You are currently browsing the tag archive for the 'poder legislativo' tag.
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: WordPress.com
Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
Foto: www.sdpnoticias.com
Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
El próximo 1º de septiembre arranca una nueva Legislatura del Congreso de la Unión y, con ella, la necesidad de hacer frente a retos mayúsculos en nuestro país. En el contexto de una crisis económica global que amenaza al empleo, la inversión y el crecimiento, en un momento álgido de nuestra lucha contra el crimen organizado y durante un periodo de tres años que se antoja crucial para el futuro de México, los integrantes de la LXI Legislatura tenemos la oportunidad de hacer realidad muchas ideas para resolver los problemas prioritarios de nuestro país.
Los partidos políticos, sin duda, tenemos agendas legislativas las cuales a pesar de obvias diferencias, mantienen algunas coincidencias muy relevantes. En temas propios de una reforma del Estado, la opinión mayoritaria de los líderes de las distintas fuerzas políticas es a favor, por ejemplo, de la reelección legislativa. Sin duda, urge legislar para crear esta figura, demarcar sus alcances y establecer sus límites –personalmente creo que uno o dos periodos consecutivos sería suficiente-. Se registra un consenso cada vez mayor a favor de reducir el número de legisladores así como de efectuar una nueva reforma electoral que enmiende algunos elementos que, durante la pasada jornada, probaron su ineficacia para regular los comicios.
Esta agenda, que distintos actores empresariales, intelectuales y sociales están promoviendo, podríamos denominarla de competitividad, y se basa sobre todo en las conclusiones del más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Aborda, entre otros, los siguientes aspectos prioritarios: 1) Maximizar la renta petrolera mediante una auténtica reforma energética que abriera a la inversión privada la exploración y extracción de petróleo al tiempo de flexibilizar sustancialmente la regulación del sector, 2) Otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia legislando para que tenga mayores prerrogativas sobre más mercados, imponga multas mayores, regule sindicatos y genere un clima de competencia en los distintos sectores productivos especialmente en el de las telecomunicaciones (a este punto volveremos más adelante), 3) Mantener un equilibrio presupuestal para, antes de pensar en elevar impuestos, asegurarnos de que se utilicen y recauden con eficiencia, quizá mediante la creación de una Comisión Federal de Eficiencia Presupuestal y la homologación de la Cuenta Pública Nacional, 4) Crear un sistema de seguridad social universal para los mexicanos así como permitir la libre competencia de los aseguradores privados , 5) Diseñar una nueva estrategia comercial para privilegiar sus relaciones con países clave con los que no hay tratado de libre comercio y que son grandes potencias importadoras -como China e India-, desarticular políticas proteccionistas como el uso de cuotas antidumping y antisubvenciones así como hacer una desgravación arancelaria mayor de productos industriales y otros bienes, 6) Hacer una fuerte apuesta a favor de la inversión urgente para la capacitación informática en todos los niveles educativos, eliminar la denominada “marginación digital”, multiplicar centros de capacitación y aprendizaje fuera de la estructura educativa formal, crear un Sistema Nacional de competencias laborales empresariales para enseñar a competir a los mexicanos en un mundo cada vez más globalizado así como cambiar el modelo universitario para ajustarlo a los estándares internacionales reflejados en el Proceso de Bolonia, entre otras reformas.
A estas ideas de gran valía para desahogar una agenda de competitividad, algunos autores han pugnado recientemente por una agenda anti monopólica. Es el caso de Jorge Castañeda y Manuel Rodríguez Woog quienes, en un libro y un artículo de reciente aparición, proponen una serie de reformas para asegurar el desmantelamiento de uno de los elementos clave del viejo régimen y cuya presencia explica en buena medida el rezago de México: las corporaciones y los monopolios públicos y privados. Han propuesto además una agenda para la protección social y ciertas reformas institucionales –en donde convergen ampliamente con el IMCO-. Coincido con los autores cuando sustentan que este no es un programa de gobierno sino una agenda para la discusión durante los próximos tres años. Eso es precisamente uno de los principales cometidos de la nueva Legislatura. Con estas ideas, y muchas otras provenientes de la propia sociedad civil, de organizaciones empresariales, agencias internacionales y los propios partidos políticos, puede comenzar una reflexión y un debate parlamentario que eventualmente provoque cambios trascendentales para México.
