Seguridad pública y municipios mexiquenses

Gráfico: Milenio Diario

El estado de México es, por mucho, la entidad federativa que mayores recursos recibe para hacerse cargo de muchas de las obligaciones intrínsecas a su naturaleza. En este mismo espacio comentamos no hace mucho la forma en que la entidad mexiquense recibió el presupuesto más alto en la historia para la provisión de servicios públicos administrados por el gobierno del estado y las autoridades de sus 125 municipios. Paradójicamente este aumento notable en la disposición de recursos no se ha acompañado de un esfuerzo importante para atender múltiples y profundas necesidades de los mexiquenses en rubros esenciales para el bienestar social y el combate a la pobreza.

Recientemente nos hemos enterado de la existencia de otro rubro del quehacer público donde el estado de México estaría recibiendo recursos cuantiosos. Me refiero al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN) con el que la Federación plantea repartir poco más de 4,300 millones de pesos a los 220 municipios del país que presentan el mayor potencial de inseguridad o vulnerabilidad delictiva de acuerdo con una serie de criterios evaluados por la Cámara de Diputados.

El objetivo de este programa-subsidio es fortalecer el desempeño de los cuerpos policíacos municipales mediante una fuerte inversión en equipamiento, capacitación y reforzamiento institucional a fin de preservar la integridad de las personas, el orden y la paz pública. De nueva cuenta, el estado de México entra al grupo de las entidades federativas más privilegiadas. En efecto, nuestra entidad es la que cuenta con el mayor número de municipios -22 en total- que recibirán, durante este 2011, recursos del Subsemun.

Si bien el programa supone un subsidio federal directo, las reglas de operación establecen un mecanismo para responsabilizar igualmente a los municipios de multiplicar esta inversión. Por cada peso que aporta la Federación, toca al municipio en cuestión aportar una inversión adicional de 30 centavos. En esta ocasión, los recursos serán distribuidos, a los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

Nadie, en su sano juicio, podría objetar que municipios de tanta importancia, tal densidad demográfica y tal vulnerabilidad frente a la delincuencia reciban estos recursos. Sin embargo, y tomando en cuenta que muchos de ellos son gobernados por el mismo partido que encabeza el gobierno local, habrá que estar vigilantes de su correcta aplicación.

Peor aún, en el contexto de este año electoral en la entidad, habrá que ser especialmente escrupulosos. Pero más allá de eso, nos corresponde a toda la sociedad mexiquense, y desde luego al Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurarnos que se destinen esos recursos de manera eficiente a las prioridades más urgentes. Me refiero a la prevención y atención de múltiples casos de violencia contra las mujeres -especialmente los feminicidios-, la lucha contra el secuestro y la trata de personas, el combate a la extorsión telefónica y el fraude, el robo de autos, entre muchos otros delitos de alta incidencia en estos municipios. De la eficacia de este empeño, y del grado de colaboración entre las autoridades municipales y federales, depende atajar muchos de estos lastres. De ahí la importancia de recuperar la idea de una policía única por más que se opongan los de siempre, más celosos de sus prerrogativas que de sus obligaciones.

Artículo publicado el pasado 29 de enero en Milenio Diario, estado de México