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La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: Rodolfo Valtierra
Hace exactamente setenta años, un grupo de mexicanos descontentos con el régimen autoritario que comenzaba a gestarse en México, fundaron el Partido Acción Nacional. Bajo el liderazgo bifronte de Don Manuel Gómez Morín y Don Efraín González Luna, el PAN fue creado con un objetivo en mente quizá más trascendental que la propia conquista del poder. La idea fundamental era crear ciudadanía, forjar una cultura política democrática, convertir a los militantes en soldados de una transición política pacífica y gradual hacia un pluralismo mayor basado en principios éticos sobre el quehacer público y la responsabilidad de gobernar. Alguna vez, Don Adolfo Christlieb, Presidente Nacional del PAN de 1962 a 1968, señaló que entre las tareas más importantes del partido se encontraban las de orientar a la opinión pública frente a la información oficial, vigilar y criticar al poder político desde una visión distinta sobre los problemas nacionales, ofrecer soluciones alternativas a los mismos y emprender la preparación de los ciudadanos para que, en un futuro, pudieran asumir el poder.
Por tanto el PAN se convirtió en una fuerza opositora, responsable y reformista, que aportó mucho al desarrollo político e institucional de México. Sin el PAN, así como sin los partidos de izquierda, la transición democrática que vive nuestro país hoy sería prácticamente imposible. El PAN fue siempre una alternativa clara a la ideología dominante, puso el énfasis en las libertades cívicas y en los derechos humanos como contrapunto al autoritarismo y la arbitrariedad de los gobiernos emanados del PRI, fue una fuerza transformadora de la sociedad mexicana enfatizando la importancia del bien común y su participación legislativa fue crucial para promover cambios trascendentales para el país.
Por supuesto, esto no siempre fue fácil. Acción Nacional perseveró cuando el ideal democrático parecía imposible, combatió el fraude electoral y la hegemonía de un partido que fue creado desde el poder y fue un actor primordial para garantizar una transición pacífica en el año 2000.
Como se ha venido mencionando, el setenta aniversario del partido no puede encontrarlo en mejor momento. El PAN encabeza el Gobierno Federal, los gobiernos de 9 estados de la Federación, 495 presidencias municipales y muchos otros espacios de toma de decisiones. El PAN tiene, además, la mayoría en la Cámara de Senadores, cuenta con 143 diputaciones federales y 340 diputaciones locales en toda la República.
El panismo gobierna y ha rendido, en lo general, buenos resultados. Es justo reconocerlo. Pero es igualmente justo hacer una pausa en el camino y efectuar una reflexión autocrítica. El ejercicio del poder impacta sobre la imagen y la eficacia de cualquier partido político en el mundo. Existe un desgaste natural y yerros que están a la vista de todos. El equilibrio entre el pragmatismo y la doctrina sigue siendo un dilema que en el PAN aun no resolvemos del todo. Corremos el riesgo de ver diluida nuestra identidad y de repetir conductas a las que históricamente nos opusimos. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo mayúsculo y atender la importante convocatoria que a los panistas nos ha hecho nuestro Presidente Nacional. César Nava enumera 10 compromisos para renovar y modernizar pero también, de cierta forma, hacer volver al PAN a sus orígenes.
Se trata de fortalecer la estructura interna de nuestro partido para conseguir una verdadera presencia nacional, formar a nuevas generaciones de líderes y transformar nuestros procesos de afiliación para atraer a los mejores ciudadanos quienes, electos democráticamente, se convertirán en candidatos idóneos por su perfil independiente y representativo de los distintos sectores sociales. Además, toca al PAN atajar de lleno los actos de corrupción en los que incurren militantes y funcionarios panistas mediante la aplicación sistemática de nuestra normatividad interna para sancionarlos sin excepciones así como cerrar el paso a las autoridades caciquiles que impiden en distintos estados de la República la celebración de elecciones democráticas y equitativas.
El reto tiene que ver, además, con construir un nuevo modelo de ejercicio público que haga evidente la aportación panista en los tres órdenes de gobierno, que priorice una agenda social contra la pobreza y por el desarrollo integral de los mexicanos y que impulse una agenda antimonopólica a favor de la competitividad de nuestro país.
Y yo agregaría, desde las respectivas responsabilidades de partido y gobierno, abordar en este trienio que comienza las reformas que urgen a México por sus efectos sobre el bienestar de la población. Me refiero, entre otras, a la reforma educativa, otro emblema que históricamente ha abanderado Acción Nacional desde hace setenta años.
Esos serian, desde mi punto de vista, los mejores regalos que podríamos darle a nuestro querido Acción Nacional para celebrar el legado de sus fundadores y el ideario que nos da sustento.
