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La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
Foto: www.sdpnoticias.com
Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
El domingo pasado, un país centroamericano llamó la atención del mundo entero. Su presidente, José Manuel Zelaya, fue expulsado por un comando militar dando cumplimiento -según manifestaron ambas partes- a una orden emitida por la Suprema Corte. Acto seguido, su Congreso celebró una sesión especial en donde, por unanimidad, incluidos los legisladores del partido gobernante, se aprobó un Decreto mediante el cual se le separó del cargo y se nombró en su lugar a Roberto Micheletti Baín, hasta entonces Presidente del Congreso. Micheletti gobernaría, según el Decreto, hasta enero de 2010 cuando está contemplada una sucesión presidencial a partir de los resultados de los comicios que están previstos para celebrarse en noviembre próximo.
Foto:www.reflector.com
Un golpe de Estado, con toque de queda y suspensión de garantías individuales, que no augura nada bueno para la construcción democrática de Honduras pero que tampoco es un golpe convencional como los que estábamos acostumbrados a observar en nuestra región en las décadas de los años setenta y ochenta. De hecho, es un golpe más a la frágil institucionalidad democrática de ese país como los que ha venido sufriendo en los últimos años. Un golpe inaceptable, en efecto, pero que ha seguido a otros que el propio Zelaya, convertido ahora en líder populista, le venía propinando a Honduras y sobre los cuales la comunidad internacional prácticamente no se pronunció.
En julio de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que Honduras estaba muy cerca de ser completamente incapaz para alimentar a su propia población e invitó a la comunidad internacional a proveerle ayuda de manera urgente. Algunas semanas antes, las principales empresas transnacionales anunciaron su decisión de “no invertir un peso más en Honduras” como respuesta a la inflación, las pérdidas económicas generadas por el gobierno y las alzas locales en los precios de los alimentos y los combustibles. En este contexto, Zelaya decidió ingresar a Honduras a la “Alternativa Bolivariana para las Américas” y, con ello, irritó a amplios sectores de la sociedad de ese país quienes se oponían a esa decisión. Junto a otras decisiones que terminaron por dividir a la sociedad hondureña, Zelaya se fue quedando prácticamente solo en una serie de proyectos políticos. El más importante de ellos era, sin duda, su reelección. Cuatro días antes de su detención, Zelaya destituyó al jefe del estado mayor de las fuerzas armadas quien se negó a distribuir más de 15 mil urnas –la denominada cuarta urna- para que los ciudadanos depositaran precisamente el domingo un voto a favor de establecer una Asamblea Constituyente, que reemplazaría de facto al Congreso, y que reformaría la Constitución para otorgarle a Zelaya cuatro años más en el poder.
El jefe del estado mayor y el ministro de Defensa se negaron a apoyar a Zelaya en la organización de este referéndum surgido del recetario político bolivariano, toda vez que existía una orden judicial mediante la cual las fuerzas armadas debían mantenerse al margen de esa consulta que el Tribunal Supremo Electoral y la Suprema Corte de Justicia habían rechazado y considerado ilegal con base en el artículo 374 de la Constitución Hondureña que prohíbe modificar el principio de no reelección presidencial.
El rechazo que en la comunidad internacional ha suscitado este golpe es comprensible. De ninguna manera es justificable la interrupción de las normas legales y constitucionales de sucesión en el poder. Hay que condenar el golpe porque su existencia supone que una democracia no cuenta con mecanismos perfectamente legales para deponer a un líder autoritario y claramente antidemocrático.
En cambio, lo que es incomprensible, es que no se reitere con suficiente ahínco la necesidad de que sean los hondureños y solamente ellos, sin intervención extranjera de ningún tipo – sobre todo después de que el presidente Chávez amenaza con “derrocar” a Micheletti- quienes deben decidir sobre el futuro de su país. Es incomprensible también que solamente en casos como éste se haga referencia a la Carta Democrática Interamericana –cuando también entraña principios importantes que han sido vulnerados en múltiples ocasiones en distintos países de la región, especialmente por los regímenes autoritarios de algunos países del ALBA, encabezados por notables ex golpistas en Centro y Sudamérica. Pero lo que resulta aún menos comprensible es que sea hasta ahora, y no cuando el país presentaba los primeros rasgos de un deterioro político y económico sin precedentes, cuando la comunidad internacional y los organismos internacionales voltean la mirada hacia Honduras.
