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Gráfico: Milenio Diario
Hace relativamente poco tiempo, los mexicanos contamos con la herramienta idónea para decidir e incidir sobre el futuro político de nuestro país. Gradualmente desde finales de los años noventa, hemos ido cobrando consciencia de la importancia que tiene acudir a las urnas y manifestar nuestra decisión sobre el rumbo de los asuntos públicos en nuestra localidad. Mientras más ciudadanos emitan su voto, mayor exigencia tendrán las autoridades electas para responder a los legítimos reclamos de la sociedad. Sin embargo, para que los mexiquenses salgamos todos a votar este 3 de julio hay razones adicionales y muy poderosas.
En primer lugar, tenemos la oportunidad de dar paso a la alternancia en el estado de México. Por décadas, el PRI ha encabezado el gobierno mexiquense con los resultados que todos tenemos a la vista. A manos del denominado Grupo Atlacomulco, el estado de México se convirtió en una de las entidades más corruptas del país, con índices intolerables de inseguridad y desempleo, con amplias zonas en la marginación y el abandono. Y es que para los políticos priístas las prioridades eran y siguen siendo otras. Primero está la supervivencia política de su camarilla y la estructura corporativista que les cobija, su enriquecimiento personal (no olvidemos el caso Montiel y tantos otros), la protección de su imagen y luego el bienestar de los mexiquenses. Mientras buena parte del país ha efectuado una auténtica transición hacia la alternancia política, el estado de México continúa funcionando aún como un feudo autoritario en el que la impunidad y los abusos se refugian en esta falta de pluralismo político. Sin la alternancia será difícil imaginar un futuro mejor para nuestro estado y los mexiquenses seguiremos siendo tratados como botín político-electoral de una elite sin escrúpulos. El desarrollo urgente de nuestro estado se verá de nuevo obstaculizado mediante las dinámicas clientelares de siempre y tendremos que esperar otros seis años para cambiar lo que ya urgía transformar de fondo hace muchas décadas. El abstencionismo y la apatía cívica sólo fortalecen al autoritarismo y a esta cultura de la arbitrariedad.
En segundo lugar, se trata de darle vida a un proyecto de gobierno viable, responsable y humanista. Nadie mejor para garantizarlo que Luis Felipe Bravo Mena. Mientras Eruviel Ávila representa la continuidad de ese proyecto político perverso y corrupto, Alejandro Encinas representa más corporativismo, el desprecio a las instituciones -encarnado por Andrés Manuel López Obrador, su padrino político- y a la ciudadanía -que se manifestó a favor de una Alianza opositora contra el PRI-. Ese proyecto perpetuaría muchas prácticas del priato y, entre otras cosas, supondría un gobernador mucho más ocupado en promover la candidatura presidencial de López Obrador que en resolver los problemas de los mexiquenses. Con Bravo Mena, en cambio, podemos cambiar de fondo la forma de hacer política, de interactuar con los ciudadanos y de atender sus necesidades más urgentes. Se trata de darle una bocanada de aire fresco a una estructura de gobierno totalmente anquilosada y de compartir el poder con los ciudadanos. En una palabra, se trata de limpiar la casa y trabajar incansable y exclusivamente a favor del bienestar de los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 25 de junio en Milenio Diario, estado de México
Luis Felipe Bravo Mena
Ya lo decía recientemente Juan José Rodríguez Prats, el panismo mexiquense tiene una larga trayectoria en la que abundan éxitos y, como resultado de la condición humana en la actividad política, algunos fracasos, más bien recientes. Durante las elecciones pasadas en la entidad, el PAN registró un severo voto de castigo y, en consecuencia, abrió un amplio proceso de reflexión sobre lo que toca a los panistas hacer para recobrar plenamente la confianza ciudadana. Entre otras lecciones, destaca la de recuperar nuestros orígenes. Esto supone recuperar nuestro ideario, nuestra forma distintiva de hacer política y los principios que han orientado nuestra lucha democrática por décadas. Frente a la amenaza del adversario -un priísmo anclado en el pasado, hundido en un océano de corrupción, enraizado en lo peor de las tradiciones corporativas y autoritarias del antiguo régimen que han entorpecido el desarrollo del estado de México- Acción Nacional debe abanderar una agenda de cambio radical.
