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Esta semana, la respetada organización Transparencia Internacional dio a conocer desde su sede en Berlín, Alemania, los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción que, año tras año, ubica los niveles de percepción de corrupción en el sector público de 180 países. Transparencia Internacional define corrupción como el abuso del servicio público para el beneficio particular e identifica como fenómenos asociados, entre otros, el soborno a funcionarios públicos, pagos irregulares en contrataciones, malversación de fondos públicos y utilización de información gubernamental para privilegiar determinados intereses privados.
Ilustración: www.ciudadanosenred.org.mx
Mediante encuestas realizadas a expertos, empresas y otros actores protagónicos de la sociedad civil, el IPC posiciona estos países en una escala de 0 (donde se percibe más corrupción) a 10 (donde se percibe menos corrupción) aunque no ofrece un diagnóstico particular que explique la puntuación que cada uno de ellos recibe. Sin embargo, el Informe ofrece un diagnóstico regional en donde de alguna manera explica los bajos niveles que muchos de los países latinoamericanos obtuvieron. Mientras Nueva Zelandia, Dinamarca y Singapur mantienen las primeras posiciones con las más altas calificaciones (9.2-9.4), varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, registran una calificación muy baja. Según el informe, varios factores de incidencia sobre este resultado tienen que ver con la desigualdad en el ingreso -que a su vez provoca más sobornos- con una percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial y con la presencia de amplias redes que, lícitas e ilícitas, consiguen desvirtuar las políticas públicas en su beneficio y aprovechar los espacios de impunidad que aún no han podido eliminarse en nuestros países. El informe cita, además, el contexto de la crisis financiera internacional y la presencia de problemas institucionales importantes en países que, como el nuestro, debieran ser referentes en esta lucha.
De acuerdo con estos resultados, México cayó 17 lugares con respecto a su ubicación en 2007 al posicionarse en 2008 en el sitio 89 de la lista con una calificación de 3.3 compartida con Lesotho, Malawi, Moldavia y Ruanda, entre otros países. Desde luego que, aún tratándose de percepciones y no de una medición basada en realidades empíricas, el retroceso es muy grave. Las causas seguramente están relacionadas con los aspectos ya citados del Informe y su diagnóstico regional para América Latina y el Caribe. Aunque hay avances sustantivos en materia de transparencia, fiscalización del gasto público y combate a la corrupción, informes como este son bienvenidos y cruciales para el mejoramiento de la administración pública así como para la consolidación de un auténtico Estado democrático y de derecho en nuestro país. Son muchas las sugerencias que la presidenta de la organización, Huguette Labelle, ha realizado y tienen cabida en nuestro país. Para Labelle, contener la corrupción implica “un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción con recursos adecuados”, así como una enérgica aplicación de la ley, transparencia presupuestal y espacios amplios para el ejercicio profesional de los medios independientes de comunicación. Buena parte de estos temas están en la agenda pendiente de nuestra reforma del Estado y es pertinente recordar que aún falta mucho por hacer en la meteria.
Sin embargo, cabe señalar que la corrupción, siendo un problema grave a nivel nacional no está igualmente presente en todos los estados y municipios de la República. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que publicó Transparencia Mexicana en 2008, la entidad con el mayor nivel de corrupción, tanto en términos absolutos como en términos relativos en nuestro país es el Estado de México. Basta con observar que el 18% de los actos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense para constatar que el problema no es nacionalmente homogéneo y que por tanto requiere, a la par de una fuerte política federal, un esfuerzo focalizado ante la gravedad de algunas realidades locales.
El próximo año se llevarán a cabo procesos electorales en trece entidades de la República y con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se puede abrir un nuevo capítulo de corrupción y retroceso en materia de transparencia. A pesar de las múltiples voces a favor de colocar candados en la utilización de los recursos que los Estados ejercerán el próximo año, la mayoría priísta en la Cámara de Diputados eliminó importantes reglas de rendición de cuentas incluidas por el Ejecutivo en el proyecto original a fin de dejar un gran margen a la discrecionalidad presupuestal de sus gobernadores. Ese tipo de acciones ponen en entredicho el compromiso de algunas fuerzas políticas con la generación de mejores condiciones para la transparencia y el combate a la corrupción y condenan al país a una situación lamentable en estos rubros.
