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Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
Foto: www.otromundoesposible.net
Esta semana, en Cancún, arrancó la edición décimo sexta de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 16). Bajo el liderazgo de México, país sede de este encuentro, este mecanismo de diálogo y cooperación multilateral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, se ha propuesto avanzar en la agenda de compromisos globales a los que es necesario arribar en favor de la sustentabilidad del planeta. Delegados de los 192 países miembros, expertos en la materia, representantes de cientos de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de Naciones Unidas, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil estarán reunidos hasta el 10 de diciembre con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo jurídicamente vinculante para reducir la emisión global de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo por parte del Senado de la República, estaremos participando un Grupo plural de 8 legisladores, del cual me enorgullece formar parte, en tan relevante evento.
Se ha dicho hasta el cansancio que en Cancún será difícil alcanzar este objetivo. La sombra de Copenhague -y sus exiguos resultados- deambula todavía en algunos grupos de países, aún renuentes a comprometerse del todo en adoptar un acuerdo mediante el que se verían obligados a asumir costos y responsabilidades sustanciales. Algunos de ellos argumentan, por ejemplo, que su crecimiento económico e industrial se verían severamente comprometidos.
Desde la perspectiva de México, sin embargo, este es un dilema falso. Con esa claridad lo expresó el Presidente Felipe Calderón durante la inauguración de la Cumbre. El crecimiento económico y la protección del medio ambiente no deben ser concebidos como objetivos mutuamente exclusivos. Se pueden obtener, en efecto, ambos objetivos de manera simultánea pero se necesita una visión de futuro que nos permita entender que el costo de no hacerlo, así como el impacto de esta inacción sobre las condiciones generales del planeta, es mucho mayor. En los últimos años las temperaturas del planeta se elevaron un grado centígrado en promedio provocando una elevación sin precedentes en las masas oceánicas. Buena parte del planeta podría comenzar a presentar inundaciones crónicas y la alteración de lo que los expertos denominan el equilibrio térmico podría traer repercusiones gravísimas para la humanidad como la desertificación de amplias zonas geográficas, la expansión de huracanes y olas de calor que, por lo menos desde 2003, han venido causando la muerte exponencial de cientos de miles de personas.
Los más vulnerables, como siempre, son quienes no cuentan con los recursos para hacer frente a estas emergencias. Son los pobres del planeta quienes sufrirán con mayor intensidad los embates más severos del cambio climático provocando grandes desplazamientos de población, la escasez de productos alimentarios y la propagación de enfermedades directamente relacionadas con la frecuencia de lluvias en territorios insalubres. En México, sus efectos ya se sienten con fuerza en estados como Tabasco y Chiapas y aunque se actúe en consecuencia, se requiere obviamente de compromisos globales que trasciendan los esfuerzos nacionales. Expertos han calculado, por ejemplo, que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático es a tal grado relevante que, a menos que se multipliquen acciones para impedirlo, en 2050 la temperatura promedio del país se elevará dos grados Celsius lo que dará lugar a crudas sequías y, por tanto, a un problema severo de escasez de agua. Peor aún, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, hasta 48% del territorio nacional estaría gravemente expuesto a estos fenómenos.
La urgencia de la acción colectiva es evidente y, sin embargo, no todos parecen coincidir en la intensidad y el alcance de la respuesta global. Se interponen, sin duda, muchos intereses. Además se interponen reglas de operación de la Cumbre que bajo el principio del consenso cancelan la posibilidad de generar acuerdos imposibles de ser vetados.
Sin embargo, el liderazgo internacional de México, y el reconocimiento global hacia su política ambiental, son importantes activos para la generación de un compromiso suficientemente amplio como para acercar las posiciones de la Unión Europea y Japón, por un lado, y las de Estados Unidos, China e India por el otro. No podemos permitir, de ninguna manera, que la frustración de Copenhague contamine el ambiente en Cancún. Tampoco podemos permanecer impasibles ante las posiciones irreductibles de quienes hicieron fracasar la Cumbre previa. Mucho podemos hacer, en cambio, para avanzar con paso firme en la hoja de ruta que se planteó hace 13 años en Japón.
