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Foto: Saúl López/Cuartoscuro | SDP Noticias
Lo que hace algunos días vivieron el poeta Efraín Bartolomé y su esposa, la arqueóloga Guadalupe Belmontes, es un botón de muestra que revela con toda claridad la convicción autoritaria, represora e intransigente con que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha venido lastimando y pisoteando los derechos de la sociedad mexiquense bajo la excusa de un combate frontal a la delincuencia. Durante un operativo policíaco con el objetivo de detener al líder de una organización criminal, el hogar de Bartolomé así como el de muchos otros habitantes de esa misma colonia ubicada en la delegación Tlalpan del Distrito Federal, fue allanado y asaltado con violencia por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de México. En medio de la madrugada, agentes encapuchados y fuertemente armados golpearon, insultaron y amedrentaron a hombres y mujeres de bien. Allanaron sus moradas, sustrajeron sus pertenencias, les apuntaron con armas largas, los interrogaron. No tuvieron ninguna consideración con personas mayores o con mujeres. A todos les infligieron un daño irreparable a su integridad, su patrimonio y eventualmente al derecho que tienen a vivir tranquilos.
Sin que mediara orden judicial alguna, los agentes no sólo cometieron flagrantes ilegalidades sino que exhibieron un modus operandi que podría haber guiado ya su actuación en eventos similares en el pasado. Y es que sin la notoriedad pública y la valentía de un hombre como su víctima más reciente es altamente probable que estas arbitrariedades nunca hubieran sido reveladas. El procurador Alfredo Castillo, el mismo sobre el que pesa una historia de ineptitud y oprobio que arranca con su actuación como encargado de las investigaciones del caso Paulette, ha pedido disculpas, ha ofrecido indemnizar a los afectados y recuperar lo hurtado. Pero no ha respondido a preguntas cruciales para entender la verdadera dimensión de estas deleznables prácticas policíacas y eventualmente sus implicaciones. Me parece que debería aclarar, por ejemplo, ¿cuántas veces se han realizado allanamientos de esta naturaleza?, ¿quién los ha venido ordenando?, ¿por qué no colaboran con otras corporaciones policíacas para realizar estos operativos? y, muy importante, ¿qué garantías tenemos los mexiquenses de que estas prácticas dejarán de ocurrir y de que los responsables serán castigados como corresponde legalmente?
El procurador Castillo, en un nuevo dislate, justificó estos daños como “colaterales” y afirmó que estos son prácticamente imposibles de evitarse cuando se trata de la detención de un criminal de alta peligrosidad. Sin embargo, si el objetivo era detener a un individuo, vale la pena preguntarse ¿por qué los agentes policíacos robaron objetos como computadoras, relojes, cámaras fotográficas y teléfonos?, ¿por qué integrantes de la policía capitalina no acudieron al llamado de emergencia del poeta?, ¿por qué se recupera el reloj pero no se señala aún a ningún responsable directo por el hurto? Finalmente, ¿dónde está el gobernador para dar la cara por esta atrocidad? Hasta que Castillo y seguramente otros funcionarios no respondan a estas interrogantes, las disculpas no nos recuperarán la tranquilidad y la certidumbre que las autoridades mexiquenses nos han arrebatado.
Artículo publicado el pasado 20 de agosto en Milenio Diario, estado de México
Luis Felipe Bravo Mena | Campaña a la Gubernatura del estado de México 2011 | Foto: Rodolfo Valtierra
En contraste con las campañas de relumbrón de otros candidatos, la candidatura de Luis Felipe Bravo, próximo gobernador del estado de México, está construida sobre la base de un ideario y una serie de propuestas para resolver gran parte de los problemas que a diario enfrentan millones de mexiquenses. Frente a las obras faraónicas que han caracterizado a las administraciones emanadas del PRI, la encabezada por Bravo Mena tendrá como objetivo primordial establecer un diálogo con la ciudadanía a fin de dar respuesta a sus legítimas necesidades y reclamos. En una palabra, se trata de servir a la gente y no a la clase política. Se trata de enfrentar la realidad y no seguirla evadiendo como se ha venido haciendo por décadas. Sus propuestas, a diferencia de las promesas inviables y populistas con las que el candidato del PRI ha venido ofendiendo la inteligencia y traicionando la confianza del electorado, son viables, pertinentes y orientadas a procurar el bienestar de una población lastimada por la inseguridad, el desempleo y la desigualdad.
