You are currently browsing the tag archive for the 'Peña Nieto' tag.
Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.
- Foto: www.piwdw.org
En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.
En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.
De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.
Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.
Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.
Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.
Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.
Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.
Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.tolucanoticias.blogspot.com
De acuerdo con datos oficiales, la población del Estado de México, el estado con mayor densidad demográfica en el país, alcanza ya los 14 millones 800 mil habitantes. De ellos, 6.9 millones de personas, es decir el 46% de la población total del estado, vive en condiciones de pobreza y marginación social. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Gustavo Vicencio Acevedo quien advirtió que esta cifra va en aumento como resultado de distintos fenómenos. Uno de ellos es la migración interna. En efecto, cada año llegan a nuestra entidad, alrededor de 190 mil nuevos residentes, la mayoría originarios del Distrito Federal y otras entidades así como en condiciones de gran precariedad económica. A este fenómeno se añade el histórico rezago económico y de desarrollo social que viven entidades rurales e indígenas como San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero y Sultepec así como entidades y corredores urbanos como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por mencionar tan sólo algunos.
Ante este panorama, advirtió Vicencio Acevedo, no hay recursos que alcancen. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social asignó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales y de apoyo, para la entidad, éste monto es claramente insuficiente para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población afectada.
Pero desde esta perspectiva, las cifras dicen poco de las dificultades que pasan casi siete millones de mexiquenses que viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto de crisis económica, aumento en los precios de los alimentos y satisfactores básicos, desempleo y desintegración familiar. Este es parte del diagnóstico de Miguel Ángel Díaz Carreño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en noviembre pasado presentó los resultados de una investigación sobre esta materia. En promedio, sostiene Díaz Carreño, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios, menos de dos salarios mínimos, y destinan el 50% de esos ingresos a la compra de alimentos lo cual no les permite ahorrar ni invertir en educación, salud y otros rubros importantes para la superación de la pobreza.
En general, las viviendas de estos mexicanos en pobreza patrimonial tienen piso de tierra, los techos son de lámina o madera y no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje. Pero la pobreza, en algunos casos, también es alimentaria. De acuerdo con el Banco de Alimentos Cáritas en el primer trimestre del año la pobreza alimentaria aumentó en 23 de los 125 municipios del Estado de México. Esta organización ha venido documentando la necesidad alimentaria de los municipios localizados en el norte del estado como San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco y Acambay. El grado superlativo de esta pobreza alimentaria es la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses indígenas que, además, enfrentan peores condiciones de marginalidad.
De acuerdo con distintos análisis académicos, la situación general de pobreza suele ser a tal grado desesperada que anualmente 36 mil mexiquenses se marchan a Estados Unidos a trabajar. En promedio, son 100 mexiquenses, la mayoría provenientes de zonas rurales y urbanas de alta marginalidad, quienes diariamente cruzan la frontera norte escapando del desempleo y la falta de oportunidades que priva en nuestra demarcación. En algunas zonas, como Tonatico o Coatepec Harinas, primeros lugares entre los municipios mexiquenses en migración a Estados Unidos, se registra incluso un fenómeno denominado “despoblamiento”. La mayoría de sus habitantes terminan siendo adultos mayores, niños y mujeres que viven de las remesas que los hombres en edad productiva envían desde Estados Unidos.
De los más de dos mil millones de dólares que anualmente envían los migrantes mexiquenses a sus familias, dependen buena parte de éstas comunidades que gracias a ellas atenúan su precariedad. Son ya más de un millón de mexiquenses quienes viven y trabajan en Estados Unidos y a cuyo trabajo y esfuerzo hay que atribuir que las cifras de pobreza y desempleo en el estado no sean aún más alarmantes.
Sin embargo, en el contexto de la actual crisis económica internacional, se prevé el regreso de algunos de ellos y, más importante aún, una reducción importante que ya se registra en el monto de remesas recibidas.
En definitiva, el combate a la pobreza debe convertirse en una altísima prioridad del gobierno del Estado. La generación de empleos, de proyectos productivos, de oportunidades para el desarrollo humano y de mejoras sustanciales en la educación y capacitación para la vida laboral son políticas cuya implementación en todo el estado no pueden esperar más. En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad.
