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A mediados de semana tuvo lugar un acontecimiento poco visto en la historia reciente de los Estados Unidos que amenaza con tornarse en una crisis financiera y eventualmente en una recesión peor que la originada en 2008. Luego del fracaso en las negociaciones para la extensión temporal del presupuesto por parte de los republicanos que dominan la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado, la administración pública cerró labores. El primer minuto del martes, hora de Washington, comenzó esta parálisis fiscal y burocrática donde la mitad de los 2.1 millones de empleados federales han suspendido sus labores mientras la otra mitad seguirá trabajando –el personal federal con funciones esenciales como la seguridad pública, la salud, aduanas, el servicio postal entre otros- sin percibir salarios y tan sólo bajo la promesa de un pago retroactivo de los mismos.
La parálisis es el resultado de un diferendo político que ha arrastrado al país a una crisis de proporciones aún insospechadas por las pocas posibilidades de ser resuelto en el corto plazo, a diferencia de su antecedente inmediato en diciembre de 1995. Por un lado, el presidente Obama y los demócratas han venido promoviendo agresivas políticas de gasto social y concretamente una reforma sanitaria –la denominada Obamacare- que se ha convertido en el sello característico de esta administración. Por el otro, algunos representantes del Partido Republicano, especialmente el grupo radical conocido como “Tea Party” defiende la idea de un gobierno que gaste menos, que elimine programas asistencialistas y se opone rotundamente a la entrada en vigor de la Obamacare que es ya una realidad. Mientras los primeros se oponen a discutir con los republicanos cualquier posibilidad de dar marcha atrás en la reforma sanitaria, los segundos advierten que no habrá presupuesto público. Sin duda, el conflicto tiene una importante vertiente electoral que si bien anticipada a los tiempos legales advierte ya una competida contienda política en los años por venir.
Los daños a la economía de Estados Unidos son evidentes pero también los que empiezan ya a sentirse en la economía mundial. El Departamento del Tesoro ha advertido ya que la suspensión de pagos –que podría tener lugar a mediados de mes- puede ser catastrófica al grado de desploma el dólar, paralizar los mercados de créditos y hacer aumentar exponencialmente las tasas de interés en Estados Unidos. Ante ello, los mexicanos parecemos no estar suficientemente conscientes de las consecuencias negativas que esto podría significar para la economía nacional. En primer lugar, la prensa en general, con notables excepciones, ha mostrado su cara más parroquiana al no dar la importancia debida a esta información. En segundo lugar, la crisis presupuestaria más grave de los Estados Unidos en las últimas décadas –esto a pesar de que en la historia de Estados Unidos haya sucedido esto ya al menos en unas 17 ocasiones- no ha merecido una declaración pública del Gobierno Mexicano. De prolongarse la crisis, México verá necesariamente reducirse su tasa de crecimiento de la mano de una reducción importante de las exportaciones y de los ingresos vía remesas. No obstante, como en muchos de los temas que nos vinculan con los Estados Unidos, las autoridades federales aún no toman decisiones y prefieren adoptar el silencio por política. Ojalá se estén planteando ya, con seriedad, la necesidad de un plan para sortear lo que puede ser una nueva y profunda crisis económica. @AdriGlezCar
El pasado proceso electoral en Estados Unidos dejó, como ya lo comentábamos la semana pasada, una lección importante sobre el voto latino y el mandato recibido en las urnas a favor de una reforma migratoria. Tras cuatro años de frustración por una promesa incumplida en este sentido, así como por la crisis económica que eclipsó cualquier otro tema, parece que la alineación política es favorable cuando menos a relanzar el debate migratorio. Los saldos de la elección dejan, por un lado, al Presidente Obama y su partido con una deuda importante hacia el electorado latino –que lo apoyó decididamente- y, por el otro, al Partido Republicano desesperado por recuperar el apoyo perdido así como por remontar su creciente descrédito entre las comunidades que reaccionaron a la agenda anti-inmigrante del denominado Tea Party. El apoyo latino al Partido Republicano cayó del 44% al 27% entre el 2004 y el 2012. Ni siquiera la política de deportaciones del Presidente Obama o la inmovilidad del Congreso Federal sobre este tema pudo detener un voto de castigo tan severo. En palabras de un analista, en el fondo no es que ninguno quiera la reforma sino que, en gran medida, ambos la necesitan.
Contra toda predicción, no fue necesario esperar al cambio de administración ni al próximo periodo de sesiones del Congreso, con una nueva Cámara de Representantes, para ver esta nueva realidad política reflejarse en propuestas y posicionamientos importantes. Primero fue John Boehner, el líder de la Cámara de Representantes, quien afirmó que era momento de abordar la reforma migratoria y exhortó al Presidente Obama a presentar una iniciativa para regularizar a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. Luego tocó el turno a dos Senadores estadounidenses, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Lindsey Graham, quienes comenzaron a promover en noticiarios dominicales una propuesta similar cuyas negociaciones se suspendieron hace dos años. Se trata de un anteproyecto de reforma migratoria que, según sus autores, tiene el potencial para obtener el apoyo bipartidista que necesita para aprobarse. El anteproyecto incluiría, entre otros componentes, una fórmula para regularizar a los inmigrantes indocumentados, actualmente en territorio estadounidense, así como el establecimiento de una ruta hacia la ciudadanía. No es poca cosa ya que más que el Presidente –aún si un segundo mandato favorece políticas y posiciones más libres de los cálculos electorales- el Congreso es el actor clave en este proceso. En los medios de comunicación estadounidenses esta atmósfera entusiasta hacia una reforma migratoria parece también verificarse. De acuerdo con encuestas de salida efectuadas el martes de la elección presidencial, 65% de los electores encuestados favorecen la legalización de los inmigrantes indocumentados lo cual representa más del doble de quienes respondieron que deben ser deportados. Más aún, cifras dadas a conocer recientemente dan cuenta que incluso entre los votantes republicanos, la mitad favorece una reforma migratoria.
Sin embargo, aún estamos lejos de poder echar campanas al vuelo. Es verdad que esta coyuntura favorable debiera ser aprovechada al máximo por todos los actores involucrados, incluida la Diplomacia Mexicana. Pero también es cierto que no es la primera vez que una reforma migratoria se quede en buenas intenciones. Habrá que celebrar, por ahora, que el debate está de vuelta en la agenda pública y redoblar esfuerzos para que se mantenga ahí. De por sí, éste es ya un desafío formidable para los nuevos gobiernos recientemente electos en Estados Unidos y en México.
Artículo publicado el 17 de noviembre de 2012 en Milenio Diario, estado de México