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Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social divulgó información muy importante para el diagnóstico actual del trabajo infantil en nuestro país. Lamentablemente, hay más de 3 millones de niños mexicanos trabajando y, prácticamente, una tercera parte de ellos tienen entre 5 y 13 años de edad lo cual representa no sólo un lastre moralmente inaceptable sino un crimen contra la infancia. Cabe señalar que, de acuerdo con la definición oficial de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estas cifras tan sólo dan cuenta de aquellos menores entre 5 y 17 años que desempeñan alguna actividad económica. Por tanto, esta estimación excluye a un grupo potencialmente numeroso de niños y niñas que realizan otras actividades de carácter esencialmente urbano como limpiaparabrisas, cuidadores de vehículos, payasos, malabaristas o cantantes de crucero, pedigüeños, lustradores de calzado, cargadores de bolsas de mandado, empacadores o trabajadores a destajo a cambio de una propina. También excluye a niños y niñas que desempeñan un trabajo fundamentalmente doméstico. De acuerdo con un Informe reciente de UNICEF, cientos de miles de niñas y niños entre 5 y 17 años dedican muchas horas semanales a actividades que podemos denominar como quehaceres del hogar, con lo que también distorsionan y trastocan lo que debería ser una sana y feliz infancia o adolescencia. Evidentemente tampoco incluye a niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual y la prostitución o integrantes de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con expertos, el incluir a este grupo de niñas y niños en la estadística, tarea muy compleja a nivel técnico, podría arrojar cifras y datos francamente alarmantes. A esta estadística también convendría sumar a los niños trabajadores inmigrantes quienes, especialmente en el sur del país, son un grupo numeroso que enfrenta un sinnúmero de riesgos.
Aunque en los últimos años se han establecido políticas orientadas a la protección de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad –con las que se logró una reducción en la tasa de ocupación infantil del 12.5 al 10.7%- estamos muy lejos de erradicar esta abominable práctica. Son varias las condiciones socioeconómicas y culturales que hacen posible su supervivencia. En primer lugar, entidades con bajo desarrollo económico y escaso acceso a la educación básica así como hogares que perciben ingresos de dos salarios mínimos o menos presentan una incidencia considerablemente mayor de distintas modalidades de trabajo infantil. Ya sea en el trabajo agrícola en las zonas rurales o en el comercio y la manufactura en el ámbito urbano, el 80% de los niños que trabajan pertenecen a familias de muy bajos recursos, escasos niveles educativos y entornos económicamente deprimidos. Todos ellos enfrentan situaciones que de una u otra manera suponen violaciones a sus derechos humanos, abusos, vejaciones y explotación. Un efecto inmediato y particularmente nocivo tiene que ver con la inasistencia escolar. De acuerdo con cifras oficiales, 58% de la población infantil ocupada no asiste a la escuela y prácticamente 65% de los niños trabajadores entre 14 y 17 años la abandona para siempre. De esta manera, no sólo detienen abruptamente su desarrollo académico, social y humano sino que limitan considerablemente su capacidad para salir de la pobreza al llegar a la edad adulta. Además, algunos de sus derechos esenciales consagrados en distintos instrumentos internacionales como los que se refieren a la educación, al juego, la diversión y a crecer en un entorno familiar con afecto y amor, les son sistemáticamente violados. Es también el caso de su derecho al descanso y disfrute del tiempo libre toda vez que el 68% de los niños y las niñas que trabajan se dedican no sólo a una sino a dos o más actividades laborales al día. A eso los obliga una trágica realidad en la cual suelen jugar un papel fundamental. Muchos de ellos proveen a sus hogares de los recursos necesarios para subsistir. Con frecuencia son niños y adolescentes trabajadores quienes, en comunidades de alta marginalidad, se convierten en jefes de familia con responsabilidades de adultos y, en ocasiones, con los deberes asociados a una paternidad o maternidad prematura.
De nueva cuenta, el estado de México registra uno de los peores índices a nivel nacional en este rubro. La medición más reciente de menores ocupados con un no familiar –precisamente el grupo que más preocupa- muestra al estado de México como la entidad federativa puntera en la lista. Con un alarmante 12.6% del total de niños trabajando, el estado de México está a la zaga de otras entidades federativas que han puesto en marcha programas exitosos en la materia y presenta una dramática realidad que lamentablemente no ha ocupado a las autoridades responsables en la materia. En este mismo espacio, y en otras páginas de este mismo diario, hemos venido insistiendo en la urgencia de dar una respuesta eficaz a cientos de miles de niños que en municipios como Chalco, Chimalhuacán y Metepec trabajan jornadas extenuantes para satisfacer las necesidades esenciales de sus familias (Véase la columna publicada el 20 de junio de 2009 y los reportajes de investigación de Martha D. Gómez en distintos ejemplares de Milenio estado de México en ese mes). Sin embargo, las autoridades mexiquenses parecen más interesadas en efectuar costosas giras internacionales, apoyar campañas electorales en otros estados e insistir en una vergonzante promoción de la imagen del Gobernador en el contexto de la próxima sucesión presidencial.
Por tanto, no es ocioso recordar que México se ha comprometido con la comunidad internacional a eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 y a eliminar de tajo todas las formas de éste para el año 2020. Aunque falta mucho por hacer, el primer paso esta dado con la creación del Módulo de Trabajo Infantil que con el apoyo de UNICEF ha arrojado el primer diagnóstico y hoja de ruta para combatir este flagelo. Toca ahora concretar una Reforma Laboral que aborde este tema y a las entidades federativas, de manera especial al estado de México, responsabilizarse de lo que le toca para garantizar una efectiva protección a la infancia que enfatice la educación, la recreación y el desarrollo integral de los menores que trabajan.
Artículo publicado el pasado 17 de julio en Milenio Diario, Estado de México
Afiche - ONU
Hace exactamente 61 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó uno de los documentos de mayor trascendencia para la evolución del derecho internacional contemporáneo. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, recogiendo elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789, conformó un catálogo de derechos y libertades esenciales que, en todo momento, los Estados están obligados a preservar y fomentar. Durante la elaboración de esta Declaración, los integrantes del Comité de redacción, entre ellos Eleanor Roosevelt y Rene Cassin, mantuvieron un objetivo primordial: construir un documento mediante el cual la comunidad internacional pudiese manifestar su voluntad política para respetar y nunca más atentar -como ocurrió sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial- contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.
Este año, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, determinó dedicar esta conmemoración a la lucha contra la no discriminación en todas sus manifestaciones. Todos los dias millones de seres humanos en el planeta luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. No obstante, y sin restar importancia a este aspecto, actualmente subsisten en el mundo nuevas y graves amenazas a la protección de los derechos humanos. La lucha internacional contra el terrorismo ha abierto nuevos y vergonzosos capítulos de violaciones masivas a los derechos humanos en Guantanamo y Abu Ghraib. Nuevas expresiones de intolerancia religiosa y étnica siguen presentandose especialmente en el continente asiático. El drama de los niños soldado en el Congo o Birmania, los escudos humanos en Palestina, el hambre que padecen millones de personas en Corea del Norte, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas en los Balcanes y África Subsahariana, los totalitarismos en Bielorrusia y Libia son apenas algunas de estas terribles expresiones del enorme desafío que enfrenta el mundo en esta materia. De ahí la relevancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuya eficacia, en buena medida, depende una solución a muchas de estas amenazas.
En una dimensión distinta, aunque no menos relevante, México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional. A pesar de los enormes avances que ha experimentado nuestro país en los últimos diez años, hay grandes pendientes que requieren de una solución expedita e integral. Por ello, nuevamente cobra relevancia un debate en el que hemos venido participando activamente desde el Congreso de la Unión. Me refiero a la idea de efectuar una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La idea de constitucionalizar los derechos humanos proviene de la necesidad de efectuar un cambio conceptual de gran relevancia en nuestra Carta Magna. Implica pasar de un régimen donde el Estado otorga garantías al ciudadano – como si fuese una graciosa concesión- a uno donde el Estado reconoce derechos humanos como base fundamental de su interacción con los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
Sin duda, debatiendo este tema, podría ser la mejor manera de honrar nuestro voto afirmativo aquel 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a una Declaración que estableció el compromiso universal con los derechos humanos. Otra forma de honrar esta importante efeméride podría ser emprender una discusión seria y franca sobre la necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se registran en nuestra frontera sur. Una nueva política migratoria en esa frontera sería un detonante de cambios transcendentales en muchos ámbitos pero sobre todo en la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, un tema esencial para nuestro país dado el drama de cientos de miles de mexicanos que anualmente cruzan la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
Artículo publicado el pasado 12 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, del Estado de México
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Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.
A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad. Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.
Foto: www.elespectador.com
De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.
La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.
En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación. Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.
Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee. Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.
Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx
Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.
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En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.
En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.
De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.
Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.
Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.
Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.
Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.
Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.
Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