La madrugada del 17 de marzo pasado, los mexiquenses recibimos una alarmante noticia para nuestra seguridad. En sendas operaciones simultáneas, comandos armados y encapuchados tomaron por asalto los destacamentos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) de Tenancingo y Zumpahuacán con el objetivo de sustraer más de 35 armas de grueso calibre, 21 armas cortas, siete escopetas, cinco rifles de asalto y aproximadamente 537 cartuchos así como equipos de radio comunicación. Cuando personal del Ejército Mexicano acudió en apoyo de los policías estatales, se registraron una serie de enfrentamientos tras de los cuales fue posible la captura de 9 de los aproximadamente 30 sicarios que, se calcula, participaron en este atraco. Autoridades estatales y federales informaron haber tomado conocimiento de este ilícito pero hasta el momento de escribir estas líneas no hay resultados claros de las investigaciones.
Este desafortunado evento no puede pasar inadvertido toda vez que es emblemático de la vulnerabilidad que sufrimos los mexiquenses frente al crimen organizado. Si quienes trabajan para protegernos sufren de esta manera sus embates, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Lo cierto es que este hecho está íntimamente relacionado con un contexto sumamente negativo para el desempeño reciente de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). En tres años, el gobernador Peña Nieto se ha visto obligado a cambiar al titular de la misma en cuatro ocasiones. El primero fue Wilfrido Robledo Madrid quien renunció, en febrero de 2007, en medio de un escándalo por la contratación de su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares de la entidad. Robledo Madrid fue además el encargado del desempeño de la Agencia durante los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006. Por ello ha sido señalado por distintas organizaciones de derechos humanos y por el propio ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el principal responsable de uno de los eventos de tortura y abuso más graves que el país haya registrado en los últimos años.
A Robledo Madrid, le siguió en el cargo Héctor Jiménez Baca, removido un año después a causa de la recomendación emitida en su contra por la Comisión estatal de derechos humanos que le acusaba de haber autorizado que más de 500 internos del penal de Neza – Bordo fueran desnudados para controlar un motín registrado en enero de 2008. No es tampoco un secreto que durante su gestión el sur del estado vivió un aumento acelerado de las ejecuciones, los feminicidios y, en general, los delitos violentos.
A Jiménez Baca sucedió en el puesto Germán Garcíamoreno quien renunció el 6 de marzo pasado, apenas unos días antes del atraco. Su renuncia pareció consecuencia obvia de escándalos como el de los policías obligados a trabajar de meseros en actos navideños encabezados por el gobernador. A Garcíamoreno también se le atribuye la reactivación del programa “Vigilantes Voluntarios” mediante el cual los uniformados, en lugar de combatir a la delincuencia, recaban información, puerta por puerta, de los habitantes de distintos municipios mexiquenses lo cual ha dado lugar a fundadas sospechas sobre el posible uso electoral de esos datos. Actualmente, el titular de la Agencia estatal es David Garay Maldonado, ex secretario de seguridad del Distrito Federal y hasta hace algunas semanas, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial del Estado de México.
La sucesión de funcionarios demuestra que, en términos generales, el Estado de México carece de un rumbo claro en la materia. Van cuatro titulares de la ASE y el Gobierno del Estado de México no ha sido capaz de efectuar mejoras sustanciales a la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos y ha sido omisa, según sugerencias de observadores internacionales, en atacar la impunidad y resolver graves fallas operativas.
En todo caso, existen propuestas que podrían dar mayor certidumbre, legitimidad y solidez al desempeño de la ASE. Me refiero a la Iniciativa que, informó el Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, estará presentando en el Congreso mexiquense para que los legisladores locales ratifiquen el nombramiento del titular de la Agencia tal y como sucede con la designación del Procurador general de Justicia de la entidad. Otra propuesta relevante tiene que ver con la creación de un órgano independiente que concentre y sistematice las cifras de incidencia delictiva para evitar la distorsión que la propia Agencia podría haber hecho de las mismas.
Sin embargo será condición esencial para el fortalecimiento y profesionalización de la Agencia el esclarecimiento total y satisfactorio de este infortunado evento. Como segundo paso, el nuevo titular de la Agencia está obligado a diseñar una estrategia de combate al crimen organizado garantizando, en todo momento, los derechos humanos de los mexiquenses.
