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Foto: eluniversal.com.mx | "Estampa histórica y memorable de la lucha democrática en México. Cuauhtémoc Cárdenas, junto con los aspirantes presidenciales en 1988, Manuel J. Clouthier (PAN) y Rosario Ibarra (PRT), exigen la limpieza de esa elección"
Este jueves pasado, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recibió del Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez. Se trata de la máxima condecoración que el Senado otorga a mexicanos eminentes que se han distinguido por sus servicios a la Nación Mexicana o la Humanidad. En la lista de los galardonados, desde su instauración en los años cincuenta, destacan hombres y mujeres que han contribuido a la construcción de este país desde distintos ámbitos. Pero, quizá junto con Don Luis H. Álvarez, pocas trayectorias como la del ingeniero Cárdenas hacen un homenaje tan claro y explícito a Belisario Domínguez, el hombre que desde la tribuna del Senado desafió al régimen totalitario y brutal que en su momento instauró Victoriano Huerta. Condecorar al ingeniero Cárdenas supone reconocer a un hombre que ha entregado la vida al cambio político en México y a uno de esos políticos de excepción para quienes las convicciones lo son todo. Se reconoce así a uno de los hombres clave para entender la transición democrática en nuestro país y al líder moral e histórico de la izquierda mexicana que más respeto y admiración despierta dentro y fuera del país. Las batallas de Cárdenas, como las de su padre, fueron batallas para cambiar a México, crear instituciones democráticas, ganar libertades ciudadanas, combatir la desigualdad y dar un vuelco a la cultura política del país recuperando los mejores ideales de la Revolución Mexicana. Como el Senador Domínguez, Cuauhtémoc Cárdenas enfrentó al régimen autoritario desde sus entrañas y al atestiguar la imposibilidad de esta empresa, se lanzó a la empresa de construir un amplio movimiento ciudadano denominado el Frente Democrático Nacional.
Su campaña por la Presidencia de la República en 1988, como la del Maquío, despertó la conciencia de millones de mexicanos que vieron el resquebrajamiento del régimen de partido único. Un fraude electoral, hoy reconocido por propios y extraños, retrasó doce años la transición democrática pero le abrió el paso a generaciones de jóvenes políticos a quienes nos inspiraron profundamente sus discursos, sus ideas y las movilizaciones a las que convocaba, a veces, junto con otros partidos y líderes políticos. Recuerdo con especial emoción aquella donde, después de la tristemente famosa “caída del sistema”, y del brazo de Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, exigió transparencia en el proceso electoral. Luego vinieron la fundación del PRD, la transición democrática en el Distrito Federal al lado de Carlos Castillo Peraza -convirtiéndose en el primer jefe de gobierno de la ciudad electo democráticamente, y finalmente el momento actual de consolidación del ingeniero Cárdenas como conciencia crítica de la izquierda mexicana, conferencista experto en temas mexicanos e impulsor de una agenda responsable de transformaciones a la economía y la política nacionales. Por ello, el galardón a este gran mexicano no es sólo un reconocimiento a su intachable trayectoria política, es también un homenaje a las contribuciones que la izquierda mexicana ha hecho para el desarrollo del país y un galardón a la democracia que, con todas sus limitaciones, es infinitamente mejor que el ancien regime. Es evidente, por lo tanto, que ésta condecoración envía un afortunado mensaje de mayores implicaciones para el futuro de México: la defensa de nuestra democracia frente a la amenaza permanente de una regresión autoritaria.
Artículo publicado hoy 29 de marzo en Milenio Diario, estado de México
@AdriGlezCar
Gráfico: Milenio Diario
Hace relativamente poco tiempo, los mexicanos contamos con la herramienta idónea para decidir e incidir sobre el futuro político de nuestro país. Gradualmente desde finales de los años noventa, hemos ido cobrando consciencia de la importancia que tiene acudir a las urnas y manifestar nuestra decisión sobre el rumbo de los asuntos públicos en nuestra localidad. Mientras más ciudadanos emitan su voto, mayor exigencia tendrán las autoridades electas para responder a los legítimos reclamos de la sociedad. Sin embargo, para que los mexiquenses salgamos todos a votar este 3 de julio hay razones adicionales y muy poderosas.
