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Foto: esmas.com | Presidente Felipe Calderón
El pasado 7 de abril, se conmemoró una vez más el Día Mundial de la Salud. Es común que a propósito de esta efeméride, los gobiernos presenten un diagnóstico del panorama que guarda este rubro crucial de la administración pública así como el análisis de los desafíos que se presentan para la protección de la salud de las generaciones venideras. En esta ocasión, a la par de otorgar la condecoración Eduardo Liceaga y los Premios al Mérito en Salud 2011 a diez profesionales de la salud, el presidente Felipe Calderón compartió información que pone en perspectiva histórica el extraordinario avance en materia de cobertura de salud que hemos experimentado en los últimos diez años de gobiernos panistas. La cobertura de los servicios de salud públicos se duplicó al pasar de 45 a 95 millones de beneficiarios lo cual equivale en términos relativos a que, como lo dijo el presidente, se hiciera mucho más en los últimos diez años que en todo el siglo XX. Esto ha tenido implicaciones múltiples en el acceso a la salud de los mexicanos y especialmente en la cobertura de los municipios más marginados de México. Hace 10 años, sostuvo el presidente, con base en el Censo de Población recientemente publicado por el INEGI, el 85% de esos municipios sufría una carencia total en materia de servicios médicos. Hoy la situación es sustancialmente distinta con la construcción de casi mil hospitales, clínicas y centros de salud durante la presente administración y la remodelación de otros mil 788. Esto implica alrededor de dos obras de infraestructura hospitalaria que abren sus puertas diariamente en beneficio de las familias mexicanas.
En este sentido vale la pena destacar otros logros evidentes en el renglón de la salud pública. De entrada, la esperanza promedio de vida de los mexicanos es hoy superior a los 75 años de edad; la mortandad en menores de un año de edad ha disminuido en más del 60% y la incidencia de mortalidad materna es hoy menor a la tasa de 50 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Estos indicadores que suponen avances notables en el cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio son apenas un botón de muestra de la cruzada a favor de la salud que se ha venido impulsando y que ha recibido ya el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Contamos además con el programa más amplio de vacunación en América Latina, con uno de los mejores sistemas de inteligencia epidemiológica y con una fortalecida capacidad de diagnóstico en los laboratorios de salud pública estatales y federal. Las cifras son también encomiables en materia de prevención y reducción de la prevalencia del SIDA, la atención de casos de dengue, cáncer, diabetes y otros padecimientos graves, así como en lo que concierne a la Estrategia de Embarazo Saludable.
Luego de una inversión histórica en este rubro, estamos hoy cada vez más cerca de un viejo anhelo que veremos finalmente materializarse en 2012. En efecto, al finalizar el sexenio, el Presidente Calderón dejará un legado extraordinario. Me refiero a la cobertura universal en materia de salud para todos los mexicanos. Aunque se diga fácil, conseguir que todos los mexicanos tengan acceso a algún tipo de seguridad social es una de esas proezas que nos llenarán de orgullo y a la que, en definitiva, países de desarrollo similar al nuestro no pueden siquiera aspirar.
Artículo publicado el pasado 9 de abril en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Con todo, lo emprendido hasta ahora parecía estar muy lejos de satisfacer la apremiante necesidad de atajar un problema tan extendido y complejo. En efecto, la llamada esclavitud del siglo XXI se ha reflejado en nuestro país con formas y dimensiones indignantes que pasan por las distintas fases de origen, tránsito y destino de personas víctimas de la explotación sexual y laboral. De acuerdo con información de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWALC, por sus siglas en inglés), México es no sólo el quinto país de la región latinoamericana con el mayor número de víctimas de este delito, sino uno de los que mayor riesgo corren frente a la expansión de redes nacionales y transnacionales del crimen organizado dedicadas a este aberrante negocio. Peor aún, dos coyunturas confluyen para agravar la vulnerabilidad de nuestro país frente a estas prácticas. Por un lado, la crisis económica internacional y, por el otro, la lucha frontal que el Estado Mexicano mantiene contra el narcotráfico han terminado por generar un proceso de diversificación de las organizaciones criminales que encuentran en la trata de personas una alternativa para seguir delinquiendo y obteniendo recursos cuantiosos para financiarse. Concretamente, los estados de la frontera norte y la frontera sur, así como aquellos que colindan con el Océano Pacífico concentran la mayor parte de los problemas relacionados con la trata de personas y la explotación. Todos los días, estas redes criminales desafían al Estado Mexicano, compran funcionarios de los tres niveles de gobierno, controlan complejos esquemas logísticos para su operación y sustentan económicamente muchas otras actividades delictivas. No hay que olvidar que se trata, según la Organización de las Naciones Unidas, del tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, justo después del tráfico de drogas y armas, puesto que sus ganancias ya rebasan los 30 mil millones de dólares anuales.
