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Luis Felipe Bravo Mena | Campaña a la Gubernatura del estado de México 2011 | Foto: Rodolfo Valtierra
En contraste con las campañas de relumbrón de otros candidatos, la candidatura de Luis Felipe Bravo, próximo gobernador del estado de México, está construida sobre la base de un ideario y una serie de propuestas para resolver gran parte de los problemas que a diario enfrentan millones de mexiquenses. Frente a las obras faraónicas que han caracterizado a las administraciones emanadas del PRI, la encabezada por Bravo Mena tendrá como objetivo primordial establecer un diálogo con la ciudadanía a fin de dar respuesta a sus legítimas necesidades y reclamos. En una palabra, se trata de servir a la gente y no a la clase política. Se trata de enfrentar la realidad y no seguirla evadiendo como se ha venido haciendo por décadas. Sus propuestas, a diferencia de las promesas inviables y populistas con las que el candidato del PRI ha venido ofendiendo la inteligencia y traicionando la confianza del electorado, son viables, pertinentes y orientadas a procurar el bienestar de una población lastimada por la inseguridad, el desempleo y la desigualdad.
En primer lugar, urge contar con más seguridad para las familias mexiquenses. Se trata no sólo del problema más sentido de la sociedad sino también uno donde se demuestra la perversidad de un gobierno indolente y omiso ante la dimensión del problema. Aún cuando el estado de México ha recibido de la Federación partidas presupuestales adicionales para cubrir necesidades en este rubro, el gobierno del estado ejerce menos y ejerce mal este gasto. Por ejemplo, invierte tan sólo 258 pesos por habitante en seguridad -mientras el promedio nacional es de 415 pesos- mantiene millonarios subejercicios de hasta por 220 millones de pesos que en definitiva no se utilizaron y obtiene pésimos resultados en la materia. Nuestro estado se ubica en el primer lugar nacional de robo de autos, el secuestro ha crecido 500% durante el gobierno de Peña Nieto y las extorsiones han aumentado al pasar de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Encima, van más de mil feminicidios en los últimos años y un promedio de 8 violaciones al día.
Por ello, es necesario dar un golpe de timón. Necesitamos un nuevo modelo policial, que recupere la confianza de los ciudadanos y que verdaderamente cuide a la gente. Es crucial aquí no sólo establecer certificados con controles de confianza para la policía sino integrar un Observatorio Ciudadano que evalúe los resultados en seguridad pública y que encabece los procesos de monitoreo y limpia de las corporaciones policíacas. Por otro lado, es indispensable reforzar la prevención del delito y atacar formas delincuenciales que lastiman gravemente a las familias. Para ello, se propone establecer un programa permanente de seguridad escolar y otro más para proteger el transporte público donde actualmente las personas son asaltadas a diario. Igualmente urge crear la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y los Centros de Información e Inteligencia. Basta ya de policías quienes, como Rogelio Cortés Cruz, Director de Seguridad Pública y Tránsito, toleran, autorizan y estimulan la corrupción, la extorsión y el cohecho de los agentes de tránsito y otras corporaciones policíacas. Basta también de la utilización siniestra de los recursos destinados para la seguridad a otros fines, incluso los electorales como recientemente se ha puesto de manifiesto. ¡Ya es Justo, seguridad para todos!
Artículo publicado el pasado 4 de junio en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.

adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
No es necesario que los diputados locales del Partido Verde en el Congreso mexiquense se esfuercen en convencernos de lo contrario. El gobernador Enrique Peña Nieto orquestó, con sus adeptos, la aprobación de una ley antidemocrática cuyo objetivo final es impedir una alianza electoral y ciudadana como la que se está construyendo para dar paso a la alternancia tras ocho décadas de autoritarismo en nuestra entidad. En efecto, aprovechando que el país se ocupaba de celebrar el Bicentenario de la Independencia y con el objetivo de hacer la operación lo más oscura posible, la mayoría legislativa en el Congreso del Estado de México asestó un duro golpe a la democracia y los derechos electorales de los mexiquenses. Luego de un debate en el que los diputados del PAN, PRD y PT se opusieron enérgicamente a la propuesta, los diputados del PRI, PVEM, el PANAL, PSD y Convergencia consiguieron aprobar la iniciativa que elimina tanto de la Constitución como del Código Electoral del estado la figura de la candidatura común.
