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Foto: zacatecashoy.com | Firma de Acuerdo México - Estado Unidos relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México
La semana pasada, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Tratado Internacional de la mayor relevancia para la explotación equitativa de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Se trata de un logro extraordinario para la política exterior de México y de una reivindicación que abanderó un gran mexicano en el Congreso de la Unión. Fue en 1996 cuando el entonces Senador panista José Ángel Conchello denunció que empresas estadounidenses habían comenzado la exploración y explotación de petróleo en aguas internacionales del Golfo de México. Denunció, además, que mediante el denominado “efecto popote” los Estados Unidos podrían ser capaces de extraer recursos petroleros ubicados allende su mar patrimonial que, en principio, debían estar compartiendo con nuestro país. Después de arduas negociaciones y a partir del compromiso que los Presidentes Calderón y Obama asumieron al respecto en mayo de 2010, ambos gobiernos suscribieron este acuerdo que deja atrás prácticamente década y media en la que no había reglas claras y certeza jurídica. Una vez que el Senado de la República lo ratifique, el Tratado establecerá procedimientos y normas para la extracción justa, responsable, y eficiente del petróleo que subyace en el subsuelo de la frontera marítima entre ambos países. A partir de entonces, México aprovechará los recursos petroleros a los que siempre tuvo derecho y propiciará inversiones conjuntas entre Petróleos Mexicanos y las compañías petroleras estadounidenses para un aprovechamiento mutuo y equitativo de los mismos.
El acuerdo contempla un procedimiento vinculante mediante el cual cualquiera de las partes tiene la obligación de informar a la otra sobre la presencia de hidrocarburos en la zona fronteriza. De lo que se trata, en el fondo, es que cada país explote el petróleo y el gas natural que le corresponde ahí donde los yacimientos de ambos países se entrelazan. En caso de duda o falta de acuerdo, el Tratado establece un mecanismo sólido de solución de controversias con la participación de expertos independientes. Por ello, es un acuerdo que viene a fortalecer la seguridad energética de ambos países, aumentar los ingresos públicos de manera sustancial -al utilizar estos recursos que venían enfrentando restricciones a su explotación y al reducir los costos de estas operaciones- y a robustecer a PEMEX que adquirirá experiencia y tecnología de punta en su esfuerzo incesante por convertirse en una empresa petrolera de clase mundial.
Como lo sostuvo el Presidente Calderón este acuerdo, más que ningún otro, satisface el doble compromiso de, por un lado, ejercer a plenitud nuestra soberanía sobre este recurso estratégico y, por el otro, construir una política exterior que se traduzca en beneficios directos a la sociedad. La derrama de desarrollo y crecimiento que este acuerdo generará apenas puede vislumbrarse así como las múltiples implicaciones positivas que tendrá para incrementar la competitividad y la integración regional en el plano energético. Sin duda, toca ahora el turno al Senado de la República para examinarlo y en su caso aprobarlo en el corto o mediano plazo. Tenemos un compromiso con el desarrollo del país y esta es una forma idónea de honrarlo.
Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: eluniversal.com.mx | "Estampa histórica y memorable de la lucha democrática en México. Cuauhtémoc Cárdenas, junto con los aspirantes presidenciales en 1988, Manuel J. Clouthier (PAN) y Rosario Ibarra (PRT), exigen la limpieza de esa elección"
Este jueves pasado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recibió del Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez. Se trata de la máxima condecoración que el Senado otorga a mexicanos eminentes que se han distinguido por sus servicios a la Nación Mexicana o la Humanidad. En la lista de los galardonados, desde su instauración en los años cincuenta, destacan hombres y mujeres que han contribuido a la construcción de este país desde distintos ámbitos. Pero, quizá junto con Don Luis H. Álvarez, pocas trayectorias como la del ingeniero Cárdenas hacen un homenaje tan claro y explícito a Belisario Domínguez, el hombre que desde la tribuna del Senado desafió al régimen totalitario y brutal que en su momento instauró Victoriano Huerta. Condecorar al ingeniero Cárdenas supone reconocer a un hombre que ha entregado la vida al cambio político en México y a uno de esos políticos de excepción para quienes las convicciones lo son todo. Se reconoce así a uno de los hombres clave para entender la transición democrática en nuestro país y al líder moral e histórico de la izquierda mexicana que más respeto y admiración despierta dentro y fuera del país. Las batallas de Cárdenas, como las de su padre, fueron batallas para cambiar a México, crear instituciones democráticas, ganar libertades ciudadanas, combatir la desigualdad y dar un vuelco a la cultura política del país recuperando los mejores ideales de la Revolución Mexicana. Como el Senador Domínguez, Cuauhtémoc Cárdenas enfrentó al régimen autoritario desde sus entrañas y al atestiguar la imposibilidad de esta empresa, se lanzó a la empresa de construir un amplio movimiento ciudadano denominado el Frente Democrático Nacional.
Su campaña por la Presidencia de la República en 1988, como la del Maquío, despertó la conciencia de millones de mexicanos que vieron el resquebrajamiento del régimen de partido único. Un fraude electoral, hoy reconocido por propios y extraños, retrasó doce años la transición democrática pero le abrió el paso a generaciones de jóvenes políticos a quienes nos inspiraron profundamente sus discursos, sus ideas y las movilizaciones a las que convocaba, a veces, junto con otros partidos y líderes políticos. Recuerdo con especial emoción aquella donde, después de la tristemente famosa “caída del sistema”, y del brazo de Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, exigió transparencia en el proceso electoral. Luego vinieron la fundación del PRD, la transición democrática en el Distrito Federal al lado de Carlos Castillo Peraza -convirtiéndose en el primer jefe de gobierno de la ciudad electo democráticamente, y finalmente el momento actual de consolidación del ingeniero Cárdenas como conciencia crítica de la izquierda mexicana, conferencista experto en temas mexicanos e impulsor de una agenda responsable de transformaciones a la economía y la política nacionales. Por ello, el galardón a este gran mexicano no es sólo un reconocimiento a su intachable trayectoria política, es también un homenaje a las contribuciones que la izquierda mexicana ha hecho para el desarrollo del país y un galardón a la democracia que, con todas sus limitaciones, es infinitamente mejor que el ancien regime. Es evidente, por lo tanto, que ésta condecoración envía un afortunado mensaje de mayores implicaciones para el futuro de México: la defensa de nuestra democracia frente a la amenaza permanente de una regresión autoritaria.
Artículo publicado hoy 29 de marzo en Milenio Diario, estado de México
@AdriGlezCar
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El jueves pasado, los Senadores de la República aprobamos una reforma constitucional, avalada ya previamente por la Cámara de Diputados, para incorporar el derecho al agua entre los derechos esenciales que tutela nuestra Carta Magna. De tal suerte, y una vez que la reforma sea avalada por la mayoría de los Congresos estatales, el artículo 4 constitucional obligará al Estado a garantizar a los mexicanos, en todo momento y circunstancia, “el acceso, disposición y saneamiento” del agua para consumo personal y doméstico “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En la reforma se reivindica además el derecho de toda persona a un ambiente sano y se establece la responsabilidad en la que incurre quien provoque, mediante cualquier acción, daño o deterioro ambiental. Más aún, se establece que la ley definirá la manera en que se garantizará el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos mediante esquemas de participación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios de nuestro país. Se trata de una decisión sin precedentes que tendrá un impacto muy positivo sobre las políticas públicas y las dotaciones presupuestales en este rubro. Pero quizá su mayor impacto tendrá que ver con una reducción sistemática de las desigualdades en materia de acceso al agua, especialmente de agua potable. Con ello no sólo comenzará a resolverse un añejo problema heredado de décadas de inacción gubernamental sobre el particular sino que comenzará a armonizarse plenamente un derecho bien establecido en múltiples Tratados y Convenciones Internacionales (así como en los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio) que, sin embargo, no contaba con un instrumento vinculante en nuestro país.
