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Foto: oem.com.mx | Firma del acuerdo el pasado 16 de febrero de 2012
Un gran acierto fue la organización, en el ITESM campus Toluca, del foro denominado “Reforma Política” el pasado 2 de marzo. Bajo los auspicios del Congreso mexiquense, el evento convocó a distinguidas personalidades políticas, académicos y funcionarios quienes analizaron y debatieron sobre los distintos elementos de la reforma política presentada por el Presidente Calderón al Congreso de la Unión. Gracias a esta encomiable iniciativa, hubo oportunidad para contrastar esta propuesta con las que, en su momento, han presentado tanto el PRD como el PRI. Luego de las intervenciones de Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Alejandro Poiré, Benito Nacif, Mireille Roccatti, entre muchos otros, no sólo quedaron claras las ventajas de la iniciativa presidencial sino que, además, fue evidente que existen coincidencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar una reforma. Más aún, quedó de manifiesto la urgencia por legislar para mejorar nuestra democracia, hacer más eficientes nuestros procesos legislativos y dotar a la ciudadanía de una verdadera capacidad de control sobre los distintos procesos político-electorales.
La reelección legislativa, la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa preferente, el referendo para reformas constitucionales, la reducción del número de legisladores y las candidaturas independientes, fueron puntos medulares de la discusión. Aunque no parece haber un consenso total en todas las materias, lo cierto es que los participantes fueron enfáticos en resaltar una realidad incontestable: dejar como está el sistema político actual sería un grave error, equivalente a dejar pasar la ultima oportunidad para transformar muchos de los mecanismos que impiden reformas de fondo en nuestro país. Tal y como señala la iniciativa presidencial, la democracia electoral aún no se traduce en una mayor capacidad de los gobiernos para atender y resolver con eficacia los problemas de la ciudadanía. La reforma política, en efecto, al ampliar los derechos ciudadanos puede hacer una aportación muy importante en esta dirección.
Muchas de las presentaciones tuvieron también la virtud de desdibujar las falacias o premisas falsas, como las llamó Luis Carlos Ugalde, en que se basan algunas reacciones ante la iniciativa presidencial. Es el caso de la reelección legislativa que lejos de dar lugar a abusos -muchos de ellos en nuestra memoria histórica vinculada a la reelección presidencial en el siglo XIX- está destinada a convertirse en un formidable mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores ante sus electores. Además, el Congreso se vería sumamente fortalecido y sus integrantes se profesionalizarían notablemente. Básicamente las mismas razones justifican ampliamente la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales.
Los proyectos de gobierno no se interrumpirían y la sociedad podría decidir si premiar o castigar una buena o mala gestión de su gobierno con el poder de su voto.
La reducción del Congreso promoverá la transparencia y una operación más eficaz para llegar a acuerdos. Además, generará incentivos, lo mismo que la Segunda Vuelta en la elección presidencial, para construir gobiernos de mayoría capaces de tomar decisiones y avanzar decisiones en muchos rubros. Por su parte, el aumento del número de votos necesario para que los partidos conserven su registro será una modificación clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas. Además, la iniciativa ciudadana y la de la Suprema Corte de Justicia otorgará a ambos actores la capacidad de proponer soluciones a tantos problemas que conocen de sobra.
Con este evento, los panistas del estado de México hemos manifestado nuestro respaldo al clamor ciudadano que de distintas maneras exige cambios inmediatos y de fondo al sistema político mexicano. Es el caso del desplegado denominado “no a la generación del no” que convoca a los legisladores a “dejar atrás diferencias menores y el interés coyuntural a favor de una visión de futuro audaz y alentadora”.
Ese debe ser el ánimo para una Reforma Política del país pero también para una Reforma política y electoral en el estado de México. La reforma mexiquense debería abrir de par en par los procesos democráticos a la ciudadanía así como fortalecer la autonomía y la confianza, severamente mermadas en fechas recientes, del Instituto Electoral del estado de México. Debería además hacer una apuesta por la eficacia y, entre otras cosas, efectuar una redistritación de la entidad a fin de reducir el número de diputados locales.
Artículo publicado el pasado 6 de marzo en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx






Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que 