Artículo publicado el pasado 19 de septiembre de 2009 en Milenio Diario, Estado de México
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
Foto: www.sdpnoticias.com
Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
Desmond Tutu. Foto: www.wordpress.com
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
Foto: www.elcorreo.ca
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Pocos personajes han sido tan injustamente relegados en la historiografía del siglo XX mexicano como Gilberto Bosques Saldívar. Este hombre, nacido en la comunidad de Chiautla, en el estado de Puebla, en 1892 fue un importante profesor, legislador, revolucionario, periodista, escritor y probablemente uno de los diplomáticos mexicanos más importantes del siglo pasado. Bosques comenzó una trayectoria política apoyando el movimiento maderista en su natal Puebla. Posteriormente, como legislador local y federal, Bosques fue pionero en la defensa de la reelección legislativa y un importante crítico, desde el Congreso, de los Tratados de Bucareli que Obregón signó con Estados Unidos y que condicionaban el reconocimiento estadounidense a la no retroactividad del artículo 27 constitucional sobretodo en materia petrolera. Bosques fue también un brillante periodista, director del diario El Nacional y un destacado profesor universitario. 
Sin embargo, fue en la arena diplomática donde su trabajo adquirió una dimensión sumamente relevante y donde se convirtió, sin duda, en uno de los principales artífices de la política exterior mexicana de la posguerra. De hecho una de sus primeras misiones diplomáticas le llenaría de gloria tanto a él como a México. En efecto, hace exactamente 70 años, el presidente Lázaro Cárdenas nombró a Bosques como Cónsul General de México en Marsella donde permaneció desde 1939 y hasta 1942. Fue en Marsella donde Bosques pudo concretar con el régimen colaboracionista de Vichy el convenio franco – mexicano mediante el cual el gobierno pro nazi de Pétain se comprometía a entregarle a los refugiados españoles residentes en territorio francés. Así y mediante la emisión de visas mexicanas, Bosques auspició la salida a México de más de 40 mil perseguidos del nazismo no sólo españoles sino también judíos así como franceses, austriacos, alemanes, polacos, húngaros y muchos otros. De hecho, el Consulado de México en Marsella rentó dos castillos, el de Reynarde y el de Montgrand, a fin de concentrar ahí a los refugiados previo su envío a nuestro país.
Por recomendación de Bosques, México rompe relaciones diplomáticas con el Eje y le declara la guerra en mayo de 1942. Poco tiempo después, Gilberto Bosques junto con su familia y decenas de diplomáticos de otros países –quienes también emitieron visas para salvar miles de vidas y con quienes formó una auténtica red diplomática de salvación de perseguidos-fueron capturados por los nazis y recluidos como prisioneros de guerra en la localidad alemanda de Bad Godesberg, cerca de la ciudad de Bonn.
Entre muchos otros, hombres y mujeres como el pintor Wolfang Paalen, el historiador Friedrich Katz, la científica Marietta Blau, el promotor cultural Walter Gruen, el escritor Max Aub y miles de personas más salvaron la vida, vinieron a México y dejaron aquí un legado humano e intelectual de enorme valía gracias a las visas que emitió.
Después de un regreso triunfal a México en abril de 1944 –alzado en hombros por cientos de judíos y españoles quienes colaboró a salvar-, Bosques explicó en uno de sus múltiples ensayos: “Hice la política de mi país, de ayuda, de apoyo material y moral a los heroicos defensores de la República Española, a los esforzados paladines de la lucha contra Hitler, Mussolini, Franco, Pétain y Laval”.
Tras la guerra, Bosques fue designado Embajador de México en Portugal, donde también consiguió refugiar españoles que huían del régimen franquista, posteriormente en Suecia, donde montó una de las más grandes exposiciones culturales de México en el extranjero, y finalmente en Cuba, donde protegió tanto a los simpatizantes de la revolución durante el régimen previo al castrismo como a quienes luego serían perseguidos políticos de la revolución.
Pero Bosques era además de un patriota, un auténtico demócrata. Por once años Embajador en Cuba, Bosques renuncia en 1964 a su encargo y al Servicio Exterior Mexicano. Para él, Gustavo Díaz Ordaz, entonces candidato del PRI a la Presidencia y seguro sucesor del presidente López Mateos, no era un demócrata.
Desde luego, la memoria de este gran mexicano ha sido objeto de una serie de homenajes internacionales como aquel que en junio de 2003 llevó al gobierno austriaco a colocar su nombre a una de las calles del distrito 22 de Viena. En México, sin embargo, hace falta insistir en la relevancia de este ilustre mexicano como ejemplo de honor, humanismo y amor a la patria. De ahí que, en el contexto de los 70 años del nombramiento de Bosques al frente del consulado en Marsella, el Museo Histórico Judío y del Holocausto de la Ciudad de México presentará su exposición fotográfica “Gilberto Bosques: un hombre de todos los tiempos” en el Senado de la República del 27 al 30 de abril próximo. La exposición consta de más de 100 fotografías y documentos que ilustran distintos momentos de la vida y el legado del Schindler mexicano.
Artículo publicado el 12 de abril del 2009 en Milenio – EdoMéx