Cabe señalar que en México aproximadamente 10 millones de personas viven sin acceso a servicios de agua potable mientras 14 millones no cuentan con instalaciones de drenaje adecuadas. Por si fuera poco, la disponibilidad de agua por habitante no es la misma en todo el país y mientras en algunas regiones hay una abundancia que incluso provoca el despilfarro, en otras ésta alcanza niveles cada vez más escasos. De ahí la importancia de plasmar en la ley este derecho y, en consecuencia, esforzarse para que los mexicanos contemos, en el menor tiempo posible, con los mecanismos que le den plena exigibilidad jurídica y administrativa. Para ello, sin embargo, se requiere también de un fuerte compromiso de la ciudadanía en su conjunto a favor de la protección y el uso racional del agua, de un trabajo continuo y sistemático para el desarrollo de infraestructura en el país así como de un cambio sustancial en la manera en que priorizamos el tema del agua frente a muchos otros.
No hace falta ahondar en las razones por las cuales la provisión suficiente y sustentable de agua es ya un tema de seguridad nacional en buena parte de las democracias del mundo. El hecho es que frente a un bien tan esencial para la vida y, al mismo tiempo, tan escaso es menester cambiar nuestras percepciones mediante las cuales se da por hecho, por ejemplo, que la habrá por siempre. Y ese es otro elemento importante de cualquier reforma constitucional en la medida en que tiene el objetivo de sensibilizar sobre asuntos clave para la estabilidad y el desarrollo de nuestro país que antes permanecían relegados en la agenda pública.
Artículo publicado el pasado 1° de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: Radio Fórmula | Firma de derogación de la tenencia vehicular
Artículo publicado el pasado 21 de mayo en Milenio Diario, estado de México
Una primera y obvia conclusión tras una semana de campañas para elegir gobernador en el estado de México es que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” es un demagogo profesional. En su afán por seguir la táctica populista de su antecesor, primero aseguró que firmaría ante notario seis mil compromisos de campaña de los que él mismo asegura ignorar su costo y viabilidad. Más tarde, ofreció una serie de medidas que o se ubican fuera de sus facultades legales o son procesos en marcha y bajo la responsabilidad de otras autoridades. Ya sea por ignorancia o por una deliberada intención de engañar al electorado, Eruviel Ávila ofrece reducir el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) cuando en realidad se trata de un impuesto Federal de cuya determinación se encarga exclusivamente la Cámara de Diputados. Además, promete entubar el Río de la Compañía, obra que está en proceso y que es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Al continuar mintiendo y agraviando la inteligencia de los mexiquenses el candidato del PRI ofreció eliminar la tenencia vehicular. Sin embargo, fue desde Septiembre de 2007 cuando el Presidente de la República, Felipe Calderón, comenzó el proceso de eliminación de la ley que estableció este injusto y abusivo impuesto federal a la tenencia vehicular en 1967. Mediante el decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, se otorga un fuerte incentivo a las entidades federativas para dejar de cobrar este impuesto que el gobierno federal decidió ya no recaudar. Después de severos exhortos en esta dirección hacia las autoridades mexiquenses -uno de ellos de mi autoría desde el Senado de la República a inicios del 2010- en Febrero de 2011 el gobernador Peña Nieto informó que a partir del 2012 se derogaría el pago de la tenencia en la entidad. Por lo tanto, este y otros ofrecimientos de Eruviel Ávila se enmarcan en cierta forma de hacer política que tanto daño ha hecho al estimular el clientelismo, encumbrar a políticos corruptos que no rinden cuentas y abrir una brecha cada vez mayor entre el poder y los ciudadanos.