Con aproximadamente 200,000 víctimas anuales de la trata de personas –y 2 de cada 10 siendo menores de edad según datos de organizaciones no gubernamentales- , nuestro país está obligado a diseñar y emprender nuevos mecanismos que desarticulen a estos grupos criminales y que reduzcan sensiblemente la incidencia de este fenómeno global. Frente a la magnitud del desafío, el Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, llega a cubrir un vacío fundamental en términos de la coordinación y colaboración de los sectores público, privado y social. Si bien el Programa se establece como encomienda de la Ley promulgada en 2007, va mucho más allá de lo que originalmente suponía un ejercicio de esta naturaleza. El programa formula un total de 58 líneas de acción fundamentalmente relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia del delito, con el diseño y puesta en marcha de un sistema para la búsqueda sistemática de personas desaparecidas, y que se presuma estén en una situación de este tipo, así como una serie de políticas públicas con el objetivo de colocar este tema en un nivel de alta prioridad entre las tareas de esta administración. Más aún supone la elaboración de un nuevo y profundo diagnóstico sobre las dimensiones y manifestaciones actuales de esta práctica, el establecimiento de un código de conducta que comprometa a los medios de comunicación a no difundir, transmitir ni publicar anuncio que pueda tener que ver con trata y la celebración de un Convenio marco con los estados de la Federación para la plena armonización de legislaciones locales. De hecho, entre sus ambiciosos objetivos, se contempla armonizar las leyes de todas las entidades del país, aumentar el número de integración de averiguaciones previas a por lo menos el 80% así como aumentar sustancialmente el número de campañas mediáticas sobre el particular.
El programa también prevé el desarrollo de herramientas de capacitación y formación para los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno en materia de derechos humanos, prevención de la trata de personas y delitos relacionados, así como la implementación de procedimientos ágiles y seguros de acceso a la justicia, coordinación de las procuradurías para la persecución y sanción del delito y de concientización para asegurar que los centros de salud atiendan y orienten a las personas en situación de trata para acudir a las distintas instancias de procuración de justicia. Más aún prioriza como el grupo más vulnerable entre los vulnerables a la infancia. Por tanto, establece una serie de políticas encaminadas a denunciar posibles conductas asociadas al delito de trata de niños, promoviendo la denuncia entre proveedores de servicios como transportes y hospedaje, a impulsar una plena armonización del marco jurídico nacional con respecto a la Convención sobre los derechos del niño y a implementar una amplia campaña de difusión en este sentido. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cada año son explotados entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en el país.
Finalmente, el Programa no es omiso con respecto a la necesidad de establecer sistemas de cooperación internacional para la persecución de este delito. Como parte sustancial del mismo, se establece el intercambio de información con otros países sobre mejores prácticas para prevenir y sancionar, así como reforzar el intercambio de información de inteligencia, de acuerdo con la legislación internacional vigente.
Se trata de un paso sólido en la dirección correcta que deja atrás años de inacción, indolencia e indiferencia con respecto a este grave asunto de seguridad nacional. El Programa supone un avance sustancial que hoy le permite al gobierno mexicano reconocer que nuestro país se ha convertido en un país de tránsito, origen y destino de víctimas de trata y, en consecuencia, asumir con plenitud su responsabilidad en la erradicación de este delito así como en la generación de las condiciones óptimas para su prevención. Por supuesto que en esta empresa, como en muchas otras, los gobiernos estatales tienen mucho que aportar. De entrada parece inverosímil que tan sólo seis estados –Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala e Hidalgo- cuenten con legislación especializada en la materia mientras que sólo 12 estados cuentan con una legislación que busca armonizarse con el Protocolo de Palermo, el principal mecanismo internacional para atender, prevenir y sancionar la trata.
