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El Alcalde de Los Ángeles, (California) Antonio Villaraigosa y la Senadora Adriana González Carrillo
El pasado 25 de marzo, una delegación plural de Senadores de la República visitamos Sacramento, y Los Ángeles, a fin de continuar con un diálogo de la mayor relevancia emprendido en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el Presidente de la Asamblea de California, el demócrata John Pérez visitó nuestro país encabezando una Delegación de líderes legislativos de este estado de la Unión Americana. Desde aquella primera ocasión quedó clara la enorme relevancia estratégica de los vínculos entre México y California. Por un lado, se trata de una intensa relación comercial en donde ambos somos mercados prioritarios de un intercambio que el año pasado alcanzó un máximo histórico de poco menos de 60 mil millones de dólares. Por el otro, se trata del estado de la Unión Americana que concentra la mayor población de origen mexicano en ese país, así como el mayor número de indocumentados mexicanos -prácticamente 3 millones de personas-. Pero, más importante aún, se trata del estado que está haciendo la diferencia en un contexto nacional donde las deportaciones, la legislación xenofóbica y las acciones antimexicanas están a la orden del día. Durante la visita que hicimos este lunes, pudimos entrevistarnos no sólo con nuestro anfitrión y un grupo muy distinguido de integrantes de la Asamblea de California sino también con el Presidente del Senado, Darrel Steinberg, y el Gobernador de California, Jerry Brown, así como con grandes liderazgos del Caucus Latino en el Congreso, especialmente con su presidente Ricardo Lara, así como con el Senador Kevin de León y el Senador Gilbert Cedillo, autor de la denominada California Dream Act. Durante todas estas reuniones, reconocimos el liderazgo político de California a favor de un enfoque pragmático y constructivo frente al fenómeno migratorio -becas a inmigrantes en lugar de deportaciones y detenciones arbitrarias- e insistimos en la importancia de redoblar esfuerzos en la difusión de la contribución que hacen al desarrollo económico y social de los Estados Unidos.
No obstante, a pesar de los magníficos resultados de este diálogo parlamentario con autoridades e integrantes de la legislatura local, hubo una reunión que nos asombró a todos. Me refiero a la que sostuvimos con la agrupación Cien Amigos, asociación pionera compuesta por 100 líderes comunitarios independientes del norte de California. Aunque inició sus actividades en 2010 -en el marco de las celebraciones del Bicentenario- el grupo colabora intensamente con el Consulado en proyectos que impactan el bienestar de la comunidad mexicana y mexicoamericana en la región. En poco tiempo han construido una oferta amplísima de servicios de información, promoción educativa, capacitación laboral, intercambio cultural. Por ejemplo, junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, han lanzado el programa Cien Amigos-IME Becas mediante el cual se ofrecen becas universitarias, para preparatoria y para educación de adultos destinadas a personas de escasos recursos de la comunidad latina y de origen mexicano en California. Con estas iniciativas, y la aprobación de la denominada Dream Act, California se consolida como socio estratégico y amigo de México de primera línea. Corresponde a México actuar en consecuencia y apostarle fuerte a reforzar estos vínculos con California. Pero también respaldar iniciativas como la de Cien Amigos que se distinguen por su frescura, su creatividad y su gran apetito por sembrar la semilla del empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos.
Artículo publicado el pasado 31 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: canada.informationplanet.com
Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.
No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/
En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.
Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México
Foto: http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relextamericanorte | Foto Oficial de XVIII Interparlamentaria México-Canadá
Este lunes arrancan, en Ottawa, los trabajos de la XVIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá. Se trata de una oportunidad extraordinaria para compartir puntos de vista sobre la manera de relanzar una relación que desde 2009 ha enfrentado algunas dificultades. Desde que en julio de 2009 se estableció el requisito de visa a los mexicanos que viajan a Canadá, las relaciones bilaterales se han afectado sensiblemente. Lo que solía ser una relación de cooperación modelo en términos de su profundidad y madurez, se convirtió en poco tiempo en una relación distante y plagada de obstáculos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante de ambos gobiernos, de las sociedades de ambos países y también de nuestros respectivos Poderes Legislativos para reconceptualizar muchos de nuestros problemas y comunicar la importancia de colocar nuestra relación al nivel de su verdadero potencial. En este esfuerzo se enmarca precisamente esta Reunión Interparlamentaria que se da, además, en un contexto peculiar. Se trata de la primera Reunión que legisladores de ambos países sostenemos después de una transformación radical de la configuración política de ese país luego de las elecciones de principios de año. El gobierno conservador salió fortalecido, al igual que una nueva fuerza política de pensamiento socialdemócrata, y se verificó un cambio generacional sin precedentes. Después de mucho tiempo, la Cámara de los Comunes tiene un nuevo speaker –Andrew Scheer del Partido Conservador- y en definitiva corresponde al Congreso Mexicano acercarse a los nuevos tomadores de decisiones y sensibilizarlos sobre la importancia de construir juntos una agenda de trabajo.
Esta renovación de la Cámara de los Comunes –el Senado no tiene propiamente una representación electa- supone una ocasión perfecta para sensibilizar a los nuevos legisladores canadienses sobre la importancia económica y política relativa de México no sólo para Canadá sino para la región entera. Mencionaría por lo menos tres botones de muestra. En primer lugar, tenemos un espacio potencial de enorme cooperación bilateral en los temas de inmigración y movilidad laboral. Nuestra misión es convencerlos de la complementariedad de nuestros mercados de trabajo y, por lo tanto, de la necesidad de invertir fuerte en capital humano para potenciar la competitividad de América del Norte. Por ello es necesario insistir no sólo en comenzar a eliminar ese visado -que afecta además el turismo, los negocios y otros intercambios recíprocos-, sino en ampliar el programa de trabajadores temporales e incluso generar nuevos programas de movilidad laboral y educativa entre ambos países. En segundo lugar pondremos sobre la mesa la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. Nos preocupa especialmente una iniciativa que busca en Canadá eliminar su registro de armas y que eventualmente podría desatar operaciones de tráfico ilegal como las que actualmente enfrentamos armerías estadounidenses. Sin dejar de reconocer la jurisdicción y la soberanía canadiense para regular estos temas los legisladores mexicanos les haremos saber de las implicaciones negativas, que una legislación de esta naturaleza, podrían acarrear para la construcción de un marco de seguridad regional norteamericana. Desde luego que hay muchos otros temas que estaremos abordando con ellos y que van desde la protección de los derechos humanos hasta la sustentabilidad ambiental. Pero todos ellos se articularán bajo un denominador común. Y es que la Delegación Mexicana encabezada por el Senador José González Morfín, planteará los problemas pero también ofrecerá las soluciones a nuestros desafíos compartidos. Lo hará bajo posiciones de Estado que reflejen el interés nacional y que deriven en compromisos sólidos y duraredos para el bienestar de ambas sociedades.
Artículo publicado el pasado 19 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Ante el inmovilismo del Congreso Federal y la administración del presidente Obama en materia migratoria los estados de la Unión Americana han comenzado, al menos a partir del 2010, a tomar decisiones importantes para presionar al Capitolio. De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los Congresos locales han alcanzado un récord histórico de iniciativas en materia de inmigración en lo que va del 2011. Hasta junio pasado, alrededor de 1582 iniciativas fueron presentadas y de ellas emanaron aproximadamente 40 nuevos instrumentos legislativos.
En este contexto, se distinguen claramente dos modelos antagónicos y estrechamente vinculados a dos leyes emblemáticas. El primer modelo recupera las ideas centrales de la denominada Dream Act que permite a estudiantes indocumentados pedir ayuda financiera al Estado y eventualmente regularizar su situación migratoria. Aprobada ya por el Senado de California y sólo en espera de la promulgación por parte del gobernador Jerry Brown, parece que podría servir de inspiración para lo que se denominan iniciativas copy-cat en otros estados como Maryland y Connecticut. El segundo modelo reproduce, y por momentos radicaliza, el contenido de la denominada Ley Arizona (SB 1070) que la gobernadora Jan Brewer promulgó en ese estado fronterizo -el quinto con mayor número de inmigrantes indocumentados en ese país- en julio de 2010. Se trata de una ley xenófoba que criminaliza a la inmigración indocumentada, abre la puerta a numerosos abusos en la detención arbitraria de inmigrantes y prohíbe su contratación en distintas modalidades laborales. Los estados de Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Alabama y, en cierta medida, el de Utah, han aprobado ya legislación similar y aunque sus contenidos se encuentran impugnados en Cortes Federales, ya inspiran toda clase de acciones que abrevan de esta atmósfera poco favorable a la inmigración.
