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Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El jueves pasado, los Senadores de la República aprobamos una reforma constitucional, avalada ya previamente por la Cámara de Diputados, para incorporar el derecho al agua entre los derechos esenciales que tutela nuestra Carta Magna. De tal suerte, y una vez que la reforma sea avalada por la mayoría de los Congresos estatales, el artículo 4 constitucional obligará al Estado a garantizar a los mexicanos, en todo momento y circunstancia, “el acceso, disposición y saneamiento” del agua para consumo personal y doméstico “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En la reforma se reivindica además el derecho de toda persona a un ambiente sano y se establece la responsabilidad en la que incurre quien provoque, mediante cualquier acción, daño o deterioro ambiental. Más aún, se establece que la ley definirá la manera en que se garantizará el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos mediante esquemas de participación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios de nuestro país. Se trata de una decisión sin precedentes que tendrá un impacto muy positivo sobre las políticas públicas y las dotaciones presupuestales en este rubro. Pero quizá su mayor impacto tendrá que ver con una reducción sistemática de las desigualdades en materia de acceso al agua, especialmente de agua potable. Con ello no sólo comenzará a resolverse un añejo problema heredado de décadas de inacción gubernamental sobre el particular sino que comenzará a armonizarse plenamente un derecho bien establecido en múltiples Tratados y Convenciones Internacionales (así como en los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio) que, sin embargo, no contaba con un instrumento vinculante en nuestro país.
Cabe señalar que en México aproximadamente 10 millones de personas viven sin acceso a servicios de agua potable mientras 14 millones no cuentan con instalaciones de drenaje adecuadas. Por si fuera poco, la disponibilidad de agua por habitante no es la misma en todo el país y mientras en algunas regiones hay una abundancia que incluso provoca el despilfarro, en otras ésta alcanza niveles cada vez más escasos. De ahí la importancia de plasmar en la ley este derecho y, en consecuencia, esforzarse para que los mexicanos contemos, en el menor tiempo posible, con los mecanismos que le den plena exigibilidad jurídica y administrativa. Para ello, sin embargo, se requiere también de un fuerte compromiso de la ciudadanía en su conjunto a favor de la protección y el uso racional del agua, de un trabajo continuo y sistemático para el desarrollo de infraestructura en el país así como de un cambio sustancial en la manera en que priorizamos el tema del agua frente a muchos otros.
No hace falta ahondar en las razones por las cuales la provisión suficiente y sustentable de agua es ya un tema de seguridad nacional en buena parte de las democracias del mundo. El hecho es que frente a un bien tan esencial para la vida y, al mismo tiempo, tan escaso es menester cambiar nuestras percepciones mediante las cuales se da por hecho, por ejemplo, que la habrá por siempre. Y ese es otro elemento importante de cualquier reforma constitucional en la medida en que tiene el objetivo de sensibilizar sobre asuntos clave para la estabilidad y el desarrollo de nuestro país que antes permanecían relegados en la agenda pública.
Artículo publicado el pasado 1° de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: Ignacio González - GPPAN
El jueves pasado, en el emblemático Castillo de Chapultepec -donde se firmaron los célebres acuerdos de paz que dieron fin a doce años de guerra civil en El Salvador- tuvo lugar una reunión sin precedentes. Un grupo de legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y alrededor de 40 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos reunimos con el propósito de escuchar sus demandas e intercambiar puntos de vista sobre la agenda de cambios que el poeta Javier Sicilia ha venido exigiendo a los distintos actores políticos del país. Como era previsible, la reunión se apartó de los formatos habituales y consiguió convertirse, al igual que aquella reunión con el presidente Calderón y su gabinete hace algunas semanas, en un diálogo franco y abierto sobre los efectos de la violencia que azota a nuestro país.