Para ello, se necesita un liderazgo con una trayectoria irreprochable dentro del partido, con un trabajo sólido y congruente entre la militancia, con una amplia experiencia y, primordialmente, con calidad moral y profundas convicciones de carácter ético. Luis Felipe Bravo Mena es, por mucho, la personalidad que reúne todos estos rasgos. Por un lado, se trata de un político que se formó en el panismo de los años ochenta, aquel que en condiciones adversas se mantuvo como oposición firme a un régimen que parecía entonces inquebrantable. Fue hombre del Maquío Clouthier en Sinaloa en 1986 y luego un cercano colaborador del entonces candidato presidencial en 1988. Junto con otros muchos hombres y mujeres valientes fue un protagonista del proceso de transición democrática que vivió nuestro país y eso acredita no sólo su compromiso con este ideario sino su amplia experiencia enfrentando a los dinosaurios que se resisten a dejar el poder. En suma, Bravo Mena es la antítesis del político improvisado, del pragmático que aprovecha las coyunturas favorables. Todo lo contrario, es un hombre acostumbrado a la adversidad, al sacrificio, y a la lucha a ras de suelo. Esa fue la tónica de las campañas de 1993 por la gubernatura de la entidad, por la presidencia municipal de Naucalpan y las que lo llevaron a ser electo Diputado Federal y Senador en 1994.
Por otro lado, Luis Felipe ha sido congruente durante toda su carrera política. Nunca ha militado en otro partido político. Nunca ha dejado atrás sus convicciones. Nadie puede señalarle algún capítulo oscuro en su pasado, su integridad está fuera de duda y siempre ha predicado con el ejemplo. Nada más ajeno a Luis Felipe que esos políticos camaleónicos que cambian el color de su piel según las circunstancias. Militando desde abajo, fue electo a la más alta responsabilidad partidista a que un panista pueda aspirar y se convirtió en el Presidente Nacional del PAN en 1999 por dos periodos consecutivos. Su exitosa gestión al frente del partido fue crucial para el aplastante triunfo de Vicente Fox en el 2000 y, en consecuencia, para hacer posible el sueño del Maquío, de Gómez Morín y de todos quienes se entregaron en esta brega de eternidad por la democracia y la alternancia.
Finalmente, Luis Felipe es un mexiquense de toda la vida. Aunque nació en Guanajuato, ha vivido prácticamente toda su vida adulta en el estado de México. Conoce mejor que nadie el estado y sus 125 municipios, conoce sus problemas y los ha vivido en carne propia. Es un mexiquense reconocido y querido por sus vecinos, un padre de familia entrañable y un ciudadano ejemplar.
Por todas estas razones, Luis Felipe Bravo Mena es no sólo el mejor candidato para representar al Partido Acción Nacional en las próximas elecciones del 3 de julio sino, si la ciudadanía se decanta por ella, el candidato idóneo para apuntalar la Alianza opositora que podría echar al PRI del Palacio de Toluca.
Artículo publicado el 12 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
Del análisis de la Cuenta Pública que elaboró y entregó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados hace algunas semanas, se desprende información muy relevante sobre la administración del gobernador Enrique Peña Nieto. Hoy por hoy, el estado de México es la entidad que más recursos recibe y, al mismo tiempo, una de las más opacas en términos de transparencia y rendición de cuentas sobre la aplicación del gasto público. Tal y como sostiene el secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el diputado Daniel Ávila Ruiz, podría haber una relación inversa entre la cantidad de recursos recibidos y los niveles de pobreza, corrupción y opacidad en la entidad.
Gráfico: www.asf.gob.mx
En efecto, el Informe de la Cuenta Pública 2008 destaca una serie de irregularidades, subejercicios y dispendios que dan cuenta de un manejo inescrupuloso de múltiples programas y asignaciones presupuestales en el estado de México. De acuerdo con este Informe, los recursos del Ramo 33, conformado por las aportaciones federales para estados y municipios, ascendieron en 2008 a 40 mil 721 millones de pesos lo cual representa más del diez por ciento de la asignación nacional para salud, educación e infraestructura. Sin embargo, y a pesar de que estos recursos estaban etiquetados para fines sociales y concretamente destinados para el combate a la pobreza, la documentación comprobatoria o no se presentó o resulta completamente insuficiente.
