamentables que específicamente apuntan a omisiones y negligencias graves por parte de las autoridades de la entidad y de los municipios mexiquenses por los que centenares de miles de migrantes irregulares, provenientes principalmente de Centroamérica, pernoctan o transitan con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. El 21 de julio pasado, unos desconocidos dispararon contra un comedor temporal para migrantes en Huehuetoca, estado de México.

Este gravísimo incidente –un autoatentado según lamentables declaraciones del edil de Huehuetoca- tuvo como telón de fondo el cierre del albergue “San Juan Diego” para migrantes en Lechería –a causa de la violencia y las amenazas de que eran objetos los voluntarios que trabajaban en él- y de un número indeterminado de enfrentamientos entre residentes locales y migrantes sin la intervención de la policía estatal o municipal.  En efecto, tanto migrantes como voluntarios en estos albergues han tenido que enfrentar prácticamente solos amenazas de muerte como las que hace meses recibe cotidianamente el padre Alejandro Solalinde en el albergue Hermanos en el Camino ubicado en Tuxtepec, Oaxaca. Pero en el estado de México, la impunidad ha incrementado exponencialmente los abusos, las palizas, secuestros, violaciones y asesinatos de que son víctimas los migrantes frente a la inacción por parte de las autoridades. A pesar de las medidas cautelares ordenadas en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presencia policiaca en estas demarcaciones se ha reducido al mínimo, la protección de los migrantes en riesgo y de los defensores de derechos humanos que trabajan con ellos simplemente no existe y el deber jurídico y humanitario de establecer albergues equipados para prestar ayuda humanitaria se ha incumplido en innumerables ocasiones. Por no hablar, por supuesto, de la implicación directa –ya sea por complicidad o negligencia frente al crimen organizado- de autoridades estatales y federales en los abusos contra migrantes irregulares.

Por ello, Amnistía Internacional les llama las “víctimas invisibles” y de ahí que en su reporte más reciente sobre este asunto, haga una serie de recomendaciones a las autoridades estatales y especialmente a las del Estado de México en materia de asistencia, vigilancia, protección e investigación de delitos. Felizmente la reubicación del albergue San Juan Diego parece haberse puesto en marcha a partir del activismo de organizaciones no gubernamentales y de la solidaridad con su reclamo que demostramos los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso. No obstante, es preciso insistir en una serie de medidas indispensables para, luego de contar con un marco jurídico mucho más sólido a nivel nacional, comenzar a hacer lo propio a nivel estatal. Necesitamos leyes y políticas públicas estatales para la protección al migrante, programas de profesionalización y sensibilización de servidores públicos, estrategias estatales para combatir la impunidad e investigaciones serias para abatir el abuso policíaco.

Artículo publicado el pasado 18 de agosto de 2012 en Milenio Diario, estado de México