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Foto: El Universal | Firma del decreto de promulgación de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31 que obliga al Estado a impartir educación media superior
Esta semana el Presidente Felipe Calderón firmó un decreto histórico. Se trata de la séptima reforma que en materia educativa, se realiza a la Constitución Mexicana desde su promulgación en 1917. El decreto reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución con el objetivo fundamental de otorgarle a la educación media superior en México carácter obligatorio. En consecuencia, por primera vez en su historia, el Estado Mexicano asume un compromiso extraordinario con garantizar el acceso a la educación básica, media y media superior a todos los niños y jóvenes mexicanos. Por supuesto esto exige un enorme esfuerzo que se proyecta concluirá, en el año 2022, cuando se logre la cobertura universal del bachillerato en México. Sin embargo, ya están colocadas las bases para que, incluso antes, en 2015, México cuente con una cobertura de al menos 85%. Desde luego que no se trata de un asunto menor por varias razones. La primera es que, como explicó el Subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán, mucho del desarrollo económico y social de México depende precisamente del fortalecimiento de la educación media superior. Quienes cursan el bachillerato acceden a mejores niveles salariales y, por ende, a mejores condiciones de vida. Esa es una lección que viene directamente del sudeste asiático quienes, en su momento, hicieron una fuerte apuesta por el robustecimiento de la cobertura, la infraestructura y los contenidos de la educación media superior.
La segunda es que nuestro país comenzará a remontar una situación lamentable que venimos arrastrando por décadas en materia de acceso a la educación media superior. De acuerdo con información reciente dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México junto con Turquía destaca entre los miembros de este organismo por tener el mayor porcentaje de jóvenes sin acceso al bachillerato. Ya sea por deserción, casi siempre originada por razones socioeconómicas o por lo que se denomina fracaso escolar, por falta de cobertura suficiente en distintas zonas del país y por insuficiencias importantes en el mejoramiento de calidad del magisterio entre otras carencias institucionales, México se ubica prácticamente al final de la lista.
Mientras países como Corea o República Checa el número de jóvenes, de entre 25 y 34 años sin bachillerato es inferior al 10%, México tiene, igual que Turquía, 58% de sus jóvenes sin educación media superior. La deserción escolar, especialmente durante el bachillerato, impide el acceso a los conocimientos y las habilidades indispensables para que cientos de miles de jóvenes se inserten con éxito en el mercado laboral. Pero si bien, en principio, esta es una responsabilidad del Gobierno Federal, las entidades federativas tienen también en sus manos gran parte de la solución. Lamentablemente, el estado de México es de nuevo un botón de muestra de lo que no se ha hecho al respecto. De acuerdo con información oficial difundida esta semana, nuestra Entidad tiene un déficit del 36% en la atención a los jóvenes que tratan de ingresar al bachillerato en la entidad. Es decir, de los 800 mil alumnos que egresan cada año de las secundarias mexiquenses, alrededor de 288 mil, por distintas razones, no consiguen ingresar a las preparatorias. Desde luego que faltan planteles pero también políticas adecuadas para impedir la deserción, y reducir la reprobación sin comprometer la calidad educativa. Sin duda, el decreto que incluye al bachillerato dentro del universo de niveles educativos obligatorios exige esfuerzos importantes para todos y esto incluye, por supuesto, a estados y municipios del País.
Artículo publicado el pasado 11 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Foto: globalmedia.mx | Unidad móvil del Programa del Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud
El pasado 19 de octubre, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, los mexicanos volvimos a reflexionar sobre la importancia de cerrarle el paso a esta letal enfermedad que se cobra la vida de alrededor de 5 mil mexicanas cada año. Si bien 13 mil mexicanas son diagnosticadas de este padecimiento –aproximadamente 35 cada día- lo cual les permite comenzar un tratamiento médico adecuado, el problema de fondo está en la prevención, la detección temprana y el diagnóstico oportuno. Es esta escasa cultura preventiva un factor fundamental para entender la manera en que se ha convertido en la principal causa de muerte por tumor maligno entre las mexicanas. Si bien es cierto que se trata de un problema global – la Organización Mundial de la Salud estima insuficiente la tasa de detección actual de un caso cada treinta segundos- hace tiempo que el Gobierno Federal en México decidió invertir cuantiosos recursos humanos, económicos y científicos a fin de remontar esta tendencia. Desde el 2007, por ejemplo, el Seguro Popular cubre de manera gratuita el tratamiento de distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Con ello, la esperanza de vida de las mujeres, especialmente de escasos recursos, se ha multiplicado exponencialmente. De las 25 de cada 100 mujeres, que antes abandonaban el costoso tratamiento médico por falta de recursos, hoy solo lo abandonan 3. Esto es el resultado de un esfuerzo mayúsculo para difundir la importancia de la detección temprana mediante la puesta en marcha de numerosas unidades móviles de mastografía en el país y también la creación de 43 unidades médicas que, a nivel nacional, se ocupan prácticamente de manera exclusiva de la atención al cáncer de mama.