Según el diputado Ávila Ruiz, estas irregularidades podrían acreditarse por desvíos millonarios desde distintos programas públicos. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) da cuenta de la contratación de numerosos trabajadores quienes no realizan ninguna función claramente definida. Esta y otras múltiples irregularidades podrían constituir la evidencia, según la ASF, de un desvío por 549 millones de pesos tan sólo en este programa. Por su parte, las anomalías podrían dar cuenta de un desvío por 332 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) así como el Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) que muestra irregularidades por más de 500 millones de pesos. Gracias a estos desvíos de recursos, el saldo de la deuda pública registró un monto ligeramente inferior frente a lo reportado en el ejercicio fiscal previo. De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior, de entre todos los Gobernadores, Peña Nieto obtuvo el premio mayor por irregularidades al registrar desvíos acumulados por más de mil 400 millones de pesos.
Los desfalcos son a tal grado evidentes que darán pie a un importante proceso ulterior. De acuerdo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, mediante un programa piloto de auditorías forenses se investigarán casos como éstos que podrían acreditar graves ilícitos en el desvío de fondos del Ramo 33. Más aún, se cumplió ya el plazo legal de 30 días para que el gobierno de Peña Nieto solvente estas irregularidades o reintegre los montos señalados, por lo que en cualquier momento la Auditoría Superior de la Federación podría interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Es muy importante que este proceso se complete y reducir la posible comisión de estos graves ilícitos. Con ese fin, es pertinente también delinear una reforma que otorgue mayores facultades de escrutinio y sanción tanto a la ASF como a las Auditorías estatales, instituciones clave para la consolidación de nuestra democracia.
Desde luego, no se necesita ser un experto en finanzas públicas para imaginar donde han ido a parar esos recursos. Para nadie es un secreto que el gobernador Peña Nieto está montando -al margen de nuestra legislación electoral- una masiva campaña mediática de cara a las elecciones presidenciales de 2012. Con una profunda indolencia frente a los múltiples rezagos que en materia social registra el estado de México, el gobernador no piensa en otra cosa que no sea en la sucesión presidencial. Poco le importan los casos de impunidad no resueltos, el dramático ascenso de la inseguridad, los feminicidios y los secuestros en el estado, la precaria condición en que se encuentra la infraestructura en materia de salud y educación, así como la manera en que el narcotráfico y el crimen organizado opera impunemente en la entidad.
Lo que realmente interesa al Gobernador es construir una cortina de humo que le impida a la opinión pública ver con claridad la irresponsabilidad de su gobierno y la corrupción que campea en su administración. De ahí que el mandatario estatal se haya convertido también en una especie de jefe de campaña de su partido en las entidades en donde el PRI corre el riesgo de perder durante las elecciones del próximo 4 de julio. De no ser por esa inmoral y hasta cierto punto ilegal campaña mediática, ni los propios priístas de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala o Sinaloa estarían interesados en recibir su apoyo durante sus mítines de fin de semana.
Artículo publicado el pasado 12 de junio en Milenio Diario, estado de México
El reciente y desafortunado capítulo, altamente publicitado en medios de comunicación nacionales y locales, sobre este pretendido convenio para impedir una alianza en el estado de México abre una nueva discusión sobre esta importante herramienta para la competencia electoral. En distintos estados de la República, el PAN y el PRD están trabajando actualmente para concretar alianzas que le permitan a Oaxaca, Hidalgo, Durango, Puebla y probablemente otras demarcaciones, dotar de una auténtica dimensión local a nuestra transición democrática. De lo que se trata es de romper el autoritarismo, el caciquismo y el patrimonialismo con que el PRI ha venido gobernando esas entidades. Se trata, además, de ofrecer al electorado una auténtica opción para transformar la vida pública en esos estados y desmantelar los feudos que ahí impiden el avance de una auténtica agenda democrática y para el desarrollo. Al menos un decálogo de razones justifican plenamente que una alianza opositora entre el PRD y el PAN (partidos que compartimos mucho más de lo que parece), también se concrete en el caso del estado de México. En esta entrega nos referiremos a los primeros cinco puntos de este decálogo y en la próxima terminaremos de delinear los cinco puntos restantes.
Elecciones 2010 -2012
1. Asegurar la alternancia en el gobierno del estado de México es una prioridad.- La vieja y antidemocrática tradición del presidencialismo priísta de designar al sucesor es un episodio histórico a nivel federal pero es una realidad cotidiana en el estado de México. La alternancia electoral, afirma Denisse Dresser, cambió a los partidos en la Presidencia pero no alteró la forma de hacer política en las gubernaturas donde no hay contrapesos suficientes para impedir a los gobernadores priístas hacer cuanto quieran a su libre albedrío. Eso tiene que terminar pues es el origen de muchos de los problemas que afectan a los mexiquenses.