La visión de la solución también tiende a ser reduccionista en muchos aspectos. Prácticamente todos los actores internacionales se manifiestan por la restitución de Zelaya en la presidencia hondureña. Como si solo eso resolviera lo que es una gravísima crisis política entre los poderes constituidos. Es indispensable, por tanto, hacer un llamado a la concordia entre poderes, al diálogo, la no violencia y la protección de los derechos humanos. A respaldar un proceso de paz y reconciliación que pasa por apoyar la celebración de elecciones transparentes y por brindar la más amplia cooperación internacional para, sin vulnerar la soberanía de ese país, consolidar la solidez de sus instituciones.
Será condición indispensable que la Organización de Estados Americanos lejos de amenazar mediante un ultimátum con expulsar a Honduras –paradójicamente semanas después de aprobar la readmisión de Cuba- adopte el rol que le corresponde como mediador y facilitador de soluciones duraderas a conflictos complejos.
Artículo publicado el pasado 4 de julio en Milenio Diario, EdoMéx
Aunque ya hemos abordado, en este mismo espacio, el tema del voto nulo y sus múltiples implicaciones para el futuro de la democracia en nuestro país, la persistencia de este discurso en el debate público nos obliga a repensar alternativas viables a esta idea. Anular el voto, insisto, no aporta, salvo la crítica a los partidos políticos, ningún elemento útil al proceso democrático y al mejoramiento de nuestras instituciones. En cambio, lo que sí funciona, es la creación de contextos de exigencia a los partidos para que se comprometan activamente con reformas políticas de gran envergadura. Me refería yo, en su momento, a la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía mantener el control sobre sus representantes, reconociendo su trabajo con la reelección o sancionándolo con su voto en contra. Esta reforma incentivaría, además, la profesionalización y la autonomía de los legisladores, suprimiría su curva de aprendizaje que resulta cada vez más onerosa, fortalecería al Poder Legislativo en sus importantes tareas y estrecharía considerablemente los vínculos entre ciudadanía y políticos.
Hay que señalar que la reelección legislativa ha sido históricamente una propuesta del Partido Acción Nacional que es hoy, felizmente, una gran exigencia ciudadana.
Pero además de una reelección legislativa no ilimitada, es necesario revisar de nuevo el tema de las candidaturas independientes. En efecto, los partidos políticos son instituciones consustanciales a la democracia. Sin ellos, la democracia representativa no puede ser funcional en nuestra sociedad contemporánea. Los partidos son el conducto idóneo para que la ciudadanía manifieste sus preferencias políticas, son un mecanismo de construcción de liderazgos, son un marco de referencia indispensable para la competencia electoral y, por supuesto, para la formación de gobiernos. En consecuencia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a ser votados deben ser postulados por un partido político.
Sin embargo, en los regímenes electorales de buena parte de las democracias del mundo, aunque no en todas por supuesto, existe un espacio dispuesto para lo que se denomina candidaturas ciudadanas. De esta manera, un ciudadano puede presentarse a elecciones bajo una serie de requisitos formales y competir junto con los candidatos nominados por los partidos políticos a puestos de elección popular. Esto es posible en democracias consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Australia, España, Japón, Bélgica, Holanda, India, así como en nuevas democracias como Chile, Corea, Hungría, Turquía, Filipinas, Polonia, entre otras.
La legislación electoral en estos países ha tomado las precauciones debidas para que, como dice José Antonio Crespo, se encuentre un punto medio para evitar que la postulación sea excesivamente difícil o demasiado fácil. Además, para que tengan el respaldo ciudadano necesario para representar, con eficacia, a un sector de una población determinada.
Estas candidaturas ciudadanas son muy importantes, para los sistemas políticos que deciden incorporarlas, toda vez que tienen el objeto de abrir un espacio para la expresión y representación política apartidista que suele refrescar una contienda electoral, incentivar a una mejor selección de candidatos y a un mejor desempeño de los partidos políticos además de encauzar cierto descontento ciudadano a la vida pública institucional.
Gracias a la legislación electoral de algunos estados esto ya es posible en entidades como Yucatán y Sonora, aunque exclusivamente para la esfera política local. Por tanto es de hacer notar que los principales partidos políticos representados en el Senado de la República han determinado revisar la figura de las candidaturas ciudadanas para eliminar las restricciones y limitaciones que aún la impiden en las leyes federales, sobretodo en la legislación electoral nacional.