En primer lugar, tenemos la oportunidad de dar paso a la alternancia en el estado de México. Por décadas, el PRI ha encabezado el gobierno mexiquense con los resultados que todos tenemos a la vista. A manos del denominado Grupo Atlacomulco, el estado de México se convirtió en una de las entidades más corruptas del país, con índices intolerables de inseguridad y desempleo, con amplias zonas en la marginación y el abandono. Y es que para los políticos priístas las prioridades eran y siguen siendo otras. Primero está la supervivencia política de su camarilla y la estructura corporativista que les cobija, su enriquecimiento personal (no olvidemos el caso Montiel y tantos otros), la protección de su imagen y luego el bienestar de los mexiquenses. Mientras buena parte del país ha efectuado una auténtica transición hacia la alternancia política, el estado de México continúa funcionando aún como un feudo autoritario en el que la impunidad y los abusos se refugian en esta falta de pluralismo político. Sin la alternancia será difícil imaginar un futuro mejor para nuestro estado y los mexiquenses seguiremos siendo tratados como botín político-electoral de una elite sin escrúpulos. El desarrollo urgente de nuestro estado se verá de nuevo obstaculizado mediante las dinámicas clientelares de siempre y tendremos que esperar otros seis años para cambiar lo que ya urgía transformar de fondo hace muchas décadas. El abstencionismo y la apatía cívica sólo fortalecen al autoritarismo y a esta cultura de la arbitrariedad.
En segundo lugar, se trata de darle vida a un proyecto de gobierno viable, responsable y humanista. Nadie mejor para garantizarlo que Luis Felipe Bravo Mena. Mientras Eruviel Ávila representa la continuidad de ese proyecto político perverso y corrupto, Alejandro Encinas representa más corporativismo, el desprecio a las instituciones -encarnado por Andrés Manuel López Obrador, su padrino político- y a la ciudadanía -que se manifestó a favor de una Alianza opositora contra el PRI-. Ese proyecto perpetuaría muchas prácticas del priato y, entre otras cosas, supondría un gobernador mucho más ocupado en promover la candidatura presidencial de López Obrador que en resolver los problemas de los mexiquenses. Con Bravo Mena, en cambio, podemos cambiar de fondo la forma de hacer política, de interactuar con los ciudadanos y de atender sus necesidades más urgentes. Se trata de darle una bocanada de aire fresco a una estructura de gobierno totalmente anquilosada y de compartir el poder con los ciudadanos. En una palabra, se trata de limpiar la casa y trabajar incansable y exclusivamente a favor del bienestar de los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 25 de junio en Milenio Diario, estado de México
Luis Felipe Bravo Mena | Campaña a la Gubernatura del estado de México 2011 | Foto: Rodolfo Valtierra
En contraste con las campañas de relumbrón de otros candidatos, la candidatura de Luis Felipe Bravo, próximo gobernador del estado de México, está construida sobre la base de un ideario y una serie de propuestas para resolver gran parte de los problemas que a diario enfrentan millones de mexiquenses. Frente a las obras faraónicas que han caracterizado a las administraciones emanadas del PRI, la encabezada por Bravo Mena tendrá como objetivo primordial establecer un diálogo con la ciudadanía a fin de dar respuesta a sus legítimas necesidades y reclamos. En una palabra, se trata de servir a la gente y no a la clase política. Se trata de enfrentar la realidad y no seguirla evadiendo como se ha venido haciendo por décadas. Sus propuestas, a diferencia de las promesas inviables y populistas con las que el candidato del PRI ha venido ofendiendo la inteligencia y traicionando la confianza del electorado, son viables, pertinentes y orientadas a procurar el bienestar de una población lastimada por la inseguridad, el desempleo y la desigualdad.
En primer lugar, urge contar con más seguridad para las familias mexiquenses. Se trata no sólo del problema más sentido de la sociedad sino también uno donde se demuestra la perversidad de un gobierno indolente y omiso ante la dimensión del problema. Aún cuando el estado de México ha recibido de la Federación partidas presupuestales adicionales para cubrir necesidades en este rubro, el gobierno del estado ejerce menos y ejerce mal este gasto. Por ejemplo, invierte tan sólo 258 pesos por habitante en seguridad -mientras el promedio nacional es de 415 pesos- mantiene millonarios subejercicios de hasta por 220 millones de pesos que en definitiva no se utilizaron y obtiene pésimos resultados en la materia. Nuestro estado se ubica en el primer lugar nacional de robo de autos, el secuestro ha crecido 500% durante el gobierno de Peña Nieto y las extorsiones han aumentado al pasar de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Encima, van más de mil feminicidios en los últimos años y un promedio de 8 violaciones al día.