2. Romper el círculo de la impunidad.- Por norma general, la nueva administración se ocupa de proteger la opacidad de la administración anterior. Ese ha sido el caso de algunos ex gobernadores del estado de México que gozan de una amplia impunidad ante investigaciones que podrían haberles fincado responsabilidad por una serie de actividades deshonestas. Prueba de ello es el reciente nombramiento de una persona con sospecha de ser incondicional al Gobernador como Auditor Superior del Estado, ya que anteriormente era el auditor externo del mismo. Con la alternancia, ese círculo se romperá en beneficio de la justicia y el estado de derecho.
3. Garantizar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales.- De manera indirecta, una alternancia en la gubernatura seria también de importancia para preparar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales. La forma en que el gobernador del estado de México interactúa con un Congreso local sobrerrepresentado por el PRI y sus aliados es indignante. No olvidemos la reforma judicial aprobada en diciembre y medio corregida en enero que envío el Gobernador, la cual generó enfrentamientos nunca antes vistos con los otros dos Poderes de la Entidad, con la que se limita la independencia y autonomia del Poder Judicial y se da una injerencia del Poder Ejecutivo que no ayuda. Hacen falta contrapesos reales en el Congreso y un Gobierno del Estado que no opere electoralmente para favorecer a los candidatos del PRI a posiciones legislativas y ejecutivas en el Estado. Con este elemento, terminaría de resquebrajarse el antidemocrático partido de Estado que el PRI sigue siendo en nuestra entidad.
4. Promover una reforma política en el estado.- No se trata tan solo de expulsar al PRI sino de aprovechar esa oportunidad para impulsar una agenda de reformas que hagan posible que el estado de México remonte una situación lamentable en muchos rubros. De entrada, es indispensable una reforma política que, a tono, con la reforma que a nivel Federal se discute actualmente, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas, y la independencia y autonomía de los órganos electorales en la entidad. En el PAN y en el PRD compartimos estos principios y la preocupación por acercar el ejercicio del poder a la ciudadanía. En este punto es muy importante impulsar una reforma para los mexiquenses que, entre otras cosas, asegure una redistritación electoral que evite la actual subrepresentación en el Congreso. En efecto, como lo ha venido manifestando el diputado local Gustavo Parra, hay distritos electorales como los de Ecatepec y Nezahualcóyotl en los que aproximadamente 400 mil ciudadanos eligen a un diputado mientras que hay otros, en el sur del estado, donde un diputado es electo por menos de 150 mil. En este rubro también se enmarcaría un esfuerzo por reducir el número de diputaciones locales y elevar el porcentaje de ley que un partido político necesita para mantener su registro. Igualmente, en concordancia con la reforma política nacional, podrían impulsarse las candidaturas independientes en el estado de México. La principal fuerza opositora a estas reformas es el PRI y mientras permanezca en el gobierno del estado, serán tan solo parte de un ideario utópico.
5. Provocar una transformación del PRI.- Después de siete décadas de encabezar ininterrumpidamente la Presidencia de la República y haberla perdido en el 2000, el PRI no se ha transformado en parte porque su maquinaria corporativa sigue operando de la misma forma en algunas entidades de la República. Es el caso del estado de México donde los grupos, las familias y las facciones asociadas al poder desde hace décadas siguen gobernando prácticamente de manera automática. El PRI podría ser una fuerza política moderna, competitiva y propositiva que ajustándose a las reglas de la democracia hiciera aportaciones muy importantes al debate de los problemas locales. Sin embargo, no lo hará hasta que la alternancia no alcance a nuestra entidad.