En Arizona, por ejemplo, hay problemas severos para hacer valer los derechos esenciales de los trabajadores indocumentados. Hay connacionales detenidos a quienes, por su situación migratoria, se les niega el pago de sus salarios. Otros a quienes se les contrata por salarios inferiores al mínimo o a quienes se les exige trabajar horas extra sin obtener la remuneración correspondiente. Ante ello, en el contexto de la Semana de los Derechos Laborales y el Día del Trabajo en ese país, los cinco Consulados mexicanos en Arizona (Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Nogales) firmaron hace algunos días un Memorándum de Entendimiento con el Departamento del Trabajo estadounidense. Se trata de un documento pionero para defender los derechos de los trabajadores indocumentados y enviar un mensaje contundente de respaldo a nuestros connacionales que sufren esta actual oleada de leyes, políticas, decisiones y actitudes antiinmigrantes en ese y otros estados de la Unión Americana. Es precisamente este contexto el que exige extender este tipo de instrumentos a otras demarcaciones donde la situación es igualmente crítica y donde es preciso también elevar una severa denuncia contra el odio, los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad inmigrante. Es además parte también de un recordatorio respetuoso, pertinente y enérgico sobre la potestad y jurisdicción federal, y no local, de la política migratoria estadounidense.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.
Además, Bolton ordenó la suspensión de la disposición que convertía en delito que un inmigrante solicitara u obtuviera un empleo en espacios públicos, la que se refería a arrestos sin orden judicial de aquellas personas que policías estatales y locales consideran que son “deportables” y la que establecía fuertes castigos a los inmigrantes que no se registraran ante el Departamento de Seguridad Interna. En la suspensión, la magistrada refiere que al aplicar estas disposiciones se corren dos peligros muy importantes. En primer lugar una “posibilidad significativa de que los agentes arresten de manera errónea a inmigrantes ilegales” al juzgarles por su aspecto y por no portar sus documentos. En segundo lugar, una “presión distinta, inusual y extraordinaria sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer”. Más aún, refirió que la libertad de las personas detenidas podría verse gravemente interferida durante el periodo en que se harían las comprobaciones correspondientes sobre su estatus migratorio. Por tanto, el fallo de la Juez Bolton es un respiro ante lo que parecía la puesta en marcha de una serie de medidas draconianas y xenófobas contra los mexicanos y la comunidad latina en su conjunto en el estado de Arizona.
No obstante que es un primer paso significativo en contra de este tipo de legislación, el bloqueo resulta insuficiente por varias razones. En primer lugar por su carácter eminentemente provisional. La decisión de la Juez Bolton fue, como se esperaba, objeto de una apelación por parte de Jan Brewer, la Gobernadora de Arizona, quien promulgó la ley. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco California, misma que podría respaldar o desdecir la decisión de Bolton.
Adicionalmente, se espera que pronto se den a conocer las fechas para el desahogo de al menos otras siete demandas interpuestas por distintas organizaciones en contra de la aplicación de la ley. Se espera, también, que se presenten recursos de apelación que podrían llevar todos estos litigios hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, proceso que podría llevar varios meses e incluso años hasta verse completamente culminado. En segundo lugar, resulta insuficiente en el sentido de que no hizo referencia explícita a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, asunto de fondo sobre el cual deberá pronunciarse en algún momento otra autoridad judicial. Esto, en definitiva, abrió la puerta para que la juez Bolton no objetara la puesta en marcha de disposiciones que, si bien no son las más controversiales, atentan igualmente contra los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y, eventualmente, contra la propia Constitución y múltiples Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos de América es parte. Desde el jueves pasado, en virtud de las disposiciones de la Ley Arizona que la juez no objetó, es delito transportar o prestar refugio a un inmigrante indocumentado. También es un delito alentarlo a vivir en Arizona, contratarlo para prestar cualquier clase de servicio y auxiliarle en otros asuntos relacionados con el empleo. Además, la ausencia de un primer señalamiento con referencia a la inconstitucionalidad de la ley podría estimular o, al menos, no disuadir a otros estados de la Unión Americana a promulgar legislaciones similares. En definitiva, la juez Bolton no sólo debió referirse a la inconstitucionalidad de la ley sino que, adicionalmente, debió haber suspendido la ley completa y no sólo algunas de sus disposiciones.