Por ello, es necesario dar un golpe de timón. Necesitamos un nuevo modelo policial, que recupere la confianza de los ciudadanos y que verdaderamente cuide a la gente. Es crucial aquí no sólo establecer certificados con controles de confianza para la policía sino integrar un Observatorio Ciudadano que evalúe los resultados en seguridad pública y que encabece los procesos de monitoreo y limpia de las corporaciones policíacas. Por otro lado, es indispensable reforzar la prevención del delito y atacar formas delincuenciales que lastiman gravemente a las familias. Para ello, se propone establecer un programa permanente de seguridad escolar y otro más para proteger el transporte público donde actualmente las personas son asaltadas a diario. Igualmente urge crear la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y los Centros de Información e Inteligencia. Basta ya de policías quienes, como Rogelio Cortés Cruz, Director de Seguridad Pública y Tránsito, toleran, autorizan y estimulan la corrupción, la extorsión y el cohecho de los agentes de tránsito y otras corporaciones policíacas. Basta también de la utilización siniestra de los recursos destinados para la seguridad a otros fines, incluso los electorales como recientemente se ha puesto de manifiesto. ¡Ya es Justo, seguridad para todos!
Artículo publicado el pasado 4 de junio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Artículo publicado el pasado 28 de mayo en Milenio Diario , estado de México
La semana pasada, como parte de sus actividades proselitistas, el candidato del PAN a la gubernatura del estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, participó en una charla universitaria sobre juventud y cambio político en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, perteneciente a la UNAM y ubicada en el municipio de Naucalpan. Como es natural en un espacio universitario, el candidato intercambió puntos de vista, respondió preguntas y estableció un diálogo profundo e inteligente con un público fundamentalmente conformado por estudiantes y académicos. La cordialidad del evento no inhibió, de ninguna manera, la discusión intensa y el debate abierto, características esenciales de eventos de esta naturaleza. Sin embargo, al término de este ejercicio, sucedió algo lamentable. Grupos ajenos a la Universidad esperaron al ponente a las puertas del auditorio Miguel de la Torre para agredirlo verbal y físicamente en el camino hacia su automóvil.
Desde luego que las expresiones de rechazo a esta manifestación de intolerancia no se hicieron esperar. En un comunicado de prensa, la UNAM rechazó esta manifestación de violencia e intolerancia y aseguró que está comprometida con los valores que, a lo largo de su historia le han dado identidad: tolerancia, pluralidad, diálogo, solidaridad y respeto al debate. Ese es el ideario que grandes hombres y mujeres quienes, como el ex rector Manuel Gómez Morín, fueron construyendo a través de la historia para forjar una institución que nos enorgullece profundamente a todos los mexicanos. No obstante, ocultos en su anonimato, cobijados por su identidad no siempre clara, grupos heterogéneos de agitadores profesionales disfrazados de estudiantes y trabajadores consiguen en ocasiones infiltrarse y dar al traste con valiosos ejercicios de diálogo e intercambio de opiniones con la juventud. Esos grupos tienen filiación política pero su radicalismo e intolerancia les impide expresarla de manera libre y democrática. Cabe señalar que el candidato del PRD visitó el jueves pasado el mismo plantel. Curiosamente, en esta ocasión no hubo agitadores ni provocaciones porriles que impidieran el desarrollo normal del acto. Sólo algunas pancartas que, entre otras cosas, rezaban “No a la intolerancia” y “Bienvenidas todas las propuestas”. En contraste, fue recibido con “Goyas” y aplausos.
No es ningún secreto que los espacios universitarios, no son necesariamente un lugar cómodo para hacer campaña electoral. Es caso en México pero también en buena parte del mundo. Con todo, el candidato ha declarado que asistirá a todos los espacios académicos siempre que lo inviten. Y es que se trata de un demócrata, de un hombre que cree en el diálogo y que no acostumbra evadir obstáculo alguno en el camino, a veces empedrado, de transformar al estado de México. La valentía de Bravo Mena contrasta, sin duda, con el miedo de Eruviel Ávila, candidato del PRI, quien evita este tipo de eventos y quien no acudirá al mismo foro en la FES Acatlán. Es lamentable puesto que lo menos que puede esperar la UNAM de uno de sus distinguidos egresados es precisamente que acuda, que escuche y responda a los reclamos, los puntos de vista y las opiniones de la comunidad universitaria.