Artículo publicado el pasado 8 de enero en Milenio Diario, estado de México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aplicó con éxito el Censo de Población y Vivienda 2010 del 31 de mayo al 25 de junio. Más de 106 mil encuestadores tocaron puertas en prácticamente todo el país con el propósito de extraer de cada vivienda información útil para entender cuántos somos, con qué nivel de escolaridad contamos, entre otros datos relevantes para identificar el perfil de nuestra población, sus necesidades materiales, su acceso a servicios, entre otros importantes rasgos demográficos. Aunque apenas se ha dado a conocer información preliminar del Censo; -en marzo de 2011 se difundirán los resultados completos en variables de edad, sexualidad, ocupación entre muchos otros- datos muy interesantes que es posible interpretar y compartir.
El primer dato que salta a la vista es un aumento poblacional impresionante. Hoy somos 112 millones 322 mil habitantes, lo cual supone prácticamente 4 millones de mexicanos más que lo proyectado. Este dato por sí solo nos ubica en el undécimo lugar entre los países más poblados, lista que desde luego encabeza la República Popular China con mil 354 millones de habitantes.
El estado de México continúa siendo al entidad con el mayor número de población rebasando los 15.2 millones de habitantes -uno de cada siete mexicanos es mexiquense-. En toda la República, las zonas metropolitanas suman 62 millones de habitantes, es decir, prácticamente 56 de cada cien habitantes de México residen en alguna de estas zonas. Otro dato importante es la forma en que el crecimiento demográfico ha venido ensanchando la diferencia entre hombres y mujeres. Somos un país con más de 57 millones de mujeres mientras que hombres hay poco menos de 55 millones.
Pero es el censo de vivienda quizá el que más información provee sobre el estado que guarda la sociedad mexicana y su relación con este satisfactor esencial. De acuerdo con las cifras oficiales, México alcanzó un aumento extraordinario en materia de vivienda. Se indica en el censo que a mediados de 2010 había un parque habitacional de aproximadamente 28.6 millones de viviendas lo cual implica 3.9 millones de viviendas más que las que se registraron en 2005. Esta cifra deja entrever el impresionante esfuerzo de construcción de vivienda que se ha venido registrando en las ultimas dos administraciones del expresidente Fox y el presidente Calderón.
Son años históricos para la vivienda tal y como lo admite la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) según la cual nunca se construyó tanta vivienda en la historia de México como en este año que termina. Fue el año, dice la Canadevi, de la reactivación del sector a pesar de que la crisis financiera global impactó negativamente proyectos aún más ambicioso de inversión, construcción, financiamiento y subsidio a la vivienda para distintos sectores socioeconómicos en nuestro país. Las entidades que muestran un avance sostenido en crecimiento de viviendas habitadas son, en orden decreciente, Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Guanajuato, Colima, Tabasco, Hidalgo y Nuevo León. El menor avance en este rubro se registra, entre estados como Campeche, Zacatecas, Guerrero, Puebla y el estado de México. Así mismo en el estado de México está también el municipio con mayor densidad poblacional de todo el país -el municipio de Nezahualcóyotl con más de 17 mil quinientos habitantes por kilómetro cuadrado- y algunos de los municipios con mayor población en términos absolutos en la República -destaca el caso de Ecatepec de Morelos con 1 millón 658 mil habitantes-. Tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México se contabilizaron 20.1 millones de habitantes y una densidad poblacional mucho mayor que en el resto del país. La zona metropolitana de nuestro país se ubica, de esta forma, como la tercera más grande del mundo detrás de la de Tokio, Japón, que cuenta con 36.5 millones de habitantes y casi alcanzando a Delhi, en India, con una población de 21.7 millones de habitantes. Tras de la mexicana se ubican metrópolis como Sao Paulo, en Brasil, con 20 millones y Bombay, también en India, con aproximadamente 19.7 millones de habitantes.