Luego de la reclamación de Jorge Castañeda ante el Sistema Interamericano, por lo que acusó fue una violación a sus derechos políticos, legislar en esta materia es una obligación inaplazable del Poder Legislativo. Pero más aún, después de constatar que nuestra consolidación democrática depende hoy más que nunca de reformas que reconstruyan y fortalezcan los nexos entre ciudadanía y actividad política.
Foto: www.ife.org.mx
Artículo publicado el 27 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.fgajedrez.org
En nuestro país, la actividad política se encuentra inmersa en un creciente desprestigio por parte de la opinión pública. En general, la población no sólo manifiesta una permanente incredulidad sobre las ofertas que los políticos realizan en campaña sino que, peor aún, reduce año tras año su confianza en las instituciones. En la Encuesta 2008 sobre confianza en las instituciones políticas, la empresa Consulta Mitofsky encontró que mientras las Universidades, la Iglesia y el Ejército mantienen una reputación razonablemente buena entre la vasta mayoría de los mexicanos, las instituciones con “confianza baja” son -en el siguiente orden- los Senadores, la policía, los sindicatos, los diputados y por último los partidos políticos.
No obstante, esta opinión que tienen los mexicanos sobre la actividad política no es gratuita. Se ha forjado a pulso con la ineficacia para atender adecuadamente las demandas ciudadanas, con el gasto excesivo y la opacidad que se registra en el uso de los recursos públicos, así como a base de escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y -en el caso más extremo y lamentable- con episodios de la vida política que demuestran sus vínculos con el crimen organizado y concretamente con el narcotráfico.
Recientemente, en medios impresos se informó de la investigación que la Procuraduría General de la República emprendió para determinar la responsabilidad de Cándido y David Monreal Ávila, hermanos del Senador perredista Ricardo Monreal, en el hallazgo de más de 14 toneladas de mariguana en bodegas de la deshidratadora de chiles de su propiedad en Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, no hace mucho que el ex presidente Miguel de la Madrid hiciera reveladoras declaraciones sobre la administración del presidente Salinas y lo que, según su testimonio, fueron los abusos, la corrupción, los negocios ilícitos y los vínculos con cárteles del narcotráfico del ex presidente y su hermano Raúl. En una palabra, la política de la impunidad que caracterizó al gobierno mexicano durante décadas.
En este contexto, y tomando en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral competida para la renovación de la Cámara de Diputados así como de autoridades legislativas y ejecutivas de algunos estados de la Federación, la ciudadanía necesita comprobar la honorabilidad de quienes aspiran a ser sus representantes. De ninguna manera basta con la promesa de ser personas de bien, sin vínculos con el crimen, sin problemas de adicciones, sin antecedentes penales, sin propiedades y recursos de inexplicable origen. Los partidos y los candidatos tienen el deber de poner a disposición de la opinión pública toda la evidencia que garantice su probidad. Sólo así, la población comenzará gradualmente a recuperar la confianza en los políticos y en la democracia y habrá mayor participación política.
Por ello, en un hecho inédito, el candidato del PAN a diputado local por el Distrito 30 de Naucalpan, Luis Gustavo Parra, se sometió el 20 de mayo pasado a una prueba antidoping para mostrar que se encuentra libre del consumo de drogas. En efecto, una vez concretada la prueba, que resultó negativa, el candidato, la dirigencia estatal del partido y una servidora nos manifestamos a favor de que los candidatos de todos los partidos políticos, a lo largo de la República, se realicen esta prueba y hagan públicos sus resultados.
No hay que olvidar que en México vivimos un grave problema de aumento en el consumo de droga –especialmente entre nuestros jóvenes- y por tanto es indispensable enviar un mensaje al electorado sobre las dimensiones de este reto así como hacer un firme compromiso con la prevención y el combate a las adicciones.
Esta actitud para mostrarse con la mayor transparencia ante la sociedad debería permear en el resto de los Partidos que participan de la contienda. Y no sólo para frenar el descrédito de la política sino, además, para generar incentivos a fin de que los ciudadanos hagan pleno uso de sus derechos cívicos y con ello disminuya el abstencionismo que acecha la elección del próximo 5 de julio.