Sin embargo, a nivel estatal hay un rezago que no hace sino profundizarse. Tristemente este es también el caso del estado de México. En nuestra entidad, tres mujeres mueren por esta causa cada 48 horas lo cual representa 550 mujeres al año. Se trata de más del 10% de las mujeres que en todo el país fallecen por esta causa. Son muertes evitables mediante la inversión en hospitales especializados, campañas de prevención y detección oportuna. Para nadie es un secreto que en el estado de México hay un déficit crónico de infraestructura hospitalaria y cobertura médica que contrasta con nuestra realidad como la entidad más poblada del país. Pero si bien los recursos disponibles para este fin han venido aumentando sistemáticamente año tras año, son las propias autoridades de salud del estado quienes reconocen, por ejemplo, que en los últimos tres años la incidencia de cáncer de mama se ha elevado en al menos un 12%. Es vergonzoso constatar que si bien el Seguro Popular amplía su alcance en entidades como la nuestra, las autoridades estatales y municipales no han cumplido con su obligación de crear la infraestructura complementaria que atienda de manera gratuita y a tiempo a aquellas mujeres para quienes el costo de un examen de mastografía es prácticamente el del sustento semanal o incluso mensual para su familia. Si seguimos así, afirma el Dr. José Luis Barrera, director del Centro Oncológico Estatal, en el 2040 una de cada tres mujeres mexiquenses padecerá la enfermedad. Exigir a las autoridades que pongan atención a este asunto y de sumarse a esta campaña de concientización mundial es la mejor manera de recordar a las víctimas.
Artículo publicado el pasado 22 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de su medición de pobreza 2010. Las cifras, que arrojan un penoso crecimiento de la pobreza en el país, dan cuenta del impacto que la crisis financiera global ha tenido en México a pesar de las políticas de contención que implementó la administración actual. Con todo y este adverso contexto internacional, las cifras del Coneval reportan que se redujeron carencias importantes en materia de seguridad social, vivienda y educación y demuestran que hubo un trabajo importante para contener la pobreza extrema. Sin embargo, al observar tan sólo la dimensión nacional de este fenómeno se pierde de vista un aspecto crucial para su análisis objetivo. Si bien la crisis financiera es una variable que explica este resultado adverso en la lucha contra la pobreza, lo hace tan sólo parcialmente. La otra variable tiene que ver con lo que los Estados de la Federación han hecho o han dejado de hacer al respecto. El informe lo dice claramente cuando advierte que los cambios en las entidades federativas tienen un impacto mayúsculo en el aumento, a nivel nacional, del porcentaje de la población en situación de pobreza y, por ende, en la caída reciente en el ingreso de los hogares mexicanos.
De acuerdo con esta medición, Veracruz registró el mayor aumento en el número de personas pobres mientras que el estado de México presentó el mayor incremento, entre todas las entidades de la República, en el número de personas en pobreza extrema del 2008 al 2010. En estos dos años, el número de personas en situación de pobreza extrema, es decir viviendo con ingresos menores a 978 pesos al mes en zonas urbanas y 684 pesos en áreas rurales, aumentó considerablemente al pasar de 1 millón a 1 millón 214 mil ciudadanos. De igual forma, la población que vive condiciones de vulnerabilidad por tener ingresos inferiores al valor de la línea de bienestar se incrementó también al pasar de 558 a 837 mil personas en esta situación. En suma, se estima que prácticamente el 43% de la población mexiquense vive en condiciones de pobreza con aproximádamente 5 millones 293 mil mexiquenses que viven en situación de pobreza moderada. Especialmente doloroso resulta constatar que desde hace décadas, la población indígena en nuestro estado, otomíes en Temoaya, mazahuas en San Felipe del Progreso, matlazincas, nahuas y tlahuicas en distintas regiones viven en condiciones de pobreza alimentaria, vulnerabilidad estructural y marginación frente a una criminal inacción de administraciones estatales.
