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"Se estima que en los Estados Unidos existen más de un millón 200 mil inmigrantes mexiquenses" | eluniversal.com.mx
A prácticamente a un mes que comience el retorno temporal de migrantes que vuelven a nuestro país para pasar las fiestas navideñas y de año nuevo en compañía de su familia, un trágico fenómeno se asoma apenas ante la opinión pública mexiquense. Se trata de la migración infantil que este año adquiere una proporción preocupante en nuestra entidad.
En el contexto global y nacional, el tema no es necesariamente nuevo. Desde por lo menos hace cinco años, se cuenta con diagnósticos serios que dan cuenta de un repunte global en los flujos migratorios de menores de edad y con reportes que identifican a este grupo en una situación altamente vulnerable. Solos o acompañados, niños y adolescentes emprenden una travesía con el objetivo de encontrar a sus familiares, mejorar sus condiciones de vida o escapar del hambre y la pobreza.
Durante el trayecto, son víctimas de abusos, explotación y maltratos. Algunos son cruel e indebidamente encarcelados, otros son deportados, muchos más terminan trabajando para organizaciones criminales, esclavizados y sometidos a las peores condiciones de subsistencia.
Muchos son víctimas de las organizaciones de trata de personas -1.2 millones según la Organización Internacional del Trabajo-, otros se enfrentan al trabajo en condiciones de alto riesgo para su integridad.
La mayoría, en general, sufre trastornos psicológicos y emocionales que le acompañarán por el resto de su vida.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 24 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos y prácticamente la mitad viaja sin compañía alguna. A este grupo habrá que añadir al menos otros 12 mil que, se calcula, son interceptados anualmente antes de que consigan cruzar la frontera. Por tanto, en promedio tendremos al menos 142 niños y niñas que intentan llegar sin éxito a los Estados Unidos y un número aún indeterminado de niños que, en efecto, consiguen su objetivo y llegan al vecino país.
De acuerdo con distintas estimaciones, y tomando en cuenta tanto a niños solos como acompañados, tanto a quienes consiguen llegar a Estados Unidos como a quienes no lo logran, la cifra podría llegar a alcanzar los 150 mil menores al año.
Este número podría ser aún más alto si se consideran los cientos de miles de niños que abandonan sus países de origen principalmente en América Central y arriban a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos o quedarse en nuestro país. De acuerdo con Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán, aproximadamente 40% de los migrantes detenidos en estaciones migratorias mexicanas son jóvenes de aproximadamente entre 14 y 17 años, la mayor parte de ellos no acompañados.
De ahí que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, haya establecido en 2008, la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) quienes están exclusivamente dedicados y adecuadamente capacitados para atender las necesidades de los menores que migran. Asimismo, se implementaron políticas específicas para darles protección directa y prevenir los abusos de los que son víctimas.
Sin embargo, a nivel local, el reconocimiento de esta realidad es bastante reciente. Apenas hace algunos días, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense estimó que el 10% de los niños que emigran solos a los Estados Unidos son originarios del estado de México. Son al menos 2 mil niños y jóvenes mexiquenses quienes, se tiene constancia, intentaron sin éxito migrar a los Estados Unidos convirtiéndose en objeto de deportaciones.
La mayoría de ellos, afirma la autoridad estatal, salen en busca de sus padres. La cifra, en efecto, es alta. Sin embargo, no toma en cuenta el volumen total de menores mexiquenses hacia Estados Unidos. Para ello habría que considerar no sólo a aquellos que consiguen internarse al territorio de la Unión Americana sino, además, a aquellos quienes en el camino son víctimas de crímenes y abusos, del reclutamiento del crimen organizado, el trabajo forzado, la trata y la prostitución, lo cual les impide continuar su camino y formar parte de la estadística oficial.
Muchos de ellos, es factible imaginar, tienen un origen indígena y podrían enfrentarse a más abusos debido a esa condición.
Desde luego que el problema principal tiene que ver con las condiciones que expulsan a la niñez de su lugar de origen y que les permiten llegar inadvertidos a la frontera norte. Pero otros problemas son también mayúsculos. Los menores mexiquenses deportados se ven a sí mismos en algún lugar de nuestra larga y a veces inhóspita frontera norte desprovistos de orientación y apoyo para volver a sus hogares.
