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Gráfico: Milenio.Com

Adriana González Carrillo | Diputada Federal

Artículo publicado parcialmente el pasado 11 de julio en Milenio, estado de México

Otra vez, en el segundo reporte del Organismo con previsiones para los próximos meses del desempeño de la economía mexicana, reduce su estimación de crecimiento que pasó del 3% anunciado en abril a un 2.4%. A su vez, redujo también la previsión de crecimiento del 3.3% al 3% de la economía nacional para el año 2016. Entre otras razones, adujo el debilitamiento de la actividad económica de Estados Unidos, la desaceleración general de los mercados emergentes y países en desarrollo y, desde luego, ciertos efectos de la crisis en Europa por la deuda griega. Por si fuera poco, el peso mexicano vive uno de sus peores episodios en la historia reciente del país. En enero, el tipo de cambio superó la barrera de los 15 pesos por dólar y esta semana la paridad se elevó por encima de los 16 pesos por dólar. En términos generales, este es el efecto de que los inversionistas prefieran refugiarse en monedas más estables como el dólar mientras la situación en Europa se aclara. Para México, sin embargo, esto podría tener consecuencias muy negativas. Al importar buena parte de insumos, y a pesar de los esfuerzos del Banco de México en este sentido, hay un peligro latente de inflación, de contracción del turismo y evidentemente de impacto sobre ciertas transacciones internacionales. 

A este escenario realista, y no catastrofista, habría que incorporar los bajos precios del petróleo, el ritmo cada vez menor de expansión de la manufactura, una contracción de la producción industrial y problemas originados por una reforma fiscal que ha mermado gravemente los ingresos de un importante segmento de la sociedad mexicana. Como telón de fondo, se encuentren problemas estructurales para reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas, reducir el gasto público y detener su creciente endeudamiento. Y es en el terreno estructural en donde dos desafíos se asoman y muestran con toda su crudeza las múltiples amenazas que por su culpa se ciernen sobre la estabilidad económica en México: la corrupción y la desigualdad. De la primera nos hemos ocupado en múltiples ocasiones en estas páginas. A pesar de los esfuerzos legislativos en la materia, es claro que en esta administración no hay la suficiente voluntad política para atajarla con firmeza y combatirla con toda la fuerza de la ley y las instituciones del Estado. Ante la abundancia de ejemplos, el Presidente la considera parte de la “condición humana” y le atribuye un origen cultural. De la segunda, sin embargo, vale la pena comentar más en relación con el extraordinario estudio que en días pasados su autor, el economista Gerardo Esquivel, publicó bajo los auspicios de Oxfam-México. Uno de los graves problemas señalados por Esquivel en el documento “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político” es que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene, no es progresiva y no produce prácticamente ningún efecto redistributivo. Ante el hecho de que el 10% más rico de México concentra más del 60% de la riqueza del país, es claro que el mercado interno está gravemente debilitado, el capital humano no se desarrolla como debiera y la productividad de los pequeños y medianos negocios está gravemente comprometida. Si a esto agregamos que el gobierno recauda poco y mal y gasta aún peor y que la política social aún está lejos de cumplir con su cometido esencial, en gran medida poun estado de cosas que mantiene en umbrales de pobreza a quienes reciben el salario mínimo, tenemos una radiografía alarmante de la economía mexicana y de las omisiones de esta administración. @AdriGlezCar

Foto: AFP y zocalo.com.mx

Artículo publicado parcialmente el pasado  5 de octubre  en Milenio Diario, estado de México 

A mediados de semana tuvo lugar un acontecimiento poco visto en la historia reciente de los Estados Unidos que amenaza con tornarse en una crisis financiera y eventualmente en una recesión peor que la originada en 2008. Luego del fracaso en las negociaciones para la extensión temporal del presupuesto por parte de los republicanos que dominan la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado, la administración pública cerró labores. El primer minuto del martes, hora de Washington, comenzó esta parálisis fiscal y burocrática donde la mitad de los 2.1 millones de empleados federales han suspendido sus labores mientras la otra mitad seguirá trabajando –el personal federal con funciones esenciales como la seguridad pública, la salud, aduanas, el servicio postal entre otros- sin percibir salarios y tan sólo bajo la promesa de un pago retroactivo de los mismos.

La parálisis es el resultado de un diferendo político que ha arrastrado al país a una crisis de proporciones aún insospechadas por las pocas posibilidades de ser resuelto en el corto plazo, a diferencia de su antecedente inmediato en diciembre de 1995. Por un lado, el presidente Obama y los demócratas han venido promoviendo agresivas políticas de gasto social y concretamente una reforma sanitaria –la denominada Obamacare- que se ha convertido en el sello característico de esta administración. Por el otro, algunos representantes del Partido Republicano, especialmente el grupo radical conocido como “Tea Party” defiende la idea de un gobierno que gaste menos, que elimine programas asistencialistas y se opone rotundamente a la entrada en vigor de la Obamacare que es ya una realidad. Mientras los primeros se oponen a discutir con los republicanos cualquier posibilidad de dar marcha atrás en la reforma sanitaria, los segundos advierten que no habrá presupuesto público. Sin duda, el conflicto tiene una importante vertiente electoral que si bien anticipada a los tiempos legales advierte ya una competida contienda política en los años por venir.

Los daños a la economía de Estados Unidos son evidentes pero también los que empiezan ya a sentirse en la economía mundial. El Departamento del Tesoro ha advertido ya que la suspensión de pagos –que podría tener lugar a mediados de mes- puede ser catastrófica al grado de desploma el dólar, paralizar los mercados de créditos y hacer aumentar exponencialmente las tasas de interés en Estados Unidos. Ante ello, los mexicanos parecemos no estar suficientemente conscientes de las consecuencias negativas que esto podría significar para la economía nacional. En primer lugar, la prensa en general, con notables excepciones, ha mostrado su cara más parroquiana al no dar la importancia debida a esta información. En segundo lugar, la crisis presupuestaria más grave de los Estados Unidos en las últimas décadas –esto a pesar de que en la historia de Estados Unidos haya sucedido esto ya al menos en unas 17 ocasiones- no ha merecido una declaración pública del Gobierno Mexicano. De prolongarse la crisis, México verá necesariamente reducirse su tasa de crecimiento de la mano de una reducción importante de las exportaciones y de los ingresos vía remesas. No obstante, como en muchos de los temas que nos vinculan con los Estados Unidos, las autoridades federales aún no toman decisiones y prefieren adoptar el silencio por política. Ojalá se estén planteando ya, con seriedad, la necesidad de un plan para sortear lo que puede ser una nueva y profunda crisis económica. @AdriGlezCar

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