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El Alcalde de Los Ángeles, (California) Antonio Villaraigosa y la Senadora Adriana González Carrillo
El pasado 25 de marzo, una delegación plural de Senadores de la República visitamos Sacramento, y Los Ángeles, a fin de continuar con un diálogo de la mayor relevancia emprendido en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el Presidente de la Asamblea de California, el demócrata John Pérez visitó nuestro país encabezando una Delegación de líderes legislativos de este estado de la Unión Americana. Desde aquella primera ocasión quedó clara la enorme relevancia estratégica de los vínculos entre México y California. Por un lado, se trata de una intensa relación comercial en donde ambos somos mercados prioritarios de un intercambio que el año pasado alcanzó un máximo histórico de poco menos de 60 mil millones de dólares. Por el otro, se trata del estado de la Unión Americana que concentra la mayor población de origen mexicano en ese país, así como el mayor número de indocumentados mexicanos -prácticamente 3 millones de personas-. Pero, más importante aún, se trata del estado que está haciendo la diferencia en un contexto nacional donde las deportaciones, la legislación xenofóbica y las acciones antimexicanas están a la orden del día. Durante la visita que hicimos este lunes, pudimos entrevistarnos no sólo con nuestro anfitrión y un grupo muy distinguido de integrantes de la Asamblea de California sino también con el Presidente del Senado, Darrel Steinberg, y el Gobernador de California, Jerry Brown, así como con grandes liderazgos del Caucus Latino en el Congreso, especialmente con su presidente Ricardo Lara, así como con el Senador Kevin de León y el Senador Gilbert Cedillo, autor de la denominada California Dream Act. Durante todas estas reuniones, reconocimos el liderazgo político de California a favor de un enfoque pragmático y constructivo frente al fenómeno migratorio -becas a inmigrantes en lugar de deportaciones y detenciones arbitrarias- e insistimos en la importancia de redoblar esfuerzos en la difusión de la contribución que hacen al desarrollo económico y social de los Estados Unidos.
No obstante, a pesar de los magníficos resultados de este diálogo parlamentario con autoridades e integrantes de la legislatura local, hubo una reunión que nos asombró a todos. Me refiero a la que sostuvimos con la agrupación Cien Amigos, asociación pionera compuesta por 100 líderes comunitarios independientes del norte de California. Aunque inició sus actividades en 2010 -en el marco de las celebraciones del Bicentenario- el grupo colabora intensamente con el Consulado en proyectos que impactan el bienestar de la comunidad mexicana y mexicoamericana en la región. En poco tiempo han construido una oferta amplísima de servicios de información, promoción educativa, capacitación laboral, intercambio cultural. Por ejemplo, junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, han lanzado el programa Cien Amigos-IME Becas mediante el cual se ofrecen becas universitarias, para preparatoria y para educación de adultos destinadas a personas de escasos recursos de la comunidad latina y de origen mexicano en California. Con estas iniciativas, y la aprobación de la denominada Dream Act, California se consolida como socio estratégico y amigo de México de primera línea. Corresponde a México actuar en consecuencia y apostarle fuerte a reforzar estos vínculos con California. Pero también respaldar iniciativas como la de Cien Amigos que se distinguen por su frescura, su creatividad y su gran apetito por sembrar la semilla del empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos.
Artículo publicado el pasado 31 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
La divulgación del proyecto que preparó el ministro Arturo Zaldívar, sobre la solicitud de amparo directo promovida por Florence Cassez ante la Suprema Corte, ha provocado un importante debate sobre la importancia del debido proceso, el derecho consular y los derechos de las víctimas de delitos tan graves como el secuestro. Por un lado el ministro Zaldívar presenta, en su proyecto, un caso con severas irregularidades. Sostiene que, durante su detención, Florence Cassez fue privada del derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular. Pero, peor aún, que se violentó su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público luego de su detención. Habla de un montaje mediático que deformó la realidad con el fin de exponer a una persona frente a la sociedad como culpable de un hecho delictivo, antes de que los hechos se ventilaran en un proceso judicial. De acuerdo con el ministro Zaldívar, esto tuvo un efecto corruptor en todos el proceso penal y por tanto la evidencia incriminatoria está viciada. Por otro lado, hay numerosas voces que insisten en la necesidad de respetar los derechos de las víctimas, la forma en que la veracidad de sus testimonios se ha venido acreditando y desde luego la necesidad de castigar a quienes hayan viciado el proceso sin que esto se traduzca en la liberación automática de la inculpada. Señalan además que la lucha contra el secuestro en nuestro país se vería seriamente mermada, tanto a nivel procesal como simbólico, con la eventual liberación de Cassez y que, en definitiva, errores y vicios de procedimiento, por graves que sean, no pueden ser usados como único argumento para que el inculpado, sin más, abandone la cárcel y se invalide todo el juicio. Según esta postura. la presencia de indicios que sustentan la veracidad de los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados positivamente en las sentencias de primera y segunda instancia, merece que el juicio y sus resultados no se invaliden del todo.
