Basura a cambio de agua

Intervención en tribuna, 11 de enero

En lugar de que los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México diseñaran con toda oportunidad un programa metropolitano para hacer frente a la inminente clausura del Bordo Poniente, uno de los tiraderos de basura al aire libre más grandes del mundo, tomaron decisiones precipitadas y ominosas.  En principio, clausurar el Bordo Poniente, y canalizar buena parte de los deshechos que ahí se depositaban al reciclaje, la elaboración de composta, y el aprovechamiento energético de los mismos, es un objetivo encomiable para proteger el medio ambiente y la salud en la capital de la República. No obstante, la negligencia que les impidió prever donde depositar 2 mil 600 toneladas de basura –de las más de 12 mil 600 que se tiraban a diario en el Bordo- abrió el paso a un episodio lamentable cuyas peores implicaciones están aún por verse. No obstante el clamor de cientos de miles de mexiquenses, cansados de vivir en áreas aledañas a tiraderos que a todas luces violan las normas oficiales, el Gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.

Para tomar esta decisión el Gobernador Eruviel Ávila no consultó a las autoridades municipales –precisamente las encargadas de este rubro- ni se ocupó de analizar, entre otros elementos, el previsible impacto ambiental y el deterioro de los rellenos sanitarios que operan esas demarcaciones. Tampoco se ocupó de informar qué tipo de apoyos estarían recibiendo las comunidades afectadas, qué medidas se tomarían para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios –su vida útil tan sólo se extiende por ocho años según la opinión de expertos- y tiraderos provoque la propagación de enfermedades, qué clase de programas se implementarían para impedir daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos del estado así como qué acciones se adoptarían para la preservación del equilibrio ecológico. Por un lado, está claro que 2 mil 600 toneladas diarias de basura –repartidas caprichosamente entre estos cuatro rellenos sanitarios- rebasa por mucho la capacidad real de operación de los mismos. Por el otro, que si no se toman pronto medidas de contención, los deshechos cumplirán su periodo de descomposición cerca de espacios habitacionales provocando toda clase de efectos negativos para la salud especialmente para las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Por ello el miércoles pasado presente un exhorto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, al Gobierno del estado de México para que establezca nuevos rellenos sanitarios, observe escrupulosamente las normas ambientales y de protección de la salud pública en la operación de los mismos y diseñe un programa de compensación a las comunidades afectadas. Además, le solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una inspección a fin de evaluar la observación de estas normas durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal.

No obstante, esta actitud poco solidaria de parte de nuestros vecinos metropolitanos y al mismo tiempo negligente de parte de nuestras autoridades, tiene otro botón de muestra. Mientras el estado de México envía agua al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala –aproximadamente nueve mil litros por segundo, el Distrito Federal nos devuelve basura. En definitiva, esta situación es ya insostenible y exige un nuevo entendimiento para resolver, de manera equitativa, justa y transparente,  los problemas comunes de la zona metropolitana.

Artículo publicado hoy 14 de enero en Milenio Diario, estado de México

Seguridad pública y municipios mexiquenses

Gráfico: Milenio Diario

El estado de México es, por mucho, la entidad federativa que mayores recursos recibe para hacerse cargo de muchas de las obligaciones intrínsecas a su naturaleza. En este mismo espacio comentamos no hace mucho la forma en que la entidad mexiquense recibió el presupuesto más alto en la historia para la provisión de servicios públicos administrados por el gobierno del estado y las autoridades de sus 125 municipios. Paradójicamente este aumento notable en la disposición de recursos no se ha acompañado de un esfuerzo importante para atender múltiples y profundas necesidades de los mexiquenses en rubros esenciales para el bienestar social y el combate a la pobreza.

Recientemente nos hemos enterado de la existencia de otro rubro del quehacer público donde el estado de México estaría recibiendo recursos cuantiosos. Me refiero al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN) con el que la Federación plantea repartir poco más de 4,300 millones de pesos a los 220 municipios del país que presentan el mayor potencial de inseguridad o vulnerabilidad delictiva de acuerdo con una serie de criterios evaluados por la Cámara de Diputados.

El objetivo de este programa-subsidio es fortalecer el desempeño de los cuerpos policíacos municipales mediante una fuerte inversión en equipamiento, capacitación y reforzamiento institucional a fin de preservar la integridad de las personas, el orden y la paz pública. De nueva cuenta, el estado de México entra al grupo de las entidades federativas más privilegiadas. En efecto, nuestra entidad es la que cuenta con el mayor número de municipios -22 en total- que recibirán, durante este 2011, recursos del Subsemun.

Si bien el programa supone un subsidio federal directo, las reglas de operación establecen un mecanismo para responsabilizar igualmente a los municipios de multiplicar esta inversión. Por cada peso que aporta la Federación, toca al municipio en cuestión aportar una inversión adicional de 30 centavos. En esta ocasión, los recursos serán distribuidos, a los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

Nadie, en su sano juicio, podría objetar que municipios de tanta importancia, tal densidad demográfica y tal vulnerabilidad frente a la delincuencia reciban estos recursos. Sin embargo, y tomando en cuenta que muchos de ellos son gobernados por el mismo partido que encabeza el gobierno local, habrá que estar vigilantes de su correcta aplicación.

Peor aún, en el contexto de este año electoral en la entidad, habrá que ser especialmente escrupulosos. Pero más allá de eso, nos corresponde a toda la sociedad mexiquense, y desde luego al Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurarnos que se destinen esos recursos de manera eficiente a las prioridades más urgentes. Me refiero a la prevención y atención de múltiples casos de violencia contra las mujeres -especialmente los feminicidios-, la lucha contra el secuestro y la trata de personas, el combate a la extorsión telefónica y el fraude, el robo de autos, entre muchos otros delitos de alta incidencia en estos municipios. De la eficacia de este empeño, y del grado de colaboración entre las autoridades municipales y federales, depende atajar muchos de estos lastres. De ahí la importancia de recuperar la idea de una policía única por más que se opongan los de siempre, más celosos de sus prerrogativas que de sus obligaciones.

Artículo publicado el pasado 29 de enero en Milenio Diario, estado de México