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Foto: mexico.cnn.com
El próximo 2 de abril en Washington, los Presidentes Calderón y Obama se reunirán junto con el primer ministro canadiense Harper para celebrar la Cumbre Trilateral de Líderes de América del Norte. Originalmente la Cumbre estaba prevista para tener lugar el pasado 13 de noviembre de 2011 pero, debido al lamentable fallecimiento del entonces Secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, tuvo que ser pospuesta. Sin duda, es encomiable el esfuerzo que las tres partes han invertido para finalmente celebrar esta reunión que por muchas razones es sumamente especial.
En primer lugar, es prácticamente el relanzamiento de este mecanismo que se establecería en marzo de 2005 en el contexto de la denominada entonces Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. La celebración de esta cumbre era prácticamente anual hasta el 2009 cuando se celebró la última reunión en Guadalajara, Jalisco. El contexto político en los Estados Unidos dejó ser favorable a estos encuentros y los temas propios de la integración norteamericana comenzaron a perder terreno frente a otras prioridades de política exterior de los tres países involucrados. Felizmente esta Cumbre se reanuda y, con ella, una agenda de de enorme relevancia para la competitividad y el bienestar de nuestras sociedades. En segundo lugar, se trata de la primera reunión de esta naturaleza que se enmarca en un contexto más amplio. Se trata de una agenda que se centrará sobretodo en la competitividad económica y la sustentabilidad de la región de América del Norte frente a otras regiones del mundo. Esto no solo por ser un tema de la mayor relevancia en el contexto de la próxima Cumbre del Grupo de los 20 que auspiciará México en junio sino porque se trata probablemente del tema más importante en la agenda trilateral. Queda claro que, como se advertía ya en 2005, hace falta imaginar mecanismos de cooperación que posicionen mejor a la región norteamericana frente al resto del mundo especialmente en el contexto actual de crisis financiera y dinamismo económico en Asia. Como afirma Robert Pastor, estos encuentros sirven además al propósito de sensibilizar a la población de los tres países a favor de “la idea de Norteamérica”. Para Pastor es necesario que, en lugar de competir uno contra otro para ganar acceso a los mercados asiáticos, y especialmente los integrados en distintos esquemas de cooperación del Pacífico, los tres países adopten una visión de competitividad continental y compitan juntos frente a China. Más aún, dice Pastor en su obra más reciente, los tres gobiernos podrían diseñar un mercado integrado y eliminar un impuesto caro e ineficaz basado en las reglas de origen. Podrían además abocarse a construir un Fondo de Infraestructura Norteamericana para reducir la brecha de ingresos que separa a México de sus vecinos y en definitiva lanzar un ambicioso conjunto de proyectos de cooperación trilateral.
En tercer lugar, tanto el relanzamiento de la Cumbre como el replanteamiento temático de la misma como una oportunidad para avanzar en la agenda de cooperación y de competitividad común abren nuevas posibilidades para abordar temas cruciales para el futuro de la región desde una perspectiva trilateral. Un botón de muestra lo constituye la Primera Cumbre de Defensa de América del Norte, a realizarse en Canadá este 26 de marzo próximo, y en la que participan los titulares de la Defensa y la Marina de México con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Sin duda, se augura con ello un mejor futuro para la agenda norteamericana, un cúmulo de ideas nuevas para otorgarle contenidos distintos así como la proyección de nuevos mecanismos de cooperación. Por parafrasear a Pastor, incluso en la era de la globalización, la proximidad geográfica ayuda y tenemos frente a nuestros ojos la prueba fehaciente de su enorme potencial.