Mediante promesas manipuladoras e irrealizables, el demagogo intenta vender un paraíso terrenal que contrasta, cada vez de manera más escandalosa, con una realidad desoladora a la que cotidianamente se enfrentan millones de mexiquenses. La deliberada intención de mentir y ofrecer una imagen falsa incluso se puede advertir en la manera en que el candidato se transporta. Utilizar un helicóptero rentado, seguramente a un costo muy elevado, para hacer los traslados de un municipio al otro y luego subirse a una camioneta para dar la falsa impresión de que llegó por carretera es apenas un botón de muestra. En contraste, las necesidades más apremiantes de la población se quedan una vez más sin respuesta. Por ello, ya es justo que la alternancia llegue al estado de México dejando atrás décadas de mentira y arbitrariedad.
Foto: esmas.com | Presidente Felipe Calderón
El pasado 7 de abril, se conmemoró una vez más el Día Mundial de la Salud. Es común que a propósito de esta efeméride, los gobiernos presenten un diagnóstico del panorama que guarda este rubro crucial de la administración pública así como el análisis de los desafíos que se presentan para la protección de la salud de las generaciones venideras. En esta ocasión, a la par de otorgar la condecoración Eduardo Liceaga y los Premios al Mérito en Salud 2011 a diez profesionales de la salud, el presidente Felipe Calderón compartió información que pone en perspectiva histórica el extraordinario avance en materia de cobertura de salud que hemos experimentado en los últimos diez años de gobiernos panistas. La cobertura de los servicios de salud públicos se duplicó al pasar de 45 a 95 millones de beneficiarios lo cual equivale en términos relativos a que, como lo dijo el presidente, se hiciera mucho más en los últimos diez años que en todo el siglo XX. Esto ha tenido implicaciones múltiples en el acceso a la salud de los mexicanos y especialmente en la cobertura de los municipios más marginados de México. Hace 10 años, sostuvo el presidente, con base en el Censo de Población recientemente publicado por el INEGI, el 85% de esos municipios sufría una carencia total en materia de servicios médicos. Hoy la situación es sustancialmente distinta con la construcción de casi mil hospitales, clínicas y centros de salud durante la presente administración y la remodelación de otros mil 788. Esto implica alrededor de dos obras de infraestructura hospitalaria que abren sus puertas diariamente en beneficio de las familias mexicanas.
En este sentido vale la pena destacar otros logros evidentes en el renglón de la salud pública. De entrada, la esperanza promedio de vida de los mexicanos es hoy superior a los 75 años de edad; la mortandad en menores de un año de edad ha disminuido en más del 60% y la incidencia de mortalidad materna es hoy menor a la tasa de 50 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Estos indicadores que suponen avances notables en el cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio son apenas un botón de muestra de la cruzada a favor de la salud que se ha venido impulsando y que ha recibido ya el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Contamos además con el programa más amplio de vacunación en América Latina, con uno de los mejores sistemas de inteligencia epidemiológica y con una fortalecida capacidad de diagnóstico en los laboratorios de salud pública estatales y federal. Las cifras son también encomiables en materia de prevención y reducción de la prevalencia del SIDA, la atención de casos de dengue, cáncer, diabetes y otros padecimientos graves, así como en lo que concierne a la Estrategia de Embarazo Saludable.
Luego de una inversión histórica en este rubro, estamos hoy cada vez más cerca de un viejo anhelo que veremos finalmente materializarse en 2012. En efecto, al finalizar el sexenio, el Presidente Calderón dejará un legado extraordinario. Me refiero a la cobertura universal en materia de salud para todos los mexicanos. Aunque se diga fácil, conseguir que todos los mexicanos tengan acceso a algún tipo de seguridad social es una de esas proezas que nos llenarán de orgullo y a la que, en definitiva, países de desarrollo similar al nuestro no pueden siquiera aspirar.