Quienes participamos de este encuentro fuimos testigos del dolor, la indignación y la desesperanza que invade a las familias de las víctimas. Escuchamos testimonios y recibimos señalamientos críticos, la gran mayoría fundados, a las omisiones e insuficiencias de nuestra actividad legislativa en el contexto del combate contra el crimen organizado. Sus intervenciones nos hicieron recordar no sólo nuestro deber como legisladores y representantes populares sino que subrayaron lo mucho que podemos hacer para construir políticas de Estado que prevengan la violencia, atiendan a las víctimas y a sus deudos y favorezcan el camino hacia una reconciliación que resulta inaplazable. Se trata de crear instituciones, coadyuvar para limpiar otras de la corrupción, la ineficacia y la impunidad, convertirnos en garantes de los derechos de las víctimas, en promotores de la reconstrucción del tejido social en distintos puntos del país y, en suma, unirnos a este movimiento ciudadano no sin antes pedir perdón por no haber sido capaces de actuar con la agilidad y la diligencia que exigen los tiempos actuales. Como dijo alguien, ese día parece haber cambiado algo muy importante en el Congreso. Por primera vez en mucho tiempo no se escuchaba tan clara y fuerte la voz de la ciudadanía y no se sentía que el Congreso fuera realmente la casa de todos los mexicanos. Pero más allá de esto, la reunión logró resultados concretos y específicos. El primero fue una serie de compromisos concretos para discutir y aprobar, con urgencia y en el menor tiempo posible, un conjunto de iniciativas. La agenda legislativa incluye una reforma política que ponga el acento en mecanismos de democracia participativa y de rendición de cuentas, una ley de víctimas que establezca un fondo para su atención, la aprobación de una ley contra las desapariciones forzadas y de la denominada ley 5 de junio que cambie radicalmente los criterios con los que operan las guarderías y estancias infantiles. La participación del Poder Legislativo será también crucial para hacer posibles otros compromisos que incluyen la auditoría ciudadana de la policía federal y la creación de una Comisión de la verdad que ponga nombre y apellido a las víctimas, honre su memoria e investigue las circunstancias en que perdieron la vida.
De principio a fin fue una reunión extraordinaria. Un ejercicio democrático y una llamada de alerta para empatar las prioridades de nuestro oficio legislativo con las demandas más sentidas de la sociedad.
Artículo publicado el pasado 30 de julio en Milenio Diario, estado de México
Informe de Resultados, ¡Pasión por Servir!
En mi calidad de Senadora de la República y junto al diputado local Gustavo Parra, el día de ayer tuve el honor de presentar mi Informe de Resultados por la labor legislativa realizada durante el primer año de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Este ejercicio tiene que ver directamente con el deber que todos los servidores públicos y representantes populares tenemos de informar debidamente a la población sobre el trabajo realizado. Sin embargo, implica también un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que contribuye a forjar un vínculo directo y de contacto permanente entre la ciudadanía y los legisladores.
En el caso del Estado de México, que represento en el Senado de la República, es urgente que se extienda esta práctica tan importante para combatir la opacidad, la corrupción y el abuso que, desafortunadamente, se registra en los distintos niveles de gobierno.
Por ello es también una oportunidad extraordinaria para divulgar información valiosa sobre los asuntos públicos en nuestra demarcación, y una ocasión espléndida para dotar a la ciudadanía de herramientas de juicio que les permitan tomar decisiones electorales informadas y responsables.
Los informes anuales, antes que un rito o ceremonia política a la vieja usanza, son momentos clave para establecer una amplia conversación con los distintos sectores de la sociedad mexiquense. Suponen la posibilidad de acercarse, dialogar, entender y comenzar a articular soluciones para los problemas que aquejan a los mexiquenses. Ese fue precisamente el ánimo que me llevó a reunirme, las últimas semanas, con miles de personas, grupos sociales, empresariales, culturales, académicos y religiosos.
La representación de los mexiquenses es, sin duda, una gran responsabilidad. Las necesidades de nuestra demarcación son a tal grado apremiantes que requieren de esfuerzos individuales y colectivos de gran envergadura. Como vecina, durante la mayor parte de mi vida, del municipio de Naucalpan, no soy de ninguna manera ajena a las necesidades de empleo, educación, salud, transporte de calidad, seguridad y desarrollo de nuestro municipio.