Artículo publicado el pasado 24 de marzo en Milenio Diario, estado de México
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Gráfico: milenio.com
Aunque sea un lugar común, los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York constituyeron uno de esos eventos históricos que transformaron radicalmente la política internacional. Por un lado, y previsiblemente, la agenda apuntalada por los Estados Unidos priorizó la seguridad transnacional y el lanzamiento de una cruzada global contra el terrorismo por encima de cualquier otro tema. Por el otro, el gobierno del expresidente Bush encabezó un esfuerzo bélico sin precedentes que aún hoy está lejos de culminar del todo y que ha dejado una honda huella en la historia de las intervenciones militares de carácter unilateral. Aunque el presidente Obama dio un giro importante a ambas políticas a fin de reconciliarlas con aspectos cruciales de la tradición diplomática estadounidense como el énfasis multilateralista, la cooperación para la construcción de instituciones y el respeto al derecho internacional, los efectos del denominado 11-S han transformado, quizá para siempre, las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
Las relaciones con México, su principal socio latinoamericano, vecino y aliado en múltiples frentes, no fueron la excepción. Las implicaciones de estos cambios fueron, en un primer momento, negativas para las prioridades de México. En general, los temas de cooperación con nuestro país y aquellos de carácter exclusivamente norteamericano fueron relegados a un lugar secundario en su política exterior. Más aún, aspectos clave como el comercio y la migración sufrieron cierto retroceso ante las expectativas de entonces -la negociación de un posible acuerdo migratorio y un TLCAN plus- a causa de las restricciones obvias de una frontera que endurecía cada vez más sus controles. Por otro lado, el unilateralismo del expresidente Bush se topó de frente con el multilateralismo de la política exterior mexicana. No fueron pocas las voces que, en su momento, advirtieron de un desencuentro mayor en el Consejo de Seguridad de la ONU que, sin embargo, terminó solamente en un distanciamiento temporal.
No obstante hubo también efectos positivos para la relación bilateral que hoy resultan evidentes. En primer lugar, se institucionalizó una cooperación en materia de seguridad que no sólo ha hecho frente a las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico sino que ha conseguido expandirse para cooperar en materia de desastres naturales y pandemias. La idea de crear un perímetro de seguridad en América del Norte incluyendo a México y Canadá obligó a los tres países a diseñar estrategias regionales para enfrentar nuevos retos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Con todas sus limitaciones, proyectos como el de la Iniciativa Mérida han venido a fortalecer el principio de la responsabilidad compartida y la confianza mutua en la relación bilateral. Además se avanza lenta pero sistemáticamente para controlar el trasiego ilegal de armas a nuestro país. En segundo lugar, la agenda bilateral ya no disocia, como antaño, los temas del desarrollo del de la seguridad fronteriza. Para muestra baste repasar la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI de mayo de 2010. Sin embargo, hoy es indispensable voltear la mirada a la inmigración, un tema que aún menos puede disociarse del modelo de regionalismo abierto y complementariedad económica al que aspiramos en América del Norte.
Artículo publicado el pasado 10 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
"Se estima que en los Estados Unidos existen más de un millón 200 mil inmigrantes mexiquenses" | eluniversal.com.mx
A prácticamente a un mes que comience el retorno temporal de migrantes que vuelven a nuestro país para pasar las fiestas navideñas y de año nuevo en compañía de su familia, un trágico fenómeno se asoma apenas ante la opinión pública mexiquense. Se trata de la migración infantil que este año adquiere una proporción preocupante en nuestra entidad.
En el contexto global y nacional, el tema no es necesariamente nuevo. Desde por lo menos hace cinco años, se cuenta con diagnósticos serios que dan cuenta de un repunte global en los flujos migratorios de menores de edad y con reportes que identifican a este grupo en una situación altamente vulnerable. Solos o acompañados, niños y adolescentes emprenden una travesía con el objetivo de encontrar a sus familiares, mejorar sus condiciones de vida o escapar del hambre y la pobreza.
Durante el trayecto, son víctimas de abusos, explotación y maltratos. Algunos son cruel e indebidamente encarcelados, otros son deportados, muchos más terminan trabajando para organizaciones criminales, esclavizados y sometidos a las peores condiciones de subsistencia.
Muchos son víctimas de las organizaciones de trata de personas -1.2 millones según la Organización Internacional del Trabajo-, otros se enfrentan al trabajo en condiciones de alto riesgo para su integridad.