Foto: www.redescolar.ilce.edu.mx
Artículo publicado el pasado 15 de agosto de 2009 en Milenio Diario Estado de México
Embajador Carlos Pascual
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado adjunto para América Latina
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
El domingo pasado, un país centroamericano llamó la atención del mundo entero. Su presidente, José Manuel Zelaya, fue expulsado por un comando militar dando cumplimiento -según manifestaron ambas partes- a una orden emitida por la Suprema Corte. Acto seguido, su Congreso celebró una sesión especial en donde, por unanimidad, incluidos los legisladores del partido gobernante, se aprobó un Decreto mediante el cual se le separó del cargo y se nombró en su lugar a Roberto Micheletti Baín, hasta entonces Presidente del Congreso. Micheletti gobernaría, según el Decreto, hasta enero de 2010 cuando está contemplada una sucesión presidencial a partir de los resultados de los comicios que están previstos para celebrarse en noviembre próximo.
Foto:www.reflector.com
Un golpe de Estado, con toque de queda y suspensión de garantías individuales, que no augura nada bueno para la construcción democrática de Honduras pero que tampoco es un golpe convencional como los que estábamos acostumbrados a observar en nuestra región en las décadas de los años setenta y ochenta. De hecho, es un golpe más a la frágil institucionalidad democrática de ese país como los que ha venido sufriendo en los últimos años. Un golpe inaceptable, en efecto, pero que ha seguido a otros que el propio Zelaya, convertido ahora en líder populista, le venía propinando a Honduras y sobre los cuales la comunidad internacional prácticamente no se pronunció.
En julio de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que Honduras estaba muy cerca de ser completamente incapaz para alimentar a su propia población e invitó a la comunidad internacional a proveerle ayuda de manera urgente. Algunas semanas antes, las principales empresas transnacionales anunciaron su decisión de “no invertir un peso más en Honduras” como respuesta a la inflación, las pérdidas económicas generadas por el gobierno y las alzas locales en los precios de los alimentos y los combustibles. En este contexto, Zelaya decidió ingresar a Honduras a la “Alternativa Bolivariana para las Américas” y, con ello, irritó a amplios sectores de la sociedad de ese país quienes se oponían a esa decisión. Junto a otras decisiones que terminaron por dividir a la sociedad hondureña, Zelaya se fue quedando prácticamente solo en una serie de proyectos políticos. El más importante de ellos era, sin duda, su reelección. Cuatro días antes de su detención, Zelaya destituyó al jefe del estado mayor de las fuerzas armadas quien se negó a distribuir más de 15 mil urnas –la denominada cuarta urna- para que los ciudadanos depositaran precisamente el domingo un voto a favor de establecer una Asamblea Constituyente, que reemplazaría de facto al Congreso, y que reformaría la Constitución para otorgarle a Zelaya cuatro años más en el poder.
El jefe del estado mayor y el ministro de Defensa se negaron a apoyar a Zelaya en la organización de este referéndum surgido del recetario político bolivariano, toda vez que existía una orden judicial mediante la cual las fuerzas armadas debían mantenerse al margen de esa consulta que el Tribunal Supremo Electoral y la Suprema Corte de Justicia habían rechazado y considerado ilegal con base en el artículo 374 de la Constitución Hondureña que prohíbe modificar el principio de no reelección presidencial.
El rechazo que en la comunidad internacional ha suscitado este golpe es comprensible. De ninguna manera es justificable la interrupción de las normas legales y constitucionales de sucesión en el poder. Hay que condenar el golpe porque su existencia supone que una democracia no cuenta con mecanismos perfectamente legales para deponer a un líder autoritario y claramente antidemocrático.
En cambio, lo que es incomprensible, es que no se reitere con suficiente ahínco la necesidad de que sean los hondureños y solamente ellos, sin intervención extranjera de ningún tipo – sobre todo después de que el presidente Chávez amenaza con “derrocar” a Micheletti- quienes deben decidir sobre el futuro de su país. Es incomprensible también que solamente en casos como éste se haga referencia a la Carta Democrática Interamericana –cuando también entraña principios importantes que han sido vulnerados en múltiples ocasiones en distintos países de la región, especialmente por los regímenes autoritarios de algunos países del ALBA, encabezados por notables ex golpistas en Centro y Sudamérica. Pero lo que resulta aún menos comprensible es que sea hasta ahora, y no cuando el país presentaba los primeros rasgos de un deterioro político y económico sin precedentes, cuando la comunidad internacional y los organismos internacionales voltean la mirada hacia Honduras.