He procurado, con honestidad y sensibilidad, poner el acento en aquellas iniciativas que, ya sea desde el gobierno federal o desde el grupo parlamentario del PAN, han venido contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los mexiquenses en distintos rubros.
Con mucha satisfacción informé que gracias a una favorable interlocución con el gobierno federal, logramos que se aprobara el presupuesto más alto en la historia para el gobierno del estado y sus 125 municipios.
Con ello se facilitó no sólo un mayor acceso a la salud pública y de
calidad –por ejemplo con la construcción del hospital de alta especialidad Bicentenario en Tultitlán- sino una mejora sustancial del transporte público en la entidad con la construcción del Tren Suburbano Tlalnepantla-Cuautitlán, y de la seguridad pública municipal con un aumento importante en los subsidios para patrullas y policías. También, conseguimos la construcción del Túnel Emisor Oriente para evitar inundaciones, el desarrollo de nuevas vialidades metropolitanas y la puesta en marcha de una nueva red de estancias infantiles para las madres trabajadoras.
Por otro lado, trabajamos duro en el exhorto al gobierno del estado de México para eliminar el cobro del impuesto a la tenencia vehicular así como solicitar al Gobierno Federal aumentos importantes en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para las familias afectadas por las devastadoras inundaciones que sufrimos hace algunos meses.
Hemos seguido de cerca la gestión del gobierno mexiquense y hemos sido críticos con las prioridades de gasto de la administración. En ese sentido, impulsamos diversas obras públicas de infraestructura como la edificación de más hospitales, la construcción y mantenimiento de nuevos emisores pluviales así como la creación y ampliación de rutas para el tren suburbano –concretamente extenderlas a las regiones de Huehuetoca, Amecameca y Tecámac, así como la creación de una nueva ruta Naucalpan- Toluca.
Desde luego, esto no es suficiente. Por ello me he propuesto seguir trabajando, en este nuevo periodo legislativo que comienza, a favor de los derechos de los grupos vulnerables en nuestro estado (adultos mayores, mujeres, niñas y niños), de la eliminación de los injustos cobros de peaje en vías públicas transitadas diariamente por cientos de miles de mexiquenses, por tarifas justas para estudiantes y adultos mayores, por penas más severas a los delincuentes y a los funcionarios públicos negligentes así como por una mejor utilización del presupuesto del estado. Continuaremos vigilando de cerca, por supuesto, la poco transparente gestión de la actual alcaldesa de Naucalpan.
Sin duda, es mucho lo que falta por hacer. Vivimos en un estado con bajos índices de desarrollo, salud y educación así como altos índices de pobreza, desempleo e inseguridad como resultado de gobiernos estatales y municipales deshonestos e ineficientes.
Por ello, es hora de sumar esfuerzos y multiplicar voluntades. De la mano de la administración del Presidente Felipe Calderón seguiremos trabajando por un país mejor y un estado de México más próspero y con mejores oportunidades de desarrollo para todos. En ese contexto, vale la pena analizar con seriedad, generosidad y patriotismo, una alianza electoral que, en 2011, traiga por fin la alternancia democrática al gobierno del estado.
Artículo publicado el pasado 28 de agosto en Milenio Diario, estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.
El reciente y desafortunado capítulo, altamente publicitado en medios de comunicación nacionales y locales, sobre este pretendido convenio para impedir una alianza en el estado de México abre una nueva discusión sobre esta importante herramienta para la competencia electoral. En distintos estados de la República, el PAN y el PRD están trabajando actualmente para concretar alianzas que le permitan a Oaxaca, Hidalgo, Durango, Puebla y probablemente otras demarcaciones, dotar de una auténtica dimensión local a nuestra transición democrática. De lo que se trata es de romper el autoritarismo, el caciquismo y el patrimonialismo con que el PRI ha venido gobernando esas entidades. Se trata, además, de ofrecer al electorado una auténtica opción para transformar la vida pública en esos estados y desmantelar los feudos que ahí impiden el avance de una auténtica agenda democrática y para el desarrollo. Al menos un decálogo de razones justifican plenamente que una alianza opositora entre el PRD y el PAN (partidos que compartimos mucho más de lo que parece), también se concrete en el caso del estado de México. En esta entrega nos referiremos a los primeros cinco puntos de este decálogo y en la próxima terminaremos de delinear los cinco puntos restantes.
