You are currently browsing the tag archive for the ‘senator Adriana Gonzalez’ tag.
Gráfico: canada.informationplanet.com
Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.
No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/
En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.
Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México
Foto: http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relextamericanorte | Foto Oficial de XVIII Interparlamentaria México-Canadá
Este lunes arrancan, en Ottawa, los trabajos de la XVIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá. Se trata de una oportunidad extraordinaria para compartir puntos de vista sobre la manera de relanzar una relación que desde 2009 ha enfrentado algunas dificultades. Desde que en julio de 2009 se estableció el requisito de visa a los mexicanos que viajan a Canadá, las relaciones bilaterales se han afectado sensiblemente. Lo que solía ser una relación de cooperación modelo en términos de su profundidad y madurez, se convirtió en poco tiempo en una relación distante y plagada de obstáculos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante de ambos gobiernos, de las sociedades de ambos países y también de nuestros respectivos Poderes Legislativos para reconceptualizar muchos de nuestros problemas y comunicar la importancia de colocar nuestra relación al nivel de su verdadero potencial. En este esfuerzo se enmarca precisamente esta Reunión Interparlamentaria que se da, además, en un contexto peculiar. Se trata de la primera Reunión que legisladores de ambos países sostenemos después de una transformación radical de la configuración política de ese país luego de las elecciones de principios de año. El gobierno conservador salió fortalecido, al igual que una nueva fuerza política de pensamiento socialdemócrata, y se verificó un cambio generacional sin precedentes. Después de mucho tiempo, la Cámara de los Comunes tiene un nuevo speaker –Andrew Scheer del Partido Conservador- y en definitiva corresponde al Congreso Mexicano acercarse a los nuevos tomadores de decisiones y sensibilizarlos sobre la importancia de construir juntos una agenda de trabajo.
Esta renovación de la Cámara de los Comunes –el Senado no tiene propiamente una representación electa- supone una ocasión perfecta para sensibilizar a los nuevos legisladores canadienses sobre la importancia económica y política relativa de México no sólo para Canadá sino para la región entera. Mencionaría por lo menos tres botones de muestra. En primer lugar, tenemos un espacio potencial de enorme cooperación bilateral en los temas de inmigración y movilidad laboral. Nuestra misión es convencerlos de la complementariedad de nuestros mercados de trabajo y, por lo tanto, de la necesidad de invertir fuerte en capital humano para potenciar la competitividad de América del Norte. Por ello es necesario insistir no sólo en comenzar a eliminar ese visado -que afecta además el turismo, los negocios y otros intercambios recíprocos-, sino en ampliar el programa de trabajadores temporales e incluso generar nuevos programas de movilidad laboral y educativa entre ambos países. En segundo lugar pondremos sobre la mesa la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. Nos preocupa especialmente una iniciativa que busca en Canadá eliminar su registro de armas y que eventualmente podría desatar operaciones de tráfico ilegal como las que actualmente enfrentamos armerías estadounidenses. Sin dejar de reconocer la jurisdicción y la soberanía canadiense para regular estos temas los legisladores mexicanos les haremos saber de las implicaciones negativas, que una legislación de esta naturaleza, podrían acarrear para la construcción de un marco de seguridad regional norteamericana. Desde luego que hay muchos otros temas que estaremos abordando con ellos y que van desde la protección de los derechos humanos hasta la sustentabilidad ambiental. Pero todos ellos se articularán bajo un denominador común. Y es que la Delegación Mexicana encabezada por el Senador José González Morfín, planteará los problemas pero también ofrecerá las soluciones a nuestros desafíos compartidos. Lo hará bajo posiciones de Estado que reflejen el interés nacional y que deriven en compromisos sólidos y duraredos para el bienestar de ambas sociedades.