Completa SCT Libramiento Arco Norte | Foto: El Economista, Notimex
En toda clase de espacios políticos y mediáticos, el gobernador Peña Nieto afirma estar cada vez más cerca de completar los 608 compromisos que se comprometiera a cumplir durante su campaña electoral. Más en su doble papel de precandidato presidencial y jefe de campaña del candidato del PRI a sucederle que en el de gobernador de la entidad, Peña Nieto se refiere a abstracciones retóricas como “el establecimiento de una nueva manera de gobernar” y “el compromiso con la sociedad mexiquense”.
Sin embargo hace falta contextualizar e informar debidamente sobre el origen de los recursos del perverso adagio populista “Te lo firmo, te lo cumplo”. Me refiero a dos hechos incontrovertibles y estrechamente ligados entre sí. En primer lugar, a que se trata de obras públicas que en su gran mayoría se han financiado con recursos federales provenientes del multimillonario presupuesto recibido cada año -este año el mayor jamás destinado para la entidad- y adicionalmente de las partidas extra que en los últimos tres años contabilizan más de 50 mil millones de pesos provenientes de excedentes petroleros, entre otros rubros.
El cumplimiento de sus “compromisos” no sólo es parte de sus obligaciones como autoridad estatal sino que supone una caravana con sombrero ajeno.
No son concesión graciosa de su gobierno, ni resultado de ninguna medida de ahorro o de reorientación en la aplicación de los recursos públicos. Es la adjudicación de inversiones del gobierno Federal como si fueran, en su visión patrimonialista, inversiones propias. Lo cierto es que el gobierno del Presidente Calderón ha elevado la inversión federal en infraestructura a aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto -mientras que en 2000 era de alrededor del 3%- y de ahí que obras como las del estado de México puedan llevarse a cabo. Detrás de las grandes obras en la entidad ahí están los recursos y créditos federales pero el gobernador no tiene la altura política para reconocerlo.
En segundo lugar a que estas inversiones, según estimaciones, no representan más del 5% del presupuesto que la administración estatal tiene a su disposición. Esto deja al descubierto no sólo la intención deliberada de mentir ante los medios de comunicación sobre la prioridad que estas obras suponen para el gasto público estatal sino, más importante aún, un alto volumen de recursos cuya aplicación no está clara para nadie. En el contexto electoral actual, no sería raro encontrar desvíos e irregularidades detrás de la costosa cortina de humo que el gobernador ha venido construyendo en los medios de comunicación. Mientras tanto la entidad registra los peores indicadores en rubros que van desde la inseguridad pública hasta la corrupción, el desempleo y la falta de competitividad. Vale la pena preguntarse, por ejemplo, ¿donde están los compromisos cumplidos en materia de combate a la impunidad asociada a los feminicidios en casos como el de Nadia Muciño?, ¿donde los que se refieren a promover el desarrollo económico y el empleo ahí donde familias enteras sobreviven con 15 pesos diarios?, ¿qué compromisos ha cumplido en materia de extorsión policiaca frente a las cátedras de soborno y cohecho que imparte Rogelio Cortés, director de la ASE?
Artículo publicado el pasado 14 de mayo en Milenio Diario, estado de México
Luis Felipe Bravo Mena
Ya lo decía recientemente Juan José Rodríguez Prats, el panismo mexiquense tiene una larga trayectoria en la que abundan éxitos y, como resultado de la condición humana en la actividad política, algunos fracasos, más bien recientes. Durante las elecciones pasadas en la entidad, el PAN registró un severo voto de castigo y, en consecuencia, abrió un amplio proceso de reflexión sobre lo que toca a los panistas hacer para recobrar plenamente la confianza ciudadana. Entre otras lecciones, destaca la de recuperar nuestros orígenes. Esto supone recuperar nuestro ideario, nuestra forma distintiva de hacer política y los principios que han orientado nuestra lucha democrática por décadas. Frente a la amenaza del adversario -un priísmo anclado en el pasado, hundido en un océano de corrupción, enraizado en lo peor de las tradiciones corporativas y autoritarias del antiguo régimen que han entorpecido el desarrollo del estado de México- Acción Nacional debe abanderar una agenda de cambio radical.