La visión de la solución también tiende a ser reduccionista en muchos aspectos. Prácticamente todos los actores internacionales se manifiestan por la restitución de Zelaya en la presidencia hondureña. Como si solo eso resolviera lo que es una gravísima crisis política entre los poderes constituidos. Es indispensable, por tanto, hacer un llamado a la concordia entre poderes, al diálogo, la no violencia y la protección de los derechos humanos. A respaldar un proceso de paz y reconciliación que pasa por apoyar la celebración de elecciones transparentes y por brindar la más amplia cooperación internacional para, sin vulnerar la soberanía de ese país, consolidar la solidez de sus instituciones.
Será condición indispensable que la Organización de Estados Americanos lejos de amenazar mediante un ultimátum con expulsar a Honduras –paradójicamente semanas después de aprobar la readmisión de Cuba- adopte el rol que le corresponde como mediador y facilitador de soluciones duraderas a conflictos complejos.
Artículo publicado el pasado 4 de julio en Milenio Diario, EdoMéx
Aunque ya hemos abordado, en este mismo espacio, el tema del voto nulo y sus múltiples implicaciones para el futuro de la democracia en nuestro país, la persistencia de este discurso en el debate público nos obliga a repensar alternativas viables a esta idea. Anular el voto, insisto, no aporta, salvo la crítica a los partidos políticos, ningún elemento útil al proceso democrático y al mejoramiento de nuestras instituciones. En cambio, lo que sí funciona, es la creación de contextos de exigencia a los partidos para que se comprometan activamente con reformas políticas de gran envergadura. Me refería yo, en su momento, a la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía mantener el control sobre sus representantes, reconociendo su trabajo con la reelección o sancionándolo con su voto en contra. Esta reforma incentivaría, además, la profesionalización y la autonomía de los legisladores, suprimiría su curva de aprendizaje que resulta cada vez más onerosa, fortalecería al Poder Legislativo en sus importantes tareas y estrecharía considerablemente los vínculos entre ciudadanía y políticos.
Hay que señalar que la reelección legislativa ha sido históricamente una propuesta del Partido Acción Nacional que es hoy, felizmente, una gran exigencia ciudadana.
Pero además de una reelección legislativa no ilimitada, es necesario revisar de nuevo el tema de las candidaturas independientes. En efecto, los partidos políticos son instituciones consustanciales a la democracia. Sin ellos, la democracia representativa no puede ser funcional en nuestra sociedad contemporánea. Los partidos son el conducto idóneo para que la ciudadanía manifieste sus preferencias políticas, son un mecanismo de construcción de liderazgos, son un marco de referencia indispensable para la competencia electoral y, por supuesto, para la formación de gobiernos. En consecuencia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a ser votados deben ser postulados por un partido político.
Sin embargo, en los regímenes electorales de buena parte de las democracias del mundo, aunque no en todas por supuesto, existe un espacio dispuesto para lo que se denomina candidaturas ciudadanas. De esta manera, un ciudadano puede presentarse a elecciones bajo una serie de requisitos formales y competir junto con los candidatos nominados por los partidos políticos a puestos de elección popular. Esto es posible en democracias consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Australia, España, Japón, Bélgica, Holanda, India, así como en nuevas democracias como Chile, Corea, Hungría, Turquía, Filipinas, Polonia, entre otras.
La legislación electoral en estos países ha tomado las precauciones debidas para que, como dice José Antonio Crespo, se encuentre un punto medio para evitar que la postulación sea excesivamente difícil o demasiado fácil. Además, para que tengan el respaldo ciudadano necesario para representar, con eficacia, a un sector de una población determinada.
Estas candidaturas ciudadanas son muy importantes, para los sistemas políticos que deciden incorporarlas, toda vez que tienen el objeto de abrir un espacio para la expresión y representación política apartidista que suele refrescar una contienda electoral, incentivar a una mejor selección de candidatos y a un mejor desempeño de los partidos políticos además de encauzar cierto descontento ciudadano a la vida pública institucional.
Gracias a la legislación electoral de algunos estados esto ya es posible en entidades como Yucatán y Sonora, aunque exclusivamente para la esfera política local. Por tanto es de hacer notar que los principales partidos políticos representados en el Senado de la República han determinado revisar la figura de las candidaturas ciudadanas para eliminar las restricciones y limitaciones que aún la impiden en las leyes federales, sobretodo en la legislación electoral nacional.