Para asombro e indignación de todos los mexiquenses, el gobierno estatal ha venido contando con presupuestos millonarios para establecer programas sociales, de infraestructura, capacitación y empleo que reduzcan la desigualdad y combatan la pobreza. Sin embargo, no es un secreto que el grupo en el poder ha preferido emplearlos para propósitos distintos, la mayoría de carácter político-electoral, dejando el peor legado de miseria en nuestra historia. Por ello, habrá que vigilar de cerca el desempeño del gobernador electo, exigirle que atienda esta problemática e impedir aún peores negligencias en este rubro.
Luis Felipe Bravo Mena | terra.com.mx
No es un secreto que el Estado de México cuenta con los sistemas educativos y de salud menos desarrollados y más inequitativos en toda la República. En promedio, al llegar a los 16 años de edad, cientos de miles de jóvenes abandonan sus estudios fundamentalmente por razones económicas. Pero el rezago social alcanza y golpea especialmente a los niños -uno de cada diez que no asisten a la escuela- y a los adultos puesto que 4 de cada 100 habitantes no saben leer ni escribir. Hay escasez de planteles e infraestructura educativa y desde luego de recursos que el gobierno estatal prefiere invertir en otros asuntos, como la promoción de su imagen. De ahí que Luis Felipe Bravo Mena proponga crear el Fondo de Infraestructura para la Educación. Se trata de destinar inversión pública para la construcción, el equipamiento, modernización y la rehabilitación de escuelas públicas. Además, propone un programa de cero analfabetismo para que no quede ni un solo mexiquense sin saber leer ni escribir. Así, consciente de la estrecha vinculación entre la educación y el desarrollo ha propuesto que ningún joven con ganas de estudiar se quede sin hacerlo a nivel bachillerato y universitario. Mediante becas-créditos para la educación y apoyos específicos a jóvenes que viven en comunidades de alta marginación, muchas de ellas indígenas, se dará un impulso sin precedente a la formación de una nueva generación de mexiquenses capaces de convertirse en agentes detonadores del desarrollo de su entorno. Ha propuesto también establecer un sistema educativo plenamente integrado al desarrollo digital con la dotación de computadoras, equipo audiovisual e Internet a todas las escuelas públicas. También se busca ampliar el sistema de escuelas de tiempo completo para los estudiantes de educación básica.
Por otro lado, urge llevar el sistema de salud a todos los rincones de la entidad. En el Estado de México faltan centros de atención, personal médico, enfermeras y medicinas. El gobierno priísta no ha invertido correctamente los recursos presupuestales destinados originalmente al sector salud mermando así la de por si precaria infraestructura en la materia. El reto que asume Bravo Mena es que al cumplir el primer año de su administración, el 100% de los mexiquenses contarán con Seguro Popular. De igual forma, lanzará un programa emergente de capacitación del personal médico y una cruzada para multiplicar las denominadas caravanas de salud preventiva. Más aún se ha decidido a construir el hospital regional de la zona sur del Estado de México, una obra inaplazable que de manera inexplicable aún no consigue hacerse realidad así como el hospital en Villa Victoria.
La doctrina humanista de Acción Nacional pone el énfasis en la persona humana como destinatario de todo ejercicio público de gobierno. Subraya el bienestar como objetivo primordial de las políticas públicas y eso es lo que Bravo Mena busca hacer realidad en el Estado de México. Apoyar a quien más lo necesita será una línea toral durante su administración. Por eso se ha comprometido a ampliar significativamente los programas de Oportunidades, Sesenta y Más y de seguridad alimentaria así como un programa estatal para atender necesidades incumplidas en materia de vivienda y desarrollo en comunidades indígenas.