Resulta también insuficiente ante una Gobernadora y unos alcaldes, como el de Phoenix, que no tienen empacho en declarar que esto es apenas “una piedra en el camino” y que las redadas continuarán. Para el tristemente famoso alguacil del condado de Maricopa- Joe Arpaio-, nada ha cambiado y seguramente se las arreglará para seguir deteniendo, con toda impunidad, a miles de inmigrantes –la mayoría mexicanos- que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Al calor de las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, estos personajes no cesarán en su esfuerzo por colocar el tema migratorio al centro del debate electoral con el único de fin de verse respaldados en las urnas por los sectores más conservadores del electorado. Peor aún, la administración del Presidente Obama parece demasiado cauta, utilizando un lenguaje demasiado diplomático y ataviada con un perfil público más bien bajo frente a este asunto cuando, en cambio, debería estar encabezando una cruzada para aprobar una reforma migratoria integral tal y como lo prometió desde su campaña.
No obstante, aún hay esperanza de que el destino de la Ley Arizona sea el mismo que el de la Ley 187 y otras iniciativas similares que han sido derrotadas en los Tribunales de la Unión Americana. En este proceso, el Gobierno Mexicano a través de los Consulados en Arizona tiene un papel muy importante que desempeñar. De cualquier forma, el daño está hecho y será difícil para la comunidad latina en Arizona –tan numerosa y provechosa para la economía y la sociedad estadounidense- recuperar la confianza y la tranquilidad en un estado donde abunda el miedo y la zozobra.
Artículo publicado el pasado 31 de julio en Milenio Diario, estado de México
La semana pasada, el gobierno del estado de Arizona tomó una decisión desafortunada. La gobernadora Jan Brewer firmó la implementación de una legislación xenófoba y, con ello, asestó un duro golpe a los vínculos entre México y ese estado de la Unión Americana. De acuerdo con la ley SB1070, cualquier cuerpo policiaco, en cualquier momento y en cualquier sitio, tiene la potestad de interrogar a cualquier persona sobre su condición migratoria basado solamente en la sospecha de que su estancia es ilegal. Los oficiales de policía, transformados en agentes migratorios, podrán detenerlos y consignarlos a las autoridades judiciales quienes establecerían multas que van desde el pago de dos mil 500 dólares, cárcel hasta por seis meses y, por supuesto, la deportación de todos quienes carezcan de documentos. En suma, la ley permitiría a las autoridades del estado de Arizona a efectuar redadas y deportaciones masivas de inmigrantes, sin importar las implicaciones económicas y la desintegración social y familiar que esto acarrearía. El fundamento formal de la ley es, desde luego, absurdo y falaz. De hecho parte de un argumento falso cuando se refiere a que la violencia en la frontera, la criminalidad y la inmigración ilegal son partes de un mismo fenómeno. De acuerdo con estadísticas oficiales, los crímenes violentos en Arizona se han venido reduciendo sistemáticamente desde 2005 y se ha demostrado, gracias al trabajo delImmigration Policy Institute, que los inmigrantes tienden a cometer menos crímenes que los propios estadounidenses.
Por obvias razones, esta disposición tiene un sesgo racial lamentable y exhibe un profundo desconocimiento de las obligaciones que los Estados Unidos en su conjunto han contraído, tanto en su regimen jurídico interno como en el internacional, para proteger y respetar los derechos esenciales de las personas. Más aún, esta ley representa un punto de quiebre con lo que, al menos desde una perspectiva histórica, ha sido la tradición y los valores de apertura, tolerancia e inclusión de los migrantes en la sociedad y la economía estadounidenses.