Elecciones 2010 -2012
1. Asegurar la alternancia en el gobierno del estado de México es una prioridad.- La vieja y antidemocrática tradición del presidencialismo priísta de designar al sucesor es un episodio histórico a nivel federal pero es una realidad cotidiana en el estado de México. La alternancia electoral, afirma Denisse Dresser, cambió a los partidos en la Presidencia pero no alteró la forma de hacer política en las gubernaturas donde no hay contrapesos suficientes para impedir a los gobernadores priístas hacer cuanto quieran a su libre albedrío. Eso tiene que terminar pues es el origen de muchos de los problemas que afectan a los mexiquenses.
2. Romper el círculo de la impunidad.- Por norma general, la nueva administración se ocupa de proteger la opacidad de la administración anterior. Ese ha sido el caso de algunos ex gobernadores del estado de México que gozan de una amplia impunidad ante investigaciones que podrían haberles fincado responsabilidad por una serie de actividades deshonestas. Prueba de ello es el reciente nombramiento de una persona con sospecha de ser incondicional al Gobernador como Auditor Superior del Estado, ya que anteriormente era el auditor externo del mismo. Con la alternancia, ese círculo se romperá en beneficio de la justicia y el estado de derecho.
3. Garantizar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales.- De manera indirecta, una alternancia en la gubernatura seria también de importancia para preparar una mejor representación partidaria en el Congreso local y las presidencias municipales. La forma en que el gobernador del estado de México interactúa con un Congreso local sobrerrepresentado por el PRI y sus aliados es indignante. No olvidemos la reforma judicial aprobada en diciembre y medio corregida en enero que envío el Gobernador, la cual generó enfrentamientos nunca antes vistos con los otros dos Poderes de la Entidad, con la que se limita la independencia y autonomia del Poder Judicial y se da una injerencia del Poder Ejecutivo que no ayuda. Hacen falta contrapesos reales en el Congreso y un Gobierno del Estado que no opere electoralmente para favorecer a los candidatos del PRI a posiciones legislativas y ejecutivas en el Estado. Con este elemento, terminaría de resquebrajarse el antidemocrático partido de Estado que el PRI sigue siendo en nuestra entidad.
4. Promover una reforma política en el estado.- No se trata tan solo de expulsar al PRI sino de aprovechar esa oportunidad para impulsar una agenda de reformas que hagan posible que el estado de México remonte una situación lamentable en muchos rubros. De entrada, es indispensable una reforma política que, a tono, con la reforma que a nivel Federal se discute actualmente, fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas, y la independencia y autonomía de los órganos electorales en la entidad. En el PAN y en el PRD compartimos estos principios y la preocupación por acercar el ejercicio del poder a la ciudadanía. En este punto es muy importante impulsar una reforma para los mexiquenses que, entre otras cosas, asegure una redistritación electoral que evite la actual subrepresentación en el Congreso. En efecto, como lo ha venido manifestando el diputado local Gustavo Parra, hay distritos electorales como los de Ecatepec y Nezahualcóyotl en los que aproximadamente 400 mil ciudadanos eligen a un diputado mientras que hay otros, en el sur del estado, donde un diputado es electo por menos de 150 mil. En este rubro también se enmarcaría un esfuerzo por reducir el número de diputaciones locales y elevar el porcentaje de ley que un partido político necesita para mantener su registro. Igualmente, en concordancia con la reforma política nacional, podrían impulsarse las candidaturas independientes en el estado de México. La principal fuerza opositora a estas reformas es el PRI y mientras permanezca en el gobierno del estado, serán tan solo parte de un ideario utópico.
