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Este domingo tendrá lugar el balotaje o segunda vuelta electoral para elegir a quien encabezará el Poder Ejecutivo en Brasil durante los próximos cuatro años. Las elecciones generales, en primera vuelta, tuvieron lugar el pasado 3 de octubre. Ahí se eligieron a los gobernadores de los 26 estados brasileños, a 54 de los 81 miembros del Senado, a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y se realizó una primera votación para identificar a los candidatos punteros que continuarán en la competencia electoral hasta los comicios del domingo. Muchas son las lecciones de democracia que Brasil está dando al mundo y concretamente a América Latina.
En primer lugar, Brasil tiene una historia reciente de consolidación democrática sobre la que vale la pena profundizar. A finales de los años ochenta, cuando la dictadura militar entregó el poder a las primeras autoridades electas, comenzó a construirse en Brasil un nuevo entramado constitucional e institucional. No sin contratiempos, el nuevo régimen político comenzó a transformar el rostro, otrora autoritario del país sudamericano, en la que es hoy la segunda democracia más grande del hemisferio, tan solo después de Estados Unidos. Una demostración fehaciente de esta transformación, es el actual proceso electoral. Con un padrón de más de 130 millones de electores, Brasil cuenta con normas e instituciones electorales sólidas y altamente confiables. Cuenta con urnas electrónicas que reducen al mínimo la posibilidad de cometer errores en el conteo y que agilizan el recuento de papeletas al final del proceso. Todos estos elementos, aunados a la buena imagen que mantienen las instituciones electorales frente al grueso de la población, dieron certidumbre a un proceso ejemplar como el del pasado 3 de octubre. Supervisadas por 151 observadores extranjeros procedentes de 36 países y múltiples organismos internacionales, las elecciones fueron celebradas sin mayores contratiempos y en un clima de absoluta normalidad. No es poca cosa si se toma en cuenta la enorme extensión geográfica del país, las diferencias socioeconómicas y políticas entre sus cinco macrorregiones y la gran diversidad de partidos políticos competitivos que, en algunas demarcaciones, llegan a sumar entre veinte y veinticinco.
En segundo lugar, la segunda vuelta o balotaje es un mecanismo que merece ser considerado en nuestro sistema electoral. Se trata no sólo de una práctica institucionalizada en muchos países del mundo, incluidas algunas de las democracias más sólidas de nuestra región como Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil, sino una modalidad de elección que añade una dosis adicional de confianza a los comicios. El balotaje añade competitividad -cuando los candidatos saben que deben superar más de la mitad de los votos para no ir a segunda vuelta- pero, en caso de que esto no ocurra, obliga a que los electores tomen una decisión entre los candidatos punteros otorgándole al ganador un notable respaldo popular. Mediante la segunda vuelta se fortalece la legitimidad del funcionario electo y se genera una relación más estrecha entre el ciudadano y las autoridades electas robusteciendo la representación política. En efecto, ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos y por ello mañana contienden de nuevo Dilma Rousseff, del partido en el gobierno, y José Serra, de la oposición.
Por otro lado, y en tercer lugar, de acuerdo con una definición muy conocida, la democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Más allá de las encuestas y los sondeos de opinión, ninguno de los candidatos tiene asegurada la victoria. Tanto Serra como Rousseff buscan convencer a aquellos electores, principalmente a los casi 20 millones que votaron, en primera vuelta, por Marina Silva del Partido Verde, para que voten en su favor. Cabe señalar que al declararse Silva neutral en esta segunda contienda, los electores del tercer partido más votado podrán incidir y quizá determinar el resultado final de la elección. De ahí la importancia de las campañas y los debates. En una democracia como la brasileña, no hay nada para nadie, y los candidatos lo saben. Hasta el último momento, ambos siguen en campaña y la incertidumbre sobre los resultados solo se disipará hasta que el Tribunal Superior Electoral cuente el último voto.