Artículo publicado el pasado 9 de abril en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: wordpress.com
En febrero de 2007, los legisladores federales celebrábamos unánimemente una conquista de alcances extraordinarios para los derechos de la mujer. Me refiero a la publicación de una legislación de vanguardia como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como consecuencia inmediata de su puesta en marcha, se estableció un marco jurídico integral para prevenir y sancionar, con todo el peso de la ley, a una de las formas más extremas de violencia que dolorosamente se registra en el seno de nuestra sociedad. La violencia de género, definida por la Convención de Belém do Pará, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ha venido colocándose desde entonces con gran solidez en el centro de la agenda pública nacional y hoy se reconoce como un tema toral para el desarrollo de México. Sin embargo, y a pesar de notables avances legislativos como éste, la violencia contra las mujeres tan sólo por el hecho de serlo, se ha venido multiplicando exponencialmente en algunas regiones del país. Peor aún, basta asomarse un poco a la realidad que se vive en el Estado de México para darse cuenta de que, paradójicamente, hay graves retrocesos en la dimensión local de este acuciante problema. En este espacio hemos venido documentando no sólo el desmedido aumento de eventos de violencia de género sino además la indolencia, negligencia e ineficacia con que las autoridades estatales se han venido conduciendo para atenderlos.
El Estado de México es, por mucho, la entidad con mayor prevalencia de feminicidios en todo el país. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2007 a diciembre de 2009 se registraron 2 mil 15 homicidios dolosos en contra de mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de nuestro país. Entre ellos, 556 corresponden al Estado de México mientras que la cifra se reduce hasta 235 en el caso del Distrito Federal, 179 en Sinaloa y 157 en Chihuahua. Al extender esa cifra por cinco años el Estado de México suma más de 900 casos de homicidios dolosos de género según el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, en el Estado de México la gran mayoría de estos casos permanecen impunes. Ante lo abrumador de estas cifras, el gobierno mexiquense no ha hecho más que minimizar el problema, negar su importancia, advertir que se trata de un fenómeno “normal” dado el gran número de habitantes de la entidad y, peor aún, rehuir su responsabilidad cuando de manera absurda e irresponsable argumenta que los criminales, provenientes de otras entidades federativas, llegan al Estado de México a tirar los cuerpos de sus víctimas lo cual termina abultando las cifras. La desesperación por ocultar la información, tergiversar la realidad y erigir una cortina de humo detrás de esta tragedia tiene que ver, por supuesto, con la vocación mediática y las aspiraciones políticas del gobernador Peña Nieto. En el colmo del cinismo, se advierte que el tema le ocupa tan sólo en la medida en que esto afecte su futuro electoral y su imagen. De ahí su tramposo empeño por impedir que este problema se investigue a profundidad y adquiera una dimensión de visibilidad y urgencia nacionales.
Me refiero a la forma en que su gobierno, su partido y sus aliados obstaculizaron la activación de un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia concretamente en el capítulo V. De acuerdo con esta legislación, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de decretar la alerta de violencia de género en la entidad en donde haga falta, por el curso de los acontecimientos, garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y preservar sus derechos. El artículo 24 advierte que la declaratoria se emitirá cuando: 1) los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social, 2) exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y 3) los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o organismos internacionales así lo soliciten. Desde luego que estas tres condiciones se cumplen a cabalidad en el Estado de México. Es evidente la perturbación de la paz social, el reclamo social para intervenir y dar fin a esta catástrofe así como la grave afectación que esto supone para los derechos humanos de las mujeres. Este mismo criterio ha sido ya respaldado por el Instituto Nacional de las Mujeres en voz de su titular, Rocío García Gaytán, y fue también ésta la argumentación que un grupo plural de Senadoras de la República elevamos al pleno de este órgano legislativo mediante una proposición con punto de acuerdo. Sin embargo, y como era ya previsible, miembros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres actuaron de manera indebida, con un clarísimo sesgo partidista y deliberadamente se encargaron de obstaculizar este proceso. Según ha informado recientemente la propia García Gaytán, que encabeza la Secretaría Ejecutiva de este mecanismo compuesto por representantes de nueve dependencias federales, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, se registraron 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones. Los votos en contra, no es de sorprenderse, provienen precisamente de las entidades gobernadas por el PRI.
