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Tras la ratificación de la República Checa hace apenas unas semanas, el 1° de diciembre próximo entrará en vigor el Tratado de Lisboa que, en buena medida, puede ser el avance más significativo en la integración europea desde el Tratado de Maastricht en 1992 que estableció la Unión Monetaria. La larga evolución hacia la supranacionalidad en distintos aspectos de la vida comunitaria ha derivado en un Tratado ambicioso cuyo objetivo primordial es hacer de la Unión Europea una entidad mucho más democrática, con mayor eficacia y mejor preparada para enfrentar retos globales.
Herman Van Rompuy www.eluniversal.com.mx
De entrada, el Tratado le otorga nuevas e importantes facultades al Parlamento Europeo en materia de legislación, presupuesto y acuerdos internacionales de la Unión. Con ello, el Parlamento obtendrá un estatus de igualdad frente al Consejo y la Comisión Europea que era indispensable dado el déficit democrático que imperaba en el entramado institucional de la toma de decisiones comunitarias. Además, el Tratado ha establecido la figura de la “iniciativa ciudadana” mediante la cual un grupo de por lo menos un millón de ciudadanos puede proponer a la Comisión hacer propuestas concretas de legislación. La Unión Europea ganará también en materia de eficacia con ágiles procesos de operación y votación y con nuevas mejoras institucionales. En primer lugar, la unanimidad nunca más será un criterio válido para la aprobación de decisiones sobre una multiplicidad de temas (excepto política exterior, defensa y asuntos fiscales) en el Consejo de Ministros a partir del 2014. A partir de entonces y mediante un proceso de adaptación hasta el 2017 pasarán de 36 a 87 los asuntos que se adoptarán por mayoría calificada en el seno de esta institución clave para la instrumentación de políticas de todo orden. Además, el Tratado otorga rango de Derecho primario a la Carta de Derechos Fundamentales que contiene un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales -las denominadas cuatro libertades- de observancia obligada para los Estados miembros y para la Unión en su relación con los ciudadanos europeos.
Catherine Margaret Ashton www.eluniversal.com.mx
Igualmente importantes resultan dos novedades especialmente relevantes para la acción exterior de la Unión Europea. Me refiero a la creación de las figuras de Presidente permanente del Consejo Europeo y de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En el primer caso se trata de dar mayor impulso político a la Unión nombrando un Presidente, de tiempo completo, para un periodo de dos años y medio, cuya misión principal será la de favorecer el consenso y la toma de decisiones al más alto nivel político así como representar a la Unión Europea en la escena internacional. Como resultado de arduas negociaciones previas a la deliberación que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, el entonces premier belga Herman Van Rompuy (recientemente sustituido en ese encargo por Yves Leterme) fue electo por los 27 países miembros. Van Rompuy es un destacado político belga, ex presidente de la Cámara de Representantes de ese país, a quien se atribuye la entrada de Bélgica a la zona euro -cuando era ministro de Hacienda- y la exitosa formación de una coalición gubernamental que dio fin a fuertes tensiones entre flamencos y valones, por un lado, y democratacristianos, liberales y socialistas, por el otro. Por su parte, para el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad -quien a su vez será por disposición del Tratado de Lisboa vicepresidenta de la Comisión Europea- fue electa la laborista británica Catherine Asthon. Ashton se ha desempeñado, previo a este importante encargo, en múltiples posiciones de la administración pública en el Reino Unido y recientemente presidenta de la Cámara de los Lores -donde su rol fue crucial para la ratificación del Tratado de Lisboa- así como comisaria de Comercio de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa dispuso también la creación de una tercera figura de relevancia no necesariamente menor. Se trata de la Secretaría del Consejo Europeo para la cual fue electo el destacado diplomático francés Pierre De Boisseiu, un hombre que ha trabajado buena parte de su vida para la integración y una auténtica leyenda de experiencia y talento diplomático entre la burocracia comunitaria de Bruselas.
Los tres nombramientos tienen una relevancia sin precedentes. Son muestra clara del equilibrio y las perspectivas de diálogo y cooperación entre distintas convicciones políticas, tradiciones de pensamiento sobre la integración europea y diagnósticos sobre las perspectivas a futuro de esta empresa colectiva. Demuestran, además un alto grado de madurez institucional de la Unión que no necesita de liderazgos mediáticos para ocupar un peso específico en el entorno internacional. Pero, quizá más importante aún, son evidencia de que las relaciones de la Unión Europea con el mundo son un tema prioritario para la buena marcha del propio proceso de integración. En ese sentido y ante estos desarrollos comunitarios, las relaciones entre nuestro país y la Unión Europea pueden encontrar una oportunidad muy importante para consolidarse aún más. Especialmente en virtud de que en 2010 mexicanos y europeos celebraremos por igual el 50 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre las partes y el 10 aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo Global con esta entidad que es hoy ejemplo en el mundo de integración política, económica, comercial pero, sobre todo, de integración humana para la libertad y la paz.