La mayoría, en general, sufre trastornos psicológicos y emocionales que le acompañarán por el resto de su vida.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 24 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos y prácticamente la mitad viaja sin compañía alguna. A este grupo habrá que añadir al menos otros 12 mil que, se calcula, son interceptados anualmente antes de que consigan cruzar la frontera. Por tanto, en promedio tendremos al menos 142 niños y niñas que intentan llegar sin éxito a los Estados Unidos y un número aún indeterminado de niños que, en efecto, consiguen su objetivo y llegan al vecino país.
De acuerdo con distintas estimaciones, y tomando en cuenta tanto a niños solos como acompañados, tanto a quienes consiguen llegar a Estados Unidos como a quienes no lo logran, la cifra podría llegar a alcanzar los 150 mil menores al año.
Este número podría ser aún más alto si se consideran los cientos de miles de niños que abandonan sus países de origen principalmente en América Central y arriban a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos o quedarse en nuestro país. De acuerdo con Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán, aproximadamente 40% de los migrantes detenidos en estaciones migratorias mexicanas son jóvenes de aproximadamente entre 14 y 17 años, la mayor parte de ellos no acompañados.
De ahí que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, haya establecido en 2008, la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) quienes están exclusivamente dedicados y adecuadamente capacitados para atender las necesidades de los menores que migran. Asimismo, se implementaron políticas específicas para darles protección directa y prevenir los abusos de los que son víctimas.
Sin embargo, a nivel local, el reconocimiento de esta realidad es bastante reciente. Apenas hace algunos días, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense estimó que el 10% de los niños que emigran solos a los Estados Unidos son originarios del estado de México. Son al menos 2 mil niños y jóvenes mexiquenses quienes, se tiene constancia, intentaron sin éxito migrar a los Estados Unidos convirtiéndose en objeto de deportaciones.
La mayoría de ellos, afirma la autoridad estatal, salen en busca de sus padres. La cifra, en efecto, es alta. Sin embargo, no toma en cuenta el volumen total de menores mexiquenses hacia Estados Unidos. Para ello habría que considerar no sólo a aquellos que consiguen internarse al territorio de la Unión Americana sino, además, a aquellos quienes en el camino son víctimas de crímenes y abusos, del reclutamiento del crimen organizado, el trabajo forzado, la trata y la prostitución, lo cual les impide continuar su camino y formar parte de la estadística oficial.
Muchos de ellos, es factible imaginar, tienen un origen indígena y podrían enfrentarse a más abusos debido a esa condición.
Desde luego que el problema principal tiene que ver con las condiciones que expulsan a la niñez de su lugar de origen y que les permiten llegar inadvertidos a la frontera norte. Pero otros problemas son también mayúsculos. Los menores mexiquenses deportados se ven a sí mismos en algún lugar de nuestra larga y a veces inhóspita frontera norte desprovistos de orientación y apoyo para volver a sus hogares.
De acuerdo con Arnulfo Valdivia, el gobierno del estado de México trabaja con fundaciones y casas hogar públicas y privadas para atender a los menores deportados a la frontera. Afirma que parte del presupuesto se ha aplicado en estas casas en Ciudad Juárez y Tijuana donde reciben apoyo para regresar al estado de México.
El funcionario desafortunadamente deja sin respuesta muchas interrogantes, por ejemplo: ¿Cuántos menores han conseguido volver a sus hogares a partir del apoyo brindado por esos acuerdos? ¿Cuántos de ellos siguen en la frontera? ¿Cuántos niños mexiquenses podrían estar en la Unión Americana y en qué estados? ¿Cuántos de estos niños han conseguido reunirse con sus padres y qué ha hecho el gobierno del estado para procurar este propósito? ¿Cuánto dinero se ha invertido y qué más prevé hacer el gobierno del estado en este rubro?
En fin, muchas preguntas y aún prácticamente ninguna respuesta sobre un asunto que preocupa y consterna a los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 13 noviembre en Milenio Diario, estado de México
Foto:presidencia.gob.mx
Durante la pasada XXI Reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México, el presidente Felipe Calderón pidió a los más de cien representantes de México en adscripciones consulares y diplomáticas alrededor del mundo informar con veracidad sobre lo que ocurre en nuestro país y, con ello, contribuir al mejoramiento de la imagen de México en el exterior. Con sobrada razón, el Presidente instó a distinguir donde están las discrepancias políticas y donde el interés superior de la República al admitir que si bien “se vale disentir y se vale criticar, también se vale hablar bien de México”.