Artículo publicado el pasado 19 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
- Foto: josecardenas.net | Los representantes de los países del G20 en Cannes, noviembre 2011
El día de ayer, nuestro país asumió la presidencia del Grupo de los 20, uno de los mecanismos de diálogo sobre cooperación económica y financiera más importantes entre países industrializados y emergentes. Se trata de un reconocimiento muy importante a nuestro país y al mismo tiempo un desafío que entraña una gran responsabilidad. Se trata del primer país latinoamericano, y al mismo tiempo, el primer país en desarrollo que presidirá este mecanismo desde su creación en 1999. Por lo tanto, se reconoce así también el peso y la relevancia que las economías latinoamericanas tienen en la esfera global y el liderazgo de nuestro país para representar a esta región del mundo. Pero más allá de todas estas consideraciones, hay un elemento que no puede pasar inadvertido. Ya hacía mención a él, hace algunos días, la Canciller Patricia Espinosa cuando argumentaba la manera en que México tiene autoridad moral para conducir los trabajos del G20 en un contexto de profunda crisis financiera internacional. Y es que nuestro país cuenta con las credenciales y la credibilidad suficientes, construidas a lo largo de poco más de una década de intachable disciplina financiera, para encabezar la acción concertada de las economías más poderosas del mundo contra la crisis de la deuda soberana en Europa y a favor de una reforma toral al sistema de supervisión y estabilidad financiera internacional.
Desde luego que la presidencia mexicana del G20 se ocupará, de entrada, de asuntos coyunturales relativos a la denominada guerra de divisas, el resurgimiento de ciertos apetitos proteccionistas en distintos países del mundo y del rescate global a la economía griega. Lo hará como un profundo conocedor de los efectos negativos que producen, por un lado, las crisis de confianza y certidumbre financiera y, por el otro, las recetas inflexibles que terminan lastimando aún más a la población más vulnerable. No obstante, se ocupará también de los grandes temas de la recuperación de la economía global. Y aquí resulta muy importante la reforma a las instituciones financieras internacionales a fin de dotarles de los instrumentos necesarios para evitar nuevos escenarios de crisis en el futuro. Este esfuerzo supone, además, seguir avanzando en la reforma de sus instancias de gobierno, con el objetivo de dar una mayor legitimidad y eficacia al trabajo de estas instituciones a través de una adecuada representación de las economías emergentes.
Son las economías emergentes como la de México las que, gracias a su buen desempeño económico en los últimos años, se han convertido en fuerzas dominantes sin cuya participación cualquier discusión global sobre desarrollo y estabilidad económica carece de relevancia. En este contexto, la presidencia de México constituye una gran oportunidad para introducir una agenda que retome los temas centrales que las economías emergentes han puesto históricamente en la mesa de negociaciones del G-20. Me refiero a la promoción del desarrollo desde una perspectiva que de prioridad a la seguridad alimentaria, la reducción de desigualdades sociales, el combate a la corrupción, la sustentabilidad ambiental y la proliferación de fuentes de energía renovables. Además, supone una gran oportunidad para demostrar el liderazgo que México ejerce sobre muchos de estos temas y desplegar la capacidad negociadora de nuestro país para acercar posiciones que aún hace falta conciliar con el fin de recuperar la estabilidad económica que, por malas decisiones de los países desarrollados, perdimos en 2008.
Artículo publicado el pasado 5 de noviembre en Milenio diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Aunque sea un lugar común, los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York constituyeron uno de esos eventos históricos que transformaron radicalmente la política internacional. Por un lado, y previsiblemente, la agenda apuntalada por los Estados Unidos priorizó la seguridad transnacional y el lanzamiento de una cruzada global contra el terrorismo por encima de cualquier otro tema. Por el otro, el gobierno del expresidente Bush encabezó un esfuerzo bélico sin precedentes que aún hoy está lejos de culminar del todo y que ha dejado una honda huella en la historia de las intervenciones militares de carácter unilateral. Aunque el presidente Obama dio un giro importante a ambas políticas a fin de reconciliarlas con aspectos cruciales de la tradición diplomática estadounidense como el énfasis multilateralista, la cooperación para la construcción de instituciones y el respeto al derecho internacional, los efectos del denominado 11-S han transformado, quizá para siempre, las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
Las relaciones con México, su principal socio latinoamericano, vecino y aliado en múltiples frentes, no fueron la excepción. Las implicaciones de estos cambios fueron, en un primer momento, negativas para las prioridades de México. En general, los temas de cooperación con nuestro país y aquellos de carácter exclusivamente norteamericano fueron relegados a un lugar secundario en su política exterior. Más aún, aspectos clave como el comercio y la migración sufrieron cierto retroceso ante las expectativas de entonces -la negociación de un posible acuerdo migratorio y un TLCAN plus- a causa de las restricciones obvias de una frontera que endurecía cada vez más sus controles. Por otro lado, el unilateralismo del expresidente Bush se topó de frente con el multilateralismo de la política exterior mexicana. No fueron pocas las voces que, en su momento, advirtieron de un desencuentro mayor en el Consejo de Seguridad de la ONU que, sin embargo, terminó solamente en un distanciamiento temporal.