De acuerdo con Arnulfo Valdivia, el gobierno del estado de México trabaja con fundaciones y casas hogar públicas y privadas para atender a los menores deportados a la frontera. Afirma que parte del presupuesto se ha aplicado en estas casas en Ciudad Juárez y Tijuana donde reciben apoyo para regresar al estado de México.
El funcionario desafortunadamente deja sin respuesta muchas interrogantes, por ejemplo: ¿Cuántos menores han conseguido volver a sus hogares a partir del apoyo brindado por esos acuerdos? ¿Cuántos de ellos siguen en la frontera? ¿Cuántos niños mexiquenses podrían estar en la Unión Americana y en qué estados? ¿Cuántos de estos niños han conseguido reunirse con sus padres y qué ha hecho el gobierno del estado para procurar este propósito? ¿Cuánto dinero se ha invertido y qué más prevé hacer el gobierno del estado en este rubro?
En fin, muchas preguntas y aún prácticamente ninguna respuesta sobre un asunto que preocupa y consterna a los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 13 noviembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: milenio.com
En el combate al narcotráfico hay un punto central al que frecuentemente no se le dedica suficiente atención. Se trata de la prevención y la rehabilitación que, desde mi punto de vista, debería convertirse en una prioridad tan o más relevante como el combate frontal a los cárteles de la droga. En efecto, parte fundamental de cualquier estrategia contra el narcotráfico pasa por establecer la infraestructura y las políticas públicas que nos permitan rescatar a millones de jóvenes y adultos de las adicciones. México fue por mucho tiempo un país productor de drogas y estupefacientes destinadas fundamentalmente al mercado estadounidense.
En consecuencia, la drogadicción como un problema de salud pública no recibía carácter prioritario en la administración pública. Sin embargo, durante la última década hemos experimentado un aumento considerable en el consumo doméstico de drogas. La tendencia es mundial de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la Organización de las Naciones Unidas. Según este informe, existen actualmente en el mundo aproximadamente 250 millones de personas que consumieron, al menos en una ocasión, sustancias ilícitas durante el 2008, lo cual supone un incremento de 50 millones más que en 2005. De ellos, tan solo el 30% han recibido algún tipo de ayuda en materia de rehabilitación. Los consumidores de marihuana pasaron de 160 a 190 millones, mientras que los consumidores de cocaína son hoy 19 millones. Todos ellos son potenciales adictos más allá de la altísima cifra de consumidores “problemáticos”, es decir, aquellos que experimentan un grado muy profundo de fármacodependencia.
La situación en México dista de ser más optimista. De acuerdo con información recabada por la Encuesta Nacional de Acciones 2008, el número de personas que consumieron alguna vez una sustancia ilegal aumentó en un 30% en el lapso de 5 años, entre el periodo 2002 y 2008, llegando a más 4.5 millones en la actualidad. Peor aún, son los niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, el grupo de mayor vulnerabilidad toda vez que prácticamente el 36% de los jóvenes en ese rango de edad, se vuelven farmacodependientes. Tanto el consumo de la marihuana, como el de la cocaína, las anfetaminas, el crack, la heroína y otras sustancias han aumentado considerablemente entre la población joven. El consumo de las drogas legales – alcohol y tabaco- también ha aumentado sustancialmente por lo que hace falta revisar a fondo el esquema actual de tolerancia social y flexibilidad legal de estas drogas que resultan igualmente nocivas para la salud.
Pero más allá de las tendencias globales, hay un problema severo de desempleo, falta de oportunidades y escasas políticas para procurarles educación, actividades recreativas y culturales que explica parcialmente esta escalada en el uso de drogas entre la población joven. El consumo de drogas tiene toda clase de repercusiones nocivas para la descomposición del tejido social, la desintegración de las familias además de la pérdida invaluable del talento, la energía y las aportaciones que los jóvenes pueden hacer al desarrollo del país en distintos rubros.
Por ello, la semana próxima presentaré una iniciativa ante el pleno del Senado de la República a fin de declarar el año 2011 en nuestro país como el “Año para la prevención y rehabilitación de adicciones”. Se trata no sólo de hacer consciencia del grave problema que enfrentamos sino, adicionalmente, de hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fin de que contemple una partida presupuestal especial destinada a fortalecer la estrategia nacional para la prevención y tratamiento de adicciones. El exhorto es también al Gobierno Federal y a los gobiernos locales, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto para emprender un esfuerzo coordinado con el objetivo de colocar en la agenda de prioridades públicas a la prevención y rehabilitación de adicciones.
