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Foto: oem.com.mx | Firma del acuerdo el pasado 16 de febrero de 2012
En el contexto actual de lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado en México, resultaba evidente la vulnerabilidad de un sector de la población. Me refiero al constituido por niñas, niños y adolescentes víctimas de la delincuencia y de situaciones de violencia criminal. De ahí que mediante un esfuerzo conjunto sin precedentes, el Presidente de la República así como diversas Secretarias de Estado, el DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la representación de UNICEF en México suscribieron, el jueves pasado, el Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. De lo que se trata es de preservar la integridad física, emocional y psicológica de los menores con independencia de cómo se han visto involucrados en escenas de violencia criminal. Esto supone, además, capacitar al personal que participa en operativos contra la delincuencia para que sepan la manera idónea de actuar ante la presencia de un menor, proteger su identidad y la confidencialidad de sus datos personales y recibir, en todo momento, atención especializada y un trato digno con respecto a su género y edad. Se trata, desde luego, de un esfuerzo más por armonizar nuestras políticas públicas con las mejores prácticas internacionales que tutelan, sobre cualquier otra consideración, el interés superior del niño como columna vertebral en la actuación del Estado. El Acuerdo reivindica un punto central de cualquier estrategia del Estado para combatir la delincuencia –atender el sufrimiento de las víctimas- y le da una visibilidad pública al sufrimiento infantil como nunca antes. Todos hemos visto el dolor de niños que de la noche a la mañana se convierten en huérfanos a manos de la delincuencia, el desconcierto de miles de jóvenes que arrastrados por múltiples causas terminan engrosando las filas del crimen con profundas consecuencias psicológicas, hemos sufrido con ellos cuando desaparecen sus familiares, cuando atestiguan el asesinato de sus padres, de sus hermanos. Todos estos niños, niñas y adolescentes necesitan mucha atención. Necesitan el respaldo del Estado y de la sociedad no sólo para brindarles la atención psicológica, legal y económica que resulta indispensable en el corto plazo sino para garantizarles un futuro mejor, libre de violencia, y colmado de oportunidades para su desarrollo en todos los planos. Necesitan que todos juntos evitemos procesos de revictimización y de mayor vulneración de sus derechos. Como afirma la UNICEF, la idea es crear una cadena de protección a la infancia dirigida a ayudarles a superar lo que han vivido siempre de manera involuntaria.
Un esfuerzo de esta naturaleza exige, sin embargo, un esfuerzo mayor de parte de los otros Poderes de la Federación. En el legislativo tenemos una importante tarea pendiente. Por un lado, la institucionalización de esfuerzos como éstos mediante nuevos dispositivos legales y, por el otro, un proceso integral de armonización de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en nuestro derecho interno. En el judicial, hay mucho que puede hacerse aún para mejorar la atención que se brinda a estos niños en su calidad de víctimas y no se diga al que se les otorga en su calidad de acusados de alguna conducta delictiva. Aún mayúsculo, el esfuerzo vale la pena. No hay que olvidar que es fundamentalmente por ellos, por su tranquilidad y su bienestar, la lucha que día a día todos los mexicanos libramos contra la delincuencia.
Foto: Radio Fórmula | Firma de derogación de la tenencia vehicular
Artículo publicado el pasado 21 de mayo en Milenio Diario, estado de México
Una primera y obvia conclusión tras una semana de campañas para elegir gobernador en el estado de México es que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” es un demagogo profesional. En su afán por seguir la táctica populista de su antecesor, primero aseguró que firmaría ante notario seis mil compromisos de campaña de los que él mismo asegura ignorar su costo y viabilidad. Más tarde, ofreció una serie de medidas que o se ubican fuera de sus facultades legales o son procesos en marcha y bajo la responsabilidad de otras autoridades. Ya sea por ignorancia o por una deliberada intención de engañar al electorado, Eruviel Ávila ofrece reducir el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) cuando en realidad se trata de un impuesto Federal de cuya determinación se encarga exclusivamente la Cámara de Diputados. Además, promete entubar el Río de la Compañía, obra que está en proceso y que es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Al continuar mintiendo y agraviando la inteligencia de los mexiquenses el candidato del PRI ofreció eliminar la tenencia vehicular. Sin embargo, fue desde Septiembre de 2007 cuando el Presidente de la República, Felipe Calderón, comenzó el proceso de eliminación de la ley que estableció este injusto y abusivo impuesto federal a la tenencia vehicular en 1967. Mediante el decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, se otorga un fuerte incentivo a las entidades federativas para dejar de cobrar este impuesto que el gobierno federal decidió ya no recaudar. Después de severos exhortos en esta dirección hacia las autoridades mexiquenses -uno de ellos de mi autoría desde el Senado de la República a inicios del 2010- en Febrero de 2011 el gobernador Peña Nieto informó que a partir del 2012 se derogaría el pago de la tenencia en la entidad. Por lo tanto, este y otros ofrecimientos de Eruviel Ávila se enmarcan en cierta forma de hacer política que tanto daño ha hecho al estimular el clientelismo, encumbrar a políticos corruptos que no rinden cuentas y abrir una brecha cada vez mayor entre el poder y los ciudadanos.