Artículo publicado el pasado 13 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Un gran acierto fue la organización, en el ITESM campus Toluca, del foro denominado “Reforma Política” el pasado 2 de marzo. Bajo los auspicios del Congreso mexiquense, el evento convocó a distinguidas personalidades políticas, académicos y funcionarios quienes analizaron y debatieron sobre los distintos elementos de la reforma política presentada por el Presidente Calderón al Congreso de la Unión. Gracias a esta encomiable iniciativa, hubo oportunidad para contrastar esta propuesta con las que, en su momento, han presentado tanto el PRD como el PRI. Luego de las intervenciones de Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Alejandro Poiré, Benito Nacif, Mireille Roccatti, entre muchos otros, no sólo quedaron claras las ventajas de la iniciativa presidencial sino que, además, fue evidente que existen coincidencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar una reforma. Más aún, quedó de manifiesto la urgencia por legislar para mejorar nuestra democracia, hacer más eficientes nuestros procesos legislativos y dotar a la ciudadanía de una verdadera capacidad de control sobre los distintos procesos político-electorales.
La reelección legislativa, la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa preferente, el referendo para reformas constitucionales, la reducción del número de legisladores y las candidaturas independientes, fueron puntos medulares de la discusión. Aunque no parece haber un consenso total en todas las materias, lo cierto es que los participantes fueron enfáticos en resaltar una realidad incontestable: dejar como está el sistema político actual sería un grave error, equivalente a dejar pasar la ultima oportunidad para transformar muchos de los mecanismos que impiden reformas de fondo en nuestro país. Tal y como señala la iniciativa presidencial, la democracia electoral aún no se traduce en una mayor capacidad de los gobiernos para atender y resolver con eficacia los problemas de la ciudadanía. La reforma política, en efecto, al ampliar los derechos ciudadanos puede hacer una aportación muy importante en esta dirección.
Muchas de las presentaciones tuvieron también la virtud de desdibujar las falacias o premisas falsas, como las llamó Luis Carlos Ugalde, en que se basan algunas reacciones ante la iniciativa presidencial. Es el caso de la reelección legislativa que lejos de dar lugar a abusos -muchos de ellos en nuestra memoria histórica vinculada a la reelección presidencial en el siglo XIX- está destinada a convertirse en un formidable mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores ante sus electores. Además, el Congreso se vería sumamente fortalecido y sus integrantes se profesionalizarían notablemente. Básicamente las mismas razones justifican ampliamente la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales.
Los proyectos de gobierno no se interrumpirían y la sociedad podría decidir si premiar o castigar una buena o mala gestión de su gobierno con el poder de su voto.
La reducción del Congreso promoverá la transparencia y una operación más eficaz para llegar a acuerdos. Además, generará incentivos, lo mismo que la Segunda Vuelta en la elección presidencial, para construir gobiernos de mayoría capaces de tomar decisiones y avanzar decisiones en muchos rubros. Por su parte, el aumento del número de votos necesario para que los partidos conserven su registro será una modificación clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas. Además, la iniciativa ciudadana y la de la Suprema Corte de Justicia otorgará a ambos actores la capacidad de proponer soluciones a tantos problemas que conocen de sobra.
Con este evento, los panistas del estado de México hemos manifestado nuestro respaldo al clamor ciudadano que de distintas maneras exige cambios inmediatos y de fondo al sistema político mexicano. Es el caso del desplegado denominado “no a la generación del no” que convoca a los legisladores a “dejar atrás diferencias menores y el interés coyuntural a favor de una visión de futuro audaz y alentadora”.
Ese debe ser el ánimo para una Reforma Política del país pero también para una Reforma política y electoral en el estado de México. La reforma mexiquense debería abrir de par en par los procesos democráticos a la ciudadanía así como fortalecer la autonomía y la confianza, severamente mermadas en fechas recientes, del Instituto Electoral del estado de México. Debería además hacer una apuesta por la eficacia y, entre otras cosas, efectuar una redistritación de la entidad a fin de reducir el número de diputados locales.
Artículo publicado el pasado 6 de marzo en Milenio Diario, Estado de México
El pasado 7 de febrero, Costa Rica celebró una jornada electoral para elegir a sus autoridades presidenciales, provinciales y cantonales así como para renovar la Asamblea Legislativa. En una auténtica fiesta de la democracia, los comicios se desarrollaron en completa normalidad y prácticamente sin incidentes. Los votantes costarricenses dieron el triunfo, por abrumadora mayoría, a Laura Chinchilla, candidata del Partido Liberación Nacional, ex vicepresidenta y ex ministra de justicia del gobierno encabezado por el premio Nobel de la paz Oscar Arias. De hecho, según cifras oficiales, Chinchilla obtuvo 46.8% de los votos, poco menos del doble de votos que su más cercano contendiente Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana y reconocido líder de la izquierda en ese país. Con ello, y sin necesidad de una segunda vuelta electoral, Chinchilla se convirtió en la primera mujer electa para gobernar la nación centroamericana. En efecto, el próximo 8 de mayo, Laura Chinchilla tomará protesta y se unirá a la lista de jefas y ex jefas de Estado en nuestra región que hasta el momento incluye a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990), Mireya Moscoso en Panamá (1999), Michelle Bachelet en Chile (2005) y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007).