En primer lugar, urge contar con más seguridad para las familias mexiquenses. Se trata no sólo del problema más sentido de la sociedad sino también uno donde se demuestra la perversidad de un gobierno indolente y omiso ante la dimensión del problema. Aún cuando el estado de México ha recibido de la Federación partidas presupuestales adicionales para cubrir necesidades en este rubro, el gobierno del estado ejerce menos y ejerce mal este gasto. Por ejemplo, invierte tan sólo 258 pesos por habitante en seguridad -mientras el promedio nacional es de 415 pesos- mantiene millonarios subejercicios de hasta por 220 millones de pesos que en definitiva no se utilizaron y obtiene pésimos resultados en la materia. Nuestro estado se ubica en el primer lugar nacional de robo de autos, el secuestro ha crecido 500% durante el gobierno de Peña Nieto y las extorsiones han aumentado al pasar de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Encima, van más de mil feminicidios en los últimos años y un promedio de 8 violaciones al día.
Por ello, es necesario dar un golpe de timón. Necesitamos un nuevo modelo policial, que recupere la confianza de los ciudadanos y que verdaderamente cuide a la gente. Es crucial aquí no sólo establecer certificados con controles de confianza para la policía sino integrar un Observatorio Ciudadano que evalúe los resultados en seguridad pública y que encabece los procesos de monitoreo y limpia de las corporaciones policíacas. Por otro lado, es indispensable reforzar la prevención del delito y atacar formas delincuenciales que lastiman gravemente a las familias. Para ello, se propone establecer un programa permanente de seguridad escolar y otro más para proteger el transporte público donde actualmente las personas son asaltadas a diario. Igualmente urge crear la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y los Centros de Información e Inteligencia. Basta ya de policías quienes, como Rogelio Cortés Cruz, Director de Seguridad Pública y Tránsito, toleran, autorizan y estimulan la corrupción, la extorsión y el cohecho de los agentes de tránsito y otras corporaciones policíacas. Basta también de la utilización siniestra de los recursos destinados para la seguridad a otros fines, incluso los electorales como recientemente se ha puesto de manifiesto. ¡Ya es Justo, seguridad para todos!
Artículo publicado el pasado 4 de junio en Milenio Diario, estado de México
Foto: Radio Fórmula | Firma de derogación de la tenencia vehicular
Artículo publicado el pasado 21 de mayo en Milenio Diario, estado de México
Una primera y obvia conclusión tras una semana de campañas para elegir gobernador en el estado de México es que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” es un demagogo profesional. En su afán por seguir la táctica populista de su antecesor, primero aseguró que firmaría ante notario seis mil compromisos de campaña de los que él mismo asegura ignorar su costo y viabilidad. Más tarde, ofreció una serie de medidas que o se ubican fuera de sus facultades legales o son procesos en marcha y bajo la responsabilidad de otras autoridades. Ya sea por ignorancia o por una deliberada intención de engañar al electorado, Eruviel Ávila ofrece reducir el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) cuando en realidad se trata de un impuesto Federal de cuya determinación se encarga exclusivamente la Cámara de Diputados. Además, promete entubar el Río de la Compañía, obra que está en proceso y que es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Al continuar mintiendo y agraviando la inteligencia de los mexiquenses el candidato del PRI ofreció eliminar la tenencia vehicular. Sin embargo, fue desde Septiembre de 2007 cuando el Presidente de la República, Felipe Calderón, comenzó el proceso de eliminación de la ley que estableció este injusto y abusivo impuesto federal a la tenencia vehicular en 1967. Mediante el decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, se otorga un fuerte incentivo a las entidades federativas para dejar de cobrar este impuesto que el gobierno federal decidió ya no recaudar. Después de severos exhortos en esta dirección hacia las autoridades mexiquenses -uno de ellos de mi autoría desde el Senado de la República a inicios del 2010- en Febrero de 2011 el gobernador Peña Nieto informó que a partir del 2012 se derogaría el pago de la tenencia en la entidad. Por lo tanto, este y otros ofrecimientos de Eruviel Ávila se enmarcan en cierta forma de hacer política que tanto daño ha hecho al estimular el clientelismo, encumbrar a políticos corruptos que no rinden cuentas y abrir una brecha cada vez mayor entre el poder y los ciudadanos.
Mediante promesas manipuladoras e irrealizables, el demagogo intenta vender un paraíso terrenal que contrasta, cada vez de manera más escandalosa, con una realidad desoladora a la que cotidianamente se enfrentan millones de mexiquenses. La deliberada intención de mentir y ofrecer una imagen falsa incluso se puede advertir en la manera en que el candidato se transporta. Utilizar un helicóptero rentado, seguramente a un costo muy elevado, para hacer los traslados de un municipio al otro y luego subirse a una camioneta para dar la falsa impresión de que llegó por carretera es apenas un botón de muestra. En contraste, las necesidades más apremiantes de la población se quedan una vez más sin respuesta. Por ello, ya es justo que la alternancia llegue al estado de México dejando atrás décadas de mentira y arbitrariedad.