La cuarta lección es también muy relevante. Se trata de la pertinencia y la validez de las alianzas electorales. Ambas candidaturas, tanto la de Serra como la de Rousseff están respaldadas por amplias coaliciones electorales (10 partidos la de Rousseff y 6 la de Serra) que incluyen tanto partidos nacionales como partidos locales. Las coaliciones en Brasil no sólo son legales sino que son especialmente pertinentes para evitar una atomización del voto en muchas regiones. Pero, más aún, suponen la posibilidad de arropar un programa político y una candidatura común que, una vez en el gobierno, se traducirá en un gobierno de coalición con representación política para todos los partidos participantes. En México, los enemigos de las alianzas podrían ver en Brasil el funcionamiento óptimo de esta legítima modalidad electoral que se replica en gran parte del planeta.
Finalmente, una última y muy importante lección. Ha sido durante este periodo de esplendor democrático, y no durante su pasado autoritario, que Brasil ha consolidado un estatus político y económico de potencia emergente, ocupando el octavo lugar entre las economías del mundo y construyendo un futuro cada vez más promisorio para su abundante población. En ese sentido, es Brasil también un magnífico ejemplo para instruir a todos quienes abanderan una regresión autoritaria como la vía para garantizar un mejor nivel de vida para la población.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: lostiempos.com - Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo de Río
Los días 22 y 23 de febrero en Cancún, Quintana Roo, 25 jefes de Estado y de Gobierno participaron en la denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo de Río convocada por el Gobierno Mexicano. Con varios objetivos en la agenda, la reunión se desahogó con razonable éxito. Nuestro país hizo entrega del Informe de la Secretaría Pro Tempore que ocupó al interior de este mecanismo de concertación y diálogo político -entregando a Chile la estafeta- y auspició una Declaración con importantes compromisos en distintos rubros de la cooperación política y económica de los países miembros. Más importante aún, estableció el compromiso de todos con la creación de la denominada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un nuevo mecanismo de integración y una nueva organización, que a diferencia de la OEA, no contará con la presencia de los Estados Unidos ni de Canadá. En principio, esta organización quedará formalmente constituida en julio de 2011 durante otra reunión donde se determinarán con claridad los mecanismos para su operación, nombre oficial y formato definitivo. Además, la Cumbre se comprometió a efectuar una donación para Haití y se emitió un documento que respalda a Argentina en su reclamo por un proceso apegado al derecho internacional para la determinación final de la situación de las denominadas Islas Malvinas cuya soberanía territorial y marítima actualmente disputa al Reino Unido. En suma, la Cumbre reportó beneficios indudables para México en su interlocución con América Latina y, desde luego, en la recuperación de una importante posición de liderazgo en la región. Además sentó un precedente muy importante para la integración latinoamericana.
En el desarrollo de la Cumbre, sin embargo, hubo un dato censurable. Me refiero a Honduras, país que no fue invitado. Todos sabemos que desde junio del año pasado Honduras ha sufrido terriblemente a causa de disrupciones significativas en su vida política y constitucional. En efecto, el golpe de Estado que terminó por destituir y expulsar del país al Presidente José Manuel Zelaya trajo como consecuencia un severo quebranto de la legalidad, la estabilidad y la paz. A pesar de los hercúleos esfuerzos de algunos países como Costa Rica, Estados Unidos, Brasil y México para acercar a las partes y superar el conflicto, mediante los denominados Acuerdos de San José, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti fue incapaz de imaginar una salida lo cual trajo consecuencias muy negativas para el país. La gran mayoría de los países del mundo retiraron a sus embajadores, impusieron sanciones económicas y políticas y, en consecuencia, colocaron los cimientos para lo que seria un aislamiento internacional que costó a Honduras un perjuicio económico cuantioso, su salida de la OEA y su marginación a nivel global. No obstante, luego de las elecciones celebradas en noviembre pasado, muchas cosas han cambiado en Honduras. Las elecciones se celebraron con total normalidad y transparencia; el presidente electo se comprometió con el cumplimiento de los Acuerdos de San José, con la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido en junio y finalmente con propiciar una salida digna para Zelaya. Ante ello, la comunidad internacional ha venido reaccionando positivamente con el objetivo de apoyar los procesos de reconciliación de la sociedad hondureña y de normalización de su situación política y constitucional. Es el caso de más de una veintena de países que han restablecido sus relaciones diplomáticas con Honduras. La propia OEA parece estar cercana a decidir su plena reincorporación al organismo y no son pocos los actores políticos que se han referido a la necesidad de dar fin a esta situación de anormalidad institucional.