Mediante promesas manipuladoras e irrealizables, el demagogo intenta vender un paraíso terrenal que contrasta, cada vez de manera más escandalosa, con una realidad desoladora a la que cotidianamente se enfrentan millones de mexiquenses. La deliberada intención de mentir y ofrecer una imagen falsa incluso se puede advertir en la manera en que el candidato se transporta. Utilizar un helicóptero rentado, seguramente a un costo muy elevado, para hacer los traslados de un municipio al otro y luego subirse a una camioneta para dar la falsa impresión de que llegó por carretera es apenas un botón de muestra. En contraste, las necesidades más apremiantes de la población se quedan una vez más sin respuesta. Por ello, ya es justo que la alternancia llegue al estado de México dejando atrás décadas de mentira y arbitrariedad.
Gráfico: beckgza.wordpress.com
Aunque parezca una obviedad que los derechos humanos formen parte de la parte dogmática de cualquier Constitución contemporánea, hasta hace muy poco tiempo México era una excepción en esta materia entre las democracias del mundo. A pesar de múltiples avances, los mexicanos no contábamos aún con una serie de disposiciones constitucionales para, entre otras cosas, armonizar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos con nuestro derecho interno. Finalmente, y después de años de diálogo, negociación y deliberación entre las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso y toda clase de organizaciones de la sociedad civil, la reforma se fortaleció extraordinariamente.
El pasado 8 de abril, el Senado aprobó esta reforma constitucional que, para el Sistema de las Naciones Unidas en México, supone “el paso más significativo en este campo en los últimos años” y “un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales”. Si bien es cierto que aún falta el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, el amplio consenso que ha suscitado parece indicar que la reforma prosperará.
Como objetivo fundamental la reforma pretende, si se me permite la expresión, constitucionalizar los Derechos Humanos consagrados en una pléyade de compromisos internacionales firmados por México y, con ello, darles plena operatividad y exigibilidad en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, mediante un juicio de amparo de acuerdo con el nuevo contenido del artículo 103. Se trata, además, de hacer de la promoción y respeto de los derechos humanos no sólo una tarea prioritaria del Estado mexicano sino un criterio orientador de todos los actos de gobierno. De ahí que se ha establecido el de los derechos humanos como principio rector de la Constitución misma –el capítulo primero se llamará ahora De los Derechos y sus Garantías- pero también de la educación, la política exterior, el sistema penitenciario y, por supuesto, de las políticas públicas como las relativas a la seguridad, la prevención y el combate al crimen. Se establece además el principio pro homine o pro persona, según el cual las normas han de interpretarse y aplicarse siempre de la manera más conveniente para el ser humano y se otorga un impulso extraordinario a la larga tradición de asilo y refugio que nuestro país ha enarbolado por décadas. Mediante esta reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplía sus facultades así como sus responsabilidades en esta materia –adquiriendo por ejemplo la facultad para conocer quejas y emitir recomendaciones en materia de derechos humanos laborales- y se establece el derecho de audiencia de toda persona extranjera en la eventual aplicación del artículo 33 constitucional.
La reforma es revolucionaria, por tanto, no sólo en términos jurídicos sino también en términos culturales. Se trata de reconocer, por primera vez en nuestra historia, que existen derechos inalienables a la condición humana que deben ser protegidos y garantizados plenamente por nuestro orden jurídico. Derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contemplados por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el derecho a la vida, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la protección a la familia, los derechos políticos, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y la servidumbre de cualquier índole son derechos que no podrán ser restringidos. Corresponde ahora alentar a los Congresos estatales para ratificar esta reforma cuanto antes a fin de que arranque su vigencia así como los procesos legislativos ulteriores para garantizar su eficacia plena. Mientras tanto hay que celebrar la unanimidad con que se aprobó esta reforma. Es muestra de que los legisladores estamos obligados y somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias partidistas y electorales para concentrarnos en lo que debe ser verdaderamente nuestra ocupación cotidiana: los intereses de la sociedad mexicana.