En respuesta a esta petición, el cuerpo diplomático mexicano ha decidido emprender una campaña global para revertir la imagen de violencia que nuestro país mantiene, por ejemplo, en los medios de comunicación y la opinión pública de algunos países. Se trata, afirmaron algunos miembros del Servicio Exterior Mexicano, de contextualizar la situación de nuestro país y de impedir que el sensacionalismo se apodere de la información que circula sobre México en Estados Unidos y algunos países europeos principalmente. “México” como afirmó nuestro embajador en España Jorge Zermeño, “es mucho más que noticias sobre inseguridad”.
Sin duda, la lucha contra el crimen organizado ha traído un reconocimiento mundial a la determinación del Presidente Calderón por no dar tregua al narcotráfico. Esto ha supuesto, sin embargo, que algunos medios de comunicación en el extranjero se sientan atraídos por este tema y reporten muy poco sobre otros. De ahí la importancia de ofrecer más elementos de análisis a la comunidad internacional a fin de que entienda cabalmente el momento por el que pasa nuestro país. Por supuesto que la situación es difícil y eso no puede ni debe pasar inadvertido en la prensa global. Pero lo que tampoco debe pasar inadvertido es la información que acredita el éxito de nuestra política contra el crimen organizado y el hecho de que, como afirmara el Secretario de Seguridad Pública, nuestro país cuenta con la capacidad tecnológica y humana para terminar de desmantelar las bandas criminales y los carteles de la droga. En ese terreno, los representantes de México en el exterior además podrían informar sobre los avances en la estrategia de seguridad del gobierno federal, sobre el número de detenciones, de extradiciones, de aseguramiento de drogas, dinero y armas, entre muchos otros factores que permitan distinguir una visión mucho más equilibrada sobre este tema.
Más importante aún, la información sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país puede también efectuar un cambio sustancial en términos de nuestra imagen en el exterior. Frente a las violaciones a los derechos humanos que aún se registran debe añadirse información valiosa sobre la situación institucional de México en la materia. En México, contamos con instituciones y con legislación suficientes para investigar y castigar abusos. Tenemos un Programa Nacional de Derechos Humanos y una Comisión Nacional que trabajan para que esto ocurra y para edificar una cultura generalizada de respeto y promoción de los derechos humanos. En palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, “una atmósfera de ejercicio pleno de la seguridad ciudadana es una atmósfera que permitirá también el ejercicio pleno de los derechos humanos”. Y eso también ha sigo marginalizado en buena parte de la información publicada en medios internacionales.
En general, 2009 fue un año excepcionalmente difícil en muchos terrenos incluido el de seguridad, el económico, el de salud y algunos otros. En todos estos frentes, nuestro país ha venido haciendo esfuerzos notables para hacerles frente y superarlos. Por eso, vale la pena sumarnos todos a esta convocatoria que ha lanzado el Presidente Calderón. Desde nuestras respectivas trincheras políticas o profesionales hay que comunicar con veracidad, especialmente en el extranjero, sobre todo lo que ocurre en nuestro país con una visión equilibrada y responsable, sin exageraciones ni tintes catastrofistas.
Al Gobierno por supuesto que toca hacer su parte. Lanzar una campaña de Diplomacia Pública que atraiga inversiones, turistas, empresarios, estudiantes, científicos y artistas. Informar con oportunidad y dar cuenta del fracaso rotundo de los pronósticos que a principios de 2009 hablaban de un Estado fallido. Seguir trabajando para ofrecer resultados sólidos y concretos en estos rubros.
Frente al Bicentenario de la Independencia a celebrarse en septiembre próximo, cambiar la imagen de México en el exterior es una tarea prioritaria pero es una tarea de todos los mexicanos.
P.D. Haití atraviesa por una tragedia sin precedentes. Nuestros hermanos haitianos necesitan toda nuestra ayuda y generosidad. No escatimemos en ayudar a este entrañable país y pueblo amigo durante lo que es quizá la peor desgracia en décadas. La Embajada de Haití en México que funciona como centro de acopio está en Presa San Martín 53, Colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, entre Cervantes Saavedra y Ejército Nacional en la Ciudad de México, teléfono: (0155) 5557 2065 y 5580 2487; o en el centro de acopio oficial más cercano a tu comunidad.