5. Provocar una transformación del PRI.- Después de siete décadas de encabezar ininterrumpidamente la Presidencia de la República y haberla perdido en el 2000, el PRI no se ha transformado en parte porque su maquinaria corporativa sigue operando de la misma forma en algunas entidades de la República. Es el caso del estado de México donde los grupos, las familias y las facciones asociadas al poder desde hace décadas siguen gobernando prácticamente de manera automática. El PRI podría ser una fuerza política moderna, competitiva y propositiva que ajustándose a las reglas de la democracia hiciera aportaciones muy importantes al debate de los problemas locales. Sin embargo, no lo hará hasta que la alternancia no alcance a nuestra entidad.
Artículo publicado el pasado 13 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Un gran acierto fue la organización, en el ITESM campus Toluca, del foro denominado “Reforma Política” el pasado 2 de marzo. Bajo los auspicios del Congreso mexiquense, el evento convocó a distinguidas personalidades políticas, académicos y funcionarios quienes analizaron y debatieron sobre los distintos elementos de la reforma política presentada por el Presidente Calderón al Congreso de la Unión. Gracias a esta encomiable iniciativa, hubo oportunidad para contrastar esta propuesta con las que, en su momento, han presentado tanto el PRD como el PRI. Luego de las intervenciones de Alonso Lujambio, Luis Carlos Ugalde, Alejandro Poiré, Benito Nacif, Mireille Roccatti, entre muchos otros, no sólo quedaron claras las ventajas de la iniciativa presidencial sino que, además, fue evidente que existen coincidencias muy importantes entre las distintas fuerzas políticas para aprobar una reforma. Más aún, quedó de manifiesto la urgencia por legislar para mejorar nuestra democracia, hacer más eficientes nuestros procesos legislativos y dotar a la ciudadanía de una verdadera capacidad de control sobre los distintos procesos político-electorales.
La reelección legislativa, la segunda vuelta en la elección presidencial, la iniciativa preferente, el referendo para reformas constitucionales, la reducción del número de legisladores y las candidaturas independientes, fueron puntos medulares de la discusión. Aunque no parece haber un consenso total en todas las materias, lo cierto es que los participantes fueron enfáticos en resaltar una realidad incontestable: dejar como está el sistema político actual sería un grave error, equivalente a dejar pasar la ultima oportunidad para transformar muchos de los mecanismos que impiden reformas de fondo en nuestro país. Tal y como señala la iniciativa presidencial, la democracia electoral aún no se traduce en una mayor capacidad de los gobiernos para atender y resolver con eficacia los problemas de la ciudadanía. La reforma política, en efecto, al ampliar los derechos ciudadanos puede hacer una aportación muy importante en esta dirección.
Muchas de las presentaciones tuvieron también la virtud de desdibujar las falacias o premisas falsas, como las llamó Luis Carlos Ugalde, en que se basan algunas reacciones ante la iniciativa presidencial. Es el caso de la reelección legislativa que lejos de dar lugar a abusos -muchos de ellos en nuestra memoria histórica vinculada a la reelección presidencial en el siglo XIX- está destinada a convertirse en un formidable mecanismo de rendición de cuentas de los legisladores ante sus electores. Además, el Congreso se vería sumamente fortalecido y sus integrantes se profesionalizarían notablemente. Básicamente las mismas razones justifican ampliamente la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales.
Los proyectos de gobierno no se interrumpirían y la sociedad podría decidir si premiar o castigar una buena o mala gestión de su gobierno con el poder de su voto.
La reducción del Congreso promoverá la transparencia y una operación más eficaz para llegar a acuerdos. Además, generará incentivos, lo mismo que la Segunda Vuelta en la elección presidencial, para construir gobiernos de mayoría capaces de tomar decisiones y avanzar decisiones en muchos rubros. Por su parte, el aumento del número de votos necesario para que los partidos conserven su registro será una modificación clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en las organizaciones políticas. Además, la iniciativa ciudadana y la de la Suprema Corte de Justicia otorgará a ambos actores la capacidad de proponer soluciones a tantos problemas que conocen de sobra.