Sin embargo, no es del todo sorprendente que este trascendental paso para la participación política de las mujeres en América Latina se de en Costa Rica, la nación cuyo pacifismo y tradición democrática le han valido el sobrenombre de la “Suiza de América”. No es difícil entender porque se le califica así a este país, dado que el índice de analfabetismo es menor al 10% derivado de que desde 1948 Costa Rica decide abolir el ejercito e invertir ese presupuesto en educación; por si fuese poco son punteros en la preservación y respeto del medio ambiente acompañado de un orgullo e identidad nacional.
Costa Rica, como bien señaló María Emma Mejía, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, “durante 60 años ha tenido una transición de entrega de mando cada cuatro años”. Se dice fácil pero implica un profundo compromiso institucional y ético con la democracia que debería ser ejemplo para Latinoamérica, donde algunos países aún intentan contener los apetitos autoritarios de un grupo de líderes populistas. Los costarricenses hacen del las elecciones presidenciales una fiesta cívica, donde nadie se excluye.
Costa Rica, además, tiene una larga historia de participación femenina en la actividad política que hoy encuentra un hito en la elección de Chinchilla. A pesar de las resistencias comunes en nuestra región latinoamericana, el voto femenino fue aprobado en 1949 por la Asamblea Constituyente inmediatamente después de la Guerra Civil del 48. En 1953, tres diputadas fueron electas y en 1986 Rose Marie Karpinski se convirtió en la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. En distintos momentos desde 1994 y hasta 2006, el país ha tenido vicepresidentas como Grynspan, Fischel Vlio, Odio Benito, Saborío Chaverri y la propia Chinchilla. De acuerdo con un informe reciente del PNUD, Costa Rica es el tercer país latinoamericano con mayor participación femenina en el Congreso y uno de los que, en este contexto, han logrado mayor representación política de la mujer en distintos espacios de gobierno y administración pública.
La elección de Chinchilla es, además, significativa en la medida en que rompe con un esquema común de la participación de las mujeres en la política. Me refiero a que hay áreas de la administración pública, como la educación o la salud, que son tradicionales en el involucramiento de la mujer. Sin embargo, cada vez un mayor número de países han situado a mujeres a cargo de áreas donde su involucramiento ha sido muy bajo como, por ejemplo, defensa nacional, seguridad pública, relaciones exteriores, energía, justicia, entre otros. Esta es la denominada segunda generación en la participación política de la mujer que tiene en Chinchilla a un ejemplo emblemático. Hay que recordar que Laura Chinchilla fue viceministra (1994-1996) y mas tarde ministra de seguridad pública (1996-1998). Más tarde fue diputada en la Asamblea Nacional representando a la provincia de San José, para después integrarse al gobierno de Oscar Arias como ministra de Justicia y vicepresidenta antes de ser candidata presidencial.
Su elección representa también una oportunidad muy importante para fortalecer la relación con nuestro país. Sin duda, México y Costa Rica compartimos los valores de la democracia, los derechos humanos y la equidad de género, una convicción pacifista y de cooperación, así como la determinación para transformar nuestros países en auténticos estados de derecho. A partir de este relevo presidencial, esos pueden ser los cimientos para continuar edificando una relación bilateral aún más sólida y fructífera.
Artículo publicado el pasado 13 de febrero en Milenio Diario Estado de México
Foto: Rodolfo Valtierra
Para nadie es un secreto que la pasada jornada electoral dejó pésimos resultados electorales para el Partido Acción Nacional en el Estado de México. En un contexto plagado de irregularidades y de múltiples eventos de compra y coacción del voto, el panismo sufrió una derrota sin precedentes en nuestra demarcación. Acción Nacional perdió el denominado “corredor azul” así como gran parte de las posiciones legislativas en juego. El partido paso de gobernar los principales municipios -incluyendo la capital del Estado- a gobernar actualmente municipios que representan tan sólo al 4% de la población de la entidad. En este contexto, el pasado 16 de septiembre se emitió la Convocatoria para elegir Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal para el periodo 2009-2012.