Artículo publicado el pasado 21 de noviembre en Milenio Estado de México
Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: nuovosoldo.wordpress.com
El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu, el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.
Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.
El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.
Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.
Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.
Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
En fechas recientes, una de las expresiones delincuenciales más nocivas para la sociedad -el robo de autos- ha venido aumentando en niveles francamente alarmantes en el Estado de México. Diariamente, según cifras oficiales, se registran entre 125 y 130 robos de autos en la entidad, aproximadamente el 35% de ellos con altos niveles de violencia. Además, de acuerdo con estadísticas provenientes de la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos relacionados con el Transporte, este año se registra una tendencia a la alza con más de 16 mil averiguaciones previas, lo cual supone un incremento del 13% con respecto al mismo periodo en el año 2008. En ese sentido, las autoridades han mencionado que tan sólo el 35% de los vehículos robados cuenta con seguro lo cual hace aún más nocivo este delito. Aunque en lo que va del año se han recuperado más de 2 mil vehículos, muchos de ellos no son reclamados toda vez que nunca fueron objeto de una denuncia judicial. Si bien el Distrito Federal cuenta con el mayor porcentaje de robo de vehículos -con el 34 por ciento- , el Estado de México prácticamente ha llegado a un nivel similar con el 31% seguido muy de lejos por Nuevo León con el 14% y Chihuahua y Jalisco con un 10% respectivamente. Por supuesto, este fenómeno requiere de una política consistente a nivel local para darle fin. Es indispensable mejorar los sistemas de vigilancia, por ejemplo mediante el aumento de colocación de cámaras de video, y aumentar las penas a quienes cometan este ilícito en nuestra demarcación a fin de que, por ejemplo, se conviertan sin excepción en delitos graves sin derecho a fianza. Habría que hacer, además, un esfuerzo para fortalecer un mecanismo de alerta temprana que opere en estos casos.
Sin embargo, el robo de vehículos también tiene que ver con redes nacionales y transnacionales que operan con impunidad disfrutando de altos grados de convivencia con algunas autoridades. Algunas de ellas se concentran en el robo de vehículos de lujo y cuentan con una red capaz de “maquillarlos”, es decir alterar algunos elementos que hacen posible su identificación, y de contactar directamente con compradores en México o el extranjero. En nuestro país, operan bandas que son capaces de enviar los vehículos robados, en pocos días e incluso horas, a distintos puntos ilegales de venta en Centro, Sudamérica y Europa. Vehículos robados en México se han encontrado en países tan remotos como Rusia, Bulgaria o Finlandia. En Finlandia, precisamente, se encontró un automóvil Mercedes Benz robado en la zona conurbada del Estado de México, mismo que fue recuperado en 2008 gracias a un Convenio firmado con la INTERPOL.
Por supuesto, en la cadena delictiva, el robo de vehículos debe ser visto como una prioridad para prevenir otros delitos. Y es que en vehículos robados se transporta droga y mercancía ilegal y en ellos los delincuentes perpetran otros crímenes, especialmente el secuestro y el robo a casa habitación.
Recientemente, el caso de “El Lobo” ejemplifica muy bien parte de esta realidad. En efecto, Joel Alejandro Valladolid Hernández intentó robar en septiembre del 2007 el automóvil del Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera. Recientemente detenido a bordo de un vehículo robado en la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, el delincuente confirmó dedicarse al robo de vehículos en el Estado de México y el Distrito Federal, pero también a otros delitos. De hecho, “El Lobo” enfrentó un proceso por homicidio y cuenta con un amplio historial criminal. Lo peor del caso, sin embargo, es que su detención fue producto de la casualidad y no de una investigación seria y profesional como la que debería darse en la persecución de este tipo de ilícitos.
Por todo lo antes dicho, es necesario que en el contexto actual de crisis económica -que exige más sacrificios de los mexiquenses para hacerse de un patrimonio, por ejemplo, adquirir un automóvil- se presenta la urgente necesidad de que el Gobierno Estatal trabaje en una estrategia bien estructurada y efectiva, a fin de combatir esta terrible expresión de la delincuencia y que nuestro derecho a la seguridad se vea garantizado.
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Artículo publicado el pasado 10 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.
A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad. Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.
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De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.
La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.
En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación. Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.
Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee. Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.
Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
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Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
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Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
Foto: www.noticiasdealava.com | "Hoja de Ruta de Bali"
Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.
En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.
Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.
Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.
Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.
Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.
Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