Artículo publicado el pasado 28 de noviembre en Milenio Diario, Estado de México
Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Embajador Carlos Pascual
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado adjunto para América Latina
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
En las últimas semanas el descubrimiento del nuevo virus H1N1 ha ocupado la acción de las autoridades sanitarias globales y nacionales en prácticamente todos los países del mundo. Fue a México -donde se registraron algunos de los primeros casos- a quien tocó avisar del brote a la comunidad internacional y a quien correspondió responsabilizarse por las primeras acciones de mitigación contra el mismo. A más de 15 días de surgida esta emergencia, está claro que nuestras autoridades federales y estatales actuaron con gran celeridad y de manera oportuna para frenar el avance del virus y establecer de inmediato medidas eficaces de protección y prevención del contagio así como la infraestructura para detectar y curar a quienes lo contrajeron. Sociedad y gobierno en México hemos sido reconocidos por distintas instancias internacionales por la seriedad y la prudencia con que nos hemos conducido todos para establecer y observar los lineamientos para el control de esta nueva amenaza para la salud. En nuestro país, cada vez son menos las personas hospitalizadas y los decesos como consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, tanto en México como en el extranjero, las medidas sanitarias continúan y de su escrupulosa observancia dependerá la suerte de este mal en el futuro inmediato. De ahí que distintos gobiernos como el de Corea, España, Japón, China, Francia y otros hayan enviado a México equipo médico, productos de higiene y medicamentos así como donaciones en efectivo haciendo eco de las palabras del presidente Calderón cuando advirtió “el frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no sólo a los mexicanos sino a todos los seres humanos”.
Secretario de Salud, conferencia de prensa 24 de abril 09. Fuente: Presidencia
No obstante, algunos países han respondido a esta amenaza y a la urgente necesidad de cooperación internacional para atajarla, con medidas restrictivas, autárquicas, discriminatorias, xenofóbicas, injustas y lesivas de los derechos humanos. En principio, varios países como Ecuador, Bolivia, Honduras, China, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Azerbaiyán restringieron el acceso a sus mercados de productos porcinos de nuestro país sin fundamento científico alguno. En consecuencia, México se ha visto en la necesidad de rechazar estas medidas proteccionistas e injustificadas en materia comercial así como solicitar a estos países una explicación ante la Organización Mundial del Comercio.
Más grave aún, sin embargo, han sido las medidas hostiles que bajo el argumento de la protección sanitaria han adoptado otros países en contra de los mexicanos. Perú, Argentina, Cuba y Ecuador determinaron, por ejemplo, la suspensión de vuelos recíprocos con nuestro país a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Colombia y Chile, por su parte, se negaron a albergar partidos de futbol por la Copa Libertadores en donde participen equipos mexicanos además de cancelar la presentación de actores y músicos mexicanos en su territorio. Algunos de estos países como Cuba y Argentina decidieron, además, enviar aviones para “rescatar” a sus ciudadanos que se encontraban en nuestro país. La ignorancia surgida a propósito de este virus ha provocado que la ministra de salud argentina, país con el que México mantiene una “Asociación Estratégica”, nos llame el hermano enfermo y que Haití, el país más pobre de nuestra región, rechace 70 toneladas de alimentos que recientemente enviara el gobierno de México como ayuda humanitaria. Francia, por otro lado, fracasó en su intento por hacer que la Unión Europea tomara medidas restrictivas hacia México y suspendiera los respectivos vuelos.
En China, además de la cancelación de vuelos, en ese país los mexicanos por el solo hecho de serlo, y sin tener síntomas de este virus, fueron privados de su libertad, recluidos en situación de aislamiento en hoteles y hospitales en pésimas condiciones de higiene además de haber sido sometidos a humillantes e incesantes inspecciones. Eso obligó al Gobierno Mexicano a recomendar no viajar a China y enviar una aeronave comercial para repatriar a nuestros connacionales. Bajo esa misma lógica autoritaria e intransigente, el gobierno de Singapur ordenó cuarentenas de siete días a todos los pasajeros mexicanos so pena del pago de multas o aún cárcel hasta por un año.
Las desmedidas acciones que emprendieron estos países asiáticos, aunque sin fundamento y absolutamente injustificables, se comprenden mejor al contextualizarlas como parte de la neurosis colectiva que desató la gripe aviar. Habría que recordar que en contraste con la actitud transparente del gobierno mexicano, el chino ocultó por más de tres meses la gravedad de esta epidemia infligiendo con esta negligencia un daño incalculable al mundo. Sin embargo, en el caso latinoamericano, resulta inexplicable y al mismo inaceptable esta actitud. Nunca ninguno de estos países ha recibido un trato semejante por parte de México. Por ello es indispensable apoyar el mensaje del Presidente en rechazo a estas medidas vejatorias e impulsar algunas acciones que clarifiquen el grave daño a la dignidad del pueblo mexicano y, por tanto, a nuestras relaciones bilaterales. El presidente Calderón debería abstenerse de visitar Cuba, como estaba previsto para este año, y los integrantes del Congreso Mexicano deberíamos suspender la celebración de la primera Reunión Interparlamentaria con legisladores argentinos.