Con una velocidad que raramente se observa en la aprobación de leyes que benefician a la población, tomó prácticamente horas el proceso de presentación, análisis y votación en Comisiones unidas de Asuntos Electorales y Gobernación. Luego de su aprobación final en el pleno, el gobernador Peña Nieto ha asumido con vehemencia la defensa de la ley demostrando que es un traje a su medida. Según él, las candidaturas comunes “confunden” y “provocan confusión entre el electorado”. Peor aún y paradójicamente, las ha acusado de antidemocráticas y oportunistas, cometiendo además la impudicia de equipararlas, durante su V Informe, con la delincuencia organizada como si fuera una amenaza para el país.
En el fondo, el gobernador no es capaz de ocultar el pavor que le produce pensar en que seguramente será el último mandatario estatal en emanar del partido de siempre. Esto no sólo afectaría gravemente su reputación como líder del priismo nacional sino que entorpecería en gran medida sus ulteriores aspiraciones políticas. Ese fue el mismo ánimo que lo llevó a buscar afanosamente toda clase de convenios y pactos impresentables a espaldas de la opinión pública.
En primer lugar, lo antidemocrático no son las coaliciones sino el intentar prohibirlas para dejar a salvo un viejo enclave autoritario en la República. En el mundo hay numerosos ejemplos de la manera en que candidaturas comunes y alianzas electorales dan origen a exitosos gobiernos de coalición. Ocurre en Sudamérica, en Europa y, por supuesto, en México.
No hay que olvidar que Oaxaca, Puebla y Sinaloa comenzarán este año su propia transición local a la democracia, la alternancia y la transparencia de la mano de una coalición opositora alrededor de un candidato común. Pero tampoco hay que olvidar que el PRI ha hecho uso de esta figura en múltiples ocasiones. Su propia candidatura, la de Peña Nieto, fue una candidatura común y una alianza electoral entre el PRI y el Partido Verde.
Las coaliciones fueron también una respuesta del PRI a algunas de las candidaturas comunes de la oposición en elecciones recientes como en Sinaloa y Oaxaca.
En segundo lugar, la reforma no puede ocultar el desprecio que el gobierno de Peña Nieto tiene hacia los electores. Durante la discusión legislativa, un diputado del PVEM insistió en que se trataba de evitar la confusión del electorado toda vez que “las candidaturas comunes permiten que en las boletas electorales aparezca la fotografía y el nombre del candidato en diferentes cuadros” por lo que, remata, “el elector llega y marca varios cuadros porque cree que así se debe votar”. A pesar suyo y de sus aliados políticos, quienes con estos argumentos insultan la inteligencia del electorado, los votantes mexiquenses sabemos diferenciar las propuestas políticas detrás de los candidatos e identificar con claridad el contraste que supone un candidato del pasado y una apuesta por el futuro. No hay lugar para confusión porque una coalición electoral, en efecto, se construye alrededor de un candidato común pero también alrededor de un proyecto político y una agenda claramente definidos (véanse Décalogo por una Alianza Opositora, parte I y II, publicados respectivamente el 13 y 20 de marzo en este mismo espacio). Además, supone la construcción de un gobierno que refleje la pluralidad de la alianza electoral con representación de los partidos pero también de los distintos sectores sociales que participaron en su conformación.
En tercer lugar, la reforma muestra el temor que al autoritarismo le infunde una campaña electoral competitiva y abierta. La reforma acortó el periodo de campaña en los comicios para elegir gobernador a celebrarse en julio de 2011. Los diputados votaron por reducir de 90 a 45 días la campaña electoral. Esto tiene profundas implicaciones de toda índole. En principio, supone que los candidatos deberán recorrer nuestro extenso territorio, los 125 municipios que lo conforman, en tan sólo mes y medio. Pero supone también que el candidato sucesor de Peña Nieto intentará refugiarse en la brevedad de la campaña para intentar que la oposición no remonte una inicial desventaja como ocurrió, precisamente, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, fracasos electorales que han calado hondo en el PRI nacional y estatal.
Será imposible que con este tipo de argucias consigan su objetivo de parar lo que ya es por si imparable. Las alianzas llegaron para quedarse y en el estado de México cada día que pasa adquieren mayor fuerza. La batalla política y jurídica que comienza ahora dejará aún más en evidencia la desesperación, el miedo y la desazón del gobernador y sus aliados. El país ya cambió y, a pesar de todas las resistencias, lo hará también el estado de México.
Artículo publicado el pasado 18 de septiembre en Milenio diario, estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.