Luego de la reclamación de Jorge Castañeda ante el Sistema Interamericano, por lo que acusó fue una violación a sus derechos políticos, legislar en esta materia es una obligación inaplazable del Poder Legislativo. Pero más aún, después de constatar que nuestra consolidación democrática depende hoy más que nunca de reformas que reconstruyan y fortalezcan los nexos entre ciudadanía y actividad política.
Foto: www.ife.org.mx
Artículo publicado el 27 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.enlineadirecta.info
En las últimas semanas, uno de los temas más relevantes entre la opinión pública de cara al próximo proceso electoral tiene que ver con el denominado voto nulo. Para sus defensores, la idea de acudir a las urnas y anular las boletas se justifica por una serie de razones que van desde el descrédito y la desconfianza que existen entre la población hacia los partidos políticos hasta la idea de que no hay suficientes opciones entre los partidos y candidatos actuales. Muchos de ellos han manifestado que de esta manera se hará frente al “monopolio” de la política electoral que mantienen los partidos políticos y han advertido incluso que hay una crisis de nuestro esquema de representación política. Este movimiento –afirman- tiene el objetivo de generar un esquema de exigencia hacia los partidos políticos y movilizar a la sociedad civil en demanda de cambios profundos en la democracia mexicana.
Los detractores de esta iniciativa afirman que anular el voto es eludir la responsabilidad más importante que tienen los ciudadanos en materia política. De acuerdo con José Woldenberg, por ejemplo, quienes hagan eso “dejarán en manos de quienes sí vamos a votar” la decisión de cómo se integrará la Cámara de Diputados, los Congresos locales, quienes serán los gobernadores, los presidentes municipales, entre otros cargos de elección popular. Advierten también que si hay alguna corriente política-ideológica que no se siente suficientemente representada en el espectro institucional, que busque su registro como partido político. Esto porque, arguyen con mucha razón, no es posible construir una democracia moderna sin partidos políticos.
Coincido mucho más con quienes se oponen al voto nulo. Sin embargo, eso no significa dejar de reconocer que hay elementos valiosos en la argumentación de sus apologistas. En principio, concuerdo con su análisis según el cual los vínculos entre ciudadanía y partidos están cada vez más lastimados. Además, estoy convencida de que es indispensable generar contextos de exigencia a los partidos a fin de que se vuelvan mejores, más competitivos, más transparentes, responsables y confiables. También sé que hay una urgencia por ampliar el régimen de rendición de cuentas a todos los aspectos de la actuación de los partidos políticos. Adicionalmente, simpatizo con cualquier iniciativa que desde la sociedad civil plantee mejorar el funcionamiento de nuestra democracia.
Pienso, a diferencia de otros políticos, que aunque no la compartamos hay que respetar la opción que representa el voto nulo y actuar en consecuencia. Implica un rechazo generalizado a los partidos que nos obliga a hacer un análisis serio sobre lo que hemos venido haciendo mal. Implica una oportunidad, además, para hacer una autocrítica que normalmente está ausente en la respuesta que algunos políticos han venido dando a esta idea. El voto nulo y el abstencionismo, aunque de distinto origen y motivación, deben provocar en nosotros –los políticos- una fuerte reacción para, en muchos aspectos, corregir el rumbo y mejorar nuestras propuestas.
Sin embargo, el voto nulo no resulta una iniciativa creativa para promover cambios en nuestro país toda vez que no plantea ninguna alternativa salvo el rechazo mismo. Al contrario, el grupo que lo promueve debería organizarse para comprometer a los candidatos a suscribir una agenda de compromisos que los obliguen a transformar las instituciones y las reglas en que operan nuestras organizaciones políticas.
No hay que olvidar que hemos pasado de un México monocolor, sin alternativas políticas y con un régimen de partidos sumamente débil a un país con instituciones políticas plurales y competitivas. Con el voto nulo corremos el riesgo de sabotear ese avance democrático que, en definitiva, debemos consolidar. Antes que fortalecer el mandato de la representación popular, lo cual incentiva un mejor desempeño del político electo, el voto nulo abonaría a debilitar el mandato popular y a excluir a la población del proceso democrático. En resumidas cuentas, una persona que vota por un partido tiene más autoridad para reclamarle una respuesta a sus demandas que una persona que anuló su voto. Por tanto, la rendición de cuentas tiende también a disminuirse.