No obstante hubo también efectos positivos para la relación bilateral que hoy resultan evidentes. En primer lugar, se institucionalizó una cooperación en materia de seguridad que no sólo ha hecho frente a las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico sino que ha conseguido expandirse para cooperar en materia de desastres naturales y pandemias. La idea de crear un perímetro de seguridad en América del Norte incluyendo a México y Canadá obligó a los tres países a diseñar estrategias regionales para enfrentar nuevos retos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Con todas sus limitaciones, proyectos como el de la Iniciativa Mérida han venido a fortalecer el principio de la responsabilidad compartida y la confianza mutua en la relación bilateral. Además se avanza lenta pero sistemáticamente para controlar el trasiego ilegal de armas a nuestro país. En segundo lugar, la agenda bilateral ya no disocia, como antaño, los temas del desarrollo del de la seguridad fronteriza. Para muestra baste repasar la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI de mayo de 2010. Sin embargo, hoy es indispensable voltear la mirada a la inmigración, un tema que aún menos puede disociarse del modelo de regionalismo abierto y complementariedad económica al que aspiramos en América del Norte.
Artículo publicado el pasado 10 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Ante el inmovilismo del Congreso Federal y la administración del presidente Obama en materia migratoria los estados de la Unión Americana han comenzado, al menos a partir del 2010, a tomar decisiones importantes para presionar al Capitolio. De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los Congresos locales han alcanzado un récord histórico de iniciativas en materia de inmigración en lo que va del 2011. Hasta junio pasado, alrededor de 1582 iniciativas fueron presentadas y de ellas emanaron aproximadamente 40 nuevos instrumentos legislativos.
En este contexto, se distinguen claramente dos modelos antagónicos y estrechamente vinculados a dos leyes emblemáticas. El primer modelo recupera las ideas centrales de la denominada Dream Act que permite a estudiantes indocumentados pedir ayuda financiera al Estado y eventualmente regularizar su situación migratoria. Aprobada ya por el Senado de California y sólo en espera de la promulgación por parte del gobernador Jerry Brown, parece que podría servir de inspiración para lo que se denominan iniciativas copy-cat en otros estados como Maryland y Connecticut. El segundo modelo reproduce, y por momentos radicaliza, el contenido de la denominada Ley Arizona (SB 1070) que la gobernadora Jan Brewer promulgó en ese estado fronterizo -el quinto con mayor número de inmigrantes indocumentados en ese país- en julio de 2010. Se trata de una ley xenófoba que criminaliza a la inmigración indocumentada, abre la puerta a numerosos abusos en la detención arbitraria de inmigrantes y prohíbe su contratación en distintas modalidades laborales. Los estados de Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Alabama y, en cierta medida, el de Utah, han aprobado ya legislación similar y aunque sus contenidos se encuentran impugnados en Cortes Federales, ya inspiran toda clase de acciones que abrevan de esta atmósfera poco favorable a la inmigración.