En el estado de México el problema tiene una magnitud tanto o más grave que la registrada a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el 45% de los jóvenes en nuestra entidad abusa del alcohol de manera alarmante. Peor aún, de los 10 municipios del país donde existen las tasas superiores de consumo de drogas a nivel nacional, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Toluca- se encuentran en el estado de México.
Como respuesta a este desafío, los legisladores locales de Acción Nacional han presentado importantes iniciativas de ley. Una de ellas, promovida por el diputado Gustavo Parra Noriega, fue aprobada esta misma semana en el Congreso mexiquense. Con esta reforma, se creará un sistema estatal contra las adicciones en el que los 125 municipios están obligados a participar en un esfuerzo centralizado que dejará atrás las décadas de dispersión para realizar acciones de prevención y tratamiento en la entidad.
Del éxito o fracaso de esfuerzos de esta naturaleza depende, en buena medida, el futuro de millones de jóvenes así como el desenlace de la escalada de violencia asociada al narcotráfico que los mexicanos venimos sufriendo.
Artículo publicado el pasado 2 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.
Además, Bolton ordenó la suspensión de la disposición que convertía en delito que un inmigrante solicitara u obtuviera un empleo en espacios públicos, la que se refería a arrestos sin orden judicial de aquellas personas que policías estatales y locales consideran que son “deportables” y la que establecía fuertes castigos a los inmigrantes que no se registraran ante el Departamento de Seguridad Interna. En la suspensión, la magistrada refiere que al aplicar estas disposiciones se corren dos peligros muy importantes. En primer lugar una “posibilidad significativa de que los agentes arresten de manera errónea a inmigrantes ilegales” al juzgarles por su aspecto y por no portar sus documentos. En segundo lugar, una “presión distinta, inusual y extraordinaria sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer”. Más aún, refirió que la libertad de las personas detenidas podría verse gravemente interferida durante el periodo en que se harían las comprobaciones correspondientes sobre su estatus migratorio. Por tanto, el fallo de la Juez Bolton es un respiro ante lo que parecía la puesta en marcha de una serie de medidas draconianas y xenófobas contra los mexicanos y la comunidad latina en su conjunto en el estado de Arizona.
No obstante que es un primer paso significativo en contra de este tipo de legislación, el bloqueo resulta insuficiente por varias razones. En primer lugar por su carácter eminentemente provisional. La decisión de la Juez Bolton fue, como se esperaba, objeto de una apelación por parte de Jan Brewer, la Gobernadora de Arizona, quien promulgó la ley. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco California, misma que podría respaldar o desdecir la decisión de Bolton.
Adicionalmente, se espera que pronto se den a conocer las fechas para el desahogo de al menos otras siete demandas interpuestas por distintas organizaciones en contra de la aplicación de la ley. Se espera, también, que se presenten recursos de apelación que podrían llevar todos estos litigios hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, proceso que podría llevar varios meses e incluso años hasta verse completamente culminado. En segundo lugar, resulta insuficiente en el sentido de que no hizo referencia explícita a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, asunto de fondo sobre el cual deberá pronunciarse en algún momento otra autoridad judicial. Esto, en definitiva, abrió la puerta para que la juez Bolton no objetara la puesta en marcha de disposiciones que, si bien no son las más controversiales, atentan igualmente contra los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y, eventualmente, contra la propia Constitución y múltiples Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos de América es parte. Desde el jueves pasado, en virtud de las disposiciones de la Ley Arizona que la juez no objetó, es delito transportar o prestar refugio a un inmigrante indocumentado. También es un delito alentarlo a vivir en Arizona, contratarlo para prestar cualquier clase de servicio y auxiliarle en otros asuntos relacionados con el empleo. Además, la ausencia de un primer señalamiento con referencia a la inconstitucionalidad de la ley podría estimular o, al menos, no disuadir a otros estados de la Unión Americana a promulgar legislaciones similares. En definitiva, la juez Bolton no sólo debió referirse a la inconstitucionalidad de la ley sino que, adicionalmente, debió haber suspendido la ley completa y no sólo algunas de sus disposiciones.