Artículo publicado el pasado 18 de junio en Milenio Diario, estado de México
Entre los mexiquenses, y especialmente entre los más jóvenes, quizá no haya un tema que preocupe tanto como el alarmante crecimiento de la tasa de desempleo en los últimos años. A fines de 2010, la tasa de desempleo abierto llegó a 6.5% de la Población Económicamente Activa, la más alta del nuevo milenio según expertos. Actualmente la situación se ha agudizado por la falta de inversión y por el abandono de rubros enteros de la actividad económica, con alto potencial de desarrollo en el estado de México, por parte de los gobiernos priístas. Esto ha producido un doloroso flujo migratorio hacia los Estados Unidos e incluso hacia otras entidades donde el capital humano mexiquense puede desarrollarse plenamente. Los jóvenes universitarios no consiguen un empleo correspondiente con su preparación y expectativas y, en consecuencia, muchos de ellos engrosan las filas del comercio informal y del subempleo mientras contemplan la indolencia de las autoridades. En este sentido, las propuestas de Luis Felipe Bravo destacan por su pertinencia. Mediante apoyos sin precedentes al campo y al sector turístico, la creación de un programa de primer empleo para los jóvenes y el otorgamiento de créditos y apoyos para el establecimiento de microempresas, particularmente a mujeres emprendedoras, se crearían empleos permanentes, formales y bien remunerados.
Gráfico: Milenio.Com
Por otro lado, los mexiquenses necesitamos transporte más barato, seguro y eficiente. Más de 7 millones de mexiquenses se transportan diariamente, a veces por muchas horas, a sus centros de trabajo en algún punto de la zona metropolitana que incluye al Distrito Federal. La vasta mayoría lo hace utilizando el transporte público. Pero esta inversión de esfuerzo y tesón de millones de ciudadanos se topa con aún mayores obstáculos. En primer lugar, lo costoso de un mediocre sistema de transporte público. Si asumimos que un trabajador gana el salario mínimo, su gasto diario en transportes equivaldría al menos a una cuarta parte. De ahí que Acción Nacional proponga no sólo una transferencia de alrededor de 300 pesos mensuales a los usuarios a fin de aminorar el impacto económico de este gasto sino hacer revisiones anuales de las condiciones en las que se encuentra el transporte público así como la creación de bases y paraderos de calidad. En segundo lugar, se trata de un transporte sumamente inseguro. A diario la gente aborda un microbús con la zozobra de ser asaltada en cualquier momento y toma previsiones, como viajar con el dinero apenas indispensable, y ocultando otras pertenencias, para lo que parece inevitable. De ahí la propuesta de crear un grupo policial de respuesta inmediata dedicado exclusivamente a la protección de los usuarios del transporte público y la de establecer, mediante herramientas tecnológicas, un sistema de alerta para el apoyo directo a la población víctima de un ilícito. También la de crear un transporte exclusivo para mujeres que garantice su seguridad así como un programa de certificación, con alcoholímetro y antidoping, para los conductores del transporte. Destaca también la propuesta de establecer un Registro integral de la totalidad de microbuses, autobuses, combis y taxis que circulan actualmente. Todo esto deberá hacerse, como afirma el candidato, respetando los legítimos intereses de cada sector pero atendiendo principalmente a resolver tus problemas diarios. En suma, empleo bien remunerado y transporte seguro y más barato. ¡Ya es justo!
Artículo publicado el pasado 11 de junio en Milenio Diario, estado de México
Foto: Radio Fórmula | Firma de derogación de la tenencia vehicular
Artículo publicado el pasado 21 de mayo en Milenio Diario, estado de México
Una primera y obvia conclusión tras una semana de campañas para elegir gobernador en el estado de México es que el candidato de la coalición “Unidos por Ti” es un demagogo profesional. En su afán por seguir la táctica populista de su antecesor, primero aseguró que firmaría ante notario seis mil compromisos de campaña de los que él mismo asegura ignorar su costo y viabilidad. Más tarde, ofreció una serie de medidas que o se ubican fuera de sus facultades legales o son procesos en marcha y bajo la responsabilidad de otras autoridades. Ya sea por ignorancia o por una deliberada intención de engañar al electorado, Eruviel Ávila ofrece reducir el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) cuando en realidad se trata de un impuesto Federal de cuya determinación se encarga exclusivamente la Cámara de Diputados. Además, promete entubar el Río de la Compañía, obra que está en proceso y que es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional del Agua.