Los promotores del voto nulo sostienen que todos los políticos somos iguales lo cual es a todas luces falso. No sólo en los partidos encontramos agendas contrastantes en muchos temas de la vida pública sino que encontramos a distintos candidatos, distintos perfiles, igualmente contrastantes, de donde los electores escogen libremente conforme a su conciencia. Además, corremos también el riesgo de que este llamado a anular el voto termine promoviendo ciertos apetitos autoritarios de personas y entidades que, como bien señalan diversos analistas, les importan mucho más sus intereses que la democracia misma. Peor aún, en el supuesto de que el voto nulo alcance una proporción significativa en la elección, paradójicamente saldrían beneficiados aquellos acostumbrados a prácticas corporativistas de manipulación y movilización burda del voto.
En suma, demandarnos a los políticos más respuestas ante los graves problemas que enfrenta nuestro país siempre es positivo y plausible. Quienes militamos en los partidos políticos estamos obligados a responder a ello y a transformar lo que en su estructura ya no es funcional para este propósito. Pero plantear la anulación del voto sin ofrecer ninguna otra propuesta para enriquecer la democracia no parece una opción encomiable. Una de ellas podría ser la reelección legislativa como un auténtico mecanismo de control y rendición de cuentas que le daría más poder al voto ciudadano.
Artículo publicado el pasado 13 de junio de 2009 en Milenio Diario, EdoMéx.
No cabe duda que el Presidente Calderón está encabezando una fuerte batalla contra el narcotráfico lo que ha comenzado a minar sensiblemente la fuerza de los carteles de la droga y la estructura operativa y de mando de las cúpulas criminales. Se ha golpeado con eficacia al tráfico y la comercialización de drogas, se está golpeando también a la estructura de complicidad política, judicial y empresarial en la que opera y, sin duda, se está librando una dura batalla contra fenómenos directamente asociados con este terrible lastre como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Sin embargo, es el momento de emprender con fuerza una estrategia complementaria para no sólo afectar la oferta de droga sino, además, reducir su demanda. Eso implica, por supuesto, robustecer una campaña de prevención, rehabilitación y tratamiento de las adicciones.
El problema de las drogas, nos recuerda la Organización de las Naciones Unidas, sigue siendo un reto mundial que pone en grave peligro la salud y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, además de que socava la estabilidad socioeconómica y política, entorpece el desarrollo sostenible, genera pobreza así como desintegración social y familiar.
Se calcula que tan sólo en Estados Unidos, el impacto económico de la drogadicción es multimillonario. Según estas estimaciones, el costo total del abuso de sustancias en este país, incluyendo costos relacionados a la salud y al crimen así como a la pérdida de productividad excede el medio billón de dólares anuales. Por supuesto, Estados Unidos, sigue siendo el principal país consumidor de droga en el mundo con más de 22 millones de personas con problemas de adicciones. Sin embargo, en México, las cifras de adicciones comienzan a ser también preocupantes.
De acuerdo con información oficial, en México el consumo de drogas asciende aproximadamente a 500 toneladas anuales y el mercado mexicano de drogas supera los 450 millones de dólares anuales. Además, el número de consumidores de drogas en México –especialmente marihuana y cocaína- aumentó 51% de 2002 a 2008. Lamentablemente, la mayoría de estos nuevos adictos son jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad.
De ahí la importancia que tiene armonizar nuestras estrategias de reducción de la oferta con la reducción de la demanda y, por tanto, la puesta en marcha de iniciativas para la prevención, la educación, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren de adicciones.
Foto: www.impreso.milenio.com
Por supuesto, el financiamiento a estas acciones preventivas y de rehabilitación nunca es suficiente. Por ello, la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio representa una oportunidad extraordinaria para aprovechar lo que se ha venido haciendo en casos de decomisos. Un caso emblemático son los 205 millones de dólares en efectivo que fueron decomisados al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon. La tercera parte de esos recursos se destinaron fundamentalmente a la creación de Centros para el control y tratamiento de adicciones. Se trata de 70 de los 300 Centros Nueva Vida que se construirán durante la administración del presidente Felipe Calderón. Actualmente, los centros ubicados en los estados de Guanajuato, Sonora y Durango, entre otros, se han erigido precisamente utilizando el dinero que Ye Gon obtuvo de su venta ilícita de pseudoefedrina a los cárteles de la droga para la producción de metanfetaminas.