A esta convocatoria se registraron como candidatos importantes personalidades del partido en el Estado de México como Sergio Octavio Germán Olivares, Alejandro Landero, Ruth Olvera, Iván Rodríguez, Carlos Madrazo y Francisco Gárate. Desde la primera votación, Sergio Octavio Germán Olivares se alzó con la victoria con 62 votos por lo que le corresponderá emprender las acciones de reestructuración y replanteamiento estratégico del PAN mexiquense. Durante la sesión de elección se adoptaron sendos documentos – los Objetivos Estratégicos para el Comité Directivo Estatal y los Lineamientos para la Administración y Funcionamiento del Comité Directivo Estatal para el periodo 2009-2012- mismos que, en buena medida, guiarán este proceso de reflexión y transformación de la estructura, el funcionamiento y la estrategia electoral de nuestro instituto político. Los retos son múltiples ante un panorama políticamente adverso. La nueva dirigencia tendrá en sus manos la motivación y reconquista de su membresía, así como el lograr mantener la unidad respetando la pluralidad en torno al ideal. Resulta urgente adaptar al PAN mexiquense a una nueva etapa de frugalidad -en vista de que se reducirán sustancialmente los recursos públicos que al partido corresponde administrar- y de fuerte competencia con nuestros adversarios políticos. Con más de 20 mil miembros activos, de cien mil miembros adherentes, más de 270 regidurías y sindicaturas, 12 presidencias municipales, 12 diputaciones locales, 5 diputaciones federales y 2 senadores, el PAN tiene frente a sí un futuro promisorio y un gran capital humano del cual asirse para consolidar grandes proyectos.
Otro reto tiene que ver con mejorar la estructura administrativa del partido. En este sentido, los Lineamientos a los que hice referencia enfatizan el establecimiento de programas de autofinanciación, mejores políticas de pago de cuotas de funcionarios públicos, definir una estructura orgánica para colocar tope máximo mensual de sueldos y personal así como reducir el número de Secretarías así como hacer más eficientes sus procedimientos. Esto implica también una mejor administración de los recursos materiales y un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos, financieros y organizacionales.
Como resultado del análisis y evaluación del proceso electoral 2009 y sus efectos sobre el PAN mexiquense, los Objetivos Estratégicos plantean una serie de medidas concretas encaminadas a mejorar y fortalecer la estructura partidista. Entre otras medidas se establece la necesidad de nuevas campañas de afiliación (especialmente de jóvenes y mujeres), el apoyo técnico a las estructuras municipales, la formación de servidores públicos de excelencia y con fuerte compromiso social, la formación y capacitación de liderazgos, mejores mecanismos de rendición de cuentas y estímulo a la participación ciudadana, nuevos esquemas de austeridad en la utilización de los recursos así como nuevos proyectos para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de nuestros servidores públicos.
Estos objetivos de mediano plazo son consistentes con el llamado que el nuevo Presidente estatal ha hecho al panismo mexiquense para construir una nueva etapa de Acción Nacional en el Estado de México. Una etapa donde el Partido tiene que acercarse cada vez más a la ciudadanía, recuperando muchas de las banderas sociales que enarboló en el pasado y una nueva actitud constructiva y dialogante para resolver los problemas de la entidad.
El PAN mexiquense se encuentra ante una magnifica oportunidad para demostrar ser consistente con sus discursos, que sabe ganar elecciones sin claudicar en los valores. Los ciudadanos podrán creer en el PAN si Acción Nacional cree en sus principios. La tarea deberá ser compromiso de todos los militantes y fortalecer esa armonía de bienes superiores que es la unidad en los propósitos. Seguiremos trabajando para que el PAN sea un instrumento de los ciudadanos en favor del bien común de México.
