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Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El jueves pasado, los Senadores de la República aprobamos una reforma constitucional, avalada ya previamente por la Cámara de Diputados, para incorporar el derecho al agua entre los derechos esenciales que tutela nuestra Carta Magna. De tal suerte, y una vez que la reforma sea avalada por la mayoría de los Congresos estatales, el artículo 4 constitucional obligará al Estado a garantizar a los mexicanos, en todo momento y circunstancia, “el acceso, disposición y saneamiento” del agua para consumo personal y doméstico “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En la reforma se reivindica además el derecho de toda persona a un ambiente sano y se establece la responsabilidad en la que incurre quien provoque, mediante cualquier acción, daño o deterioro ambiental. Más aún, se establece que la ley definirá la manera en que se garantizará el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos mediante esquemas de participación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios de nuestro país. Se trata de una decisión sin precedentes que tendrá un impacto muy positivo sobre las políticas públicas y las dotaciones presupuestales en este rubro. Pero quizá su mayor impacto tendrá que ver con una reducción sistemática de las desigualdades en materia de acceso al agua, especialmente de agua potable. Con ello no sólo comenzará a resolverse un añejo problema heredado de décadas de inacción gubernamental sobre el particular sino que comenzará a armonizarse plenamente un derecho bien establecido en múltiples Tratados y Convenciones Internacionales (así como en los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio) que, sin embargo, no contaba con un instrumento vinculante en nuestro país.
Cabe señalar que en México aproximadamente 10 millones de personas viven sin acceso a servicios de agua potable mientras 14 millones no cuentan con instalaciones de drenaje adecuadas. Por si fuera poco, la disponibilidad de agua por habitante no es la misma en todo el país y mientras en algunas regiones hay una abundancia que incluso provoca el despilfarro, en otras ésta alcanza niveles cada vez más escasos. De ahí la importancia de plasmar en la ley este derecho y, en consecuencia, esforzarse para que los mexicanos contemos, en el menor tiempo posible, con los mecanismos que le den plena exigibilidad jurídica y administrativa. Para ello, sin embargo, se requiere también de un fuerte compromiso de la ciudadanía en su conjunto a favor de la protección y el uso racional del agua, de un trabajo continuo y sistemático para el desarrollo de infraestructura en el país así como de un cambio sustancial en la manera en que priorizamos el tema del agua frente a muchos otros.
No hace falta ahondar en las razones por las cuales la provisión suficiente y sustentable de agua es ya un tema de seguridad nacional en buena parte de las democracias del mundo. El hecho es que frente a un bien tan esencial para la vida y, al mismo tiempo, tan escaso es menester cambiar nuestras percepciones mediante las cuales se da por hecho, por ejemplo, que la habrá por siempre. Y ese es otro elemento importante de cualquier reforma constitucional en la medida en que tiene el objetivo de sensibilizar sobre asuntos clave para la estabilidad y el desarrollo de nuestro país que antes permanecían relegados en la agenda pública.
Artículo publicado el pasado 1° de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: beckgza.wordpress.com
Aunque parezca una obviedad que los derechos humanos formen parte de la parte dogmática de cualquier Constitución contemporánea, hasta hace muy poco tiempo México era una excepción en esta materia entre las democracias del mundo. A pesar de múltiples avances, los mexicanos no contábamos aún con una serie de disposiciones constitucionales para, entre otras cosas, armonizar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos con nuestro derecho interno. Finalmente, y después de años de diálogo, negociación y deliberación entre las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso y toda clase de organizaciones de la sociedad civil, la reforma se fortaleció extraordinariamente.
El pasado 8 de abril, el Senado aprobó esta reforma constitucional que, para el Sistema de las Naciones Unidas en México, supone “el paso más significativo en este campo en los últimos años” y “un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales”. Si bien es cierto que aún falta el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, el amplio consenso que ha suscitado parece indicar que la reforma prosperará.