Artículo publicado el pasado 23 de mayo de 2009 en el diario Milenio – EdoMéx
Foto: www.elportaldechari.com
Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.
Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.
En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.
Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.
Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.
Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.
Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx
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De acuerdo con datos oficiales, la población del Estado de México, el estado con mayor densidad demográfica en el país, alcanza ya los 14 millones 800 mil habitantes. De ellos, 6.9 millones de personas, es decir el 46% de la población total del estado, vive en condiciones de pobreza y marginación social. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Gustavo Vicencio Acevedo quien advirtió que esta cifra va en aumento como resultado de distintos fenómenos. Uno de ellos es la migración interna. En efecto, cada año llegan a nuestra entidad, alrededor de 190 mil nuevos residentes, la mayoría originarios del Distrito Federal y otras entidades así como en condiciones de gran precariedad económica. A este fenómeno se añade el histórico rezago económico y de desarrollo social que viven entidades rurales e indígenas como San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero y Sultepec así como entidades y corredores urbanos como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por mencionar tan sólo algunos.
Ante este panorama, advirtió Vicencio Acevedo, no hay recursos que alcancen. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social asignó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales y de apoyo, para la entidad, éste monto es claramente insuficiente para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población afectada.
Pero desde esta perspectiva, las cifras dicen poco de las dificultades que pasan casi siete millones de mexiquenses que viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto de crisis económica, aumento en los precios de los alimentos y satisfactores básicos, desempleo y desintegración familiar. Este es parte del diagnóstico de Miguel Ángel Díaz Carreño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en noviembre pasado presentó los resultados de una investigación sobre esta materia. En promedio, sostiene Díaz Carreño, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios, menos de dos salarios mínimos, y destinan el 50% de esos ingresos a la compra de alimentos lo cual no les permite ahorrar ni invertir en educación, salud y otros rubros importantes para la superación de la pobreza.
En general, las viviendas de estos mexicanos en pobreza patrimonial tienen piso de tierra, los techos son de lámina o madera y no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje. Pero la pobreza, en algunos casos, también es alimentaria. De acuerdo con el Banco de Alimentos Cáritas en el primer trimestre del año la pobreza alimentaria aumentó en 23 de los 125 municipios del Estado de México. Esta organización ha venido documentando la necesidad alimentaria de los municipios localizados en el norte del estado como San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco y Acambay. El grado superlativo de esta pobreza alimentaria es la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses indígenas que, además, enfrentan peores condiciones de marginalidad.
De acuerdo con distintos análisis académicos, la situación general de pobreza suele ser a tal grado desesperada que anualmente 36 mil mexiquenses se marchan a Estados Unidos a trabajar. En promedio, son 100 mexiquenses, la mayoría provenientes de zonas rurales y urbanas de alta marginalidad, quienes diariamente cruzan la frontera norte escapando del desempleo y la falta de oportunidades que priva en nuestra demarcación. En algunas zonas, como Tonatico o Coatepec Harinas, primeros lugares entre los municipios mexiquenses en migración a Estados Unidos, se registra incluso un fenómeno denominado “despoblamiento”. La mayoría de sus habitantes terminan siendo adultos mayores, niños y mujeres que viven de las remesas que los hombres en edad productiva envían desde Estados Unidos.
De los más de dos mil millones de dólares que anualmente envían los migrantes mexiquenses a sus familias, dependen buena parte de éstas comunidades que gracias a ellas atenúan su precariedad. Son ya más de un millón de mexiquenses quienes viven y trabajan en Estados Unidos y a cuyo trabajo y esfuerzo hay que atribuir que las cifras de pobreza y desempleo en el estado no sean aún más alarmantes.
Sin embargo, en el contexto de la actual crisis económica internacional, se prevé el regreso de algunos de ellos y, más importante aún, una reducción importante que ya se registra en el monto de remesas recibidas.
En definitiva, el combate a la pobreza debe convertirse en una altísima prioridad del gobierno del Estado. La generación de empleos, de proyectos productivos, de oportunidades para el desarrollo humano y de mejoras sustanciales en la educación y capacitación para la vida laboral son políticas cuya implementación en todo el estado no pueden esperar más. En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad.
