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Aunque ya hemos abordado, en este mismo espacio, el tema del voto nulo y sus múltiples implicaciones para el futuro de la democracia en nuestro país, la persistencia de este discurso en el debate público nos obliga a repensar alternativas viables a esta idea. Anular el voto, insisto, no aporta, salvo la crítica a los partidos políticos, ningún elemento útil al proceso democrático y al mejoramiento de nuestras instituciones. En cambio, lo que sí funciona, es la creación de contextos de exigencia a los partidos para que se comprometan activamente con reformas políticas de gran envergadura. Me refería yo, en su momento, a la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía mantener el control sobre sus representantes, reconociendo su trabajo con la reelección o sancionándolo con su voto en contra. Esta reforma incentivaría, además, la profesionalización y la autonomía de los legisladores, suprimiría su curva de aprendizaje que resulta cada vez más onerosa, fortalecería al Poder Legislativo en sus importantes tareas y estrecharía considerablemente los vínculos entre ciudadanía y políticos.
Hay que señalar que la reelección legislativa ha sido históricamente una propuesta del Partido Acción Nacional que es hoy, felizmente, una gran exigencia ciudadana.
Pero además de una reelección legislativa no ilimitada, es necesario revisar de nuevo el tema de las candidaturas independientes. En efecto, los partidos políticos son instituciones consustanciales a la democracia. Sin ellos, la democracia representativa no puede ser funcional en nuestra sociedad contemporánea. Los partidos son el conducto idóneo para que la ciudadanía manifieste sus preferencias políticas, son un mecanismo de construcción de liderazgos, son un marco de referencia indispensable para la competencia electoral y, por supuesto, para la formación de gobiernos. En consecuencia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a ser votados deben ser postulados por un partido político.
Sin embargo, en los regímenes electorales de buena parte de las democracias del mundo, aunque no en todas por supuesto, existe un espacio dispuesto para lo que se denomina candidaturas ciudadanas. De esta manera, un ciudadano puede presentarse a elecciones bajo una serie de requisitos formales y competir junto con los candidatos nominados por los partidos políticos a puestos de elección popular. Esto es posible en democracias consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Australia, España, Japón, Bélgica, Holanda, India, así como en nuevas democracias como Chile, Corea, Hungría, Turquía, Filipinas, Polonia, entre otras.
La legislación electoral en estos países ha tomado las precauciones debidas para que, como dice José Antonio Crespo, se encuentre un punto medio para evitar que la postulación sea excesivamente difícil o demasiado fácil. Además, para que tengan el respaldo ciudadano necesario para representar, con eficacia, a un sector de una población determinada.
Estas candidaturas ciudadanas son muy importantes, para los sistemas políticos que deciden incorporarlas, toda vez que tienen el objeto de abrir un espacio para la expresión y representación política apartidista que suele refrescar una contienda electoral, incentivar a una mejor selección de candidatos y a un mejor desempeño de los partidos políticos además de encauzar cierto descontento ciudadano a la vida pública institucional.
Gracias a la legislación electoral de algunos estados esto ya es posible en entidades como Yucatán y Sonora, aunque exclusivamente para la esfera política local. Por tanto es de hacer notar que los principales partidos políticos representados en el Senado de la República han determinado revisar la figura de las candidaturas ciudadanas para eliminar las restricciones y limitaciones que aún la impiden en las leyes federales, sobretodo en la legislación electoral nacional.
Luego de la reclamación de Jorge Castañeda ante el Sistema Interamericano, por lo que acusó fue una violación a sus derechos políticos, legislar en esta materia es una obligación inaplazable del Poder Legislativo. Pero más aún, después de constatar que nuestra consolidación democrática depende hoy más que nunca de reformas que reconstruyan y fortalezcan los nexos entre ciudadanía y actividad política.
Foto: www.ife.org.mx
Artículo publicado el 27 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.enlineadirecta.info
En las últimas semanas, uno de los temas más relevantes entre la opinión pública de cara al próximo proceso electoral tiene que ver con el denominado voto nulo. Para sus defensores, la idea de acudir a las urnas y anular las boletas se justifica por una serie de razones que van desde el descrédito y la desconfianza que existen entre la población hacia los partidos políticos hasta la idea de que no hay suficientes opciones entre los partidos y candidatos actuales. Muchos de ellos han manifestado que de esta manera se hará frente al “monopolio” de la política electoral que mantienen los partidos políticos y han advertido incluso que hay una crisis de nuestro esquema de representación política. Este movimiento –afirman- tiene el objetivo de generar un esquema de exigencia hacia los partidos políticos y movilizar a la sociedad civil en demanda de cambios profundos en la democracia mexicana.