Como objetivo fundamental la reforma pretende, si se me permite la expresión, constitucionalizar los Derechos Humanos consagrados en una pléyade de compromisos internacionales firmados por México y, con ello, darles plena operatividad y exigibilidad en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, mediante un juicio de amparo de acuerdo con el nuevo contenido del artículo 103. Se trata, además, de hacer de la promoción y respeto de los derechos humanos no sólo una tarea prioritaria del Estado mexicano sino un criterio orientador de todos los actos de gobierno. De ahí que se ha establecido el de los derechos humanos como principio rector de la Constitución misma –el capítulo primero se llamará ahora De los Derechos y sus Garantías- pero también de la educación, la política exterior, el sistema penitenciario y, por supuesto, de las políticas públicas como las relativas a la seguridad, la prevención y el combate al crimen. Se establece además el principio pro homine o pro persona, según el cual las normas han de interpretarse y aplicarse siempre de la manera más conveniente para el ser humano y se otorga un impulso extraordinario a la larga tradición de asilo y refugio que nuestro país ha enarbolado por décadas. Mediante esta reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplía sus facultades así como sus responsabilidades en esta materia –adquiriendo por ejemplo la facultad para conocer quejas y emitir recomendaciones en materia de derechos humanos laborales- y se establece el derecho de audiencia de toda persona extranjera en la eventual aplicación del artículo 33 constitucional.
La reforma es revolucionaria, por tanto, no sólo en términos jurídicos sino también en términos culturales. Se trata de reconocer, por primera vez en nuestra historia, que existen derechos inalienables a la condición humana que deben ser protegidos y garantizados plenamente por nuestro orden jurídico. Derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contemplados por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el derecho a la vida, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la protección a la familia, los derechos políticos, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y la servidumbre de cualquier índole son derechos que no podrán ser restringidos. Corresponde ahora alentar a los Congresos estatales para ratificar esta reforma cuanto antes a fin de que arranque su vigencia así como los procesos legislativos ulteriores para garantizar su eficacia plena. Mientras tanto hay que celebrar la unanimidad con que se aprobó esta reforma. Es muestra de que los legisladores estamos obligados y somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias partidistas y electorales para concentrarnos en lo que debe ser verdaderamente nuestra ocupación cotidiana: los intereses de la sociedad mexicana.
Artículo publicado el pasado 19 de marzo en Milenio Diario, estado de México
La semana pasada, el gobierno del estado de Arizona tomó una decisión desafortunada. La gobernadora Jan Brewer firmó la implementación de una legislación xenófoba y, con ello, asestó un duro golpe a los vínculos entre México y ese estado de la Unión Americana. De acuerdo con la ley SB1070, cualquier cuerpo policiaco, en cualquier momento y en cualquier sitio, tiene la potestad de interrogar a cualquier persona sobre su condición migratoria basado solamente en la sospecha de que su estancia es ilegal. Los oficiales de policía, transformados en agentes migratorios, podrán detenerlos y consignarlos a las autoridades judiciales quienes establecerían multas que van desde el pago de dos mil 500 dólares, cárcel hasta por seis meses y, por supuesto, la deportación de todos quienes carezcan de documentos. En suma, la ley permitiría a las autoridades del estado de Arizona a efectuar redadas y deportaciones masivas de inmigrantes, sin importar las implicaciones económicas y la desintegración social y familiar que esto acarrearía. El fundamento formal de la ley es, desde luego, absurdo y falaz. De hecho parte de un argumento falso cuando se refiere a que la violencia en la frontera, la criminalidad y la inmigración ilegal son partes de un mismo fenómeno. De acuerdo con estadísticas oficiales, los crímenes violentos en Arizona se han venido reduciendo sistemáticamente desde 2005 y se ha demostrado, gracias al trabajo delImmigration Policy Institute, que los inmigrantes tienden a cometer menos crímenes que los propios estadounidenses.
Por obvias razones, esta disposición tiene un sesgo racial lamentable y exhibe un profundo desconocimiento de las obligaciones que los Estados Unidos en su conjunto han contraído, tanto en su regimen jurídico interno como en el internacional, para proteger y respetar los derechos esenciales de las personas. Más aún, esta ley representa un punto de quiebre con lo que, al menos desde una perspectiva histórica, ha sido la tradición y los valores de apertura, tolerancia e inclusión de los migrantes en la sociedad y la economía estadounidenses.