Para ello, se necesita un liderazgo con una trayectoria irreprochable dentro del partido, con un trabajo sólido y congruente entre la militancia, con una amplia experiencia y, primordialmente, con calidad moral y profundas convicciones de carácter ético. Luis Felipe Bravo Mena es, por mucho, la personalidad que reúne todos estos rasgos. Por un lado, se trata de un político que se formó en el panismo de los años ochenta, aquel que en condiciones adversas se mantuvo como oposición firme a un régimen que parecía entonces inquebrantable. Fue hombre del Maquío Clouthier en Sinaloa en 1986 y luego un cercano colaborador del entonces candidato presidencial en 1988. Junto con otros muchos hombres y mujeres valientes fue un protagonista del proceso de transición democrática que vivió nuestro país y eso acredita no sólo su compromiso con este ideario sino su amplia experiencia enfrentando a los dinosaurios que se resisten a dejar el poder. En suma, Bravo Mena es la antítesis del político improvisado, del pragmático que aprovecha las coyunturas favorables. Todo lo contrario, es un hombre acostumbrado a la adversidad, al sacrificio, y a la lucha a ras de suelo. Esa fue la tónica de las campañas de 1993 por la gubernatura de la entidad, por la presidencia municipal de Naucalpan y las que lo llevaron a ser electo Diputado Federal y Senador en 1994.
Por otro lado, Luis Felipe ha sido congruente durante toda su carrera política. Nunca ha militado en otro partido político. Nunca ha dejado atrás sus convicciones. Nadie puede señalarle algún capítulo oscuro en su pasado, su integridad está fuera de duda y siempre ha predicado con el ejemplo. Nada más ajeno a Luis Felipe que esos políticos camaleónicos que cambian el color de su piel según las circunstancias. Militando desde abajo, fue electo a la más alta responsabilidad partidista a que un panista pueda aspirar y se convirtió en el Presidente Nacional del PAN en 1999 por dos periodos consecutivos. Su exitosa gestión al frente del partido fue crucial para el aplastante triunfo de Vicente Fox en el 2000 y, en consecuencia, para hacer posible el sueño del Maquío, de Gómez Morín y de todos quienes se entregaron en esta brega de eternidad por la democracia y la alternancia.
Finalmente, Luis Felipe es un mexiquense de toda la vida. Aunque nació en Guanajuato, ha vivido prácticamente toda su vida adulta en el estado de México. Conoce mejor que nadie el estado y sus 125 municipios, conoce sus problemas y los ha vivido en carne propia. Es un mexiquense reconocido y querido por sus vecinos, un padre de familia entrañable y un ciudadano ejemplar.
Por todas estas razones, Luis Felipe Bravo Mena es no sólo el mejor candidato para representar al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones del 3 de julio sino, si la ciudadanía se decanta por ella, el candidato idóneo para apuntalar la Alianza opositora que podría echar al PRI del Palacio de Toluca.
Artículo publicado el 12 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: wordpress.com
En febrero de 2007, los legisladores federales celebrábamos unánimemente una conquista de alcances extraordinarios para los derechos de la mujer. Me refiero a la publicación de una legislación de vanguardia como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como consecuencia inmediata de su puesta en marcha, se estableció un marco jurídico integral para prevenir y sancionar, con todo el peso de la ley, a una de las formas más extremas de violencia que dolorosamente se registra en el seno de nuestra sociedad. La violencia de género, definida por la Convención de Belém do Pará, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, ha venido colocándose desde entonces con gran solidez en el centro de la agenda pública nacional y hoy se reconoce como un tema toral para el desarrollo de México. Sin embargo, y a pesar de notables avances legislativos como éste, la violencia contra las mujeres tan sólo por el hecho de serlo, se ha venido multiplicando exponencialmente en algunas regiones del país. Peor aún, basta asomarse un poco a la realidad que se vive en el Estado de México para darse cuenta de que, paradójicamente, hay graves retrocesos en la dimensión local de este acuciante problema. En este espacio hemos venido documentando no sólo el desmedido aumento de eventos de violencia de género sino además la indolencia, negligencia e ineficacia con que las autoridades estatales se han venido conduciendo para atenderlos.