Artículo publicado el pasado 16 de enero en Milenio Diario, Estado de México
Foto: abogadogeneral.uady.mx
Pléyades de informes de distintas agencias y organismos internacionales señalan sistemáticamente los rezagos de la educación en México. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marca la pauta para identificar donde están los problemas de nuestro sistema escolar. Recientemente, esta organización ubicó a México en el primer lugar de desaprovechamiento del tiempo escolar en una comparación de los 23 miembros de la misma. Afirma que los maestros en nuestro país dedican 57 de los 200 días efectivos de clase, es decir, 345 horas anuales, a resolver conflictos, a disciplinarlos, a poner orden en el aula y a realizar trámites burocráticos.
De acuerdo con distintas estimaciones, datos y conclusiones de la OCDE en diversos estudios y análisis recientes, el gasto de México por estudiante en secundaria es también uno de los más bajos de entre los miembros de la organización (aproximadamente mil 656 dólares, lo cual es un cuarto de la media que asciende a 6 mil 560 dólares). Nuestro país registra también uno de los rendimientos más bajos en términos de educandos egresados de los distintos niveles escolares. Tan sólo alrededor del 25% de los mexicanos de entre 25 y 34 años de edad terminaron satisfactoriamente su secundaria mientras que en países como Noruega, Corea, Dinamarca o Japón el porcentaje va del 90 al 100%. La denominada eficiencia terminal no es mejor a nivel universitario. Aunque las inscripciones a las universidades aumentan año tras año, sólo 16% de los mexicanos entre 25 y 34 años terminaron satisfactoriamente sus estudios superiores.
Los problemas en materia de divulgación del conocimiento no son menores. De acuerdo con el pasado informe PISA de evaluación del nivel de formación de los estados integrantes de la OCDE, México se ubica en el último lugar, por detrás de países como Turquía y Grecía con apenas 410 puntos mientras que Finlandia se ubicó a la cabeza con 563 puntos seguida por Hong Kong, Canadá, Taiwán, Estonia y Japón. En consecuencia, entre estudiantes mexicanos y finlandeses de 15 años, primeros y últimos de la clasificación, hay 4 años enteros de formación escolar de diferencia. Además, de acuerdo con el informe en su edición 2007, 50% de los jóvenes de 15 años se ubicó en los niveles cero y uno –los más bajos evidentemente- en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura, áreas cruciales para tener éxito en sus estudios universitarios. De acuerdo con la evaluación, este porcentaje de jóvenes son incapaces incluso de resolver problemas elementales a nivel académico.
Este contexto de absoluto desastre educativo contrasta con la presencia del poderoso y millonario Sindicato de Trabajadores de la Educación. El SNTE aglutina al magisterio, lo moviliza y lo convierte en una herramienta electoral. Sin embargo, y frente a la ostentosa corrupción de algunos de sus dirigentes, no hace muchos esfuerzos para profesionalizarlo, para mejorar sustancialmente su precaria situación salarial y para transparentar sus procesos para ocupar nuevas plazas. La sección 22 del sindicato, disidente del Comité Ejecutivo del mismo, se ha convertido en un grupo que sistemáticamente se opone, a veces incluso por vías violentas, a cualquier mecanismo o reforma que pretenda terminar con las prerrogativas de las que gozan sus dirigentes y establecer formas meritocráticas y transparentes de ascenso y promoción del magisterio. Su oposición furibunda a la Alianza para la Calidad Educativa mantuvo a los niños oaxaqueños y morelenses sin clases durante meses y sus líderes jamás se ruborizaron por ello.