Para muchos observadores, la ley tiene solamente un propósito electoral de cara a los próximos comicios y el objetivo adicional de distraer la atención de los votantes del mal desempeño de la Gobernadora y su administración. No obstante, esta ley también forma parte de una nueva ola antiinmigrante y, hasta cierto punto, antimexicana que especialmente en estados fronterizos ha venido lastimando nuestras relaciones bilaterales. De hecho, es en Arizona donde recientemente los mexicanos han sufrido abusos que difícilmente encuentran paralelo en otros estados de la Unión Americana. En Arizona es donde Joe Arpaio, comisario del condado de Maricopa, ha venido aterrorizando a los mexicanos que trabajan en Phoenix y que aportan, junto con quienes viven en el resto del estado, alrededor de 2 mil 700 millones de dólares anuales a la economía local. Aunque muchos analistas han apuntado atinadamente al carácter anti constitucional de la ley y a lo que puede ser su interrupción a partir de las múltiples demandas presentadas y por presentarse, el peligro es inminente. Incluso antes de su implementación legal, prevista dentro de tres meses, Arpaio ha anunciado que este fin de semana comenzará la decimoquinta redada desde 2008 mientras políticos radicales en otras entidades de Estados Unidos han venido manifestando su deseo por replicar este tipo de legislación.
Evidentemente, la reacción global de repudio no se ha hecho esperar. Desde todos los rincones del planeta, e incluso desde la propia Unión Americana, se expresa una gran preocupación por esta ley y un clamor generalizado por detenerla. El procurador Eric Holder estudia actualmente los mecanismos para detener su puesta en marcha, las principales ciudades del estado de Arizona han anunciado que implementarán acciones legales en esta dirección y un grupo de ciudadanos ha comenzado el proceso para reunir las 76,000 firmas necesarias para proponer un plebiscito que podría posponer la entrada en vigor de la ley hasta entrado el 2012.
Arizona no sólo corre el riesgo de expulsar a quienes en buena medida sostienen su economía sino que podría estar en riesgo de sufrir un boicot turístico y comercial sin precedentes en el que incluso participarían otras ciudades estadounidenses como San Francisco y Los Ángeles.
En los Estados Unidos la aprobación de esta ley, como la aprobación de la ley 187 en 1994 en California, ha traído de regreso el debate migratorio a la esfera pública. Tan sólo en este sentido, la aprobación de esta ley puede representar una oportunidad dorada para la administración del presidente Obama. Y es que con lo que sucedió en Arizona se pone de manifiesto la urgente necesidad de entrar de lleno a una reforma migratoria integral que corrija, de una vez por todas, los vacíos legales y las incongruencias de un sistema que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Durante la visita de Estado que el presidente Felipe Calderón realizará del 19 al 20 de mayo a Estados Unidos, habrá oportunidad de plantear este tema ante el Ejecutivo y, más importante aún, ante el propio Congreso estadounidense. Mientras tanto, el resto de los actores políticos en México tenemos que trabajar juntos a fin de detener estas expresiones xenófobas y alentar la generación de un mecanismo que legalice y ordene el flujo migratorio.
Artículo publicado el pasado 1º de mayo en Milenio Diario, estado de México
El reciente y desafortunado capítulo, altamente publicitado en medios de comunicación nacionales y locales, sobre este pretendido convenio para impedir una alianza en el estado de México abre una nueva discusión sobre esta importante herramienta para la competencia electoral. En distintos estados de la República, el PAN y el PRD están trabajando actualmente para concretar alianzas que le permitan a Oaxaca, Hidalgo, Durango, Puebla y probablemente otras demarcaciones, dotar de una auténtica dimensión local a nuestra transición democrática. De lo que se trata es de romper el autoritarismo, el caciquismo y el patrimonialismo con que el PRI ha venido gobernando esas entidades. Se trata, además, de ofrecer al electorado una auténtica opción para transformar la vida pública en esos estados y desmantelar los feudos que ahí impiden el avance de una auténtica agenda democrática y para el desarrollo. Al menos un decálogo de razones justifican plenamente que una alianza opositora entre el PRD y el PAN (partidos que compartimos mucho más de lo que parece), también se concrete en el caso del estado de México. En esta entrega nos referiremos a los primeros cinco puntos de este decálogo y en la próxima terminaremos de delinear los cinco puntos restantes.