Artículo publicado el pasado 19 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Un gran acierto fue la organización, en el ITESM campus Toluca, del foro denominado “Reforma Política” el pasado 2 de marzo. Bajo los auspicios del Congreso mexiquense, el evento convocó a distinguidas personalidades políticas, académicos y funcionarios quienes analizaron y debatieron sobre los distintos elementos de la reforma política presentada por el Presidente Calderón al Congreso de la Unión. Gracias a esta encomiable iniciativa, hubo oportunidad para contrastar esta propuesta con las que, en su momento, han presentado tanto el PRD como el PRI. Luego de las intervenciones de Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Alejandro Poiré, Benito Nacif, Mireille Roccatti, entre muchos otros, no sólo quedaron claras las ventajas de la iniciativa presidencial sino que, además, fue evidente que existen coincidencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar una reforma. Más aún, quedó de manifiesto la urgencia por legislar para mejorar nuestra democracia, hacer más eficientes nuestros procesos legislativos y dotar a la ciudadanía de una verdadera capacidad de control sobre los distintos procesos político-electorales.
La reelección legislativa, la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa preferente, el referendo para reformas constitucionales, la reducción del número de legisladores y las candidaturas independientes, fueron puntos medulares de la discusión. Aunque no parece haber un consenso total en todas las materias, lo cierto es que los participantes fueron enfáticos en resaltar una realidad incontestable: dejar como está el sistema político actual sería un grave error, equivalente a dejar pasar la ultima oportunidad para transformar muchos de los mecanismos que impiden reformas de fondo en nuestro país. Tal y como señala la iniciativa presidencial, la democracia electoral aún no se traduce en una mayor capacidad de los gobiernos para atender y resolver con eficacia los problemas de la ciudadanía. La reforma política, en efecto, al ampliar los derechos ciudadanos puede hacer una aportación muy importante en esta dirección.
Muchas de las presentaciones tuvieron también la virtud de desdibujar las falacias o premisas falsas, como las llamó Luis Carlos Ugalde, en que se basan algunas reacciones ante la iniciativa presidencial. Es el caso de la reelección legislativa que lejos de dar lugar a abusos -muchos de ellos en nuestra memoria histórica vinculada a la reelección presidencial en el siglo XIX- está destinada a convertirse en un formidable mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores ante sus electores. Además, el Congreso se vería sumamente fortalecido y sus integrantes se profesionalizarían notablemente. Básicamente las mismas razones justifican ampliamente la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales.
Los proyectos de gobierno no se interrumpirían y la sociedad podría decidir si premiar o castigar una buena o mala gestión de su gobierno con el poder de su voto.
La reducción del Congreso promoverá la transparencia y una operación más eficaz para llegar a acuerdos. Además, generará incentivos, lo mismo que la Segunda Vuelta en la elección presidencial, para construir gobiernos de mayoría capaces de tomar decisiones y avanzar decisiones en muchos rubros. Por su parte, el aumento del número de votos necesario para que los partidos conserven su registro será una modificación clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas. Además, la iniciativa ciudadana y la de la Suprema Corte de Justicia otorgará a ambos actores la capacidad de proponer soluciones a tantos problemas que conocen de sobra.
Con este evento, los panistas del estado de México hemos manifestado nuestro respaldo al clamor ciudadano que de distintas maneras exige cambios inmediatos y de fondo al sistema político mexicano. Es el caso del desplegado denominado “no a la generación del no” que convoca a los legisladores a “dejar atrás diferencias menores y el interés coyuntural a favor de una visión de futuro audaz y alentadora”.
Ese debe ser el ánimo para una Reforma Política del país pero también para una Reforma política y electoral en el estado de México. La reforma mexiquense debería abrir de par en par los procesos democráticos a la ciudadanía así como fortalecer la autonomía y la confianza, severamente mermadas en fechas recientes, del Instituto Electoral del estado de México. Debería además hacer una apuesta por la eficacia y, entre otras cosas, efectuar una redistritación de la entidad a fin de reducir el número de diputados locales.