Para muchos observadores, la ley tiene solamente un propósito electoral de cara a los próximos comicios y el objetivo adicional de distraer la atención de los votantes del mal desempeño de la Gobernadora y su administración. No obstante, esta ley también forma parte de una nueva ola antiinmigrante y, hasta cierto punto, antimexicana que especialmente en estados fronterizos ha venido lastimando nuestras relaciones bilaterales. De hecho, es en Arizona donde recientemente los mexicanos han sufrido abusos que difícilmente encuentran paralelo en otros estados de la Unión Americana. En Arizona es donde Joe Arpaio, comisario del condado de Maricopa, ha venido aterrorizando a los mexicanos que trabajan en Phoenix y que aportan, junto con quienes viven en el resto del estado, alrededor de 2 mil 700 millones de dólares anuales a la economía local. Aunque muchos analistas han apuntado atinadamente al carácter anti constitucional de la ley y a lo que puede ser su interrupción a partir de las múltiples demandas presentadas y por presentarse, el peligro es inminente. Incluso antes de su implementación legal, prevista dentro de tres meses, Arpaio ha anunciado que este fin de semana comenzará la decimoquinta redada desde 2008 mientras políticos radicales en otras entidades de Estados Unidos han venido manifestando su deseo por replicar este tipo de legislación.
Evidentemente, la reacción global de repudio no se ha hecho esperar. Desde todos los rincones del planeta, e incluso desde la propia Unión Americana, se expresa una gran preocupación por esta ley y un clamor generalizado por detenerla. El procurador Eric Holder estudia actualmente los mecanismos para detener su puesta en marcha, las principales ciudades del estado de Arizona han anunciado que implementarán acciones legales en esta dirección y un grupo de ciudadanos ha comenzado el proceso para reunir las 76,000 firmas necesarias para proponer un plebiscito que podría posponer la entrada en vigor de la ley hasta entrado el 2012.
Arizona no sólo corre el riesgo de expulsar a quienes en buena medida sostienen su economía sino que podría estar en riesgo de sufrir un boicot turístico y comercial sin precedentes en el que incluso participarían otras ciudades estadounidenses como San Francisco y Los Ángeles.
En los Estados Unidos la aprobación de esta ley, como la aprobación de la ley 187 en 1994 en California, ha traído de regreso el debate migratorio a la esfera pública. Tan sólo en este sentido, la aprobación de esta ley puede representar una oportunidad dorada para la administración del presidente Obama. Y es que con lo que sucedió en Arizona se pone de manifiesto la urgente necesidad de entrar de lleno a una reforma migratoria integral que corrija, de una vez por todas, los vacíos legales y las incongruencias de un sistema que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Durante la visita de Estado que el presidente Felipe Calderón realizará del 19 al 20 de mayo a Estados Unidos, habrá oportunidad de plantear este tema ante el Ejecutivo y, más importante aún, ante el propio Congreso estadounidense. Mientras tanto, el resto de los actores políticos en México tenemos que trabajar juntos a fin de detener estas expresiones xenófobas y alentar la generación de un mecanismo que legalice y ordene el flujo migratorio.
Artículo publicado el pasado 1º de mayo en Milenio Diario, estado de México
Como era de esperarse, luego del altísimo nivel de las expectativas que generó su campaña, los resultados que hasta el momento arroja el primer año de la administración del Presidente estadounidense son, en el mejor de los casos, modestos. En efecto, el presidente Barack Obama ha puesto en marcha un proceso de reformas en distintas áreas del quehacer público que, no exento de tropiezos, no parece generar el consenso necesario para avanzar. Es el caso de la reforma al sistema de salud pública actualmente en impasse. Evidentemente no ha sido fácil enfrentar las múltiples resistencias en este renglón y en otros que, como en el de la regulación financiera o la energía, se han volcado en contra de las propuestas presidenciales. Las presiones de lobbies extraordinariamente poderosos no sólo han puesto obstáculos para el desahogo legislativo de estos temas sino que han hecho también un contrapeso mediático muy importante a la notable presencia y popularidad que el presidente Obama venía manteniendo ante la opinión pública estadounidense. Peor aún, el triunfo del republicano Scott Brown en el escaño que durante prácticamente medio siglo ocupó el extinto senador Ted Kennedy y, por ende, el final de la “supermayoría” de sesenta votos que tenía el Partido Demócrata en el Senado, ha sido un duro golpe para la administración Obama y sus principales proyectos legislativos. Con una popularidad de alrededor del 50%, comparado con más del 70% que alcanzó a registrar durante los primeros días de su administración, Barack Obama necesita un nuevo impulso y probablemente una nueva estrategia para afrontar muchos de estos desafíos. Esto es especialmente urgente ante las próximas elecciones legislativas en otoño de 2010.