Con este evento, los panistas del estado de México hemos manifestado nuestro respaldo al clamor ciudadano que de distintas maneras exige cambios inmediatos y de fondo al sistema político mexicano. Es el caso del desplegado denominado “no a la generación del no” que convoca a los legisladores a “dejar atrás diferencias menores y el interés coyuntural a favor de una visión de futuro audaz y alentadora”.
Ese debe ser el ánimo para una Reforma Política del país pero también para una Reforma política y electoral en el estado de México. La reforma mexiquense debería abrir de par en par los procesos democráticos a la ciudadanía así como fortalecer la autonomía y la confianza, severamente mermadas en fechas recientes, del Instituto Electoral del estado de México. Debería además hacer una apuesta por la eficacia y, entre otras cosas, efectuar una redistritación de la entidad a fin de reducir el número de diputados locales.
Artículo publicado el pasado 6 de marzo en Milenio Diario, Estado de México
Afiche - ONU
Hace exactamente 61 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó uno de los documentos de mayor trascendencia para la evolución del derecho internacional contemporáneo. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, recogiendo elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789, conformó un catálogo de derechos y libertades esenciales que, en todo momento, los Estados están obligados a preservar y fomentar. Durante la elaboración de esta Declaración, los integrantes del Comité de redacción, entre ellos Eleanor Roosevelt y Rene Cassin, mantuvieron un objetivo primordial: construir un documento mediante el cual la comunidad internacional pudiese manifestar su voluntad política para respetar y nunca más atentar -como ocurrió sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial- contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.
Este año, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, determinó dedicar esta conmemoración a la lucha contra la no discriminación en todas sus manifestaciones. Todos los dias millones de seres humanos en el planeta luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. No obstante, y sin restar importancia a este aspecto, actualmente subsisten en el mundo nuevas y graves amenazas a la protección de los derechos humanos. La lucha internacional contra el terrorismo ha abierto nuevos y vergonzosos capítulos de violaciones masivas a los derechos humanos en Guantanamo y Abu Ghraib. Nuevas expresiones de intolerancia religiosa y étnica siguen presentandose especialmente en el continente asiático. El drama de los niños soldado en el Congo o Birmania, los escudos humanos en Palestina, el hambre que padecen millones de personas en Corea del Norte, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas en los Balcanes y África Subsahariana, los totalitarismos en Bielorrusia y Libia son apenas algunas de estas terribles expresiones del enorme desafío que enfrenta el mundo en esta materia. De ahí la relevancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuya eficacia, en buena medida, depende una solución a muchas de estas amenazas.
En una dimensión distinta, aunque no menos relevante, México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional. A pesar de los enormes avances que ha experimentado nuestro país en los últimos diez años, hay grandes pendientes que requieren de una solución expedita e integral. Por ello, nuevamente cobra relevancia un debate en el que hemos venido participando activamente desde el Congreso de la Unión. Me refiero a la idea de efectuar una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La idea de constitucionalizar los derechos humanos proviene de la necesidad de efectuar un cambio conceptual de gran relevancia en nuestra Carta Magna. Implica pasar de un régimen donde el Estado otorga garantías al ciudadano – como si fuese una graciosa concesión- a uno donde el Estado reconoce derechos humanos como base fundamental de su interacción con los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
Sin duda, debatiendo este tema, podría ser la mejor manera de honrar nuestro voto afirmativo aquel 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a una Declaración que estableció el compromiso universal con los derechos humanos. Otra forma de honrar esta importante efeméride podría ser emprender una discusión seria y franca sobre la necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se registran en nuestra frontera sur. Una nueva política migratoria en esa frontera sería un detonante de cambios transcendentales en muchos ámbitos pero sobre todo en la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, un tema esencial para nuestro país dado el drama de cientos de miles de mexicanos que anualmente cruzan la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
Artículo publicado el pasado 12 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, del Estado de México
Foto: presidencia.gob.mx | Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 5 al 8 de septiembre de 2000
Hace nueve años que la comunidad internacional en su conjunto adoptó, durante la denominada Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, 8 compromisos que desde entonces se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el año 2015, todos los estados miembros de la organización mundial se comprometieron a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar un medio ambiente sustentable y fomentar una asociación mundial para la cooperación y el desarrollo.