Elecciones 2010 -2012
1. Asegurar la alternancia en el gobierno del estado de México es una prioridad.- La vieja y antidemocrática tradición del presidencialismo priísta de designar al sucesor es un episodio histórico a nivel federal pero es una realidad cotidiana en el estado de México. La alternancia electoral, afirma Denisse Dresser, cambió a los partidos en la Presidencia pero no alteró la forma de hacer política en las gubernaturas donde no hay contrapesos suficientes para impedir a los gobernadores priístas hacer cuanto quieran a su libre albedrío. Eso tiene que terminar pues es el origen de muchos de los problemas que afectan a los mexiquenses.
2. Romper el círculo de la impunidad.- Por norma general, la nueva administración se ocupa de proteger la opacidad de la administración anterior. Ese ha sido el caso de algunos ex gobernadores del estado de México que gozan de una amplia impunidad ante investigaciones que podrían haberles fincado responsabilidad por una serie de actividades deshonestas. Prueba de ello es el reciente nombramiento de una persona con sospecha de ser incondicional al Gobernador como Auditor Superior del Estado, ya que anteriormente era el auditor externo del mismo. Con la alternancia, ese círculo se romperá en beneficio de la justicia y el estado de derecho.
3. Garantizar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales.- De manera indirecta, una alternancia en la gubernatura seria también de importancia para preparar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales. La forma en que el gobernador del estado de México interactúa con un Congreso local sobrerrepresentado por el PRI y sus aliados es indignante. No olvidemos la reforma judicial aprobada en diciembre y medio corregida en enero que envío el Gobernador, la cual generó enfrentamientos nunca antes vistos con los otros dos Poderes de la Entidad, con la que se limita la independencia y autonomia del Poder Judicial y se da una injerencia del Poder Ejecutivo que no ayuda. Hacen falta contrapesos reales en el Congreso y un Gobierno del Estado que no opere electoralmente para favorecer a los candidatos del PRI a posiciones legislativas y ejecutivas en el Estado. Con este elemento, terminaría de resquebrajarse el antidemocrático partido de Estado que el PRI sigue siendo en nuestra entidad.
4. Promover una reforma política en el estado.- No se trata tan solo de expulsar al PRI sino de aprovechar esa oportunidad para impulsar una agenda de reformas que hagan posible que el estado de México remonte una situación lamentable en muchos rubros. De entrada, es indispensable una reforma política que, a tono, con la reforma que a nivel Federal se discute actualmente, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas, y la independencia y autonomía de los órganos electorales en la entidad. En el PAN y en el PRD compartimos estos principios y la preocupación por acercar el ejercicio del poder a la ciudadanía. En este punto es muy importante impulsar una reforma para los mexiquenses que, entre otras cosas, asegure una redistritación electoral que evite la actual subrepresentación en el Congreso. En efecto, como lo ha venido manifestando el diputado local Gustavo Parra, hay distritos electorales como los de Ecatepec y Nezahualcóyotl en los que aproximadamente 400 mil ciudadanos eligen a un diputado mientras que hay otros, en el sur del estado, donde un diputado es electo por menos de 150 mil. En este rubro también se enmarcaría un esfuerzo por reducir el número de diputaciones locales y elevar el porcentaje de ley que un partido político necesita para mantener su registro. Igualmente, en concordancia con la reforma política nacional, podrían impulsarse las candidaturas independientes en el estado de México. La principal fuerza opositora a estas reformas es el PRI y mientras permanezca en el gobierno del estado, serán tan solo parte de un ideario utópico.
5. Provocar una transformación del PRI.- Después de siete décadas de encabezar ininterrumpidamente la Presidencia de la República y haberla perdido en el 2000, el PRI no se ha transformado en parte porque su maquinaria corporativa sigue operando de la misma forma en algunas entidades de la República. Es el caso del estado de México donde los grupos, las familias y las facciones asociadas al poder desde hace décadas siguen gobernando prácticamente de manera automática. El PRI podría ser una fuerza política moderna, competitiva y propositiva que ajustándose a las reglas de la democracia hiciera aportaciones muy importantes al debate de los problemas locales. Sin embargo, no lo hará hasta que la alternancia no alcance a nuestra entidad.
