Alerta por violencia de género en el Estado de México

Foto: PROCESO: «Mujeres forman la leyenda ‘No más feminicidios’ en el cerro de Tepeolulco, Edomex. Foto: Hugo Cruz»

Artículo publicado el pasado 20 de julio en Milenio Diario, estado de México

[Versión completa]

Es cierto que los feminicidios desafortunadamente se vienen registrando en distintas regiones del país. También que gracias a la presión social, de organizaciones no gubernamentales y de distintos actores políticos, se registran avances en el combate a este delito en distintas entidades de la República. En el Estado de México la tipificación del delito en 2011, la creación de una Fiscalía especializada y la creación de un Centro de Justicia para la Mujer en Toluca hace algunos meses son avances importantes. No obstante, de acuerdo con cifras recientemente dadas a conocer por el Observatorio Nacional de Feminicidios hay una manipulación estadística que hace parecer el problema como menos grave de lo que realmente es. Si bien se contabilizaron, de acuerdo con datos de esta organización, alrededor de 563 feminicidios perpetrados de 2011 a 2012 las autoridades mexiquenses sólo reportan 115 puesto que al resto les consideran homicidios de una índole distinta. El Observatorio refiere que, a pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por minimizar el problema, estamos en presencia de un “patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia en la entidad”. Adicionalmente, de acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el Estado de México está considerado como la entidad con el peor desempeño nacional en materia de eficiencia penal con tan sólo 8 sentencias condenatorias por cada 100 denuncias realizadas por homicidio. En efecto, estas cifras son de alguna manera confirmadas por otras fuentes informativas mismas que, por ejemplo, documentaban apenas entre enero y febrero del 2013 alrededor de 55 feminicidios mientras otras fuentes se refieren a 155 homicidios de mujeres en lo que va del año.

Desde la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contamos con un instrumento para hacer frente a este fenómeno. Se trata de la “Alerta de violencia de género” misma que se compone de las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. En este sentido, los legisladores de Acción Nacional promovimos un exhorto, en el seno de la Comisión Permanente, a fin de que el Instituto Nacional de las Mujeres activara el mecanismo y pusiera en marchalas acciones preventivas, de seguridad y justicia que resultan indispensables. El partido en el gobierno, sin embargo, impuso su mayoría e impidió la aprobación del exhorto señalando que se trata de un problema en todos los estados del país. Resulta lamentable descubrir que esta actitud retrógrada impedirá tomar decisiones valiosas para proteger la vida de cientos de miles de mujeres mexiquenses que actualmente están en riesgo de la mano de la corrupción, la negligencia y la ineficacia institucional. La alerta, sin duda, que podría tener un alcance mayor –ahí están cifras menores pero igualmente preocupantes en el Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Michoacán- pero no es impidiendo una investigación amplia sobre lo que ocurre en el Estado de México como se va a resolver la grave situación que enfrentan Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Naucalpan. En el fondo, su mezquindad tiene que ver con ocultar que el actual Presidente de la República dejó una crisis de feminicidios al dejar el gobierno mexiquense y que esta crisis se ha incrementado sistemáticamente desde hace por lo menos un lustro. @AdriGlezCar

Depurar a la policía mexiquense: una tarea urgente

Senadora Adriana González, Comisión Permanente 25 de enero 2012

Desde hace décadas, la policía mexiquense goza de una pésima reputación. Se le vincula, en el imaginario colectivo de mexiquenses y capitalinos por igual, con la corrupción, el abuso y la ineficacia. Pero más allá de lo anecdótico o de casos específicos que la autoridad podría dar por aislados, hay evidencia suficiente para pensar que se trata de un modo de actuar prácticamente institucionalizado. Muy probablemente, como advierten algunos analistas, esto se debe al hecho de que el estado de México ha vivido parcialmente y tan sólo a partir de algunas experiencias municipales, la alternancia en el poder. Esto resulta cada vez más evidente en el contexto de un proceso de profesionalización, depuración y capacitación constante de la Policía Federal y de muchas otras policías estatales en el país. Para ello, y por supuesto para cambiar radicalmente la imagen de la policía en nuestro país, resulta fundamental asegurar la honorabilidad de los agentes policiacos y dotarlos del entrenamiento y equipamiento necesario. Y eso es precisamente lo que programas federales como el del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) intentan conseguir con el apoyo político y presupuestal de las entidades federativas.