En Arizona, por ejemplo, hay problemas severos para hacer valer los derechos esenciales de los trabajadores indocumentados. Hay connacionales detenidos a quienes, por su situación migratoria, se les niega el pago de sus salarios. Otros a quienes se les contrata por salarios inferiores al mínimo o a quienes se les exige trabajar horas extra sin obtener la remuneración correspondiente. Ante ello, en el contexto de la Semana de los Derechos Laborales y el Día del Trabajo en ese país, los cinco Consulados mexicanos en Arizona (Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Nogales) firmaron hace algunos días un Memorándum de Entendimiento con el Departamento del Trabajo estadounidense. Se trata de un documento pionero para defender los derechos de los trabajadores indocumentados y enviar un mensaje contundente de respaldo a nuestros connacionales que sufren esta actual oleada de leyes, políticas, decisiones y actitudes antiinmigrantes en ese y otros estados de la Unión Americana. Es precisamente este contexto el que exige extender este tipo de instrumentos a otras demarcaciones donde la situación es igualmente crítica y donde es preciso también elevar una severa denuncia contra el odio, los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad inmigrante. Es además parte también de un recordatorio respetuoso, pertinente y enérgico sobre la potestad y jurisdicción federal, y no local, de la política migratoria estadounidense.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: Ignacio González - GPPAN
El jueves pasado, en el emblemático Castillo de Chapultepec -donde se firmaron los célebres acuerdos de paz que dieron fin a doce años de guerra civil en El Salvador- tuvo lugar una reunión sin precedentes. Un grupo de legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y alrededor de 40 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos reunimos con el propósito de escuchar sus demandas e intercambiar puntos de vista sobre la agenda de cambios que el poeta Javier Sicilia ha venido exigiendo a los distintos actores políticos del país. Como era previsible, la reunión se apartó de los formatos habituales y consiguió convertirse, al igual que aquella reunión con el presidente Calderón y su gabinete hace algunas semanas, en un diálogo franco y abierto sobre los efectos de la violencia que azota a nuestro país.
Quienes participamos de este encuentro fuimos testigos del dolor, la indignación y la desesperanza que invade a las familias de las víctimas. Escuchamos testimonios y recibimos señalamientos críticos, la gran mayoría fundados, a las omisiones e insuficiencias de nuestra actividad legislativa en el contexto del combate contra el crimen organizado. Sus intervenciones nos hicieron recordar no sólo nuestro deber como legisladores y representantes populares sino que subrayaron lo mucho que podemos hacer para construir políticas de Estado que prevengan la violencia, atiendan a las víctimas y a sus deudos y favorezcan el camino hacia una reconciliación que resulta inaplazable. Se trata de crear instituciones, coadyuvar para limpiar otras de la corrupción, la ineficacia y la impunidad, convertirnos en garantes de los derechos de las víctimas, en promotores de la reconstrucción del tejido social en distintos puntos del país y, en suma, unirnos a este movimiento ciudadano no sin antes pedir perdón por no haber sido capaces de actuar con la agilidad y la diligencia que exigen los tiempos actuales. Como dijo alguien, ese día parece haber cambiado algo muy importante en el Congreso. Por primera vez en mucho tiempo no se escuchaba tan clara y fuerte la voz de la ciudadanía y no se sentía que el Congreso fuera realmente la casa de todos los mexicanos. Pero más allá de esto, la reunión logró resultados concretos y específicos. El primero fue una serie de compromisos concretos para discutir y aprobar, con urgencia y en el menor tiempo posible, un conjunto de iniciativas. La agenda legislativa incluye una reforma política que ponga el acento en mecanismos de democracia participativa y de rendición de cuentas, una ley de víctimas que establezca un fondo para su atención, la aprobación de una ley contra las desapariciones forzadas y de la denominada ley 5 de junio que cambie radicalmente los criterios con los que operan las guarderías y estancias infantiles. La participación del Poder Legislativo será también crucial para hacer posibles otros compromisos que incluyen la auditoría ciudadana de la policía federal y la creación de una Comisión de la verdad que ponga nombre y apellido a las víctimas, honre su memoria e investigue las circunstancias en que perdieron la vida.
De principio a fin fue una reunión extraordinaria. Un ejercicio democrático y una llamada de alerta para empatar las prioridades de nuestro oficio legislativo con las demandas más sentidas de la sociedad.
Artículo publicado el pasado 30 de julio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: beckgza.wordpress.com
Aunque parezca una obviedad que los derechos humanos formen parte de la parte dogmática de cualquier Constitución contemporánea, hasta hace muy poco tiempo México era una excepción en esta materia entre las democracias del mundo. A pesar de múltiples avances, los mexicanos no contábamos aún con una serie de disposiciones constitucionales para, entre otras cosas, armonizar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos con nuestro derecho interno. Finalmente, y después de años de diálogo, negociación y deliberación entre las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso y toda clase de organizaciones de la sociedad civil, la reforma se fortaleció extraordinariamente.
