El bloqueo judicial a la Ley Arizona: solución temporal pero incompleta

Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.

Además, Bolton ordenó la suspensión de la disposición que convertía en delito que un inmigrante solicitara u obtuviera un empleo en espacios públicos, la que se refería a arrestos sin orden judicial de aquellas personas que policías estatales y locales consideran que son “deportables” y la que establecía fuertes castigos a los inmigrantes que no se registraran ante el Departamento de Seguridad Interna. En la suspensión, la magistrada refiere que al aplicar estas disposiciones se corren dos peligros muy importantes. En primer lugar una “posibilidad significativa de que los agentes arresten de manera errónea a inmigrantes ilegales” al juzgarles por su aspecto y por no portar sus documentos. En segundo lugar, una “presión distinta, inusual y extraordinaria sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer”. Más aún, refirió que la libertad de las personas detenidas podría verse gravemente interferida durante el periodo en que se harían las comprobaciones correspondientes sobre su estatus migratorio. Por tanto, el fallo de la Juez Bolton es un respiro ante lo que parecía la puesta en marcha de una serie de medidas draconianas y xenófobas contra los mexicanos y la comunidad latina en su conjunto en el estado de Arizona.

No obstante que es un primer paso significativo en contra de este tipo de legislación, el bloqueo resulta insuficiente por varias razones. En primer lugar por su carácter eminentemente provisional. La decisión de la Juez Bolton fue, como se esperaba, objeto de una apelación por parte de Jan Brewer, la Gobernadora de Arizona, quien promulgó la ley. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco California, misma que podría respaldar o desdecir la decisión de Bolton.

Adicionalmente, se espera que pronto se den a conocer las fechas para el desahogo de al menos otras siete demandas interpuestas por distintas organizaciones en contra de la aplicación de la ley. Se espera, también, que se presenten recursos de apelación que podrían llevar todos estos litigios hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, proceso que podría llevar varios meses e incluso años hasta verse completamente culminado. En segundo lugar, resulta insuficiente en el sentido de que no hizo referencia explícita a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, asunto de fondo sobre el cual deberá pronunciarse en algún momento otra autoridad judicial. Esto, en definitiva, abrió la puerta para que la juez Bolton no objetara la puesta en marcha de disposiciones que, si bien no son las más controversiales, atentan igualmente contra los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y, eventualmente, contra la propia Constitución y múltiples Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos de América es parte. Desde el jueves pasado, en virtud de las disposiciones de la Ley Arizona que la juez no objetó, es delito transportar o prestar refugio a un inmigrante indocumentado. También es un delito alentarlo a vivir en Arizona, contratarlo para prestar cualquier clase de servicio y auxiliarle en otros asuntos relacionados con el empleo. Además, la ausencia de un primer señalamiento con referencia a la inconstitucionalidad de la ley podría estimular o, al menos, no disuadir a otros estados de la Unión Americana a promulgar legislaciones similares. En definitiva, la juez Bolton no sólo debió referirse a la inconstitucionalidad de la ley sino que, adicionalmente, debió haber suspendido la ley completa y no sólo algunas de sus disposiciones.

Resulta también insuficiente ante una Gobernadora y unos alcaldes, como el de Phoenix, que no tienen empacho en declarar que esto es apenas “una piedra en el camino” y que las redadas continuarán. Para el tristemente famoso alguacil del condado de Maricopa- Joe Arpaio-, nada ha cambiado y seguramente se las arreglará para seguir deteniendo, con toda impunidad, a miles de inmigrantes –la mayoría mexicanos- que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Al calor de las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, estos personajes no cesarán en su esfuerzo por colocar el tema migratorio al centro del debate electoral con el único de fin de verse respaldados en las urnas por los sectores más conservadores del electorado. Peor aún, la administración del Presidente Obama parece demasiado cauta, utilizando un lenguaje demasiado diplomático y ataviada con un perfil público más bien bajo frente a este asunto cuando, en cambio, debería estar encabezando una cruzada para aprobar una reforma migratoria integral tal y como lo prometió desde su campaña.

No obstante, aún hay esperanza de que el destino de la Ley Arizona sea el mismo que el de la Ley 187 y otras iniciativas similares que han sido derrotadas en los Tribunales de la Unión Americana. En este proceso, el Gobierno Mexicano a través de los Consulados en Arizona tiene un papel muy importante que desempeñar. De cualquier forma, el daño está hecho y será difícil para la comunidad latina en Arizona –tan numerosa y provechosa para la economía y la sociedad estadounidense- recuperar la confianza y la tranquilidad en un estado donde abunda el miedo y la zozobra.

Artículo publicado el pasado 31 de julio en Milenio Diario, estado de México