Artículo publicado el pasado 13 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Un gran acierto fue la organización, en el ITESM campus Toluca, del foro denominado “Reforma Política” el pasado 2 de marzo. Bajo los auspicios del Congreso mexiquense, el evento convocó a distinguidas personalidades políticas, académicos y funcionarios quienes analizaron y debatieron sobre los distintos elementos de la reforma política presentada por el Presidente Calderón al Congreso de la Unión. Gracias a esta encomiable iniciativa, hubo oportunidad para contrastar esta propuesta con las que, en su momento, han presentado tanto el PRD como el PRI. Luego de las intervenciones de Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Alejandro Poiré, Benito Nacif, Mireille Roccatti, entre muchos otros, no sólo quedaron claras las ventajas de la iniciativa presidencial sino que, además, fue evidente que existen coincidencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar una reforma. Más aún, quedó de manifiesto la urgencia por legislar para mejorar nuestra democracia, hacer más eficientes nuestros procesos legislativos y dotar a la ciudadanía de una verdadera capacidad de control sobre los distintos procesos político-electorales.
La reelección legislativa, la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa preferente, el referendo para reformas constitucionales, la reducción del número de legisladores y las candidaturas independientes, fueron puntos medulares de la discusión. Aunque no parece haber un consenso total en todas las materias, lo cierto es que los participantes fueron enfáticos en resaltar una realidad incontestable: dejar como está el sistema político actual sería un grave error, equivalente a dejar pasar la ultima oportunidad para transformar muchos de los mecanismos que impiden reformas de fondo en nuestro país. Tal y como señala la iniciativa presidencial, la democracia electoral aún no se traduce en una mayor capacidad de los gobiernos para atender y resolver con eficacia los problemas de la ciudadanía. La reforma política, en efecto, al ampliar los derechos ciudadanos puede hacer una aportación muy importante en esta dirección.
Muchas de las presentaciones tuvieron también la virtud de desdibujar las falacias o premisas falsas, como las llamó Luis Carlos Ugalde, en que se basan algunas reacciones ante la iniciativa presidencial. Es el caso de la reelección legislativa que lejos de dar lugar a abusos -muchos de ellos en nuestra memoria histórica vinculada a la reelección presidencial en el siglo XIX- está destinada a convertirse en un formidable mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores ante sus electores. Además, el Congreso se vería sumamente fortalecido y sus integrantes se profesionalizarían notablemente. Básicamente las mismas razones justifican ampliamente la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales.
Los proyectos de gobierno no se interrumpirían y la sociedad podría decidir si premiar o castigar una buena o mala gestión de su gobierno con el poder de su voto.
La reducción del Congreso promoverá la transparencia y una operación más eficaz para llegar a acuerdos. Además, generará incentivos, lo mismo que la Segunda Vuelta en la elección presidencial, para construir gobiernos de mayoría capaces de tomar decisiones y avanzar decisiones en muchos rubros. Por su parte, el aumento del número de votos necesario para que los partidos conserven su registro será una modificación clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas. Además, la iniciativa ciudadana y la de la Suprema Corte de Justicia otorgará a ambos actores la capacidad de proponer soluciones a tantos problemas que conocen de sobra.
Con este evento, los panistas del estado de México hemos manifestado nuestro respaldo al clamor ciudadano que de distintas maneras exige cambios inmediatos y de fondo al sistema político mexicano. Es el caso del desplegado denominado “no a la generación del no” que convoca a los legisladores a “dejar atrás diferencias menores y el interés coyuntural a favor de una visión de futuro audaz y alentadora”.
Ese debe ser el ánimo para una Reforma Política del país pero también para una Reforma política y electoral en el estado de México. La reforma mexiquense debería abrir de par en par los procesos democráticos a la ciudadanía así como fortalecer la autonomía y la confianza, severamente mermadas en fechas recientes, del Instituto Electoral del estado de México. Debería además hacer una apuesta por la eficacia y, entre otras cosas, efectuar una redistritación de la entidad a fin de reducir el número de diputados locales.