El pasado 8 de abril, el Senado aprobó esta reforma constitucional que, para el Sistema de las Naciones Unidas en México, supone “el paso más significativo en este campo en los últimos años” y “un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales”. Si bien es cierto que aún falta el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, el amplio consenso que ha suscitado parece indicar que la reforma prosperará.
Como objetivo fundamental la reforma pretende, si se me permite la expresión, constitucionalizar los Derechos Humanos consagrados en una pléyade de compromisos internacionales firmados por México y, con ello, darles plena operatividad y exigibilidad en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, mediante un juicio de amparo de acuerdo con el nuevo contenido del artículo 103. Se trata, además, de hacer de la promoción y respeto de los derechos humanos no sólo una tarea prioritaria del Estado mexicano sino un criterio orientador de todos los actos de gobierno. De ahí que se ha establecido el de los derechos humanos como principio rector de la Constitución misma –el capítulo primero se llamará ahora De los Derechos y sus Garantías- pero también de la educación, la política exterior, el sistema penitenciario y, por supuesto, de las políticas públicas como las relativas a la seguridad, la prevención y el combate al crimen. Se establece además el principio pro homine o pro persona, según el cual las normas han de interpretarse y aplicarse siempre de la manera más conveniente para el ser humano y se otorga un impulso extraordinario a la larga tradición de asilo y refugio que nuestro país ha enarbolado por décadas. Mediante esta reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplía sus facultades así como sus responsabilidades en esta materia –adquiriendo por ejemplo la facultad para conocer quejas y emitir recomendaciones en materia de derechos humanos laborales- y se establece el derecho de audiencia de toda persona extranjera en la eventual aplicación del artículo 33 constitucional.
La reforma es revolucionaria, por tanto, no sólo en términos jurídicos sino también en términos culturales. Se trata de reconocer, por primera vez en nuestra historia, que existen derechos inalienables a la condición humana que deben ser protegidos y garantizados plenamente por nuestro orden jurídico. Derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contemplados por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el derecho a la vida, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la protección a la familia, los derechos políticos, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y la servidumbre de cualquier índole son derechos que no podrán ser restringidos. Corresponde ahora alentar a los Congresos estatales para ratificar esta reforma cuanto antes a fin de que arranque su vigencia así como los procesos legislativos ulteriores para garantizar su eficacia plena. Mientras tanto hay que celebrar la unanimidad con que se aprobó esta reforma. Es muestra de que los legisladores estamos obligados y somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias partidistas y electorales para concentrarnos en lo que debe ser verdaderamente nuestra ocupación cotidiana: los intereses de la sociedad mexicana.
Artículo publicado el pasado 19 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: diarioimagen.net | Inauguración del Hospital Rural del IMSS-Oportunidades de San José del Rincón, estado de México | enero 2011
Uno de los objetivos primordiales de la administración del presidente Felipe Calderón tiene que ver con avanzar en el cumplimiento de un anhelo de gran relevancia para la sociedad mexicana. Me refiero a la posibilidad de que en México cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, su edad, su actividad laboral o cualquier otra condición, tenga acceso a un médico, medicinas y tratamiento hospitalario en caso de necesitarlo. En efecto, la denominada cobertura universal en materia de salud dejará muy pronto de ser una utopía. Hace algunos días en Ginebra, en el marco de una presentación especial para los participantes del Foro Económico Mundial, el Secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos dio cuenta de una serie de avances que colocan a nuestro país en la vanguardia regional en esta materia. Según información oficial, actualmente 93 millones de mexicanos cuentan con algún tipo de seguridad social, lo cual acerca a nuestro país a la meta de cobertura universal que, en el mediano plazo, cubriría a la población total que asciende a poco más de 112 millones de habitantes.
Aunque se exprese con facilidad, la cifra alcanzada es notable desde cualquier punto de vista. En primer lugar, este avance se consigue sin una drástica reorientación del gasto público que genere vacíos en la atención gubernamental en otros rubros igualmente delicados. Si bien es cierto que el presupuesto en materia de salud aumentó notablemente pasando del 5.2% del PIB en 2000 a casi el 7% en el presente rebasando su máximo histórico de 161 mil millones de pesos, los recursos han maximizado su utilidad al concentrarse sobretodo en políticas de prevención y atención a los grupos más vulnerables. Tan sólo el gasto en prevención de enfermedades aumentó en un 20% en los últimos diez años. En segundo lugar, se consiguió a contrapelo de una crisis financiera de grandes proporciones y, por si fuera poco, en contraste con el retraso que muchos otros países registran en la materia. Es el caso de los Estados Unidos donde aún faltan 50 millones de ciudadanos en ser adecuadamente cubiertos por algún esquema de protección y seguridad social.
De tal suerte, millones de mexicanos no tendrán que destinar un porcentaje alto de sus ingresos a la atención médica de sus familiares, ni vivirán la incertidumbre que generaba, en el pasado, su situación de crónica vulnerabilidad frente a las enfermedades, los accidentes y las calamidades. De hecho, como afirmó el propio Dr. Córdova, el gasto en salud pasó de privado a público lo cual tendrá también un impacto positivo en el ingreso y el bienestar de millones de ciudadanos.
Desde luego este es el resultado de un arduo trabajo que incluye la adaptación de las mejores prácticas internacionales en la materia a la realidad cotidiana de un país como el nuestro. Entre otras medidas, destaca, por ejemplo la ampliación del Seguro Popular para la atención de enfermedades y situaciones de salud graves como la hemofilia, el infarto al miocardio y cuadros clínicos que exijan transplantes de córneas y médulas óseas. De entrada, esta ampliación implica que se atenderán anualmente entre 20 y 25 mil pacientes más en una inversión pública global anual de aproximadamente mil 800 millones de pesos. Otra de estas prácticas notables tiene que ver con las Caravanas de la Salud. Mediante este programa, se garantiza la atención médica especializada a prácticamente el 8% de la población del país que habita en zonas de difícil acceso y comunicación con el resto del país. Son ya mil 650 unidades que trabajan todos los días llevando a más 15 mil comunidades fundamentalmente rurales, servicios y atención médica de calidad. Este esfuerzo despliega también un ejército de expertos para la detección oportuna de enfermedades y, por ejemplo, la presencia del virus AH1N1 en comunidades marginadas de Oaxaca, el despliegue de campañas de difusión e identificación temprana del cáncer de mama entre otras políticas de alto impacto social.
Adicionalmente, se han venido realizando acciones de seguridad vial para disiminuir la incidencia de accidentes de carretera -de hecho, estos se han reducido en un 19% en los últimos años-, acciones de atención y prevención para casos de alcoholismo -factor asociado a terribles enfermedades, muertes prematuras y letales accidentes entre los jóvenes- así como políticas de vanguardia para el control del VIH Sida. De hecho, México es uno de los países que ha efectuado las mayores reducciones en la tasa de propagación de este virus.
Pero la cobertura universal a finales de 2011 no será la única meta a la que nuestro país llegará a tiempo. México también conseguirá, en 2015, cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo que se refiere a la reducción de la mortalidad infantil. De ahí el esfuerzo tendiente a fomentar la vacunación y la lactancia materna, así como evitar enfermedades prevenibles en bebes de hasta seis meses de edad. El cumplimiento de este logro pasa también por el reforzamiento del cuadro de vacunación infantil que se ha fortalecido considerablemente con la inclusión de antídotos para la prevención del rotavirus, el neumococo y la influenza.
Por supuesto que aún hay problemas importantes que atender. El abastecimiento de medicinas en hospitales públicos, la eliminación de duplicidades, ineficiencias y ofertas diferenciadas de servicios entre, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE, los problemas económicos que son comunes a la financiación pública de muchos programas sociales, entre muchos otros. Sin embargo, hay un esfuerzo contínuo que, desde la creación del Seguro Popular y hasta la Cobertura Universal dan testimonio de un compromiso sistemático de los gobiernos panistas con la protección de la salud, un asunto toral para la construcción de un Estado con auténtica vocación social.
Artículo publicado el pasado 22 de enero en Milenio Diario, estado de México
Foto: milenio.com
En el combate al narcotráfico hay un punto central al que frecuentemente no se le dedica suficiente atención. Se trata de la prevención y la rehabilitación que, desde mi punto de vista, debería convertirse en una prioridad tan o más relevante como el combate frontal a los cárteles de la droga. En efecto, parte fundamental de cualquier estrategia contra el narcotráfico pasa por establecer la infraestructura y las políticas públicas que nos permitan rescatar a millones de jóvenes y adultos de las adicciones. México fue por mucho tiempo un país productor de drogas y estupefacientes destinadas fundamentalmente al mercado estadounidense.
En consecuencia, la drogadicción como un problema de salud pública no recibía carácter prioritario en la administración pública. Sin embargo, durante la última década hemos experimentado un aumento considerable en el consumo doméstico de drogas. La tendencia es mundial de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la Organización de las Naciones Unidas. Según este informe, existen actualmente en el mundo aproximadamente 250 millones de personas que consumieron, al menos en una ocasión, sustancias ilícitas durante el 2008, lo cual supone un incremento de 50 millones más que en 2005. De ellos, tan solo el 30% han recibido algún tipo de ayuda en materia de rehabilitación. Los consumidores de marihuana pasaron de 160 a 190 millones, mientras que los consumidores de cocaína son hoy 19 millones. Todos ellos son potenciales adictos más allá de la altísima cifra de consumidores “problemáticos”, es decir, aquellos que experimentan un grado muy profundo de fármacodependencia.
La situación en México dista de ser más optimista. De acuerdo con información recabada por la Encuesta Nacional de Acciones 2008, el número de personas que consumieron alguna vez una sustancia ilegal aumentó en un 30% en el lapso de 5 años, entre el periodo 2002 y 2008, llegando a más 4.5 millones en la actualidad. Peor aún, son los niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, el grupo de mayor vulnerabilidad toda vez que prácticamente el 36% de los jóvenes en ese rango de edad, se vuelven farmacodependientes. Tanto el consumo de la marihuana, como el de la cocaína, las anfetaminas, el crack, la heroína y otras sustancias han aumentado considerablemente entre la población joven. El consumo de las drogas legales – alcohol y tabaco- también ha aumentado sustancialmente por lo que hace falta revisar a fondo el esquema actual de tolerancia social y flexibilidad legal de estas drogas que resultan igualmente nocivas para la salud.
Pero más allá de las tendencias globales, hay un problema severo de desempleo, falta de oportunidades y escasas políticas para procurarles educación, actividades recreativas y culturales que explica parcialmente esta escalada en el uso de drogas entre la población joven. El consumo de drogas tiene toda clase de repercusiones nocivas para la descomposición del tejido social, la desintegración de las familias además de la pérdida invaluable del talento, la energía y las aportaciones que los jóvenes pueden hacer al desarrollo del país en distintos rubros.
Por ello, la semana próxima presentaré una iniciativa ante el pleno del Senado de la República a fin de declarar el año 2011 en nuestro país como el “Año para la prevención y rehabilitación de adicciones”. Se trata no sólo de hacer consciencia del grave problema que enfrentamos sino, adicionalmente, de hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fin de que contemple una partida presupuestal especial destinada a fortalecer la estrategia nacional para la prevención y tratamiento de adicciones. El exhorto es también al Gobierno Federal y a los gobiernos locales, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto para emprender un esfuerzo coordinado con el objetivo de colocar en la agenda de prioridades públicas a la prevención y rehabilitación de adicciones.
En el estado de México el problema tiene una magnitud tanto o más grave que la registrada a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el 45% de los jóvenes en nuestra entidad abusa del alcohol de manera alarmante. Peor aún, de los 10 municipios del país donde existen las tasas superiores de consumo de drogas a nivel nacional, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Toluca- se encuentran en el estado de México.
Como respuesta a este desafío, los legisladores locales de Acción Nacional han presentado importantes iniciativas de ley. Una de ellas, promovida por el diputado Gustavo Parra Noriega, fue aprobada esta misma semana en el Congreso mexiquense. Con esta reforma, se creará un sistema estatal contra las adicciones en el que los 125 municipios están obligados a participar en un esfuerzo centralizado que dejará atrás las décadas de dispersión para realizar acciones de prevención y tratamiento en la entidad.
Del éxito o fracaso de esfuerzos de esta naturaleza depende, en buena medida, el futuro de millones de jóvenes así como el desenlace de la escalada de violencia asociada al narcotráfico que los mexicanos venimos sufriendo.
Artículo publicado el pasado 2 de octubre en Milenio Diario, estado de México