Resulta también insuficiente ante una Gobernadora y unos alcaldes, como el de Phoenix, que no tienen empacho en declarar que esto es apenas “una piedra en el camino” y que las redadas continuarán. Para el tristemente famoso alguacil del condado de Maricopa- Joe Arpaio-, nada ha cambiado y seguramente se las arreglará para seguir deteniendo, con toda impunidad, a miles de inmigrantes –la mayoría mexicanos- que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Al calor de las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, estos personajes no cesarán en su esfuerzo por colocar el tema migratorio al centro del debate electoral con el único de fin de verse respaldados en las urnas por los sectores más conservadores del electorado. Peor aún, la administración del Presidente Obama parece demasiado cauta, utilizando un lenguaje demasiado diplomático y ataviada con un perfil público más bien bajo frente a este asunto cuando, en cambio, debería estar encabezando una cruzada para aprobar una reforma migratoria integral tal y como lo prometió desde su campaña.
No obstante, aún hay esperanza de que el destino de la Ley Arizona sea el mismo que el de la Ley 187 y otras iniciativas similares que han sido derrotadas en los Tribunales de la Unión Americana. En este proceso, el Gobierno Mexicano a través de los Consulados en Arizona tiene un papel muy importante que desempeñar. De cualquier forma, el daño está hecho y será difícil para la comunidad latina en Arizona –tan numerosa y provechosa para la economía y la sociedad estadounidense- recuperar la confianza y la tranquilidad en un estado donde abunda el miedo y la zozobra.
Artículo publicado el pasado 31 de julio en Milenio Diario, estado de México
Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social divulgó información muy importante para el diagnóstico actual del trabajo infantil en nuestro país. Lamentablemente, hay más de 3 millones de niños mexicanos trabajando y, prácticamente, una tercera parte de ellos tienen entre 5 y 13 años de edad lo cual representa no sólo un lastre moralmente inaceptable sino un crimen contra la infancia. Cabe señalar que, de acuerdo con la definición oficial de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estas cifras tan sólo dan cuenta de aquellos menores entre 5 y 17 años que desempeñan alguna actividad económica. Por tanto, esta estimación excluye a un grupo potencialmente numeroso de niños y niñas que realizan otras actividades de carácter esencialmente urbano como limpiaparabrisas, cuidadores de vehículos, payasos, malabaristas o cantantes de crucero, pedigüeños, lustradores de calzado, cargadores de bolsas de mandado, empacadores o trabajadores a destajo a cambio de una propina. También excluye a niños y niñas que desempeñan un trabajo fundamentalmente doméstico. De acuerdo con un Informe reciente de UNICEF, cientos de miles de niñas y niños entre 5 y 17 años dedican muchas horas semanales a actividades que podemos denominar como quehaceres del hogar, con lo que también distorsionan y trastocan lo que debería ser una sana y feliz infancia o adolescencia. Evidentemente tampoco incluye a niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual y la prostitución o integrantes de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con expertos, el incluir a este grupo de niñas y niños en la estadística, tarea muy compleja a nivel técnico, podría arrojar cifras y datos francamente alarmantes. A esta estadística también convendría sumar a los niños trabajadores inmigrantes quienes, especialmente en el sur del país, son un grupo numeroso que enfrenta un sinnúmero de riesgos.