Por su parte, México tiene a su alcance todo un bagaje doctrinario, histórico y constitucional para respaldar lo que puede ser la plena reinserción regional e internacional de este entrañable país hermano. En apego a la Doctrina Estrada -que supone el respeto al derecho de las naciones extranjeras para mantener o sustituir a sus autoridades sin participar en los penosos procesos de reconocimiento de gobiernos- y al derecho a la autodeterminación de los pueblos, nuestro país debería trabajar en la normalización de sus relaciones diplomáticas con Honduras. Adicionalmente, con apego a nuestros principios constitucionales de política exterior, debería abogar por la readmisión de Honduras a la OEA. Un paso fundamental en esta dirección habría sido su participación en la Cumbre del Grupo de Río. Paradójica y lamentablemente, la Cumbre de la Unidad cuya Declaración Final incluyó un compromiso para “intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la concertación política, nuestros principios y valores en consensos” excluyó a Honduras.
En memoria de Orlando Zapata Tamayo, prisionero por pensar distinto y por mantener posiciones políticas contrarias.
Artículo publicado el pasado 27 de febrero en Milenio Diario, Estado de México
El pasado 7 de febrero, Costa Rica celebró una jornada electoral para elegir a sus autoridades presidenciales, provinciales y cantonales así como para renovar la Asamblea Legislativa. En una auténtica fiesta de la democracia, los comicios se desarrollaron en completa normalidad y prácticamente sin incidentes. Los votantes costarricenses dieron el triunfo, por abrumadora mayoría, a Laura Chinchilla, candidata del Partido Liberación Nacional, ex vicepresidenta y ex ministra de justicia del gobierno encabezado por el premio Nobel de la paz Oscar Arias. De hecho, según cifras oficiales, Chinchilla obtuvo 46.8% de los votos, poco menos del doble de votos que su más cercano contendiente Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana y reconocido líder de la izquierda en ese país. Con ello, y sin necesidad de una segunda vuelta electoral, Chinchilla se convirtió en la primera mujer electa para gobernar la nación centroamericana. En efecto, el próximo 8 de mayo, Laura Chinchilla tomará protesta y se unirá a la lista de jefas y ex jefas de Estado en nuestra región que hasta el momento incluye a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990), Mireya Moscoso en Panamá (1999), Michelle Bachelet en Chile (2005) y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007).
Sin embargo, no es del todo sorprendente que este trascendental paso para la participación política de las mujeres en América Latina se de en Costa Rica, la nación cuyo pacifismo y tradición democrática le han valido el sobrenombre de la “Suiza de América”. No es difícil entender porque se le califica así a este país, dado que el índice de analfabetismo es menor al 10% derivado de que desde 1948 Costa Rica decide abolir el ejercito e invertir ese presupuesto en educación; por si fuese poco son punteros en la preservación y respeto del medio ambiente acompañado de un orgullo e identidad nacional.
Costa Rica, como bien señaló María Emma Mejía, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, “durante 60 años ha tenido una transición de entrega de mando cada cuatro años”. Se dice fácil pero implica un profundo compromiso institucional y ético con la democracia que debería ser ejemplo para Latinoamérica, donde algunos países aún intentan contener los apetitos autoritarios de un grupo de líderes populistas. Los costarricenses hacen del las elecciones presidenciales una fiesta cívica, donde nadie se excluye.
Costa Rica, además, tiene una larga historia de participación femenina en la actividad política que hoy encuentra un hito en la elección de Chinchilla. A pesar de las resistencias comunes en nuestra región latinoamericana, el voto femenino fue aprobado en 1949 por la Asamblea Constituyente inmediatamente después de la Guerra Civil del 48. En 1953, tres diputadas fueron electas y en 1986 Rose Marie Karpinski se convirtió en la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. En distintos momentos desde 1994 y hasta 2006, el país ha tenido vicepresidentas como Grynspan, Fischel Vlio, Odio Benito, Saborío Chaverri y la propia Chinchilla. De acuerdo con un informe reciente del PNUD, Costa Rica es el tercer país latinoamericano con mayor participación femenina en el Congreso y uno de los que, en este contexto, han logrado mayor representación política de la mujer en distintos espacios de gobierno y administración pública.