No obstante hay cifras que encierran un significado más profundo amén de su interpretación literal. Por ejemplo, Oaxaca es la entidad federativa con la mayor cantidad de población en localidades menores de 2,500 habitantes. Prácticamente el 52% (2 millones de personas) vive en comunidades de estas características. Sin decirlo literalmente, el censo devela así el profundo nivel de marginalidad que comunidades enteras han alcanzado en el estado de Oaxaca. Aunque la distribución de la población entre las localidades menores a 2,500 habitantes y las que albergan a más de 2,500 se ha cerrado notablemente en los últimos decenios, la presencia de 23% de la población en localidades aisladas y de alta marginación pone en perspectiva un dato más bien desalentador. Integrar al desarrollo a ese 23% de la población debe ser una alta prioridad de los gobiernos municipales, estatales y federal.
El Censo sirvió, en efecto, al propósito de recabar valiosa información para el diagnóstico demográfico de México y la identificación de soluciones a problemas derivados de sus condiciones materiales. No obstante también fue útil para demostrar que, a pesar de lo que algunos argumentaban, las instituciones del Estado Mexicano están en control del territorio nacional y, por tanto, los encuestadores pudieron llegar a cada rincón del país. De acuerdo con Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad de la Presidencia de la República, el INEGI pudo aplicar debidamente el censo en prácticamente el 99.96% del país.
El México retratado por el censo es un México fuerte, dinámico y cambiante, con problemas que enfrentar, en efecto, pero con un futuro sólido y altamente promisorio.
Artículo publicado el pasado 1º de enero en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social divulgó información muy importante para el diagnóstico actual del trabajo infantil en nuestro país. Lamentablemente, hay más de 3 millones de niños mexicanos trabajando y, prácticamente, una tercera parte de ellos tienen entre 5 y 13 años de edad lo cual representa no sólo un lastre moralmente inaceptable sino un crimen contra la infancia. Cabe señalar que, de acuerdo con la definición oficial de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estas cifras tan sólo dan cuenta de aquellos menores entre 5 y 17 años que desempeñan alguna actividad económica. Por tanto, esta estimación excluye a un grupo potencialmente numeroso de niños y niñas que realizan otras actividades de carácter esencialmente urbano como limpiaparabrisas, cuidadores de vehículos, payasos, malabaristas o cantantes de crucero, pedigüeños, lustradores de calzado, cargadores de bolsas de mandado, empacadores o trabajadores a destajo a cambio de una propina. También excluye a niños y niñas que desempeñan un trabajo fundamentalmente doméstico. De acuerdo con un Informe reciente de UNICEF, cientos de miles de niñas y niños entre 5 y 17 años dedican muchas horas semanales a actividades que podemos denominar como quehaceres del hogar, con lo que también distorsionan y trastocan lo que debería ser una sana y feliz infancia o adolescencia. Evidentemente tampoco incluye a niños y niñas que son víctimas de la explotación sexual y la prostitución o integrantes de grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con expertos, el incluir a este grupo de niñas y niños en la estadística, tarea muy compleja a nivel técnico, podría arrojar cifras y datos francamente alarmantes. A esta estadística también convendría sumar a los niños trabajadores inmigrantes quienes, especialmente en el sur del país, son un grupo numeroso que enfrenta un sinnúmero de riesgos.