Artículo publicado hoy 15 de enero en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 23 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: milenio.com
Aunque México se ha venido sumando con cada vez mayor interés en las celebraciones y evaluaciones que año tras año, cada 21 de marzo, se producen a propósito del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, hacía falta una efeméride nacional. Más allá de su carácter simbólico, el decreto que establece, a partir de este 19 de octubre, el Día Nacional contra la discriminación, supone un sólido compromiso del gobierno del Presidente Calderón con avanzar en la lucha por la erradicación de esta lamentable práctica. Supone, además, un avance importante en la colocación de este asunto en el corazón de nuestra agenda pública. Durante la presentación de este decreto, el Presidente de la República señaló que la discriminación “atenta contra la dignidad humana e impide que todos seamos parte del desarrollo social, económico y cultural de nuestro país”. En efecto, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el racismo, la intolerancia y la xenofobia son problemas globales que están lejos de haberse superado como muestran múltiples ejemplos que van desde la xenofobia contra los gitanos del grupo denominado Roma en Europa y hasta el sentimiento anti inmigrante que algunos grupos siguen explotando políticamente en los Estados Unidos.
En México, la discriminación existe y se nutre de una serie de fobias irracionales pero desafortunada y profundamente enraizadas en múltiples capas de la población. De ahí que el Estado Mexicano ha venido caminando con paso firme en la prohibición legal y en la censura ética y moral contra toda exclusión, restricción o distinción basada en cualquier consideración religiosa, social, económica, sexual, racial o de otra índole que impida a las personas el goce y ejercicio pleno de sus derechos. Desde la fundación -en 2003- del Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) y la publicación de la Ley para Prevenir la Discriminación los mexicanos hemos venido mejorando el esquema jurídico y de políticas públicas para atajar este flagelo y garantizar el derecho a la igualdad consagrado en el Artículo primero de nuestra Constitución.
Más aún, desde 2005 contamos con una herramienta indispensable para el diagnóstico de la discriminación en México. Me refiero a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, publicada en mayo de ese año. La Encuesta ha orientado políticas públicas a nivel nacional pero también ha arrojado información delicada sobre el tamaño del reto que enfrentamos. En efecto, a pesar de que existen avances en el mejoramiento de la condición de distintos grupos vulnerables, tales como los discapacitados y los enfermos de VIH-SIDA, arrastramos aún nocivas conductas sociales a las que es necesario cerrarles el paso. De acuerdo con ese sondeo, hay una grave situación de discriminación contra los indígenas, los homosexuales y los discapacitados. Aunque estas conductas no siempre sean visibles y en ocasiones se minimice su impacto, producen graves consecuencias en el contexto del que son parte. Tan sólo 30% de los mexicanos opinaba, por ejemplo, que es normal que los hombres tengan mejores salarios que las mujeres; 15% de los encuestados opinó que no es necesario gastar en la educación de las niñas puesto que eventualmente se casarán y serán dependientes económicos y prácticamente el 48% asegura que no estaría dispuesto a compartir su casa con un homosexual. Más del 20% señaló que no conviviría con un indígena, 15% que no lo haría con un discapacitado.