Es claro que hay argumentos de peso de ambos lados y que, en todo caso, conviene encontrar una solución intermedia que se aparte del falso debate entre si es más importante el respeto a los estándares internacionales y nacionales del debido proceso o la protección de los derechos de las víctimas. No hay que hurgar demasiado en la historia del derecho procesal penal para identificar una alternativa que bien podría reunir esta característica. Me refiero concretamente a la revisión y eventual reposición del proceso penal. Ese es finalmente el criterio que han adoptado dos importantes tribunales internacionales fallando a favor de México en distintos casos de violaciones al derecho consular de mexicanos en Estados Unidos. En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que la revisión y reconsideración de los juicios y las sentencias, por ejemplo mediante la celebración de nuevos procesos judiciales, era un mecanismo adecuado de reparación del daño cometido por el Estado al violar los derechos consulares de los implicados. Igualmente, ese ha sido el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos especialmente en su Opinión Consultiva 16/99 cuando determinó que la asistencia consular es un componente esencial del debido proceso y que la reposición del procedimiento está plenamente acreditada por el derecho procesal como una alternativa importante para desagraviar los vicios que pudieran presentarse. En todo caso la primera sala de la Suprema Corte tiene la última palabra y, sea cual sea su decisión final, es motivo de encomio descubrir que ejerce plenamente su potestad en materia de control constitucional y que sin su reciente activismo no puede entenderse la construcción de un estado de derecho cada vez más sólido en nuestro país.
Artículo publicado el pasado 17 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: zacatecashoy.com | Firma de Acuerdo México - Estado Unidos relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México
La semana pasada, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Tratado Internacional de la mayor relevancia para la explotación equitativa de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Se trata de un logro extraordinario para la política exterior de México y de una reivindicación que abanderó un gran mexicano en el Congreso de la Unión. Fue en 1996 cuando el entonces Senador panista José Ángel Conchello denunció que empresas estadounidenses habían comenzado la exploración y explotación de petróleo en aguas internacionales del Golfo de México. Denunció, además, que mediante el denominado “efecto popote” los Estados Unidos podrían ser capaces de extraer recursos petroleros ubicados allende su mar patrimonial que, en principio, debían estar compartiendo con nuestro país. Después de arduas negociaciones y a partir del compromiso que los Presidentes Calderón y Obama asumieron al respecto en mayo de 2010, ambos gobiernos suscribieron este acuerdo que deja atrás prácticamente década y media en la que no había reglas claras y certeza jurídica. Una vez que el Senado de la República lo ratifique, el Tratado establecerá procedimientos y normas para la extracción justa, responsable, y eficiente del petróleo que subyace en el subsuelo de la frontera marítima entre ambos países. A partir de entonces, México aprovechará los recursos petroleros a los que siempre tuvo derecho y propiciará inversiones conjuntas entre Petróleos Mexicanos y las compañías petroleras estadounidenses para un aprovechamiento mutuo y equitativo de los mismos.
El acuerdo contempla un procedimiento vinculante mediante el cual cualquiera de las partes tiene la obligación de informar a la otra sobre la presencia de hidrocarburos en la zona fronteriza. De lo que se trata, en el fondo, es que cada país explote el petróleo y el gas natural que le corresponde ahí donde los yacimientos de ambos países se entrelazan. En caso de duda o falta de acuerdo, el Tratado establece un mecanismo sólido de solución de controversias con la participación de expertos independientes. Por ello, es un acuerdo que viene a fortalecer la seguridad energética de ambos países, aumentar los ingresos públicos de manera sustancial -al utilizar estos recursos que venían enfrentando restricciones a su explotación y al reducir los costos de estas operaciones- y a robustecer a PEMEX que adquirirá experiencia y tecnología de punta en su esfuerzo incesante por convertirse en una empresa petrolera de clase mundial.