La elección de Chinchilla es, además, significativa en la medida en que rompe con un esquema común de la participación de las mujeres en la política. Me refiero a que hay áreas de la administración pública, como la educación o la salud, que son tradicionales en el involucramiento de la mujer. Sin embargo, cada vez un mayor número de países han situado a mujeres a cargo de áreas donde su involucramiento ha sido muy bajo como, por ejemplo, defensa nacional, seguridad pública, relaciones exteriores, energía, justicia, entre otros. Esta es la denominada segunda generación en la participación política de la mujer que tiene en Chinchilla a un ejemplo emblemático. Hay que recordar que Laura Chinchilla fue viceministra (1994-1996) y mas tarde ministra de seguridad pública (1996-1998). Más tarde fue diputada en la Asamblea Nacional representando a la provincia de San José, para después integrarse al gobierno de Oscar Arias como ministra de Justicia y vicepresidenta antes de ser candidata presidencial.
Su elección representa también una oportunidad muy importante para fortalecer la relación con nuestro país. Sin duda, México y Costa Rica compartimos los valores de la democracia, los derechos humanos y la equidad de género, una convicción pacifista y de cooperación, así como la determinación para transformar nuestros países en auténticos estados de derecho. A partir de este relevo presidencial, esos pueden ser los cimientos para continuar edificando una relación bilateral aún más sólida y fructífera.
Artículo publicado el pasado 13 de febrero en Milenio Diario Estado de México
El próximo 17 de agosto, el Presidente Calderón hará una visita oficial a Brasil a fin de signar compromisos concretos en materia política, comercial, científica, cultural y educativa. Sin duda, la visita representa una gran oportunidad para enfatizar la necesidad de institucionalizar plenamente la relación bilateral y dejar atrás la indefinición, las rivalidades y los desencuentros que desafortunadamente han caracterizado históricamente a nuestras relaciones bilaterales.
Fotografía: www.todososfogos.blogspot.com
Desde 1862, cuando el primer embajador mexicano pisó Río de Janeiro, las relaciones entre México y Brasil no han estado exentas de fuertes desencuentros y rivalidades. Estos desencuentros tuvieron que ver, de acuerdo con Guillermo Palacios, con una cultura de hostilidad en las burocracias medias alimentadas por los disímbolos regímenes políticos de ambos países. El origen de esto pudo estar en las preferencias distintas de un país independiente en el siglo XIX, que se desangraba en la lucha entre conservadores y liberales decantándose por la construcción de una República, y un país que eligió la monarquía como forma de gobierno promoviéndola en todo el hemisferio hasta finales del siglo XIX.
Los desencuentros se agudizarían en el siglo XX con el advenimiento de la dictadura de Vargas en los años treinta y cuarenta y, más tarde, de las dictaduras militares de los sesenta y setenta. Sin embargo, ante los procesos paralelos de construcción de la democracia en ambos países a partir de los años ochenta, las posibilidades de encuentro son cada vez mayores y, en buena medida, urgentes.
Aunque la política exterior de ambos países también ha sido en buena medida distinta, hoy México y Brasil mantienen un importante liderazgo regional en Centro y Sudamérica respectivamente y aspiran a un liderazgo global que pueden y deben mantener sin considerarlo mutuamente excluyente. Las legítimas aspiraciones de México y Brasil ante posiciones internacionales de relevancia no puede ser impedimento y, más aún, debería ser un incentivo para construir un mejor diálogo e intercambio bilateral. Por extraño que parezca ese es precisamente el criterio de la opinión pública mexicana que, de acuerdo con la encuesta publicada por el CIDE sobre sus percepciones en materia de política exterior, concibe a Brasil más como un amigo (53%) que como un socio (30%) y prácticamente nunca como un rival (4%) de México.
Frente a mecanismos de diálogo y cooperación excluyentes como la Unión Sudamericana, el denominado G-3 –que Brasil formó con India y Sudáfrica-, entre otros, es necesario fortalecer mecanismos incluyentes a nivel hemisférico como el Grupo de Río –donde Brasil y México son actores protagónicos- y dar forma a proyectos que moldeen una agenda bilateral ambiciosa.