La madrugada del 17 de marzo pasado, los mexiquenses recibimos una alarmante noticia para nuestra seguridad. En sendas operaciones simultáneas, comandos armados y encapuchados tomaron por asalto los destacamentos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) de Tenancingo y Zumpahuacán con el objetivo de sustraer más de 35 armas de grueso calibre, 21 armas cortas, siete escopetas, cinco rifles de asalto y aproximadamente 537 cartuchos así como equipos de radio comunicación. Cuando personal del Ejército Mexicano acudió en apoyo de los policías estatales, se registraron una serie de enfrentamientos tras de los cuales fue posible la captura de 9 de los aproximadamente 30 sicarios que, se calcula, participaron en este atraco. Autoridades estatales y federales informaron haber tomado conocimiento de este ilícito pero hasta el momento de escribir estas líneas no hay resultados claros de las investigaciones.
Este desafortunado evento no puede pasar inadvertido toda vez que es emblemático de la vulnerabilidad que sufrimos los mexiquenses frente al crimen organizado. Si quienes trabajan para protegernos sufren de esta manera sus embates, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Lo cierto es que este hecho está íntimamente relacionado con un contexto sumamente negativo para el desempeño reciente de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). En tres años, el gobernador Peña Nieto se ha visto obligado a cambiar al titular de la misma en cuatro ocasiones. El primero fue Wilfrido Robledo Madrid quien renunció, en febrero de 2007, en medio de un escándalo por la contratación de su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares de la entidad. Robledo Madrid fue además el encargado del desempeño de la Agencia durante los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006. Por ello ha sido señalado por distintas organizaciones de derechos humanos y por el propio ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el principal responsable de uno de los eventos de tortura y abuso más graves que el país haya registrado en los últimos años.
A Robledo Madrid, le siguió en el cargo Héctor Jiménez Baca, removido un año después a causa de la recomendación emitida en su contra por la Comisión estatal de derechos humanos que le acusaba de haber autorizado que más de 500 internos del penal de Neza – Bordo fueran desnudados para controlar un motín registrado en enero de 2008. No es tampoco un secreto que durante su gestión el sur del estado vivió un aumento acelerado de las ejecuciones, los feminicidios y, en general, los delitos violentos.
A Jiménez Baca sucedió en el puesto Germán Garcíamoreno quien renunció el 6 de marzo pasado, apenas unos días antes del atraco. Su renuncia pareció consecuencia obvia de escándalos como el de los policías obligados a trabajar de meseros en actos navideños encabezados por el gobernador. A Garcíamoreno también se le atribuye la reactivación del programa “Vigilantes Voluntarios” mediante el cual los uniformados, en lugar de combatir a la delincuencia, recaban información, puerta por puerta, de los habitantes de distintos municipios mexiquenses lo cual ha dado lugar a fundadas sospechas sobre el posible uso electoral de esos datos. Actualmente, el titular de la Agencia estatal es David Garay Maldonado, ex secretario de seguridad del Distrito Federal y hasta hace algunas semanas, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial del Estado de México.
La sucesión de funcionarios demuestra que, en términos generales, el Estado de México carece de un rumbo claro en la materia. Van cuatro titulares de la ASE y el Gobierno del Estado de México no ha sido capaz de efectuar mejoras sustanciales a la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos y ha sido omisa, según sugerencias de observadores internacionales, en atacar la impunidad y resolver graves fallas operativas.
En todo caso, existen propuestas que podrían dar mayor certidumbre, legitimidad y solidez al desempeño de la ASE. Me refiero a la Iniciativa que, informó el Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, estará presentando en el Congreso mexiquense para que los legisladores locales ratifiquen el nombramiento del titular de la Agencia tal y como sucede con la designación del Procurador general de Justicia de la entidad. Otra propuesta relevante tiene que ver con la creación de un órgano independiente que concentre y sistematice las cifras de incidencia delictiva para evitar la distorsión que la propia Agencia podría haber hecho de las mismas.
Sin embargo será condición esencial para el fortalecimiento y profesionalización de la Agencia el esclarecimiento total y satisfactorio de este infortunado evento. Como segundo paso, el nuevo titular de la Agencia está obligado a diseñar una estrategia de combate al crimen organizado garantizando, en todo momento, los derechos humanos de los mexiquenses.
Artículo públicado el 29 de marzo de 2009 en Milenio-Diario, EDOMEX
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