Artículo publicado el pasado 6 de marzo en Milenio Diario, Estado de México
Foto: abogadogeneral.uady.mx
Pléyades de informes de distintas agencias y organismos internacionales señalan sistemáticamente los rezagos de la educación en México. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marca la pauta para identificar donde están los problemas de nuestro sistema escolar. Recientemente, esta organización ubicó a México en el primer lugar de desaprovechamiento del tiempo escolar en una comparación de los 23 miembros de la misma. Afirma que los maestros en nuestro país dedican 57 de los 200 días efectivos de clase, es decir, 345 horas anuales, a resolver conflictos, a disciplinarlos, a poner orden en el aula y a realizar trámites burocráticos.
De acuerdo con distintas estimaciones, datos y conclusiones de la OCDE en diversos estudios y análisis recientes, el gasto de México por estudiante en secundaria es también uno de los más bajos de entre los miembros de la organización (aproximadamente mil 656 dólares, lo cual es un cuarto de la media que asciende a 6 mil 560 dólares). Nuestro país registra también uno de los rendimientos más bajos en términos de educandos egresados de los distintos niveles escolares. Tan sólo alrededor del 25% de los mexicanos de entre 25 y 34 años de edad terminaron satisfactoriamente su secundaria mientras que en países como Noruega, Corea, Dinamarca o Japón el porcentaje va del 90 al 100%. La denominada eficiencia terminal no es mejor a nivel universitario. Aunque las inscripciones a las universidades aumentan año tras año, sólo 16% de los mexicanos entre 25 y 34 años terminaron satisfactoriamente sus estudios superiores.
Los problemas en materia de divulgación del conocimiento no son menores. De acuerdo con el pasado informe PISA de evaluación del nivel de formación de los estados integrantes de la OCDE, México se ubica en el último lugar, por detrás de países como Turquía y Grecía con apenas 410 puntos mientras que Finlandia se ubicó a la cabeza con 563 puntos seguida por Hong Kong, Canadá, Taiwán, Estonia y Japón. En consecuencia, entre estudiantes mexicanos y finlandeses de 15 años, primeros y últimos de la clasificación, hay 4 años enteros de formación escolar de diferencia. Además, de acuerdo con el informe en su edición 2007, 50% de los jóvenes de 15 años se ubicó en los niveles cero y uno –los más bajos evidentemente- en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura, áreas cruciales para tener éxito en sus estudios universitarios. De acuerdo con la evaluación, este porcentaje de jóvenes son incapaces incluso de resolver problemas elementales a nivel académico.
Este contexto de absoluto desastre educativo contrasta con la presencia del poderoso y millonario Sindicato de Trabajadores de la Educación. El SNTE aglutina al magisterio, lo moviliza y lo convierte en una herramienta electoral. Sin embargo, y frente a la ostentosa corrupción de algunos de sus dirigentes, no hace muchos esfuerzos para profesionalizarlo, para mejorar sustancialmente su precaria situación salarial y para transparentar sus procesos para ocupar nuevas plazas. La sección 22 del sindicato, disidente del Comité Ejecutivo del mismo, se ha convertido en un grupo que sistemáticamente se opone, a veces incluso por vías violentas, a cualquier mecanismo o reforma que pretenda terminar con las prerrogativas de las que gozan sus dirigentes y establecer formas meritocráticas y transparentes de ascenso y promoción del magisterio. Su oposición furibunda a la Alianza para la Calidad Educativa mantuvo a los niños oaxaqueños y morelenses sin clases durante meses y sus líderes jamás se ruborizaron por ello.