De ahí que se antoja indispensable la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con Brasil aún más ambicioso que los que ha firmado México con países como Argentina, Chile y, recientemente, Costa Rica. Esta Asociación Estratégica debería abordar una amplia agenda de cooperación y advertir que su implementación abrirá una nueva etapa de consultas expeditas sobre asuntos políticos, energéticos y multilaterales.
Solo así se honraría una relación comercial que fluye anualmente con volúmenes cercanos a los ocho mil millones de dólares, una multimillonaria inversión recíproca, un PIB combinado entre los dos países de más de 1.2 billones de dólares y, por supuesto, la responsabilidad mutua que compartimos con la estabilidad, el crecimiento, el bienestar y la integración en América Latina. La existencia de este mecanismo implicaría, además, entender cabalmente nuestras divergencias y ampliar las oportunidades de converger. México tiene que comprender la pertinencia del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y Brasil aceptar que el TLCAN no divide ni amenaza a América Latina.
En este contexto, y a partir de la creación en marzo de 2007 de la Comisión Binacional México – Brasil, deberían seguir anuncios similares para establecer mecanismos de diálogo y concertación entre ambos países en distintas materias. Sería relevante, por ejemplo, recuperar la relación parlamentaria a fin de celebrar a la brevedad la Segunda Reunión Interparlamentaria México – Brasil (la primera se celebró hace ya más de 5 años en febrero de 2004) y de alguna manera ciudadanizar lo que ha sido hasta el momento, casi exclusivamente, una relación diplomática mediante la creación de mecanismos específicos para la convergencia de empresarios, intelectuales, artistas, estudiantes, científicos, entre otros. Nuestra mutua participación en el denominado G5 justifica, además, mejores esfuerzos para ampliar nuestra cooperación energética, la generación de Centros Binacionales de Investigación y, por supuesto, un constante diálogo para fortalecer la postura de la región latinoamericana en foros internacionales en temas clave de la agenda multilateral como los financieros, agrícolas, energéticos y ambientales.
Artículo publicado el pasado 8 de agosto del 2009 en Milenio Diario EdoMéx
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
En una colaboración en el periódico Reforma el 16 de marzo de 2008 publiqué una reflexión sobre la Secretaría Pro Témpore de México en el Grupo de Río. En aquel momento advertí que para nuestro país, encabezar el Grupo de Río, implicaba atender las peculiaridades latinoamericanas que si bien pueden traducirse en oportunidades también presentan conflictos y desafíos de distinta naturaleza, ante los cuales es preciso plantear un enfoque selectivo y dinámico en materia de política exterior. Me referí, en ese artículo, a la necesidad de fortalecer institucionalmente al Grupo de Río e impulsar la incorporación de Cuba a fin de que participara en la XXI Cumbre a realizarse en nuestro país en 2009.
En efecto, el pasado 13 de noviembre de 2008 la canciller Patricia Espinosa participó en la Vigésimo Séptima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río, cuya Secretaría Pro Témpore ocupa México desde hace ocho meses.
En esa oportunidad, informó que como parte de su proceso de fortalecimiento y ampliación, el Grupo de Río bajo la coordinación de México decidió considerar a Cuba como miembro de pleno derecho de este mecanismo de diálogo y concertación, el más importante de la región.
Con el ingreso de Cuba, el Grupo de Río se enriquece, se fortalece y se consolida como una instancia representativa y plural de los países que conformamos este instrumento.
Con esta determinación, se garantiza que el Grupo de Río sea plenamente un espacio común para los países latinoamericanos y caribeños en los objetivos de afianzar la paz y la seguridad del continente, promover el desarrollo, la democracia y el desarme.
Sin duda, la democracia y los derechos humanos en Cuba se verán beneficiados por esta decisión así como la posibilidad de encontrar espacios de cooperación regional en beneficio de la sociedad cubana.
Seguramente, el ingreso de Cuba en el Grupo de Río incidirá positivamente sobre lo que podría y debería ser su pronta incorporación a la propia Organización de Estados Americanos.
¿Qué opinas sobre esta histórica transformación en el Grupo de Río?