Es realista pensar que la Cumbre de Cancún podría servir para encontrar una posición intermedia. Desde luego que se necesita avanzar hacia un nuevo Protocolo post-Kyoto que, a partir de 2013, señale responsabilidades y compromisos concretos. Pero igual de importante resulta, por ejemplo, la obtención de resultados en materias cruciales como el financiamiento, los procesos de adaptación, mitigación, transparencia y monitoreo del cumplimiento de distintos compromisos previos o los denominados mecanismos de REDD-plus para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Se trata de una cita con la historia y con el futuro de la humanidad. De ese tamaño es el reto y la responsabilidad de los participantes de la Cumbre.
Artículo publicado el pasado 4 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
Afiche - ONU
Hace exactamente 61 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó uno de los documentos de mayor trascendencia para la evolución del derecho internacional contemporáneo. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, recogiendo elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que data de 1789, conformó un catálogo de derechos y libertades esenciales que, en todo momento, los Estados están obligados a preservar y fomentar. Durante la elaboración de esta Declaración, los integrantes del Comité de redacción, entre ellos Eleanor Roosevelt y Rene Cassin, mantuvieron un objetivo primordial: construir un documento mediante el cual la comunidad internacional pudiese manifestar su voluntad política para respetar y nunca más atentar -como ocurrió sistemáticamente durante la Segunda Guerra Mundial- contra las libertades fundamentales y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas.
Este año, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, determinó dedicar esta conmemoración a la lucha contra la no discriminación en todas sus manifestaciones. Todos los dias millones de seres humanos en el planeta luchan contra la discriminación para obtener pleno acceso a la educación, a la salud, a la participación política y a la justicia. No obstante, y sin restar importancia a este aspecto, actualmente subsisten en el mundo nuevas y graves amenazas a la protección de los derechos humanos. La lucha internacional contra el terrorismo ha abierto nuevos y vergonzosos capítulos de violaciones masivas a los derechos humanos en Guantanamo y Abu Ghraib. Nuevas expresiones de intolerancia religiosa y étnica siguen presentandose especialmente en el continente asiático. El drama de los niños soldado en el Congo o Birmania, los escudos humanos en Palestina, el hambre que padecen millones de personas en Corea del Norte, los genocidios y las denominadas limpiezas étnicas en los Balcanes y África Subsahariana, los totalitarismos en Bielorrusia y Libia son apenas algunas de estas terribles expresiones del enorme desafío que enfrenta el mundo en esta materia. De ahí la relevancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuya eficacia, en buena medida, depende una solución a muchas de estas amenazas.
En una dimensión distinta, aunque no menos relevante, México tiene aún mucho por hacer para garantizar plenamente el respeto a los derechos humanos en los distintos ámbitos de la vida nacional. A pesar de los enormes avances que ha experimentado nuestro país en los últimos diez años, hay grandes pendientes que requieren de una solución expedita e integral. Por ello, nuevamente cobra relevancia un debate en el que hemos venido participando activamente desde el Congreso de la Unión. Me refiero a la idea de efectuar una reforma constitucional en materia de derechos humanos.
La idea de constitucionalizar los derechos humanos proviene de la necesidad de efectuar un cambio conceptual de gran relevancia en nuestra Carta Magna. Implica pasar de un régimen donde el Estado otorga garantías al ciudadano – como si fuese una graciosa concesión- a uno donde el Estado reconoce derechos humanos como base fundamental de su interacción con los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
Sin duda, debatiendo este tema, podría ser la mejor manera de honrar nuestro voto afirmativo aquel 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas frente a una Declaración que estableció el compromiso universal con los derechos humanos. Otra forma de honrar esta importante efeméride podría ser emprender una discusión seria y franca sobre la necesidad de poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se registran en nuestra frontera sur. Una nueva política migratoria en esa frontera sería un detonante de cambios transcendentales en muchos ámbitos pero sobre todo en la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, un tema esencial para nuestro país dado el drama de cientos de miles de mexicanos que anualmente cruzan la frontera norte en busca de mejores oportunidades.