Artículo públicado el 29 de marzo de 2009 en Milenio-Diario, EDOMEX
ASE - Foto: www.elsiglodetorreon.com.mx
En fechas recientes el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, destacó que durante el último trimestre de 2008, el estado de México perdió 11 mil empleos a causa de la crisis global. Aseguró, además, que a pesar de esta pérdida, el Estado de México se mantiene como una de las entidades del país que ha resentido menos la merma de empleos con respecto al promedio nacional. Al inaugurar la semana pasada el parque industrial Prologis en Cuautitlán Izcalli, el gobernador enfatizó la importancia que tiene la inversión pública y privada en distintos sectores productivos no sólo para mantener el empleo sino para evitar el desfase inminente en la construcción de obras en el estado tales como el Viaducto Bicentenario o la licitación y construcción de nuevas líneas del tren suburbano.
Departamento municipal de empleo del Ayuntamiento de Toluca. www.trespm.com.mx
Sin embargo, con apego a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país alcanzó en enero una tasa de desocupación del 5% de la Población Económicamente Activa y el Estado de México registró durante el ultimo cuatrimestre de 2008 una tasa de desocupación similar del 5.13%. De hecho, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2008, el Estado de México destaca como una de las entidades que registraron mayores tasas de desocupación.
Más aún, según datos dados a conocer en enero pasado por el ex secretario del trabajo estatal, Ignacio Rubí, se proyecta para este año la pérdida de 120 mil empleos lo que derivaría en una fluctuación de la tasa de desempleo entre el 6 y el 7% durante este primer semestre de 2009 en nuestra entidad.
A estas cifras dramáticas, aunque frías, sobre el triste desempeño de la economía del estado en la materia, habría que agregar el verdadero drama que viven los mexiquenses buscando trabajo sin encontrarlo, subempleándose o desempeñándose en un empleo informal y pocas veces legal.
Además, habría que agregar el pobre desempeño de la economía estatal en un indicador crucial para determinar el grado de dinamismo de la industria y los servicios y su capacidad de generación de empleos. Me refiero al Índice Mexicano de Competitividad Estatal 2008 del Instituto Mexicano para la Competitividad que ubica al Estado de México en la posición 25 de las 32 entidades federativas.
De esa urgente necesidad surge la decisión del Congreso de destinar aproximadamente 13 mil millones de pesos al Estado de México en 2009 como parte del Programa Nacional de Infraestructura lo cual proviene, de hecho, del Presupuesto más alto que el Congreso haya destinado históricamente a nuestro Estado.
Así surge también la firma del Acuerdo Mexiquense para la Protección de la Planta Productiva y el Empleo que, sin embargo, está constituido fundamentalmente por políticas de corte paternalista y limitado alcance como la creación de 37 mil empleos temporales en mejora de calles, construcción de aulas, entre otros. El gobernador también anunció otras medidas para incentivar el establecimiento de empresas en la entidad y otorgar apoyos a algunos microempresarios.
En esta línea de políticas se ubica también la distribución de más de medio millón de despensas entre personas de escasos recursos así como la extensión del Programa de Seguridad Alimentaria que entrega una canasta nutricional a familias cuyo ingreso es inferior a 20 pesos diarios.
Para promover el empleo y enfrentar la crisis –que por supuesto no tiene origen en México sino en manejos irresponsables de la economía estadounidense y global- no basta con políticas que, de manera tangencial, aborden el problema sino trazando objetivos de largo plazo que, por ejemplo, estimulen una educación de calidad, aseguren un manejo sustentable del medio ambiente en las actividades productivas, exploten con eficacia sectores económicos con potencial de desarrollo, e inviertan en la innovación tecnológica y la creación de capital intelectual.
En consonancia con esta exigencia, los senadores de la República estaremos ocupándonos de legislar a partir de las conclusiones más relevantes del foro ¿Qué hacer para crecer? a fin de otorgar mayores facultades a los órganos de regulación económica, modificar las leyes de ciencia y tecnología para incentivar su desarrollo, generar una legislación que fomente el crédito, el ahorro y el desarrollo de infraestructura así como efectuar mejoras sustanciales en beneficio de una educación pública de calidad, el adelanto del sector turístico y la simplificación administrativa para atraer mayores flujos de inversión.
Estas reformas tendrán un impacto moderadamente positivo sobre el empleo en nuestra entidad. Sin embargo, han de complementarse con políticas estatales y municipales que, sin asistencialismo ni paliativos, promuevan la competitividad y el desarrollo humano sustentable.
Artículo publicado en Milenio-Diario del EDOMEX, el domingo 1º de marzo del 2009
