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La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.noticiasdealava.com | "Hoja de Ruta de Bali"
Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.
En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.
Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.
Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.
Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.
Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.
Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
Desmond Tutu. Foto: www.wordpress.com
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.elcorreo.ca
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