El Estado de México es, por mucho, la entidad con mayor prevalencia de feminicidios en todo el país. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2007 a diciembre de 2009 se registraron 2 mil 15 homicidios dolosos en contra de mujeres y niñas en 18 de las 32 entidades federativas de nuestro país. Entre ellos, 556 corresponden al Estado de México mientras que la cifra se reduce hasta 235 en el caso del Distrito Federal, 179 en Sinaloa y 157 en Chihuahua. Al extender esa cifra por cinco años el Estado de México suma más de 900 casos de homicidios dolosos de género según el Instituto Nacional de las Mujeres. Además, en el Estado de México la gran mayoría de estos casos permanecen impunes. Ante lo abrumador de estas cifras, el gobierno mexiquense no ha hecho más que minimizar el problema, negar su importancia, advertir que se trata de un fenómeno “normal” dado el gran número de habitantes de la entidad y, peor aún, rehuir su responsabilidad cuando de manera absurda e irresponsable argumenta que los criminales, provenientes de otras entidades federativas, llegan al Estado de México a tirar los cuerpos de sus víctimas lo cual termina abultando las cifras. La desesperación por ocultar la información, tergiversar la realidad y erigir una cortina de humo detrás de esta tragedia tiene que ver, por supuesto, con la vocación mediática y las aspiraciones políticas del gobernador Peña Nieto. En el colmo del cinismo, se advierte que el tema le ocupa tan sólo en la medida en que esto afecte su futuro electoral y su imagen. De ahí su tramposo empeño por impedir que este problema se investigue a profundidad y adquiera una dimensión de visibilidad y urgencia nacionales.
Me refiero a la forma en que su gobierno, su partido y sus aliados obstaculizaron la activación de un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia concretamente en el capítulo V. De acuerdo con esta legislación, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de decretar la alerta de violencia de género en la entidad en donde haga falta, por el curso de los acontecimientos, garantizar la seguridad de las mujeres, cesar la violencia en su contra y preservar sus derechos. El artículo 24 advierte que la declaratoria se emitirá cuando: 1) los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social, 2) exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y 3) los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o organismos internacionales así lo soliciten. Desde luego que estas tres condiciones se cumplen a cabalidad en el Estado de México. Es evidente la perturbación de la paz social, el reclamo social para intervenir y dar fin a esta catástrofe así como la grave afectación que esto supone para los derechos humanos de las mujeres. Este mismo criterio ha sido ya respaldado por el Instituto Nacional de las Mujeres en voz de su titular, Rocío García Gaytán, y fue también ésta la argumentación que un grupo plural de Senadoras de la República elevamos al pleno de este órgano legislativo mediante una proposición con punto de acuerdo. Sin embargo, y como era ya previsible, miembros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres actuaron de manera indebida, con un clarísimo sesgo partidista y deliberadamente se encargaron de obstaculizar este proceso. Según ha informado recientemente la propia García Gaytán, que encabeza la Secretaría Ejecutiva de este mecanismo compuesto por representantes de nueve dependencias federales, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, se registraron 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones. Los votos en contra, no es de sorprenderse, provienen precisamente de las entidades gobernadas por el PRI.
Artículo publicado hoy 15 de enero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
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No es necesario que los diputados locales del Partido Verde en el Congreso mexiquense se esfuercen en convencernos de lo contrario. El gobernador Enrique Peña Nieto orquestó, con sus adeptos, la aprobación de una ley antidemocrática cuyo objetivo final es impedir una alianza electoral y ciudadana como la que se está construyendo para dar paso a la alternancia tras ocho décadas de autoritarismo en nuestra entidad. En efecto, aprovechando que el país se ocupaba de celebrar el Bicentenario de la Independencia y con el objetivo de hacer la operación lo más oscura posible, la mayoría legislativa en el Congreso del Estado de México asestó un duro golpe a la democracia y los derechos electorales de los mexiquenses. Luego de un debate en el que los diputados del PAN, PRD y PT se opusieron enérgicamente a la propuesta, los diputados del PRI, PVEM, el PANAL, PSD y Convergencia consiguieron aprobar la iniciativa que elimina tanto de la Constitución como del Código Electoral del estado la figura de la candidatura común.