Al continuar mintiendo y agraviando la inteligencia de los mexiquenses el candidato del PRI ofreció eliminar la tenencia vehicular. Sin embargo, fue desde Septiembre de 2007 cuando el Presidente de la República, Felipe Calderón, comenzó el proceso de eliminación de la ley que estableció este injusto y abusivo impuesto federal a la tenencia vehicular en 1967. Mediante el decreto que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, se otorga un fuerte incentivo a las entidades federativas para dejar de cobrar este impuesto que el gobierno federal decidió ya no recaudar. Después de severos exhortos en esta dirección hacia las autoridades mexiquenses -uno de ellos de mi autoría desde el Senado de la República a inicios del 2010- en Febrero de 2011 el gobernador Peña Nieto informó que a partir del 2012 se derogaría el pago de la tenencia en la entidad. Por lo tanto, este y otros ofrecimientos de Eruviel Ávila se enmarcan en cierta forma de hacer política que tanto daño ha hecho al estimular el clientelismo, encumbrar a políticos corruptos que no rinden cuentas y abrir una brecha cada vez mayor entre el poder y los ciudadanos.
Mediante promesas manipuladoras e irrealizables, el demagogo intenta vender un paraíso terrenal que contrasta, cada vez de manera más escandalosa, con una realidad desoladora a la que cotidianamente se enfrentan millones de mexiquenses. La deliberada intención de mentir y ofrecer una imagen falsa incluso se puede advertir en la manera en que el candidato se transporta. Utilizar un helicóptero rentado, seguramente a un costo muy elevado, para hacer los traslados de un municipio al otro y luego subirse a una camioneta para dar la falsa impresión de que llegó por carretera es apenas un botón de muestra. En contraste, las necesidades más apremiantes de la población se quedan una vez más sin respuesta. Por ello, ya es justo que la alternancia llegue al estado de México dejando atrás décadas de mentira y arbitrariedad.
Gráfico: milenio.com
Este próximo 27 de marzo, los mexiquenses iremos a las urnas a manifestar nuestra opinión sobre un tema de carácter cívico de la mayor importancia. Se trata de la consulta ciudadana, a la que convocan los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a fin de decidir si una alianza PAN-PRD es respaldada por el grueso de la sociedad civil en nuestro estado. Con el objetivo de garantizar la eficacia y buena marcha del diseño e implementación de este ejercicio democrático, ambos partidos han invitado a Alianza Cívica, organización no gubernamental de reputación intachable, a asumir los trabajos preparatorios y de coordinación de esta iniciativa. Más aún, un grupo de personalidades de reconocida trayectoria, coordinado por el distinguido politólogo Sergio Aguayo, asumirán la autoridad técnica-logística y estarán a cargo de prevenir, atender y decidir sobre posibles quejas o irregularidades. Alianza Cívica es probablemente una de las organizaciones ciudadanas de mayor prestigio, compromiso con la democracia y trayectoria en materia electoral en nuestro país. Su participación en este mecanismo garantizará que, sin excepción, los mexiquenses participemos directa y abiertamente, sin coerción o manipulación de ninguna índole, expresando nuestra opinión de manera libre y secreta.
En efecto, el próximo domingo 27 se instalarán aproximadamente 1,200 mesas de consulta en lugares públicos de fácil acceso y ubicación en cada uno de los municipios del estado de México. Cabe señalar que, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con dos requisitos esenciales a saber: 1) contar con una credencial de elector vigente expedida por el IFE y 2) tener su domicilio permanente en el estado de México. Esa misma noche, Alianza Cívica estará a cargo de dar a conocer los resultados de la consulta, emitirá las decisiones a que haya lugar por las posibles irregularidades que pudieran presentarse y, el miércoles 30 de marzo, entregará públicamente a los partidos los resultados definitivos. Los gastos que este ejercicio genere, serán cubiertos igualmente por ambos partidos y su debida utilización quedará adecuadamente transparentada en información pública y de fácil acceso para todos.