En definitiva, la reforma educativa deseable tendría que abordar todos los aspectos que resultan tabú en la negociación con las corporaciones gremiales. Sería deseable que abordara la necesidad de evaluar sistemáticamente a las escuelas y los maestros, que se ocupara de la formación científica y cívica, que revisara los contenidos, métodos y fórmulas para el aprendizaje, que eliminara la memorización como técnica de estudio e incorporara las vanguardias pedagógicas que en el mundo han probado su efectividad. Tendrían que destinarse más recursos a la educación y menos recursos a las burocracias sindicales, más recursos a la formación y actualización de los docentes y menos a su politización, más en la tecnología y menos en los recursos convencionales para la transmisión del conocimiento. Implicaría también un cambio de paradigma para modificar los esquemas de baja, retiro, sanciones, ascensos, ingresos y adscripciones de los docentes.
Pero sería, sobre todo, una transformación estructural que dejara atrás ese modelo educativo “anticuado, rígido, poco estimulante para profesores y estudiantes, centrado en la memorización, en el docente y el aula, no conducente a la interacción creativa entre educador y educando ni al desarrollo de habilidades y destrezas en este último” (IMCCO, Informe 2009).
Estoy segura de que miles de maestros en México, así como de actores políticos, económicos, sociales e intelectuales estarían dispuestos a contribuir para construir un nuevo sistema educativo. Es en el mejoramiento de la educación en donde los mexicanos necesitamos una inversión de capital económico y político urgente.
Afiche - ONU
Hace exactamente 61 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó uno de los documentos de mayor trascendencia para la evolución del derecho internacional contemporáneo. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, recogiendo elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789, conformó un catálogo de derechos y libertades esenciales que, en todo momento, los Estados están obligados a preservar y fomentar. Durante la elaboración de esta Declaración, los integrantes del Comité de redacción, entre ellos Eleanor Roosevelt y Rene Cassin, mantuvieron un objetivo primordial: construir un documento mediante el cual la comunidad internacional pudiese manifestar su voluntad política para respetar y nunca más atentar -como ocurrió sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial- contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.
Este año, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, determinó dedicar esta conmemoración a la lucha contra la no discriminación en todas sus manifestaciones. Todos los dias millones de seres humanos en el planeta luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. No obstante, y sin restar importancia a este aspecto, actualmente subsisten en el mundo nuevas y graves amenazas a la protección de los derechos humanos. La lucha internacional contra el terrorismo ha abierto nuevos y vergonzosos capítulos de violaciones masivas a los derechos humanos en Guantanamo y Abu Ghraib. Nuevas expresiones de intolerancia religiosa y étnica siguen presentandose especialmente en el continente asiático. El drama de los niños soldado en el Congo o Birmania, los escudos humanos en Palestina, el hambre que padecen millones de personas en Corea del Norte, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas en los Balcanes y África Subsahariana, los totalitarismos en Bielorrusia y Libia son apenas algunas de estas terribles expresiones del enorme desafío que enfrenta el mundo en esta materia. De ahí la relevancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuya eficacia, en buena medida, depende una solución a muchas de estas amenazas.
En una dimensión distinta, aunque no menos relevante, México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional. A pesar de los enormes avances que ha experimentado nuestro país en los últimos diez años, hay grandes pendientes que requieren de una solución expedita e integral. Por ello, nuevamente cobra relevancia un debate en el que hemos venido participando activamente desde el Congreso de la Unión. Me refiero a la idea de efectuar una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La idea de constitucionalizar los derechos humanos proviene de la necesidad de efectuar un cambio conceptual de gran relevancia en nuestra Carta Magna. Implica pasar de un régimen donde el Estado otorga garantías al ciudadano – como si fuese una graciosa concesión- a uno donde el Estado reconoce derechos humanos como base fundamental de su interacción con los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
Sin duda, debatiendo este tema, podría ser la mejor manera de honrar nuestro voto afirmativo aquel 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a una Declaración que estableció el compromiso universal con los derechos humanos. Otra forma de honrar esta importante efeméride podría ser emprender una discusión seria y franca sobre la necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se registran en nuestra frontera sur. Una nueva política migratoria en esa frontera sería un detonante de cambios transcendentales en muchos ámbitos pero sobre todo en la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, un tema esencial para nuestro país dado el drama de cientos de miles de mexicanos que anualmente cruzan la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
Artículo publicado el pasado 12 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, del Estado de México
Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