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
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No es necesario que los diputados locales del Partido Verde en el Congreso mexiquense se esfuercen en convencernos de lo contrario. El gobernador Enrique Peña Nieto orquestó, con sus adeptos, la aprobación de una ley antidemocrática cuyo objetivo final es impedir una alianza electoral y ciudadana como la que se está construyendo para dar paso a la alternancia tras ocho décadas de autoritarismo en nuestra entidad. En efecto, aprovechando que el país se ocupaba de celebrar el Bicentenario de la Independencia y con el objetivo de hacer la operación lo más oscura posible, la mayoría legislativa en el Congreso del Estado de México asestó un duro golpe a la democracia y los derechos electorales de los mexiquenses. Luego de un debate en el que los diputados del PAN, PRD y PT se opusieron enérgicamente a la propuesta, los diputados del PRI, PVEM, el PANAL, PSD y Convergencia consiguieron aprobar la iniciativa que elimina tanto de la Constitución como del Código Electoral del estado la figura de la candidatura común.
Con una velocidad que raramente se observa en la aprobación de leyes que benefician a la población, tomó prácticamente horas el proceso de presentación, análisis y votación en Comisiones unidas de Asuntos Electorales y Gobernación. Luego de su aprobación final en el pleno, el gobernador Peña Nieto ha asumido con vehemencia la defensa de la ley demostrando que es un traje a su medida. Según él, las candidaturas comunes “confunden” y “provocan confusión entre el electorado”. Peor aún y paradójicamente, las ha acusado de antidemocráticas y oportunistas, cometiendo además la impudicia de equipararlas, durante su V Informe, con la delincuencia organizada como si fuera una amenaza para el país.
En el fondo, el gobernador no es capaz de ocultar el pavor que le produce pensar en que seguramente será el último mandatario estatal en emanar del partido de siempre. Esto no sólo afectaría gravemente su reputación como líder del priismo nacional sino que entorpecería en gran medida sus ulteriores aspiraciones políticas. Ese fue el mismo ánimo que lo llevó a buscar afanosamente toda clase de convenios y pactos impresentables a espaldas de la opinión pública.
En primer lugar, lo antidemocrático no son las coaliciones sino el intentar prohibirlas para dejar a salvo un viejo enclave autoritario en la República. En el mundo hay numerosos ejemplos de la manera en que candidaturas comunes y alianzas electorales dan origen a exitosos gobiernos de coalición. Ocurre en Sudamérica, en Europa y, por supuesto, en México.
No hay que olvidar que Oaxaca, Puebla y Sinaloa comenzarán este año su propia transición local a la democracia, la alternancia y la transparencia de la mano de una coalición opositora alrededor de un candidato común. Pero tampoco hay que olvidar que el PRI ha hecho uso de esta figura en múltiples ocasiones. Su propia candidatura, la de Peña Nieto, fue una candidatura común y una alianza electoral entre el PRI y el Partido Verde.
Las coaliciones fueron también una respuesta del PRI a algunas de las candidaturas comunes de la oposición en elecciones recientes como en Sinaloa y Oaxaca.
En segundo lugar, la reforma no puede ocultar el desprecio que el gobierno de Peña Nieto tiene hacia los electores. Durante la discusión legislativa, un diputado del PVEM insistió en que se trataba de evitar la confusión del electorado toda vez que “las candidaturas comunes permiten que en las boletas electorales aparezca la fotografía y el nombre del candidato en diferentes cuadros” por lo que, remata, “el elector llega y marca varios cuadros porque cree que así se debe votar”. A pesar suyo y de sus aliados políticos, quienes con estos argumentos insultan la inteligencia del electorado, los votantes mexiquenses sabemos diferenciar las propuestas políticas detrás de los candidatos e identificar con claridad el contraste que supone un candidato del pasado y una apuesta por el futuro. No hay lugar para confusión porque una coalición electoral, en efecto, se construye alrededor de un candidato común pero también alrededor de un proyecto político y una agenda claramente definidos (véanse Décalogo por una Alianza Opositora, parte I y II, publicados respectivamente el 13 y 20 de marzo en este mismo espacio). Además, supone la construcción de un gobierno que refleje la pluralidad de la alianza electoral con representación de los partidos pero también de los distintos sectores sociales que participaron en su conformación.
En tercer lugar, la reforma muestra el temor que al autoritarismo le infunde una campaña electoral competitiva y abierta. La reforma acortó el periodo de campaña en los comicios para elegir gobernador a celebrarse en julio de 2011. Los diputados votaron por reducir de 90 a 45 días la campaña electoral. Esto tiene profundas implicaciones de toda índole. En principio, supone que los candidatos deberán recorrer nuestro extenso territorio, los 125 municipios que lo conforman, en tan sólo mes y medio. Pero supone también que el candidato sucesor de Peña Nieto intentará refugiarse en la brevedad de la campaña para intentar que la oposición no remonte una inicial desventaja como ocurrió, precisamente, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, fracasos electorales que han calado hondo en el PRI nacional y estatal.