Pero en el estado de México el problema tiene dimensiones descomunales. La falta de una estrategia para la profesionalización y depuración de las corporaciones policiacas estatales y municipales no sólo ha provocado el incumplimiento sistemático, desde la segunda dotación del SUBSEMUN, de las obligaciones a las que se comprometieron los municipios participantes del programa. De los 22 municipios que participaron en esta tercera ministración del programa, solo 16 cumplieron en tiempo y forma sus obligaciones, mientras que durante la segunda entrega de recursos hubo problemas serios con 18 de los 25 municipios beneficiados. También ha originado una serie de insuficiencias institucionales que agudizan los problemas de seguridad pública en el estado. El tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal a la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad no se ha hecho acompañar, por ejemplo, de nuevos procesos de reclutamiento de policías de nuevo ingreso y evaluación de los cuerpos de seguridad pública ya existentes. Basta ver las cifras y algunos casos emblemáticos para entender a cabalidad las implicaciones de esta negligente omisión por parte de las autoridades estatales y municipales. De acuerdo con cifras oficiales, en el estado de México hay actualmente alrededor de 67 mil policías municipales, estatales y ministeriales. De ellos, solo 8 mil han sido sometidos a los exámenes que aplica el Centro Estatal de Control de Confianza. Peor aún, según reconoce el propio secretario de Seguridad Ciudadana, casi 50% de ellos no están aptos para el desempeño de su labor ya sea por problemas que van desde la obesidad hasta el consumo de drogas.  Mientras tanto, un número inconmensurable de oficiales de policía están en las calles, haciendo un trabajo deficiente o deshonesto en materia de seguridad pública y, en muchos casos, trabajando incluso para el hampa. Ahí está Germán Reyes Munguía o “M1” –como se le apodaba- quien fuera subdirector de Policía Criminal en Toluca y que presuntamente está vinculado, como integrante de una banda delictiva, con múltiples homicidios, secuestros y delitos contra la salud. Ahí está también el presunto plagiario de Diego Fernández de Cevallos, un ex policía municipal de Huixquilucan al que se le atribuyen numerosos crímenes. Estos son apenas botones de muestra de una realidad que lastima todos los días a las familias mexiquenses. Por eso, en la Comisión Permanente, exigí al Gobernador del Estado que ponga en marcha una estrategia de profesionalización y depuración de las corporaciones policiacas en la entidad. Es una tarea urgente que no admite dilaciones de ninguna especie.

Artículo publicado hoy 28 de enero en Milenio Diario, estado de México

Atención médica para las personas diabéticas en el Edomex

.

Basura a cambio de agua

Intervención en tribuna, 11 de enero

En lugar de que los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México diseñaran con toda oportunidad un programa metropolitano para hacer frente a la inminente clausura del Bordo Poniente, uno de los tiraderos de basura al aire libre más grandes del mundo, tomaron decisiones precipitadas y ominosas.  En principio, clausurar el Bordo Poniente, y canalizar buena parte de los deshechos que ahí se depositaban al reciclaje, la elaboración de composta, y el aprovechamiento energético de los mismos, es un objetivo encomiable para proteger el medio ambiente y la salud en la capital de la República. No obstante, la negligencia que les impidió prever donde depositar 2 mil 600 toneladas de basura –de las más de 12 mil 600 que se tiraban a diario en el Bordo- abrió el paso a un episodio lamentable cuyas peores implicaciones están aún por verse. No obstante el clamor de cientos de miles de mexiquenses, cansados de vivir en áreas aledañas a tiraderos que a todas luces violan las normas oficiales, el Gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.

Para tomar esta decisión el Gobernador Eruviel Ávila no consultó a las autoridades municipales –precisamente las encargadas de este rubro- ni se ocupó de analizar, entre otros elementos, el previsible impacto ambiental y el deterioro de los rellenos sanitarios que operan esas demarcaciones. Tampoco se ocupó de informar qué tipo de apoyos estarían recibiendo las comunidades afectadas, qué medidas se tomarían para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios –su vida útil tan sólo se extiende por ocho años según la opinión de expertos- y tiraderos provoque la propagación de enfermedades, qué clase de programas se implementarían para impedir daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos del estado así como qué acciones se adoptarían para la preservación del equilibrio ecológico. Por un lado, está claro que 2 mil 600 toneladas diarias de basura –repartidas caprichosamente entre estos cuatro rellenos sanitarios- rebasa por mucho la capacidad real de operación de los mismos. Por el otro, que si no se toman pronto medidas de contención, los deshechos cumplirán su periodo de descomposición cerca de espacios habitacionales provocando toda clase de efectos negativos para la salud especialmente para las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Por ello el miércoles pasado presente un exhorto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, al Gobierno del estado de México para que establezca nuevos rellenos sanitarios, observe escrupulosamente las normas ambientales y de protección de la salud pública en la operación de los mismos y diseñe un programa de compensación a las comunidades afectadas. Además, le solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una inspección a fin de evaluar la observación de estas normas durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal.

No obstante, esta actitud poco solidaria de parte de nuestros vecinos metropolitanos y al mismo tiempo negligente de parte de nuestras autoridades, tiene otro botón de muestra. Mientras el estado de México envía agua al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala –aproximadamente nueve mil litros por segundo, el Distrito Federal nos devuelve basura. En definitiva, esta situación es ya insostenible y exige un nuevo entendimiento para resolver, de manera equitativa, justa y transparente,  los problemas comunes de la zona metropolitana.

Artículo publicado hoy 14 de enero en Milenio Diario, estado de México