Artículo publicado el pasado 6 de marzo en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: WordPress.com
Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
El próximo 1º de septiembre arranca una nueva Legislatura del Congreso de la Unión y, con ella, la necesidad de hacer frente a retos mayúsculos en nuestro país. En el contexto de una crisis económica global que amenaza al empleo, la inversión y el crecimiento, en un momento álgido de nuestra lucha contra el crimen organizado y durante un periodo de tres años que se antoja crucial para el futuro de México, los integrantes de la LXI Legislatura tenemos la oportunidad de hacer realidad muchas ideas para resolver los problemas prioritarios de nuestro país.
Los partidos políticos, sin duda, tenemos agendas legislativas las cuales a pesar de obvias diferencias, mantienen algunas coincidencias muy relevantes. En temas propios de una reforma del Estado, la opinión mayoritaria de los líderes de las distintas fuerzas políticas es a favor, por ejemplo, de la reelección legislativa. Sin duda, urge legislar para crear esta figura, demarcar sus alcances y establecer sus límites –personalmente creo que uno o dos periodos consecutivos sería suficiente-. Se registra un consenso cada vez mayor a favor de reducir el número de legisladores así como de efectuar una nueva reforma electoral que enmiende algunos elementos que, durante la pasada jornada, probaron su ineficacia para regular los comicios.
Esta agenda, que distintos actores empresariales, intelectuales y sociales están promoviendo, podríamos denominarla de competitividad, y se basa sobre todo en las conclusiones del más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Aborda, entre otros, los siguientes aspectos prioritarios: 1) Maximizar la renta petrolera mediante una auténtica reforma energética que abriera a la inversión privada la exploración y extracción de petróleo al tiempo de flexibilizar sustancialmente la regulación del sector, 2) Otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia legislando para que tenga mayores prerrogativas sobre más mercados, imponga multas mayores, regule sindicatos y genere un clima de competencia en los distintos sectores productivos especialmente en el de las telecomunicaciones (a este punto volveremos más adelante), 3) Mantener un equilibrio presupuestal para, antes de pensar en elevar impuestos, asegurarnos de que se utilicen y recauden con eficiencia, quizá mediante la creación de una Comisión Federal de Eficiencia Presupuestal y la homologación de la Cuenta Pública Nacional, 4) Crear un sistema de seguridad social universal para los mexicanos así como permitir la libre competencia de los aseguradores privados , 5) Diseñar una nueva estrategia comercial para privilegiar sus relaciones con países clave con los que no hay tratado de libre comercio y que son grandes potencias importadoras -como China e India-, desarticular políticas proteccionistas como el uso de cuotas antidumping y antisubvenciones así como hacer una desgravación arancelaria mayor de productos industriales y otros bienes, 6) Hacer una fuerte apuesta a favor de la inversión urgente para la capacitación informática en todos los niveles educativos, eliminar la denominada “marginación digital”, multiplicar centros de capacitación y aprendizaje fuera de la estructura educativa formal, crear un Sistema Nacional de competencias laborales empresariales para enseñar a competir a los mexicanos en un mundo cada vez más globalizado así como cambiar el modelo universitario para ajustarlo a los estándares internacionales reflejados en el Proceso de Bolonia, entre otras reformas.
A estas ideas de gran valía para desahogar una agenda de competitividad, algunos autores han pugnado recientemente por una agenda anti monopólica. Es el caso de Jorge Castañeda y Manuel Rodríguez Woog quienes, en un libro y un artículo de reciente aparición, proponen una serie de reformas para asegurar el desmantelamiento de uno de los elementos clave del viejo régimen y cuya presencia explica en buena medida el rezago de México: las corporaciones y los monopolios públicos y privados. Han propuesto además una agenda para la protección social y ciertas reformas institucionales –en donde convergen ampliamente con el IMCO-. Coincido con los autores cuando sustentan que este no es un programa de gobierno sino una agenda para la discusión durante los próximos tres años. Eso es precisamente uno de los principales cometidos de la nueva Legislatura. Con estas ideas, y muchas otras provenientes de la propia sociedad civil, de organizaciones empresariales, agencias internacionales y los propios partidos políticos, puede comenzar una reflexión y un debate parlamentario que eventualmente provoque cambios trascendentales para México.
Foto: www.redescolar.ilce.edu.mx
Artículo publicado el pasado 15 de agosto de 2009 en Milenio Diario Estado de México
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