Aunque en los últimos años se han establecido políticas orientadas a la protección de este sector tan vulnerable de nuestra sociedad –con las que se logró una reducción en la tasa de ocupación infantil del 12.5 al 10.7%- estamos muy lejos de erradicar esta abominable práctica. Son varias las condiciones socioeconómicas y culturales que hacen posible su supervivencia. En primer lugar, entidades con bajo desarrollo económico y escaso acceso a la educación básica así como hogares que perciben ingresos de dos salarios mínimos o menos presentan una incidencia considerablemente mayor de distintas modalidades de trabajo infantil. Ya sea en el trabajo agrícola en las zonas rurales o en el comercio y la manufactura en el ámbito urbano, el 80% de los niños que trabajan pertenecen a familias de muy bajos recursos, escasos niveles educativos y entornos económicamente deprimidos. Todos ellos enfrentan situaciones que de una u otra manera suponen violaciones a sus derechos humanos, abusos, vejaciones y explotación. Un efecto inmediato y particularmente nocivo tiene que ver con la inasistencia escolar. De acuerdo con cifras oficiales, 58% de la población infantil ocupada no asiste a la escuela y prácticamente 65% de los niños trabajadores entre 14 y 17 años la abandona para siempre. De esta manera, no sólo detienen abruptamente su desarrollo académico, social y humano sino que limitan considerablemente su capacidad para salir de la pobreza al llegar a la edad adulta. Además, algunos de sus derechos esenciales consagrados en distintos instrumentos internacionales como los que se refieren a la educación, al juego, la diversión y a crecer en un entorno familiar con afecto y amor, les son sistemáticamente violados. Es también el caso de su derecho al descanso y disfrute del tiempo libre toda vez que el 68% de los niños y las niñas que trabajan se dedican no sólo a una sino a dos o más actividades laborales al día. A eso los obliga una trágica realidad en la cual suelen jugar un papel fundamental. Muchos de ellos proveen a sus hogares de los recursos necesarios para subsistir. Con frecuencia son niños y adolescentes trabajadores quienes, en comunidades de alta marginalidad, se convierten en jefes de familia con responsabilidades de adultos y, en ocasiones, con los deberes asociados a una paternidad o maternidad prematura.
De nueva cuenta, el estado de México registra uno de los peores índices a nivel nacional en este rubro. La medición más reciente de menores ocupados con un no familiar –precisamente el grupo que más preocupa- muestra al estado de México como la entidad federativa puntera en la lista. Con un alarmante 12.6% del total de niños trabajando, el estado de México está a la zaga de otras entidades federativas que han puesto en marcha programas exitosos en la materia y presenta una dramática realidad que lamentablemente no ha ocupado a las autoridades responsables en la materia. En este mismo espacio, y en otras páginas de este mismo diario, hemos venido insistiendo en la urgencia de dar una respuesta eficaz a cientos de miles de niños que en municipios como Chalco, Chimalhuacán y Metepec trabajan jornadas extenuantes para satisfacer las necesidades esenciales de sus familias (Véase la columna publicada el 20 de junio de 2009 y los reportajes de investigación de Martha D. Gómez en distintos ejemplares de Milenio estado de México en ese mes). Sin embargo, las autoridades mexiquenses parecen más interesadas en efectuar costosas giras internacionales, apoyar campañas electorales en otros estados e insistir en una vergonzante promoción de la imagen del Gobernador en el contexto de la próxima sucesión presidencial.
Por tanto, no es ocioso recordar que México se ha comprometido con la comunidad internacional a eliminar las peores formas de trabajo infantil para el 2016 y a eliminar de tajo todas las formas de éste para el año 2020. Aunque falta mucho por hacer, el primer paso esta dado con la creación del Módulo de Trabajo Infantil que con el apoyo de UNICEF ha arrojado el primer diagnóstico y hoja de ruta para combatir este flagelo. Toca ahora concretar una Reforma Laboral que aborde este tema y a las entidades federativas, de manera especial al estado de México, responsabilizarse de lo que le toca para garantizar una efectiva protección a la infancia que enfatice la educación, la recreación y el desarrollo integral de los menores que trabajan.
Artículo publicado el pasado 17 de julio en Milenio Diario, Estado de México
Gráfico: www.mariaspaces.bligoo.es
El pasado 15 de junio, se celebró la quinta edición del Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. Desde el 2006 la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido el abuso y el maltrato a la vejez como un grave asunto de salud pública y una grave violación a los derechos humanos. Por ello, convocó a la celebración anual de esta conmemoración con el fin de divulgar información relacionada con este fenómeno y promover un creciente involucramiento de autoridades, instituciones y grupos de la sociedad civil en la protección de este grupo altamente vulnerable.
La gravedad de estas prácticas no sólo tiene que ver con las escandalosas cifras de maltrato que se verifican anualmente alrededor del mundo sino, más importante aún, con el hecho de que éste ha sido un tema marginal y largamente ignorado en la agenda de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los centros académicos y los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. De manera afortunada, esta situación ha comenzado a cambiar. En Europa, por ejemplo, el envejecimiento de la población ha provocado una nueva reflexión sobre el maltrato a los adultos mayores y una serie de medidas legislativas y de políticas públicas –tanto a nivel comunitario como nacional- para prevenir, castigar y educar sobre la importancia de proteger sus derechos y su dignidad.