Aunque en los últimos años se han establecido políticas orientadas a la protección de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad –con las que se logró una reducción en la tasa de ocupación infantil del 12.5 al 10.7%- estamos muy lejos de erradicar esta abominable práctica. Son varias las condiciones socioeconómicas y culturales que hacen posible su supervivencia. En primer lugar, entidades con bajo desarrollo económico y escaso acceso a la educación básica así como hogares que perciben ingresos de dos salarios mínimos o menos presentan una incidencia considerablemente mayor de distintas modalidades de trabajo infantil. Ya sea en el trabajo agrícola en las zonas rurales o en el comercio y la manufactura en el ámbito urbano, el 80% de los niños que trabajan pertenecen a familias de muy bajos recursos, escasos niveles educativos y entornos económicamente deprimidos. Todos ellos enfrentan situaciones que de una u otra manera suponen violaciones a sus derechos humanos, abusos, vejaciones y explotación. Un efecto inmediato y particularmente nocivo tiene que ver con la inasistencia escolar. De acuerdo con cifras oficiales, 58% de la población infantil ocupada no asiste a la escuela y prácticamente 65% de los niños trabajadores entre 14 y 17 años la abandona para siempre. De esta manera, no sólo detienen abruptamente su desarrollo académico, social y humano sino que limitan considerablemente su capacidad para salir de la pobreza al llegar a la edad adulta. Además, algunos de sus derechos esenciales consagrados en distintos instrumentos internacionales como los que se refieren a la educación, al juego, la diversión y a crecer en un entorno familiar con afecto y amor, les son sistemáticamente violados. Es también el caso de su derecho al descanso y disfrute del tiempo libre toda vez que el 68% de los niños y las niñas que trabajan se dedican no sólo a una sino a dos o más actividades laborales al día. A eso los obliga una trágica realidad en la cual suelen jugar un papel fundamental. Muchos de ellos proveen a sus hogares de los recursos necesarios para subsistir. Con frecuencia son niños y adolescentes trabajadores quienes, en comunidades de alta marginalidad, se convierten en jefes de familia con responsabilidades de adultos y, en ocasiones, con los deberes asociados a una paternidad o maternidad prematura.
De nueva cuenta, el estado de México registra uno de los peores índices a nivel nacional en este rubro. La medición más reciente de menores ocupados con un no familiar –precisamente el grupo que más preocupa- muestra al estado de México como la entidad federativa puntera en la lista. Con un alarmante 12.6% del total de niños trabajando, el estado de México está a la zaga de otras entidades federativas que han puesto en marcha programas exitosos en la materia y presenta una dramática realidad que lamentablemente no ha ocupado a las autoridades responsables en la materia. En este mismo espacio, y en otras páginas de este mismo diario, hemos venido insistiendo en la urgencia de dar una respuesta eficaz a cientos de miles de niños que en municipios como Chalco, Chimalhuacán y Metepec trabajan jornadas extenuantes para satisfacer las necesidades esenciales de sus familias (Véase la columna publicada el 20 de junio de 2009 y los reportajes de investigación de Martha D. Gómez en distintos ejemplares de Milenio estado de México en ese mes). Sin embargo, las autoridades mexiquenses parecen más interesadas en efectuar costosas giras internacionales, apoyar campañas electorales en otros estados e insistir en una vergonzante promoción de la imagen del Gobernador en el contexto de la próxima sucesión presidencial.
Por tanto, no es ocioso recordar que México se ha comprometido con la comunidad internacional a eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 y a eliminar de tajo todas las formas de éste para el año 2020. Aunque falta mucho por hacer, el primer paso esta dado con la creación del Módulo de Trabajo Infantil que con el apoyo de UNICEF ha arrojado el primer diagnóstico y hoja de ruta para combatir este flagelo. Toca ahora concretar una Reforma Laboral que aborde este tema y a las entidades federativas, de manera especial al estado de México, responsabilizarse de lo que le toca para garantizar una efectiva protección a la infancia que enfatice la educación, la recreación y el desarrollo integral de los menores que trabajan.
Artículo publicado el pasado 17 de julio en Milenio Diario, Estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.
En la recuperación de Haití ante una de las peores catástrofes en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe, la comunidad internacional ha adquirido un papel fundamental. Apenas fluían las noticias sobre la devastación de Puerto Príncipe y de buena parte del país caribeño, los principales organismos internacionales comenzaron a coordinar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción. Con un saldo de alrededor de 200 mil muertos, según estimaciones de la Comisión Europea, 2 millones de niños huérfanos, cientos de miles de heridos y millones de damnificados sin hogar, sin alimentos ni agua potable, el terremoto de Haití y sus secuelas se han convertido en una prioridad imperiosa para los esfuerzos de cooperación internacional. Ante el colapso casi total de la infraestructura pública de salud, seguridad, transporte, comunicaciones, energía y servicios públicos, la Organización de las Naciones Unidas y decenas de países movilizados en auxilio de Haití se han venido enfrentando a problemas logísticos sin precedentes. Sin embargo, bajo el liderazgo de la ONU, la Unión Europea y múltiples organismos no gubernamentales, la ayuda está llegando y los esfuerzos de reconstrucción están en marcha.