Este panorama de claroscuros es esencialmente el mismo en materia de política exterior. De entrada, sus esfuerzos por dar un golpe de timón con respecto al unilateralismo de la administración Bush fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Frente al mundo musulmán instrumentó una nueva política de entendimiento y reconciliación, dio marcha atrás al escudo antimisiles que planeaba instalar en la República Checa y empezó un largo proceso, aún inconcluso, para cerrar la cárcel de Guantánamo. Recientemente, el presidente Obama encabezó un esfuerzo sin precedente por asegurar la estabilidad de Haití, promover un flujo intenso de ayuda humanitaria hacia la isla y coordinar los esfuerzos de reconstrucción del país caribeño.
Foto:www.wikimedia.org - Barack Obama, premio Nobel de la Paz 2009
Sin embargo, se le reprocha aún su incapacidad para poner fin a la guerra de Irak y recientemente, con la decisión de aumentar los efectivos en Afganistán, para dar fin a esta costosa y azarosa empresa militar de los Estados Unidos. Se le reprocha también la poco comprometida actuación estadounidense durante la Cumbre de Copenhague, su política de apaciguamiento hacia autócratas connotados como Gaddafi o Chávez además de, en cierta medida, minusvalorar las relaciones transatlánticas con la Unión Europea al cancelar su asistencia a una importante reunión cumbre prevista para celebrarse en mayo próximo en Madrid. Corea del Norte, Irán y en general los temas relativos a la desnuclearización no han merecido de la administración estadounidense grandes y nuevas definiciones como se prometió durante la campaña electoral. Por si fuera poco, el primer discurso sobre el Estado de la Unión centró su atención en asuntos domésticos y dejó de lado la política exterior.
En efecto, como ya un gran número de analistas han venido apuntando, el periodo de gracia entre el presidente estadounidense y la opinión pública internacional ha terminado. Me temo que esto también es cierto para el caso de la relación con México. Hace apenas unos días se informó que el Presidente Obama, quien se había comprometido por conseguir una reforma migratoria integral, envió al Congreso un proyecto presupuestal en sentido inverso. La petición incluye 200 millones de dólares más para la identificación y deportación a indocumentados, 27 millones de dólares más para el programa E-Verify mediante el cual el gobierno monitorea el estatus legal de los trabajadores contratados por las empresas, un aumento sustancial para completar el primer tramo del muro virtual entre México y Estados Unidos, otros aumentos para fondos administrados por la Patrulla Fronteriza y una reducción importante a los fondos de la Iniciativa Mérida. En tiempos de crisis económica y obligado recorte presupuestal para afrontar un creciente déficit fiscal, ante el compromiso de echar a andar una reforma migratoria y estrechar las relaciones con México en materia de seguridad, el presidente ha decidido gastar precisamente en los rubros que obstaculizan estos objetivos. No hay que olvidar que el presidente Obama también se había comprometido a terminar con las redadas y con la política de criminalización de los migrantes indocumentados. En caso de prosperar, estas iniciativas contrarias a los derechos humanos, al espíritu de buena vecindad y responsabilidad compartida, echarán por tierra cualquier expectativa sobre el futuro de nuestra cooperación. De ahí el Punto de acuerdo que presenté el miercoles pasado ante el pleno del Senado de la República para exhortar al Ejecutivo Federal a manifestar al Gobierno de los Estados Unidos un extrañamiento ante este desconcertante proyecto antiinmigrante.
Artículo publicado el pasado 6 de febrero en Milenio Diario, Estado de México