Será imposible que con este tipo de argucias consigan su objetivo de parar lo que ya es por si imparable. Las alianzas llegaron para quedarse y en el estado de México cada día que pasa adquieren mayor fuerza. La batalla política y jurídica que comienza ahora dejará aún más en evidencia la desesperación, el miedo y la desazón del gobernador y sus aliados. El país ya cambió y, a pesar de todas las resistencias, lo hará también el estado de México.
Artículo publicado el pasado 18 de septiembre en Milenio diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
Del análisis de la Cuenta Pública que elaboró y entregó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados hace algunas semanas, se desprende información muy relevante sobre la administración del gobernador Enrique Peña Nieto. Hoy por hoy, el estado de México es la entidad que más recursos recibe y, al mismo tiempo, una de las más opacas en términos de transparencia y rendición de cuentas sobre la aplicación del gasto público. Tal y como sostiene el secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado Daniel Ávila Ruiz, podría haber una relación inversa entre la cantidad de recursos recibidos y los niveles de pobreza, corrupción y opacidad en la entidad.
Gráfico: www.asf.gob.mx
En efecto, el Informe de la Cuenta Pública 2008 destaca una serie de irregularidades, subejercicios y dispendios que dan cuenta de un manejo inescrupuloso de múltiples programas y asignaciones presupuestales en el estado de México. De acuerdo con este Informe, los recursos del Ramo 33, conformado por las aportaciones federales para estados y municipios, ascendieron en 2008 a 40 mil 721 millones de pesos lo cual representa más del diez por ciento de la asignación nacional para salud, educación e infraestructura. Sin embargo, y a pesar de que estos recursos estaban etiquetados para fines sociales y concretamente destinados para el combate a la pobreza, la documentación comprobatoria o no se presentó o resulta completamente insuficiente.
Según el diputado Ávila Ruiz, estas irregularidades podrían acreditarse por desvíos millonarios desde distintos programas públicos. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) da cuenta de la contratación de numerosos trabajadores quienes no realizan ninguna función claramente definida. Esta y otras múltiples irregularidades podrían constituir la evidencia, según la ASF, de un desvío por 549 millones de pesos tan sólo en este programa. Por su parte, las anomalías podrían dar cuenta de un desvío por 332 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) así como el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) que muestra irregularidades por más de 500 millones de pesos. Gracias a estos desvíos de recursos, el saldo de la deuda pública registró un monto ligeramente inferior frente a lo reportado en el ejercicio fiscal previo. De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior, de entre todos los Gobernadores, Peña Nieto obtuvo el premio mayor por irregularidades al registrar desvíos acumulados por más de mil 400 millones de pesos.
Los desfalcos son a tal grado evidentes que darán pie a un importante proceso ulterior. De acuerdo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, mediante un programa piloto de auditorías forenses se investigarán casos como éstos que podrían acreditar graves ilícitos en el desvío de fondos del Ramo 33. Más aún, se cumplió ya el plazo legal de 30 días para que el gobierno de Peña Nieto solvente estas irregularidades o reintegre los montos señalados, por lo que en cualquier momento la Auditoría Superior de la Federación podría interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Es muy importante que este proceso se complete y reducir la posible comisión de estos graves ilícitos. Con ese fin, es pertinente también delinear una reforma que otorgue mayores facultades de escrutinio y sanción tanto a la ASF como a las Auditorías estatales, instituciones clave para la consolidación de nuestra democracia.
Desde luego, no se necesita ser un experto en finanzas públicas para imaginar donde han ido a parar esos recursos. Para nadie es un secreto que el gobernador Peña Nieto está montando -al margen de nuestra legislación electoral- una masiva campaña mediática de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Con una profunda indolencia frente a los múltiples rezagos que en materia social registra el estado de México, el gobernador no piensa en otra cosa que no sea en la sucesión presidencial. Poco le importan los casos de impunidad no resueltos, el dramático ascenso de la inseguridad, los feminicidios y los secuestros en el estado, la precaria condición en que se encuentra la infraestructura en materia de salud y educación, así como la manera en que el narcotráfico y el crimen organizado opera impunemente en la entidad.
Lo que realmente interesa al Gobernador es construir una cortina de humo que le impida a la opinión pública ver con claridad la irresponsabilidad de su gobierno y la corrupción que campea en su administración. De ahí que el mandatario estatal se haya convertido también en una especie de jefe de campaña de su partido en las entidades en donde el PRI corre el riesgo de perder durante las elecciones del próximo 4 de julio. De no ser por esa inmoral y hasta cierto punto ilegal campaña mediática, ni los propios priístas de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala o Sinaloa estarían interesados en recibir su apoyo durante sus mítines de fin de semana.
Artículo publicado el pasado 12 de junio en Milenio Diario, estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.
