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Foto: nuovosoldo.wordpress.com
El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu, el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.
Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.
El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.
Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.
Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.
Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.noticiasdealava.com | "Hoja de Ruta de Bali"
Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.
En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.
Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.
Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.
Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.
Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.
Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
Desmond Tutu. Foto: www.wordpress.com
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
El pasado 17 de octubre, México fue electo por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2009-2010, alcanzando el apoyo de 185 países.
Anteriormente, México había participado en el Consejo de Seguridad en tres ocasiones: 1946, 1980-1981 y 2002-2003.
El Consejo de Seguridad está compuesto por quince miembros. En 2009, México participará junto los cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos y Austria, Burkina Faso, Croacia, Costa Rica, Japón, Libia, Turquía, Uganda y Viet Nam que son miembros electos.
Durante esta participación en el Consejo de Seguridad, la delegación mexicana tendrá la oportunidad de impulsar temas prioritarios como el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de las capacidades preventivas ante desastres naturales, la cooperación contra el tráfico de armas pequeñas y las acciones para luchar contra el cambio climático.
Como décimo contribuyente mundial y primer contribuyente latinoamericano al presupuesto de Naciones Unidas y en nuestra calidad de potencia media en el escenario regional, México deberá seguir adoptando posiciones y defendiendo, como lo ha hecho históricamente, el derecho internacional, la convivencia pacífica, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación multilateral para la resolución de conflictos tal y como lo hizo en 2003 al oponerse a la invasión estadounidense a Irak.
Igualmente, deberá comenzar el proceso de discusión informada, abierta y plural, sobre su inaplazable participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, un asunto de gran relevancia para la comunidad internacional.
¿Qué opinas sobre esta nueva oportunidad de México para incidir en las decisiones más relevantes para la paz y la seguridad internacionales?