En este proceso, México ha venido haciendo una serie de contribuciones muy importantes. A partir de nuestra propia experiencia como mexicanos, quienes hemos vivido en carne propia los estragos de un terrible terremoto como el de 1985, y en virtud de nuestra vocación y compromiso históricos con la ayuda humanitaria internacional, hemos brindado una cooperación sin precedentes a este hermano y entrañable pueblo caribeño. Hasta el momento de escribir estas líneas, nuestro país ha enviado 10 aviones y un buque con suministros, ayuda humanitaria, equipos de rescate y 208 especialistas en distintas labores médicas, de protección civil y rescate. Además, el Presidente Calderón ordenó el envío de una contribución mexicana de aproximadamente 8 millones de dólares para apoyar la hercúlea labor que encabeza el Presidente René Préval.
Otra dimensión del esfuerzo de México tiene que ver con su participación en organismos multilaterales. Nuestro país auspició la celebración de la sesión especial del Consejo de Seguridad que emitió la resolución 1908 mediante la cual se decidió aumentar considerablemente el número de efectivos de la Misión de estabilización de Haití (MINUSTAH). Además, México sigue haciendo hincapié en la urgencia de adaptar la misión a las nuevas necesidades que emanan de esta nueva condición de emergencia. Más importante aún, contingentes mexicanos como los heroicos “Topos” han venido efectuando funciones de rescate – localizando a más de 16 personas con vida entre los escombros- trabajando en los refugios, brindando servicios de salud a miles de personas y apoyando el establecimiento de medidas epidemiológicas. Adicionalmente, se espera en breve, la partida del buque Papaloapan que llevará mil 200 toneladas de ayuda y dos helicópteros que serán utilizados para facilitar la descarga de dos mil kilos de carga en cada viaje. Esta ayuda ha sido recopilada de donaciones públicas y privadas que cientos de miles de personas, empresas y organizaciones solidariamente han enviado a distintos centros de acopio para las víctimas del terremoto. En Haití, día y noche trabajan incansablemente brigadistas de protección civil, múltiples elementos de la Policía Federal Preventiva, miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, elementos de la Armada de México y un sinnúmero de voluntarios. Desde luego, las funciones de rescate incluyen la identificación y la atención a los mexicanos en Haití. Concretamente las labores se han intensificado para ubicar a 58 de los 138 mexicanos que se estima estuvieron en Haití el pasado 12 de enero. Otro dato muy importante es que el Presidente Calderón ha girado instrucciones para seguir buscando nuevas formas de colaborar en la plena recuperación de Haití y, en ese sentido, se convocará una Cumbre Internacional que, bajo el título de Unidos por un Mejor Haití, coordine ulteriores esfuerzos para la asistencia a la isla.
En el interés de México está ayudar a Haití y brindarle todo el apoyo necesario para devolverle alivio, estabilidad y esperanza. Haití no sólo ha sufrido este terrible acontecimiento sísmico sino que, en el pasado, ha sido azotado por los huracanes, la inestabilidad política, la dictadura, el hambre y la corrupción. Es momento de lanzar una verdadera cruzada por la reconstrucción de este bello e importante país para el continente. Está en el interés del mundo entero impedir que el primer país de la región que obtuvo su independencia, el país pionero en la erradicación de la esclavitud, el lugar que vio nacer a Gérard Pierre-Charles, Yvonne Hakim-Rimpel, Emile Ollivier y tantos otros grandes intelectuales, se convierta en un auténtico Estado fallido.
Como parte fundamental de nuestra tercera frontera, la frontera que tenemos con el Caribe, Haití no debe ser relegado a un segundo plano en nuestra política exterior. En este sentido, los pasos que gobierno y sociedad hemos dado para volcarnos todos en auxilio solidario y fraterno a Haití, son muestra de una voluntad renovada para, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los haitianos, dejar atrás para siempre periodos de relativo abandono e indiferencia en nuestras relaciones.
Artículo publicado el pasado 23 de enero del 2010 en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.
A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad. Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.
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De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.
La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.
En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación. Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.
Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee. Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.
Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.
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En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.
En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.
De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.
Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.
Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.
Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.
Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.
Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.
Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