En definitiva, la reforma educativa deseable tendría que abordar todos los aspectos que resultan tabú en la negociación con las corporaciones gremiales. Sería deseable que abordara la necesidad de evaluar sistemáticamente a las escuelas y los maestros, que se ocupara de la formación científica y cívica, que revisara los contenidos, métodos y fórmulas para el aprendizaje, que eliminara la memorización como técnica de estudio e incorporara las vanguardias pedagógicas que en el mundo han probado su efectividad. Tendrían que destinarse más recursos a la educación y menos recursos a las burocracias sindicales, más recursos a la formación y actualización de los docentes y menos a su politización, más en la tecnología y menos en los recursos convencionales para la transmisión del conocimiento. Implicaría también un cambio de paradigma para modificar los esquemas de baja, retiro, sanciones, ascensos, ingresos y adscripciones de los docentes.
Pero sería, sobre todo, una transformación estructural que dejara atrás ese modelo educativo “anticuado, rígido, poco estimulante para profesores y estudiantes, centrado en la memorización, en el docente y el aula, no conducente a la interacción creativa entre educador y educando ni al desarrollo de habilidades y destrezas en este último” (IMCCO, Informe 2009).
Estoy segura de que miles de maestros en México, así como de actores políticos, económicos, sociales e intelectuales estarían dispuestos a contribuir para construir un nuevo sistema educativo. Es en el mejoramiento de la educación en donde los mexicanos necesitamos una inversión de capital económico y político urgente.
Afiche - ONU
Hace exactamente 61 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó uno de los documentos de mayor trascendencia para la evolución del derecho internacional contemporáneo. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, recogiendo elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789, conformó un catálogo de derechos y libertades esenciales que, en todo momento, los Estados están obligados a preservar y fomentar. Durante la elaboración de esta Declaración, los integrantes del Comité de redacción, entre ellos Eleanor Roosevelt y Rene Cassin, mantuvieron un objetivo primordial: construir un documento mediante el cual la comunidad internacional pudiese manifestar su voluntad política para respetar y nunca más atentar -como ocurrió sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial- contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.
Este año, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, determinó dedicar esta conmemoración a la lucha contra la no discriminación en todas sus manifestaciones. Todos los dias millones de seres humanos en el planeta luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. No obstante, y sin restar importancia a este aspecto, actualmente subsisten en el mundo nuevas y graves amenazas a la protección de los derechos humanos. La lucha internacional contra el terrorismo ha abierto nuevos y vergonzosos capítulos de violaciones masivas a los derechos humanos en Guantanamo y Abu Ghraib. Nuevas expresiones de intolerancia religiosa y étnica siguen presentandose especialmente en el continente asiático. El drama de los niños soldado en el Congo o Birmania, los escudos humanos en Palestina, el hambre que padecen millones de personas en Corea del Norte, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas en los Balcanes y África Subsahariana, los totalitarismos en Bielorrusia y Libia son apenas algunas de estas terribles expresiones del enorme desafío que enfrenta el mundo en esta materia. De ahí la relevancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuya eficacia, en buena medida, depende una solución a muchas de estas amenazas.
En una dimensión distinta, aunque no menos relevante, México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional. A pesar de los enormes avances que ha experimentado nuestro país en los últimos diez años, hay grandes pendientes que requieren de una solución expedita e integral. Por ello, nuevamente cobra relevancia un debate en el que hemos venido participando activamente desde el Congreso de la Unión. Me refiero a la idea de efectuar una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La idea de constitucionalizar los derechos humanos proviene de la necesidad de efectuar un cambio conceptual de gran relevancia en nuestra Carta Magna. Implica pasar de un régimen donde el Estado otorga garantías al ciudadano – como si fuese una graciosa concesión- a uno donde el Estado reconoce derechos humanos como base fundamental de su interacción con los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
Sin duda, debatiendo este tema, podría ser la mejor manera de honrar nuestro voto afirmativo aquel 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a una Declaración que estableció el compromiso universal con los derechos humanos. Otra forma de honrar esta importante efeméride podría ser emprender una discusión seria y franca sobre la necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se registran en nuestra frontera sur. Una nueva política migratoria en esa frontera sería un detonante de cambios transcendentales en muchos ámbitos pero sobre todo en la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, un tema esencial para nuestro país dado el drama de cientos de miles de mexicanos que anualmente cruzan la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
Artículo publicado el pasado 12 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, del Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.
Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.
En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.
Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.
Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.
Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.
Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx
