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Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
Foto: www.elespectador.com
Al reciente y contundente operativo, por el que fueron detenidos 10 alcaldes, 16 funcionarios de alto nivel, y un juez de primera instancia en Michoacán por probables nexos con el crimen organizado, se vincula recientemente otra detención de gran relevancia para el combate a la delincuencia en nuestro país. En días pasados se informó de la detención de 11 integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos Javier Ortiz Chávez, alias el Arqui, ex policía y jefe de las operaciones de esta organización criminal en el Estado de México. La banda, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se dedicaba al secuestro, tráfico de drogas y extorsión en los municipios mexiquenses de Coacalco, Tultepec, Tultitlán y Ecatepec.
En efecto, el crimen organizado ha conseguido penetrar en las entrañas de corporaciones policíacas, judiciales, empresariales y de gobierno al punto que este tipo de operativos resultan indispensables para desmantelar la estructura alterna que han creado para beneficio y protección del hampa. Es preciso desarticular estas redes de complicidad e impunidad toda vez que abonan a dos terribles paradojas de la seguridad pública en nuestro país y concretamente en el Estado de México. En primer lugar, las corporaciones policíacas, quienes deberían dar seguridad a los ciudadanos, son precisamente los principales cómplices de la delincuencia. En segundo lugar, las cárceles, en lugar de apartar y rehabilitar a los delincuentes, son verdaderas escuelas del crimen, auténticos centros de reclutamiento y capacitación de nuevos criminales.
Estas paradojas son particularmente alarmantes al comprobar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en materia de secuestros, feminicidios y actos de corrupción.
Nuestra demarcación, en efecto, ocupa el nada honroso primer lugar nacional en denuncias por delitos del fuero común, tomando en cuenta que son responsabilidad directa de los Estados de la Federación. Además, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México así como del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el Estado de México se registraron 172 secuestros durante 2008 además de que, en ese mismo año, 36 personas fueron asesinadas producto de este crimen.
Por ello, los candidatos de Acción Nacional han propuesto crear un Sistema único de información policial -a fin de monitorear y registrar el comportamiento de todos los integrantes de los distintos cuerpos policíacos- así como promover un registro administrativo de detenciones para dar seguimiento a todos los casos.
Igualmente importante resulta una reforma al sistema carcelario y judicial a fin de imponer la cadena perpetua a los secuestradores, establecer trabajo obligatorio para los reclusos para que ellos mismos –y no todos mediante nuestros impuestos- asuman los costos de su manutención en los penales, promover penas alternativas para delitos menores así como establecer medidas para transparentar los procesos judiciales y mejorar el salario de los defensores de oficio.
Asimismo, una convicción de Acción Nacional tiene que ver con promover la seguridad ciudadana y de ahí la propuesta para establecer la denuncia anónima de delitos, crear el Sistema Estatal de Prevención del Delito y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Con estas medidas podrá emprenderse una estrategia integral contra la inseguridad en la que participe plenamente la ciudadanía evaluando las políticas y el desempeño de las instituciones de seguridad pública, así como fomentando una cultura cívica de la denuncia y el combate a la impunidad.
Las instituciones de seguridad pública y el sistema de justicia penal en nuestro país requieren una transformación de fondo. La reforma integral al sistema judicial nos obliga a hacer un esfuerzo para que esto sea una realidad en el Estado de México. Así podríamos estar dando un primer paso para romper las paradojas que han venido lastimando a la sociedad mexiquense.
Artículo publicado el pasado 30 de mayo del 2009 en Milenio diario EdoMéx
Foto: www.elportaldechari.com
Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.
Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.
En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.
Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.
Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.
Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.
Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx
