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www.milenio.com Foto: Héctor Téllez
Una de las manifestaciones más alarmantes y conocidas de la discriminación hacia las mujeres es la violencia que se ejerce en los espacios íntimos, y que ha adquirido dimensiones de un problema social que se padece a nivel internacional. Nuestro país no es la excepción. De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, casi la mitad de las mujeres mexicanas ha sufrido un incidente de violencia de pareja (47%). No obstante, la expresión más álgida de la violencia contra la mujer, lo constituye el abominable feminicidio.
A pesar de que en el imaginario nacional e internacional el feminicidio en México sigue íntimamente asociado a Ciudad Juárez, la realidad es que no es Chihuahua sino el Estado de México la entidad que más muertes de mujeres registra en el país. Tan solo de agosto a diciembre de 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 264 feminicidios en 12 estados de la República Mexicana de los cuales 94 casos ocurrieron en el Estado de México. Esta tendencia no es nueva toda vez que la misma fuente revela que durante el año pasado se cometieron 156 crímenes de este tipo en la entidad.
Con apego a cifras aportadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México -del año 2000 al 2008- 641 mujeres han sido asesinadas en nuestra demarcación. Peor aún, tan sólo entre 2006 y 2008, se registraron 362 feminicidios y al menos el 52% de los casos, lo cual parece una estimación excesivamente conveniente para el gobierno del Estado, no ha sido aún resuelto. En un comparativo incluso superficial de estas cifras, la entidad mexiquense tiene, en los últimos años, al menos el doble de feminicidios que Ciudad Juárez.
Los asesinatos de mujeres en el Estado de México se han venido multiplicando como resultado de una serie de factores que han venido apuntando distintos especialistas. El investigador Nelson Arteaga de la UAEM ha señalado la marginación económica y educativa así como los altos niveles de pobreza y hacinamiento que registran algunos municipios mexiquenses. Desde 2007, en promedio, según la propia Procuraduría Estatal, una mujer es asesinada cada dos días en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán o los Reyes la Paz que son los municipios donde en buena medida se concentran estos crímenes. Además de estos componentes, es necesario insistir en que la violencia contra las mujeres obedece también a un fenómeno social de desigualdad y relaciones asimétricas de poder entre géneros.
La atención que el gobierno del estado ha dado a esta problemática está muy lejos de ser la adecuada. En su momento, la fiscal especial para la atención de homicidios dolosos contra mujeres y delitos relacionados con violencia sexual y familiar, Myrna Araceli García Morón, minimizó la importancia del problema de un modo atroz. En su oportunidad, la fiscal declaró sin ningún rubor que en 2007 “tuvimos 156 víctimas de homicidios dolosos en contra de mujeres con 150 averiguaciones previas iniciadas. Si lo dividimos entre el número de habitantes del Estado de México, que son 15 millones, las cifras que nos reportan en términos estadísticos no son significativas”.
Más allá de esta penosa declaración, la carencia de políticas públicas y de reformas legislativas integrales en la materia ha producido este desastre que no puede pasar inadvertido, mucho menos en el contexto de la pasada celebración del Día Internacional de la Mujer. A la desafortunada desaparición del Instituto Mexiquense de la Mujer se suman una serie de omisiones e insuficiencias que es importante enfrentar. Para ello destacan, entre otras acciones, las de tipificar el feminicidio a nivel federal y local, acorde con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como legislar en el ámbito local para criminalizar la violación entre cónyuges así como hacer un esfuerzo para armonizar la legislación del estado con los principales instrumentos internacionales en materia de sanciones y acciones de prevención para estos casos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y muchas otras organizaciones no gubernamentales han hecho recomendaciones pertinentes como la atracción de los casos por parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas así como la creación de un gran Banco de Datos sobre feminicidios que sirva a las autoridades para darles seguimiento expedito.
En ocasión de la próxima renovación del Congreso local y federal, es importante que los distintos actores políticos recuperen esta agenda y la traduzcan en reformas puntuales que busquen garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo publicado en Milenio-Diario EDOMEX el 15 de marzo del 2009