Con la Ley de Extinción de Dominio, recientemente aprobada por el Congreso, se otorga al Estado las facultades necesarias para atacar a las organizaciones criminales ahí donde más les duele: los recursos financieros, el dinero en efectivo, la posesión de inmuebles y otras propiedades. Sería pertinente utilizar estos recursos que serán decomisados fundamentalmente para una gran campaña de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren de adicciones en México.
De esta manera estaríamos invirtiendo sobre todo en la población más vulnerable y susceptible a engancharse con la utilización de las drogas. Me refiero a los jóvenes mexicanos con quienes hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para mostrarles los efectos perjudiciales del abuso de drogas, para incluirlos en nuevos y amplios proyectos de empleo, actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas y, en general, para ponerlos en el centro de las políticas públicas.
Artículo publicado el pasado 6 de junio del 2009 en Milenio – EdoMéx.
Foto: www.elespectador.com
Al reciente y contundente operativo, por el que fueron detenidos 10 alcaldes, 16 funcionarios de alto nivel, y un juez de primera instancia en Michoacán por probables nexos con el crimen organizado, se vincula recientemente otra detención de gran relevancia para el combate a la delincuencia en nuestro país. En días pasados se informó de la detención de 11 integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos Javier Ortiz Chávez, alias el Arqui, ex policía y jefe de las operaciones de esta organización criminal en el Estado de México. La banda, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se dedicaba al secuestro, tráfico de drogas y extorsión en los municipios mexiquenses de Coacalco, Tultepec, Tultitlán y Ecatepec.
En efecto, el crimen organizado ha conseguido penetrar en las entrañas de corporaciones policíacas, judiciales, empresariales y de gobierno al punto que este tipo de operativos resultan indispensables para desmantelar la estructura alterna que han creado para beneficio y protección del hampa. Es preciso desarticular estas redes de complicidad e impunidad toda vez que abonan a dos terribles paradojas de la seguridad pública en nuestro país y concretamente en el Estado de México. En primer lugar, las corporaciones policíacas, quienes deberían dar seguridad a los ciudadanos, son precisamente los principales cómplices de la delincuencia. En segundo lugar, las cárceles, en lugar de apartar y rehabilitar a los delincuentes, son verdaderas escuelas del crimen, auténticos centros de reclutamiento y capacitación de nuevos criminales.
Estas paradojas son particularmente alarmantes al comprobar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en materia de secuestros, feminicidios y actos de corrupción.
Nuestra demarcación, en efecto, ocupa el nada honroso primer lugar nacional en denuncias por delitos del fuero común, tomando en cuenta que son responsabilidad directa de los Estados de la Federación. Además, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México así como del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el Estado de México se registraron 172 secuestros durante 2008 además de que, en ese mismo año, 36 personas fueron asesinadas producto de este crimen.
Por ello, los candidatos de Acción Nacional han propuesto crear un Sistema único de información policial -a fin de monitorear y registrar el comportamiento de todos los integrantes de los distintos cuerpos policíacos- así como promover un registro administrativo de detenciones para dar seguimiento a todos los casos.
Igualmente importante resulta una reforma al sistema carcelario y judicial a fin de imponer la cadena perpetua a los secuestradores, establecer trabajo obligatorio para los reclusos para que ellos mismos –y no todos mediante nuestros impuestos- asuman los costos de su manutención en los penales, promover penas alternativas para delitos menores así como establecer medidas para transparentar los procesos judiciales y mejorar el salario de los defensores de oficio.
Asimismo, una convicción de Acción Nacional tiene que ver con promover la seguridad ciudadana y de ahí la propuesta para establecer la denuncia anónima de delitos, crear el Sistema Estatal de Prevención del Delito y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Con estas medidas podrá emprenderse una estrategia integral contra la inseguridad en la que participe plenamente la ciudadanía evaluando las políticas y el desempeño de las instituciones de seguridad pública, así como fomentando una cultura cívica de la denuncia y el combate a la impunidad.
Las instituciones de seguridad pública y el sistema de justicia penal en nuestro país requieren una transformación de fondo. La reforma integral al sistema judicial nos obliga a hacer un esfuerzo para que esto sea una realidad en el Estado de México. Así podríamos estar dando un primer paso para romper las paradojas que han venido lastimando a la sociedad mexiquense.
Artículo publicado el pasado 30 de mayo del 2009 en Milenio diario EdoMéx