El primer corte de caja ocurrió en 2005 y el diagnóstico era francamente optimista. Las cifras permitían vislumbrar un desempeño razonablemente positivo a nivel global y se preveía que salvo algunas notables excepciones –sobretodo en ciertas regiones de África y América Latina- el 2015 llegaría con la gran mayoría de los compromisos cumplidos.
Sin embargo, los avances registrados sobre todo en el combate a la pobreza y el hambre han comenzado a reducirse e incluso a revertirse como resultado de la crisis financiera y alimentaria en la que estamos actualmente inmersos. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre esta materia, la población que vive en pobreza extrema se estima que ha crecido aproximadamente en 90 millones de personas más a partir de la crisis económica. Además, la población mundial que sufre hambre habría pasado del 16 al 17%, más de un cuarto de los niños en países en desarrollo están sufriendo desnutrición, y la equidad de género en el acceso al trabajo remunerado y a posiciones de empoderamiento también ha sufrido un importante decremento. Peor aún, una implicación especialmente indeseable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tiene que ver con una reducción generalizada, en la mayoría de los países del mundo, de los programas y políticas sociales que habrían contribuido a superar satisfactoriamente estas metas en 2015. Este es sólo un elemento más que junto con el colapso de las exportaciones desde países en desarrollo, el aumento exponencial de la deuda internacional que contraen y la grave reducción en el envío de remesas dibuja un escenario poco halagüeño para cerrar la enorme brecha de desigualdad prevaleciente.
En México, la crisis alimentaria y económica mundial ha impactado considerablemente a la población más vulnerable. Las remuneraciones al trabajo se redujeron 21% entre 2006 y 2008 para el 20% de la población más pobre. En este mismo periodo, observamos que hubo incrementos en el número de mexicanos en condiciones de pobreza. Ello se verifica al observar que en lo que se refiere a la pobreza patrimonial, en el año 2006 el 42.6% de los mexicanos se encontraban en esta situación mientras que para el año 2008 se incrementó este porcentaje al 47.4%. Asimismo, en el 2006, el 20.7% vio mermado su ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, cifra que aumentó a 25.1% en el 2008. Igualmente, en el 2006 el 13.8% de los mexicanos con insuficiencia de ingreso disponible para adquirir una canasta básica de alimentos, se vio engrosada en el 2008 a 18.2%. Esto prueba que, en el actual contexto de crisis, el cumplimiento de las Metas del Milenio se antojan lejanas. Incluso, el informe de la ONU menciona que frente a otros desafíos que implican reformas legislativas y compromisos políticos amplios, los resultados son mucho más modestos y, en ocasiones, regresivos.
De acuerdo con Sha Zukang, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, existen una serie de recomendaciones útiles para que la comunidad internacional, y particularmente nuestro país, retome la vía que le permitirá cumplir o acercarse mucho al cumplimiento cabal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.
Entre otras, destacan las propuestas de promover el empleo femenino, donde hay al mismo tiempo un atraso que representa una gran oportunidad para la economía global, establecer agresivas políticas estatales para la reducción del hambre entre las poblaciones más vulnerables, cooperar para generar un mayor compromiso político para darle prioridad a la salud pública, implementar políticas que atiendan la precariedad de la pobreza urbana y, por supuesto, combatir con determinación el cambio climático y otros fenómenos ambientales asociados.
Es un imperativo para esta LXI Legislatura del Congreso legislar y efectuar reformas para impedir recortes injustificados a los programas sociales, para dotar de más presupuesto a las políticas focalizadas a la población más vulnerable del país y robustecer un aspecto que, en nuestros países, es palanca clave para el desarrollo: garantizar una educación de calidad para todos.
Artículo publicado el pasado 5 de diciembre en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