En el horizonte político del país se avecina un nuevo proceso electoral mediante el cual se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, se elegirá gobernador en Colima, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro además de autoridades municipales y legisladores locales en estos estados además del Distrito Federal, Sonora, Morelos, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México donde se renovarán 125 ayuntamientos y 75 diputados al Congreso local. En octubre, se realizarán también elecciones locales en Coahuila y Tabasco.
Sin embargo, uno de los temas más importantes para la reforma del Estado permanece aún sin definición. Me refiero a la reelección legislativa inmediata.
Históricamente, la Constitución de 1917 no estableció límites de ninguna especie para que los ciudadanos pudieran reelegir, de manera inmediata, a sus representantes, fuesen Senadores de la República o Diputados Federales. En los antecedentes constitucionales previos a 1917 tampoco hay antecedentes de prohibición a la reelección inmediata. Fue hasta la reforma constitucional publicada el 29 de abril de 1933 cuando se estableció la prohibición de la reelección legislativa inmediata.
En el marco de la Constitución de 1857 se vivió la dictadura de Porfirio Díaz en donde el Congreso mexicano se convirtió, como decía Daniel Cosío Villegas, en un “museo de historia natural” dado que quienes fueron designados al Poder Legislativo permanecieron por décadas sin el aval popular. El problema no era, entonces, la reelección sino la imposibilidad de la elección. Esto bastó para que el lema maderista de “Sufragio efectivo, no reelección” terminara extendiéndose, en 1933, al ámbito legislativo.
Pero había otra razón de fondo que, en su momento, citó el ex diputado y presidente nacional del PAN Adolfo Christlieb: “reducir a la Cámara y al Congreso a la categoría de órganos de partido; subordinar la actividad parlamentaria nacional a la acción extraparlamentaria del partido oficial”.
Luego de décadas ésta prohibición resulta no sólo injustificable sino indeseable para la buena marcha de nuestro desarrollo democrático. Y es que mientras en un régimen autoritario, la reelección supone perpetuar a la clase política, en un régimen democrático implica hacer una sólida apuesta por la autonomía del Poder Legislativo.
En este contexto existen al menos dos razones de peso para fortalecer la representación popular. La primera tiene que ver con la rendición de cuentas por parte de los legisladores. En la actualidad, los legisladores tienen incentivos para ser más leales a su partido que a sus representados debido a que su carrera política no necesariamente depende de su desempeño legislativo actual. En la búsqueda de más y mejores mecanismos para rendir cuentas sería muy relevante otorgar al ciudadano la posibilidad de reelegir, de manera inmediata, a su representante en caso de que considere que hizo un buen trabajo o sustituirlo en caso de que así lo sancione. En este sentido, la reelección inmediata, y la lógica que entraña de estrecha vinculación entre los legisladores y la sociedad, tendrían un efecto positivo sobre el carácter representativo de nuestras instituciones parlamentarias.
La segunda razón tiene que ver con la profesionalización de los legisladores. De acuerdo con el constitucionalista Antonio Martínez Báez, ésta prohibición es una rara avis en el derecho constitucional comparado toda vez que “existe en todos los países modernos una profesión de gran importancia que requiere no sólo una verdadera vocación sino también una especialización” por lo que “conviene la formación de gente con experiencia política dentro de las asambleas legislativas, experiencia que no se puede alcanzar sin la posibilidad de permanecer en el Parlamento”. En efecto, esta experiencia, con que cuentan la gran mayoría de legisladores de Parlamentos en países democráticos, hace posible la construcción de alianzas estables sobre temas relevantes, reduce las dimensiones de la actual curva de aprendizaje que resulta muy onerosa en términos financieros y políticos además de que estimula la eficiencia y fortalece al Poder Legislativo cuyas tareas son crecientemente complejas.
La reelección inmediata, sin embargo, no debería ser ilimitada aun cuando hoy contamos con elecciones competitivas y razonablemente transparentes. Plantear límites, como uno o dos periodos consecutivos, podría ser una buena idea para gradualmente introducir esta nueva modalidad en nuestro orden constitucional y en nuestra incipiente cultura política.
En el contexto de los esfuerzos para una reforma integral del Estado mexicano, y del proceso electoral en puerta, convendría saber la opinión de los principales actores políticos nacionales y estatales sobre este tema que, sin duda, podría ser una de las grandes aportaciones de la LXI Legislatura.
Artículo publicado por Milenío, EDOMEX el 15 de febrero de 2009
