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El próximo 17 de agosto, el Presidente Calderón hará una visita oficial a Brasil a fin de signar compromisos concretos en materia política, comercial, científica, cultural y educativa. Sin duda, la visita representa una gran oportunidad para enfatizar la necesidad de institucionalizar plenamente la relación bilateral y dejar atrás la indefinición, las rivalidades y los desencuentros que desafortunadamente han caracterizado históricamente a nuestras relaciones bilaterales.
Fotografía: www.todososfogos.blogspot.com
Desde 1862, cuando el primer embajador mexicano pisó Río de Janeiro, las relaciones entre México y Brasil no han estado exentas de fuertes desencuentros y rivalidades. Estos desencuentros tuvieron que ver, de acuerdo con Guillermo Palacios, con una cultura de hostilidad en las burocracias medias alimentadas por los disímbolos regímenes políticos de ambos países. El origen de esto pudo estar en las preferencias distintas de un país independiente en el siglo XIX, que se desangraba en la lucha entre conservadores y liberales decantándose por la construcción de una República, y un país que eligió la monarquía como forma de gobierno promoviéndola en todo el hemisferio hasta finales del siglo XIX.
Los desencuentros se agudizarían en el siglo XX con el advenimiento de la dictadura de Vargas en los años treinta y cuarenta y, más tarde, de las dictaduras militares de los sesenta y setenta. Sin embargo, ante los procesos paralelos de construcción de la democracia en ambos países a partir de los años ochenta, las posibilidades de encuentro son cada vez mayores y, en buena medida, urgentes.
Aunque la política exterior de ambos países también ha sido en buena medida distinta, hoy México y Brasil mantienen un importante liderazgo regional en Centro y Sudamérica respectivamente y aspiran a un liderazgo global que pueden y deben mantener sin considerarlo mutuamente excluyente. Las legítimas aspiraciones de México y Brasil ante posiciones internacionales de relevancia no puede ser impedimento y, más aún, debería ser un incentivo para construir un mejor diálogo e intercambio bilateral. Por extraño que parezca ese es precisamente el criterio de la opinión pública mexicana que, de acuerdo con la encuesta publicada por el CIDE sobre sus percepciones en materia de política exterior, concibe a Brasil más como un amigo (53%) que como un socio (30%) y prácticamente nunca como un rival (4%) de México.
Frente a mecanismos de diálogo y cooperación excluyentes como la Unión Sudamericana, el denominado G-3 –que Brasil formó con India y Sudáfrica-, entre otros, es necesario fortalecer mecanismos incluyentes a nivel hemisférico como el Grupo de Río –donde Brasil y México son actores protagónicos- y dar forma a proyectos que moldeen una agenda bilateral ambiciosa.
De ahí que se antoja indispensable la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con Brasil aún más ambicioso que los que ha firmado México con países como Argentina, Chile y, recientemente, Costa Rica. Esta Asociación Estratégica debería abordar una amplia agenda de cooperación y advertir que su implementación abrirá una nueva etapa de consultas expeditas sobre asuntos políticos, energéticos y multilaterales.
Solo así se honraría una relación comercial que fluye anualmente con volúmenes cercanos a los ocho mil millones de dólares, una multimillonaria inversión recíproca, un PIB combinado entre los dos países de más de 1.2 billones de dólares y, por supuesto, la responsabilidad mutua que compartimos con la estabilidad, el crecimiento, el bienestar y la integración en América Latina. La existencia de este mecanismo implicaría, además, entender cabalmente nuestras divergencias y ampliar las oportunidades de converger. México tiene que comprender la pertinencia del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y Brasil aceptar que el TLCAN no divide ni amenaza a América Latina.
En este contexto, y a partir de la creación en marzo de 2007 de la Comisión Binacional México – Brasil, deberían seguir anuncios similares para establecer mecanismos de diálogo y concertación entre ambos países en distintas materias. Sería relevante, por ejemplo, recuperar la relación parlamentaria a fin de celebrar a la brevedad la Segunda Reunión Interparlamentaria México – Brasil (la primera se celebró hace ya más de 5 años en febrero de 2004) y de alguna manera ciudadanizar lo que ha sido hasta el momento, casi exclusivamente, una relación diplomática mediante la creación de mecanismos específicos para la convergencia de empresarios, intelectuales, artistas, estudiantes, científicos, entre otros. Nuestra mutua participación en el denominado G5 justifica, además, mejores esfuerzos para ampliar nuestra cooperación energética, la generación de Centros Binacionales de Investigación y, por supuesto, un constante diálogo para fortalecer la postura de la región latinoamericana en foros internacionales en temas clave de la agenda multilateral como los financieros, agrícolas, energéticos y ambientales.
Artículo publicado el pasado 8 de agosto del 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Embajador Carlos Pascual
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado adjunto para América Latina
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
En una colaboración en el periódico Reforma el 16 de marzo de 2008 publiqué una reflexión sobre la Secretaría Pro Témpore de México en el Grupo de Río. En aquel momento advertí que para nuestro país, encabezar el Grupo de Río, implicaba atender las peculiaridades latinoamericanas que si bien pueden traducirse en oportunidades también presentan conflictos y desafíos de distinta naturaleza, ante los cuales es preciso plantear un enfoque selectivo y dinámico en materia de política exterior. Me referí, en ese artículo, a la necesidad de fortalecer institucionalmente al Grupo de Río e impulsar la incorporación de Cuba a fin de que participara en la XXI Cumbre a realizarse en nuestro país en 2009.
En efecto, el pasado 13 de noviembre de 2008 la canciller Patricia Espinosa participó en la Vigésimo Séptima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, cuya Secretaría Pro Témpore ocupa México desde hace ocho meses.
En esa oportunidad, informó que como parte de su proceso de fortalecimiento y ampliación, el Grupo de Río bajo la coordinación de México decidió considerar a Cuba como miembro de pleno derecho de este mecanismo de diálogo y concertación, el más importante de la región.
Con el ingreso de Cuba, el Grupo de Río se enriquece, se fortalece y se consolida como una instancia representativa y plural de los países que conformamos este instrumento.
Con esta determinación, se garantiza que el Grupo de Río sea plenamente un espacio común para los países latinoamericanos y caribeños en los objetivos de afianzar la paz y la seguridad del continente, promover el desarrollo, la democracia y el desarme.
Sin duda, la democracia y los derechos humanos en Cuba se verán beneficiados por esta decisión así como la posibilidad de encontrar espacios de cooperación regional en beneficio de la sociedad cubana.
Seguramente, el ingreso de Cuba en el Grupo de Río incidirá positivamente sobre lo que podría y debería ser su pronta incorporación a la propia Organización de Estados Americanos.
¿Qué opinas sobre esta histórica transformación en el Grupo de Río?