Más allá de que las cifras nos avergüencen deben hacernos reflexionar en lo que hace falta por hacer para que esta situación termine. En primer lugar, hay que tipificar la discriminación como delito en el Código Penal Federal -existe ya una iniciativa en esta dirección en la Cámara de Diputados- y hay que darle dientes al CONAPRED para actuar con mayor eficacia y contundencia en la prevención y sanción de estas conductas. En consonancia con los últimos desarrollos penales a nivel internacional debería también estudiarse la viabilidad de establecer una Fiscalía contra la discriminación al interior de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el reto va mucho más allá de lo que se refiere al entramado jurídico e institucional a nivel Federal. De acuerdo con información del propio CONAPRED, tan sólo 16 estados de la República han expedido leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación. En el resto existen disposiciones antediluvianas que incluso podrían generar actos discriminatorios desde la propia autoridad estatal. Peor aún, incluso en aquellos estados donde se registra algún avance institucional, las autoridades estatales han cometido atropellos inaceptables. Para no ir más lejos, en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, el profesor Agustín Estrada Negrete ha sido atacado en diversas ocasiones tan sólo por su preferencia sexual. Quien fuera director de los Centros de Atención Múltiples 33 y 34 -escuelas para niños con capacidades diferentes- fue recluido en el penal de Almoloya de Juárez luego de protestar frente al palacio de gobierno de Toluca. En el penal fue objeto de agresiones físicas y de abuso sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó en abril al Estado Mexicano otorgar medidas cautelares. Sin embargo, las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron hasta que Estrada tuvo que huir del país y solicitar asilo político en el extranjero, luego de haber sido agredido nuevamente el pasado 15 de septiembre en su antiguo domicilio. Ahí está también el caso de Eufrosina Cruz Mendoza a quien le arrebataron su triunfo en el municipio de Santa María Quiegolani por ser mujer, utilizando como excusa los usos y costumbres de la comunidad. Podría ser ese también el caso de Thelma Adriana Chávez, a quien no permiten gobernar en el municipio de Pe de Ejutla bajo el mismo argumento.
Son historias de impunidad que demuestran la forma en que gobiernos estatales y municipales amenazan con entorpecer un esfuerzo de armonización legislativa y transversalización de las políticas públicas para revertir la discriminación de nuestra cultura social y política. En ese sentido, un pendiente fundamental tiene que ver con hacer de este tema una prioridad en la educación. Educar a respetar al otro, a entender y tolerar sus diferencias, es crucial para hacer una realidad el ideario de protección a la dignidad humana. Corresponde a todos, no dejar pasar más tiempo y ocuparnos que el próximo 19 de octubre tengamos mucho más que celebrar y menos que lamentar. En lo inmediato urge aprobar, en la Cámara de Diputados, la minuta de reforma constitucional en materia de derechos humanos avalada por el Senado y comenzar a construir sobre ella un futuro distinto para la armonía y la tolerancia entre todos los mexicanos.
En breve, el Senado de la República comenzará una importante deliberación para el futuro de la seguridad pública en nuestro país. Se trata de la Iniciativa de reforma constitucional que el Presidente de la República ha remitido, el jueves pasado, a esta instancia legislativa con el fin de crear la figura del mando único policial. En efecto, se busca establecer 32 corporaciones policíacas que dependerán directamente de los gobernadores de cada entidad federativa así como del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
La idea tiene su origen en la convicción de que sólo con esquemas de esta naturaleza puede combatirse eficazmente la corrupción que por décadas vienen enquistándose en las corporaciones policíacas municipales. En muchos países este exitoso modelo supone un código penal y un mando único, con estructuras de organización, armamento y entrenamiento completamente homologados.
Esta propuesta tiene una serie de ventajas adicionales que conviene enumerar. En primer lugar, el nuevo modelo supondrá el fortalecimiento y la profesionalización de la carrera policial. En el sistema prevaleciente, los agentes policíacos tienen pocos incentivos para desempeñarse con la mayor diligencia y capacidad posibles. Sus salarios suelen ser muy bajos -61% de los policías actuales reciben salarios inferiores a 4 mil pesos mensuales- y el sistema de ascensos es poco transparente y ajeno a la lógica de la meritocracia. Con una policía única, se establecerá un sistema meritocrático que hará atractiva la carrera policial y se implementarán controles de calidad homologados. De ahí que esta iniciativa sea crucial para limpiar los cuerpos policíacos y establecer un sistema de ingresos, reconocimientos, ascensos y prestaciones que lleve a una nueva generación de policías a recobrar el patriotismo, el honor y la dignidad que en teoría supone ser un agente del orden. La imagen pública del policía se verá beneficiada y, con ella, la dinámica de interacción y confianza con los ciudadanos. La capacitación de los policías recibirá además un tratamiento prioritario. Aunque parezca inverosímil, el 2% de los policías municipales son analfabetas mientras más del 68% cuentan tan sólo con la educación básica. Por ello, la reforma constitucional dejará atrás la época en que ser policía era equivalente a un empleo mal remunerado y considerado bajo una percepción muy negativa entre la sociedad.