Artículo publicado el pasado 14 de noviembre en Diario Milenio, Estado de México
Hace exactamente setenta años, un grupo de mexicanos descontentos con el régimen autoritario que comenzaba a gestarse en México, fundaron el Partido Acción Nacional. Bajo el liderazgo bifronte de Don Manuel Gómez Morín y Don Efraín González Luna, el PAN fue creado con un objetivo en mente quizá más trascendental que la propia conquista del poder. La idea fundamental era crear ciudadanía, forjar una cultura política democrática, convertir a los militantes en soldados de una transición política pacífica y gradual hacia un pluralismo mayor basado en principios éticos sobre el quehacer público y la responsabilidad de gobernar. Alguna vez, Don Adolfo Christlieb, Presidente Nacional del PAN de 1962 a 1968, señaló que entre las tareas más importantes del partido se encontraban las de orientar a la opinión pública frente a la información oficial, vigilar y criticar al poder político desde una visión distinta sobre los problemas nacionales, ofrecer soluciones alternativas a los mismos y emprender la preparación de los ciudadanos para que, en un futuro, pudieran asumir el poder.
Por tanto el PAN se convirtió en una fuerza opositora, responsable y reformista, que aportó mucho al desarrollo político e institucional de México. Sin el PAN, así como sin los partidos de izquierda, la transición democrática que vive nuestro país hoy sería prácticamente imposible. El PAN fue siempre una alternativa clara a la ideología dominante, puso el énfasis en las libertades cívicas y en los derechos humanos como contrapunto al autoritarismo y la arbitrariedad de los gobiernos emanados del PRI, fue una fuerza transformadora de la sociedad mexicana enfatizando la importancia del bien común y su participación legislativa fue crucial para promover cambios trascendentales para el país.
Por supuesto, esto no siempre fue fácil. Acción Nacional perseveró cuando el ideal democrático parecía imposible, combatió el fraude electoral y la hegemonía de un partido que fue creado desde el poder y fue un actor primordial para garantizar una transición pacífica en el año 2000.
Como se ha venido mencionando, el setenta aniversario del partido no puede encontrarlo en mejor momento. El PAN encabeza el Gobierno Federal, los gobiernos de 9 estados de la Federación, 495 presidencias municipales y muchos otros espacios de toma de decisiones. El PAN tiene, además, la mayoría en la Cámara de Senadores, cuenta con 143 diputaciones federales y 340 diputaciones locales en toda la República.
El panismo gobierna y ha rendido, en lo general, buenos resultados. Es justo reconocerlo. Pero es igualmente justo hacer una pausa en el camino y efectuar una reflexión autocrítica. El ejercicio del poder impacta sobre la imagen y la eficacia de cualquier partido político en el mundo. Existe un desgaste natural y yerros que están a la vista de todos. El equilibrio entre el pragmatismo y la doctrina sigue siendo un dilema que en el PAN aun no resolvemos del todo. Corremos el riesgo de ver diluida nuestra identidad y de repetir conductas a las que históricamente nos opusimos. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo mayúsculo y atender la importante convocatoria que a los panistas nos ha hecho nuestro Presidente Nacional. César Nava enumera 10 compromisos para renovar y modernizar pero también, de cierta forma, hacer volver al PAN a sus orígenes.
Se trata de fortalecer la estructura interna de nuestro partido para conseguir una verdadera presencia nacional, formar a nuevas generaciones de líderes y transformar nuestros procesos de afiliación para atraer a los mejores ciudadanos quienes, electos democráticamente, se convertirán en candidatos idóneos por su perfil independiente y representativo de los distintos sectores sociales. Además, toca al PAN atajar de lleno los actos de corrupción en los que incurren militantes y funcionarios panistas mediante la aplicación sistemática de nuestra normatividad interna para sancionarlos sin excepciones así como cerrar el paso a las autoridades caciquiles que impiden en distintos estados de la República la celebración de elecciones democráticas y equitativas.
El reto tiene que ver, además, con construir un nuevo modelo de ejercicio público que haga evidente la aportación panista en los tres órdenes de gobierno, que priorice una agenda social contra la pobreza y por el desarrollo integral de los mexicanos y que impulse una agenda antimonopólica a favor de la competitividad de nuestro país.
Y yo agregaría, desde las respectivas responsabilidades de partido y gobierno, abordar en este trienio que comienza las reformas que urgen a México por sus efectos sobre el bienestar de la población. Me refiero, entre otras, a la reforma educativa, otro emblema que históricamente ha abanderado Acción Nacional desde hace setenta años.
Esos serian, desde mi punto de vista, los mejores regalos que podríamos darle a nuestro querido Acción Nacional para celebrar el legado de sus fundadores y el ideario que nos da sustento.
Artículo publicado el pasado 19 de septiembre de 2009 en Milenio Diario, Estado de México