En nuestro país, sin embargo, aún falta mucho por hacer. Si bien el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (INAPAM) ha hecho un trabajo muy importante sobretodo en lo que respecta a la de la denuncia al maltrato y la orientación jurídica a las víctimas, las políticas actuales resultan insuficientes tanto a nivel federal como a nivel estatal. Parte de esta insuficiencia tiene que ver con la complejidad de identificar y establecer medidas para prevenir y erradicar los casos de violencia física, psicológica, emocional y patrimonial que sufren millones de ancianos. Más difícil aún resulta combatir y erradicar una cultura del desprecio, el despojo y la segregación del adulto mayor que desafortunadamente, y para vergüenza de todos, sigue existiendo en nuestro país. El caso es especialmente crítico toda vez que comienza a registrarse, como en Europa, una acelerada transición demográfica hacia el aumento en el número de adultos mayores. Y peor aún, un crónico empobrecimiento que las políticas tradicionales y de corte asistencialista no son capaces de remontar.
Actualmente, y de acuerdo con cifras oficiales de la CONAPO, viven en México 9.4 millones de adultos mayores. 35% de ellos, sin embargo, no cuentan con seguridad social. De acuerdo con distintas proyecciones, en el 2030 tendremos 20 millones de adultos mayores y, de seguir con la tendencia actual, prácticamente la mitad de ellos no tendrán cobertura social alguna. Pero eso no significa que el resto viva en una situación económica y social deseable. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), tan sólo 17.2% de la tercera edad no vive en condiciones de pobreza y/o de vulnerabilidad social. Eso supone que más del 80% de adultos de edad avanzada en México viven con alguna carencia económica y social que les impide disfrutar a plenitud de una vida digna y decorosa. En concreto, el 82.8% experimenta algún grado de pobreza multidimensional y, una importante proporción de esta cifra, ha sufrido algún tipo de violencia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2004 y 2008 se registraron poco menos de 53 mil muertes violentas entre la población de adultos mayores. En ese mismo periodo, más de 2,300 adultos mayores se quitaron la vida y eso da cuenta del maltrato psicológico, el abandono y la depresión del que son víctimas muchos de nuestros ancianos.
Urge por ello el establecimiento de una cultura de respeto, solidaridad, protección y reconocimiento social de los adultos mayores. Hace falta también la generación de estrategias que enfaticen el apoyo comunitario, la solidaridad intergeneracional y la prevención de actos de discriminación al interior de las propias familias. De acuerdo con una encuesta realizada recientemente por El Colegio de México, tan solo en el Distrito Federal, el 36% de los casos de abuso contra la tercera edad son perpetrados por sus propios hijos y más del 10% por sus nietos. Hace falta también un marco jurídico nacional que de manera más enfática castigue los actos de discriminación, abuso y maltrato aún aquellos que se cometen por negligencia u omisión, en consonancia con el Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas. Más aún, hace falta, una Convención Internacional para la Protección de los Adultos Mayores que le imponga a los países firmantes una serie de compromisos de vanguardia en esta dirección.
Los adultos mayores tienen mucho que aportar al desarrollo de su entorno inmediato. Sus experiencias y su talento, su sabiduría y sus anhelos deben ser plenamente aprovechados y valorados por la sociedad en su conjunto. Por ello, es necesario trabajar para cambiar las actitudes discriminatorias que estereotipan y excluyen a las personas por su edad. La educación pública, en sus distintos niveles escolares, debería incluir temas de gerontología a fin de hacer conscientes a los jóvenes de hoy de que nos convertiremos en los adultos mayores del mañana. Por ello, hay que redoblar el esfuerzo y diseñar una política de Estado contra la discriminación a los adultos mayores y por la protección de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a una vida libre de violencia y maltrato. Hay que recordar que, como afirmó Juan Pablo II, una sociedad debe ser juzgada sobre la base del trato que da a sus miembros más débiles, es decir, la niñez y los ancianos.
Artículo publicado el pasado 26 de junio en Milenio Diario, estado de México