Artículo publicado el pasado 12 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, del Estado de México
Foto: presidencia.gob.mx | Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 5 al 8 de septiembre de 2000
Hace nueve años que la comunidad internacional en su conjunto adoptó, durante la denominada Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, 8 compromisos que desde entonces se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el año 2015, todos los estados miembros de la organización mundial se comprometieron a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar un medio ambiente sustentable y fomentar una asociación mundial para la cooperación y el desarrollo.
El primer corte de caja ocurrió en 2005 y el diagnóstico era francamente optimista. Las cifras permitían vislumbrar un desempeño razonablemente positivo a nivel global y se preveía que salvo algunas notables excepciones –sobretodo en ciertas regiones de África y América Latina- el 2015 llegaría con la gran mayoría de los compromisos cumplidos.
Sin embargo, los avances registrados sobre todo en el combate a la pobreza y el hambre han comenzado a reducirse e incluso a revertirse como resultado de la crisis financiera y alimentaria en la que estamos actualmente inmersos. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre esta materia, la población que vive en pobreza extrema se estima que ha crecido aproximadamente en 90 millones de personas más a partir de la crisis económica. Además, la población mundial que sufre hambre habría pasado del 16 al 17%, más de un cuarto de los niños en países en desarrollo están sufriendo desnutrición, y la equidad de género en el acceso al trabajo remunerado y a posiciones de empoderamiento también ha sufrido un importante decremento. Peor aún, una implicación especialmente indeseable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tiene que ver con una reducción generalizada, en la mayoría de los países del mundo, de los programas y políticas sociales que habrían contribuido a superar satisfactoriamente estas metas en 2015. Este es sólo un elemento más que junto con el colapso de las exportaciones desde países en desarrollo, el aumento exponencial de la deuda internacional que contraen y la grave reducción en el envío de remesas dibuja un escenario poco halagüeño para cerrar la enorme brecha de desigualdad prevaleciente.
En México, la crisis alimentaria y económica mundial ha impactado considerablemente a la población más vulnerable. Las remuneraciones al trabajo se redujeron 21% entre 2006 y 2008 para el 20% de la población más pobre. En este mismo periodo, observamos que hubo incrementos en el número de mexicanos en condiciones de pobreza. Ello se verifica al observar que en lo que se refiere a la pobreza patrimonial, en el año 2006 el 42.6% de los mexicanos se encontraban en esta situación mientras que para el año 2008 se incrementó este porcentaje al 47.4%. Asimismo, en el 2006, el 20.7% vio mermado su ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, cifra que aumentó a 25.1% en el 2008. Igualmente, en el 2006 el 13.8% de los mexicanos con insuficiencia de ingreso disponible para adquirir una canasta básica de alimentos, se vio engrosada en el 2008 a 18.2%. Esto prueba que, en el actual contexto de crisis, el cumplimiento de las Metas del Milenio se antojan lejanas. Incluso, el informe de la ONU menciona que frente a otros desafíos que implican reformas legislativas y compromisos políticos amplios, los resultados son mucho más modestos y, en ocasiones, regresivos.
De acuerdo con Sha Zukang, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, existen una serie de recomendaciones útiles para que la comunidad internacional, y particularmente nuestro país, retome la vía que le permitirá cumplir o acercarse mucho al cumplimiento cabal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.
Entre otras, destacan las propuestas de promover el empleo femenino, donde hay al mismo tiempo un atraso que representa una gran oportunidad para la economía global, establecer agresivas políticas estatales para la reducción del hambre entre las poblaciones más vulnerables, cooperar para generar un mayor compromiso político para darle prioridad a la salud pública, implementar políticas que atiendan la precariedad de la pobreza urbana y, por supuesto, combatir con determinación el cambio climático y otros fenómenos ambientales asociados.
Es un imperativo para esta LXI Legislatura del Congreso legislar y efectuar reformas para impedir recortes injustificados a los programas sociales, para dotar de más presupuesto a las políticas focalizadas a la población más vulnerable del país y robustecer un aspecto que, en nuestros países, es palanca clave para el desarrollo: garantizar una educación de calidad para todos.
Artículo publicado el pasado 5 de diciembre en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.
En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.
Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.
Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.
Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.
Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.
Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.elcorreo.ca
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