Los detractores de esta iniciativa afirman que anular el voto es eludir la responsabilidad más importante que tienen los ciudadanos en materia política. De acuerdo con José Woldenberg, por ejemplo, quienes hagan eso “dejarán en manos de quienes sí vamos a votar” la decisión de cómo se integrará la Cámara de Diputados, los Congresos locales, quienes serán los gobernadores, los presidentes municipales, entre otros cargos de elección popular. Advierten también que si hay alguna corriente política-ideológica que no se siente suficientemente representada en el espectro institucional, que busque su registro como partido político. Esto porque, arguyen con mucha razón, no es posible construir una democracia moderna sin partidos políticos.
Coincido mucho más con quienes se oponen al voto nulo. Sin embargo, eso no significa dejar de reconocer que hay elementos valiosos en la argumentación de sus apologistas. En principio, concuerdo con su análisis según el cual los vínculos entre ciudadanía y partidos están cada vez más lastimados. Además, estoy convencida de que es indispensable generar contextos de exigencia a los partidos a fin de que se vuelvan mejores, más competitivos, más transparentes, responsables y confiables. También sé que hay una urgencia por ampliar el régimen de rendición de cuentas a todos los aspectos de la actuación de los partidos políticos. Adicionalmente, simpatizo con cualquier iniciativa que desde la sociedad civil plantee mejorar el funcionamiento de nuestra democracia.
Pienso, a diferencia de otros políticos, que aunque no la compartamos hay que respetar la opción que representa el voto nulo y actuar en consecuencia. Implica un rechazo generalizado a los partidos que nos obliga a hacer un análisis serio sobre lo que hemos venido haciendo mal. Implica una oportunidad, además, para hacer una autocrítica que normalmente está ausente en la respuesta que algunos políticos han venido dando a esta idea. El voto nulo y el abstencionismo, aunque de distinto origen y motivación, deben provocar en nosotros –los políticos- una fuerte reacción para, en muchos aspectos, corregir el rumbo y mejorar nuestras propuestas.
Sin embargo, el voto nulo no resulta una iniciativa creativa para promover cambios en nuestro país toda vez que no plantea ninguna alternativa salvo el rechazo mismo. Al contrario, el grupo que lo promueve debería organizarse para comprometer a los candidatos a suscribir una agenda de compromisos que los obliguen a transformar las instituciones y las reglas en que operan nuestras organizaciones políticas.
No hay que olvidar que hemos pasado de un México monocolor, sin alternativas políticas y con un régimen de partidos sumamente débil a un país con instituciones políticas plurales y competitivas. Con el voto nulo corremos el riesgo de sabotear ese avance democrático que, en definitiva, debemos consolidar. Antes que fortalecer el mandato de la representación popular, lo cual incentiva un mejor desempeño del político electo, el voto nulo abonaría a debilitar el mandato popular y a excluir a la población del proceso democrático. En resumidas cuentas, una persona que vota por un partido tiene más autoridad para reclamarle una respuesta a sus demandas que una persona que anuló su voto. Por tanto, la rendición de cuentas tiende también a disminuirse.
Los promotores del voto nulo sostienen que todos los políticos somos iguales lo cual es a todas luces falso. No sólo en los partidos encontramos agendas contrastantes en muchos temas de la vida pública sino que encontramos a distintos candidatos, distintos perfiles, igualmente contrastantes, de donde los electores escogen libremente conforme a su conciencia. Además, corremos también el riesgo de que este llamado a anular el voto termine promoviendo ciertos apetitos autoritarios de personas y entidades que, como bien señalan diversos analistas, les importan mucho más sus intereses que la democracia misma. Peor aún, en el supuesto de que el voto nulo alcance una proporción significativa en la elección, paradójicamente saldrían beneficiados aquellos acostumbrados a prácticas corporativistas de manipulación y movilización burda del voto.
En suma, demandarnos a los políticos más respuestas ante los graves problemas que enfrenta nuestro país siempre es positivo y plausible. Quienes militamos en los partidos políticos estamos obligados a responder a ello y a transformar lo que en su estructura ya no es funcional para este propósito. Pero plantear la anulación del voto sin ofrecer ninguna otra propuesta para enriquecer la democracia no parece una opción encomiable. Una de ellas podría ser la reelección legislativa como un auténtico mecanismo de control y rendición de cuentas que le daría más poder al voto ciudadano.
Artículo publicado el pasado 13 de junio de 2009 en Milenio Diario, EdoMéx.