Las consultas ciudadanas son procesos habituales en democracias consolidadas. Utilizando las herramientas de la democracia participativa, como las consultas, las sociedades consiguen hacerse escuchar, manifestar claramente sus preferencias y, al final, decidir sobre un cúmulo de asuntos demasiado importantes como para dejarlos exclusivamente en manos de los políticos. La eventual Alianza opositora en el estado de México es sin duda uno de estos temas. Con todo y que la gran mayoría de actores políticos de oposición simpatizamos con esta iniciativa, el respaldo de la ciudadanía es indispensable para lanzar esta cruzada democratizadora. En caso de no obtenerlo, sobra decir que acataremos esa decisión y actuaremos en consecuencia. De cualquier manera, este tipo de ejercicios ya vislumbra un cambio cualitativo en la manera de hacer política en la entidad. Hay que recordar que en el estado de México está pendiente una alternancia política y una transformación de las estructuras del poder para dejar atrás décadas de autoritarismo, caciquismo, corrupción, impunidad y desprecio por la libertad ciudadana. Más allá del resultado final de esta consulta, el grupo enquistado en el poder se dará cuenta de las dimensiones de un clamor ciudadano que exige ser tomado en cuenta. Descubrirá que la sociedad tiene mucho que decir y aportar en un amplio debate público del que ha estado marginado por alrededor de 8 décadas. Ante esto ya se advierte la desazón del gobernador y su camarilla, sabedores de que la mayoría ya se decanta por un cambio de fondo. En Oaxaca, en Puebla, en Sinaloa, la sociedad tomó en sus manos el control que ostentaba un partido y sus redes clientelares. El 27 de marzo comienza un nuevo despertar para la ciudadanía mexiquense y estamos todos invitados a la celebración.
Artículo publicado el pasado 5 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El estado de México es, por mucho, la entidad federativa que mayores recursos recibe para hacerse cargo de muchas de las obligaciones intrínsecas a su naturaleza. En este mismo espacio comentamos no hace mucho la forma en que la entidad mexiquense recibió el presupuesto más alto en la historia para la provisión de servicios públicos administrados por el gobierno del estado y las autoridades de sus 125 municipios. Paradójicamente este aumento notable en la disposición de recursos no se ha acompañado de un esfuerzo importante para atender múltiples y profundas necesidades de los mexiquenses en rubros esenciales para el bienestar social y el combate a la pobreza.
Recientemente nos hemos enterado de la existencia de otro rubro del quehacer público donde el estado de México estaría recibiendo recursos cuantiosos. Me refiero al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN) con el que la Federación plantea repartir poco más de 4,300 millones de pesos a los 220 municipios del país que presentan el mayor potencial de inseguridad o vulnerabilidad delictiva de acuerdo con una serie de criterios evaluados por la Cámara de Diputados.
El objetivo de este programa-subsidio es fortalecer el desempeño de los cuerpos policíacos municipales mediante una fuerte inversión en equipamiento, capacitación y reforzamiento institucional a fin de preservar la integridad de las personas, el orden y la paz pública. De nueva cuenta, el estado de México entra al grupo de las entidades federativas más privilegiadas. En efecto, nuestra entidad es la que cuenta con el mayor número de municipios -22 en total- que recibirán, durante este 2011, recursos del Subsemun.
Si bien el programa supone un subsidio federal directo, las reglas de operación establecen un mecanismo para responsabilizar igualmente a los municipios de multiplicar esta inversión. Por cada peso que aporta la Federación, toca al municipio en cuestión aportar una inversión adicional de 30 centavos. En esta ocasión, los recursos serán distribuidos, a los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tenancingo, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.
Nadie, en su sano juicio, podría objetar que municipios de tanta importancia, tal densidad demográfica y tal vulnerabilidad frente a la delincuencia reciban estos recursos. Sin embargo, y tomando en cuenta que muchos de ellos son gobernados por el mismo partido que encabeza el gobierno local, habrá que estar vigilantes de su correcta aplicación.
Peor aún, en el contexto de este año electoral en la entidad, habrá que ser especialmente escrupulosos. Pero más allá de eso, nos corresponde a toda la sociedad mexiquense, y desde luego al Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurarnos que se destinen esos recursos de manera eficiente a las prioridades más urgentes. Me refiero a la prevención y atención de múltiples casos de violencia contra las mujeres -especialmente los feminicidios-, la lucha contra el secuestro y la trata de personas, el combate a la extorsión telefónica y el fraude, el robo de autos, entre muchos otros delitos de alta incidencia en estos municipios. De la eficacia de este empeño, y del grado de colaboración entre las autoridades municipales y federales, depende atajar muchos de estos lastres. De ahí la importancia de recuperar la idea de una policía única por más que se opongan los de siempre, más celosos de sus prerrogativas que de sus obligaciones.
Artículo publicado el pasado 29 de enero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: milenio.com
En el combate al narcotráfico hay un punto central al que frecuentemente no se le dedica suficiente atención. Se trata de la prevención y la rehabilitación que, desde mi punto de vista, debería convertirse en una prioridad tan o más relevante como el combate frontal a los cárteles de la droga. En efecto, parte fundamental de cualquier estrategia contra el narcotráfico pasa por establecer la infraestructura y las políticas públicas que nos permitan rescatar a millones de jóvenes y adultos de las adicciones. México fue por mucho tiempo un país productor de drogas y estupefacientes destinadas fundamentalmente al mercado estadounidense.