Con una velocidad que raramente se observa en la aprobación de leyes que benefician a la población, tomó prácticamente horas el proceso de presentación, análisis y votación en Comisiones unidas de Asuntos Electorales y Gobernación. Luego de su aprobación final en el pleno, el gobernador Peña Nieto ha asumido con vehemencia la defensa de la ley demostrando que es un traje a su medida. Según él, las candidaturas comunes “confunden” y “provocan confusión entre el electorado”. Peor aún y paradójicamente, las ha acusado de antidemocráticas y oportunistas, cometiendo además la impudicia de equipararlas, durante su V Informe, con la delincuencia organizada como si fuera una amenaza para el país.
En el fondo, el gobernador no es capaz de ocultar el pavor que le produce pensar en que seguramente será el último mandatario estatal en emanar del partido de siempre. Esto no sólo afectaría gravemente su reputación como líder del priismo nacional sino que entorpecería en gran medida sus ulteriores aspiraciones políticas. Ese fue el mismo ánimo que lo llevó a buscar afanosamente toda clase de convenios y pactos impresentables a espaldas de la opinión pública.
En primer lugar, lo antidemocrático no son las coaliciones sino el intentar prohibirlas para dejar a salvo un viejo enclave autoritario en la República. En el mundo hay numerosos ejemplos de la manera en que candidaturas comunes y alianzas electorales dan origen a exitosos gobiernos de coalición. Ocurre en Sudamérica, en Europa y, por supuesto, en México.
No hay que olvidar que Oaxaca, Puebla y Sinaloa comenzarán este año su propia transición local a la democracia, la alternancia y la transparencia de la mano de una coalición opositora alrededor de un candidato común. Pero tampoco hay que olvidar que el PRI ha hecho uso de esta figura en múltiples ocasiones. Su propia candidatura, la de Peña Nieto, fue una candidatura común y una alianza electoral entre el PRI y el Partido Verde.
Las coaliciones fueron también una respuesta del PRI a algunas de las candidaturas comunes de la oposición en elecciones recientes como en Sinaloa y Oaxaca.
En segundo lugar, la reforma no puede ocultar el desprecio que el gobierno de Peña Nieto tiene hacia los electores. Durante la discusión legislativa, un diputado del PVEM insistió en que se trataba de evitar la confusión del electorado toda vez que “las candidaturas comunes permiten que en las boletas electorales aparezca la fotografía y el nombre del candidato en diferentes cuadros” por lo que, remata, “el elector llega y marca varios cuadros porque cree que así se debe votar”. A pesar suyo y de sus aliados políticos, quienes con estos argumentos insultan la inteligencia del electorado, los votantes mexiquenses sabemos diferenciar las propuestas políticas detrás de los candidatos e identificar con claridad el contraste que supone un candidato del pasado y una apuesta por el futuro. No hay lugar para confusión porque una coalición electoral, en efecto, se construye alrededor de un candidato común pero también alrededor de un proyecto político y una agenda claramente definidos (véanse Décalogo por una Alianza Opositora, parte I y II, publicados respectivamente el 13 y 20 de marzo en este mismo espacio). Además, supone la construcción de un gobierno que refleje la pluralidad de la alianza electoral con representación de los partidos pero también de los distintos sectores sociales que participaron en su conformación.
En tercer lugar, la reforma muestra el temor que al autoritarismo le infunde una campaña electoral competitiva y abierta. La reforma acortó el periodo de campaña en los comicios para elegir gobernador a celebrarse en julio de 2011. Los diputados votaron por reducir de 90 a 45 días la campaña electoral. Esto tiene profundas implicaciones de toda índole. En principio, supone que los candidatos deberán recorrer nuestro extenso territorio, los 125 municipios que lo conforman, en tan sólo mes y medio. Pero supone también que el candidato sucesor de Peña Nieto intentará refugiarse en la brevedad de la campaña para intentar que la oposición no remonte una inicial desventaja como ocurrió, precisamente, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, fracasos electorales que han calado hondo en el PRI nacional y estatal.
Será imposible que con este tipo de argucias consigan su objetivo de parar lo que ya es por si imparable. Las alianzas llegaron para quedarse y en el estado de México cada día que pasa adquieren mayor fuerza. La batalla política y jurídica que comienza ahora dejará aún más en evidencia la desesperación, el miedo y la desazón del gobernador y sus aliados. El país ya cambió y, a pesar de todas las resistencias, lo hará también el estado de México.
Artículo publicado el pasado 18 de septiembre en Milenio diario, estado de México