En segundo lugar, se trata de establecer controles a la corrupción mucho más estrictos. En el sistema actual es frecuente observar que un mal policía en algún municipio del país termina contratado -por su sospechosa experiencia- en otro municipio. Eso será imposible bajo este nuevo esquema en el que se prevé la aplicación de fuertes controles de confianza, pruebas toxicológicas, técnicas psicológicas así como otros mecanismos específicamente delineados para la depuración de las corporaciones y para impedir que a ellas acceda alguien que, así sea ligeramente, no se apegue al perfil idóneo. Esto reducirá también al mínimo la posibilidad de una cooptación de agentes policiacos por parte del crimen organizado.
En tercer lugar, un mando único estatal de policía contaría con mejores herramientas de coordinación, inteligencia y equipamiento para hacer frente a la delincuencia. Más de 400 municipios no cuentan con un cuerpo de seguridad propio y aproximadamente 90% de las alcaldías cuentan con corporaciones inferiores a 100 elementos. Sólo 12 de los 31 estados cuentan con cuerpos policiacos para cubrir simultáneamente todos sus municipios.
Esto supone una profunda vulnerabilidad frente a la creciente amenaza del crimen organizado. Una policía fuerte necesita de suficientes recursos económicos y humanos, de estructuras sólidas de capacitación, de equipamiento y tecnología de vanguardia así como de un esquema de coordinación. Actualmente existen prácticamente 2 mil corporaciones policíacas, todas con procedimientos distintos y enormes disparidades presupuestales, estructurales y de equipamiento. Más aún, la comunicación entre ellas es escasa y sus patrones de cooperación tan laxos y vagamente definidos, que no representan ninguna amenaza para las acciones, esas sí coordinadas, de la delincuencia organizada.
La descoordinación y la pulverización de los esfuerzos policíacos origina espacios de impunidad, la evasión de responsabilidades policiales -bajo el argumento de que tal o cual asunto no es de la entera competencia de tal o cual corporación- y el irremediable alejamiento entre la población y los agentes del orden. De ahí que esta iniciativa también proponga invertir fuerte en el establecimiento de una policía de alta proximidad vecinal, en constante comunicación e interacción con la comunidad y haciendo labores cruciales para la prevención del delito. Los espacios de impunidad y la evasión de responsabilidades se estrecharán al mínimo bajo una nueva figura jurídica: la reacción inmediata. Supone que en la eventualidad de la comisión flagrante de un delito, cualquier corporación policiaca tiene la obligación de actuar en cualquier circunstancia bajo los principios de corresponsabilidad y subsidiariedad. En suma, la iniciativa busca romper paradigmas y establecer un nuevo modelo policíaco moderno, eficiente y transparente que ha probado su eficacia en numerosas experiencias internacionales desde Chile hasta Colombia.
La grave amenaza que supone el crimen organizado para el Estado Mexicano debería convocar a todos los actores políticos -y en primer lugar al Senado de la República- a aprobar esta y otras reformas a la brevedad posible.
Está en juego no sólo la posibilidad de abatir a la delincuencia sino, además, la impostergable tarea de desterrar la corrupción de las distintas esferas del servicio público. Ojalá esta reforma abra la puerta a otras que mucho pueden contribuir a la construcción de un auténtico estado de Derecho y, por ende, de un país más seguro, justo, próspero y honesto.
Artículo publicado el pasado 9 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