En consecuencia, la drogadicción como un problema de salud pública no recibía carácter prioritario en la administración pública. Sin embargo, durante la última década hemos experimentado un aumento considerable en el consumo doméstico de drogas. La tendencia es mundial de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la Organización de las Naciones Unidas. Según este informe, existen actualmente en el mundo aproximadamente 250 millones de personas que consumieron, al menos en una ocasión, sustancias ilícitas durante el 2008, lo cual supone un incremento de 50 millones más que en 2005. De ellos, tan solo el 30% han recibido algún tipo de ayuda en materia de rehabilitación. Los consumidores de marihuana pasaron de 160 a 190 millones, mientras que los consumidores de cocaína son hoy 19 millones. Todos ellos son potenciales adictos más allá de la altísima cifra de consumidores “problemáticos”, es decir, aquellos que experimentan un grado muy profundo de fármacodependencia.
La situación en México dista de ser más optimista. De acuerdo con información recabada por la Encuesta Nacional de Acciones 2008, el número de personas que consumieron alguna vez una sustancia ilegal aumentó en un 30% en el lapso de 5 años, entre el periodo 2002 y 2008, llegando a más 4.5 millones en la actualidad. Peor aún, son los niños y adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, el grupo de mayor vulnerabilidad toda vez que prácticamente el 36% de los jóvenes en ese rango de edad, se vuelven farmacodependientes. Tanto el consumo de la marihuana, como el de la cocaína, las anfetaminas, el crack, la heroína y otras sustancias han aumentado considerablemente entre la población joven. El consumo de las drogas legales – alcohol y tabaco- también ha aumentado sustancialmente por lo que hace falta revisar a fondo el esquema actual de tolerancia social y flexibilidad legal de estas drogas que resultan igualmente nocivas para la salud.
Pero más allá de las tendencias globales, hay un problema severo de desempleo, falta de oportunidades y escasas políticas para procurarles educación, actividades recreativas y culturales que explica parcialmente esta escalada en el uso de drogas entre la población joven. El consumo de drogas tiene toda clase de repercusiones nocivas para la descomposición del tejido social, la desintegración de las familias además de la pérdida invaluable del talento, la energía y las aportaciones que los jóvenes pueden hacer al desarrollo del país en distintos rubros.
Por ello, la semana próxima presentaré una iniciativa ante el pleno del Senado de la República a fin de declarar el año 2011 en nuestro país como el “Año para la prevención y rehabilitación de adicciones”. Se trata no sólo de hacer consciencia del grave problema que enfrentamos sino, adicionalmente, de hacer un exhorto a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fin de que contemple una partida presupuestal especial destinada a fortalecer la estrategia nacional para la prevención y tratamiento de adicciones. El exhorto es también al Gobierno Federal y a los gobiernos locales, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto para emprender un esfuerzo coordinado con el objetivo de colocar en la agenda de prioridades públicas a la prevención y rehabilitación de adicciones.
En el estado de México el problema tiene una magnitud tanto o más grave que la registrada a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el 45% de los jóvenes en nuestra entidad abusa del alcohol de manera alarmante. Peor aún, de los 10 municipios del país donde existen las tasas superiores de consumo de drogas a nivel nacional, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec y Toluca- se encuentran en el estado de México.
Como respuesta a este desafío, los legisladores locales de Acción Nacional han presentado importantes iniciativas de ley. Una de ellas, promovida por el diputado Gustavo Parra Noriega, fue aprobada esta misma semana en el Congreso mexiquense. Con esta reforma, se creará un sistema estatal contra las adicciones en el que los 125 municipios están obligados a participar en un esfuerzo centralizado que dejará atrás las décadas de dispersión para realizar acciones de prevención y tratamiento en la entidad.
Del éxito o fracaso de esfuerzos de esta naturaleza depende, en buena medida, el futuro de millones de jóvenes así como el desenlace de la escalada de violencia asociada al narcotráfico que los mexicanos venimos sufriendo.
Artículo publicado el pasado 2 de octubre en Milenio Diario, estado de México