Como lo sostuvo el Presidente Calderón este acuerdo, más que ningún otro, satisface el doble compromiso de, por un lado, ejercer a plenitud nuestra soberanía sobre este recurso estratégico y, por el otro, construir una política exterior que se traduzca en beneficios directos a la sociedad. La derrama de desarrollo y crecimiento que este acuerdo generará apenas puede vislumbrarse así como las múltiples implicaciones positivas que tendrá para incrementar la competitividad y la integración regional en el plano energético. Sin duda, toca ahora el turno al Senado de la República para examinarlo y en su caso aprobarlo en el corto o mediano plazo. Tenemos un compromiso con el desarrollo del país y esta es una forma idónea de honrarlo.
Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: periodicodigital.com.mx
La relevancia del atún para la industria pesquera en México es evidente. Nuestro país es uno de los diez principales productores mundiales de túnidos y uno de los más importantes exportadores de atún en el planeta. Sin embargo, la exportación de atún mexicano a Estados Unidos ha estado históricamente plagada de obstáculos. La combinación de intereses entre empresas transnacionales atuneras, grupos defensores de los derechos de los delfines y sucesivas administraciones estadounidenses con convicciones proteccionistas originaron distintos embargos atuneros y múltiples medidas defensivas que desde los años ochenta restringieron considerablemente el acceso al mercado estadounidense. Esta semana, sin embargo, se anunció una decisión multilateral que podría terminar para siempre con algunas de las restricciones más severas.
En marzo de 2009, México se inconformó en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por algunas medidas proteccionistas relativas al etiquetado dolphin-safe que utiliza Estados Unidos y que en la práctica tiene efectos discriminatorios sobre las exportaciones mexicanas. Después de un largo proceso de consulta, negociación y deliberación, el panel arbitral emitió su reporte y lo hizo público el pasado 15 de Septiembre. De acuerdo con el sistema de resolución de controversias de la OMC, estos reportes son vinculantes en el sentido de que obligan al Estado a adoptar las medidas necesarias para incorporar el grueso de las conclusiones contenidas en ellos. Aunque los Estados Unidos podrían apelar esta decisión, y tal vez lo hagan en el término legal de sesenta días a partir de la publicación del reporte, es poco probable que el panel se desdiga de sus propias conclusiones. Peor aún, la continuación de esta disputa en el seno de la OMC podría derivar en peores implicaciones, y eventualmente sanciones comerciales para la parte perdedora.
El reporte señaló que si bien en esencia no son discriminatorias las medidas de etiquetado dolphin-safe, sí constituyen un obstáculo innecesario para el comercio al impedir, indebidamente, que el atún mexicano llegue a los consumidores estadounidenses. Más aún, el panel puso en entredicho la supuesta protección al medio ambiente marino del que presume este etiquetado -especialmente bajos estándares de protección por parte de la pesca que emprenden otros países que si reciben la etiqueta- y determinó que el método de pesca utilizado por México no causa la muerte ni ningún daño observado a los delfines. Si bien se reconoció que la etiqueta dolphin-safe tiene un valor comercial relevante ante los consumidores estadounidenses, el reporte establece lo oneroso que resultaría para la flota mexicana cumplir con las condiciones establecidas para contar con ella, especialmente la reubicación fuera de sus costas, y por ende la forma en que esta restricción constituye una violación al TBT (Technical Barriers to Trade) o Tratado sobre Barreras Técnicas al Comercio. Se trata, desde luego, de una gran victoria para México y su industria pesquera. Toca ahora el turno a los Estados Unidos y sus autoridades comerciales para demostrar su compromiso con el libre comercio, del que ha sido reconocido defensor, y con el sistema de resolución de controversias de la OMC, al que ha recurrido en innumerables ocasiones.
Artículo publicado el pasado 17 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Aunque sea un lugar común, los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York constituyeron uno de esos eventos históricos que transformaron radicalmente la política internacional. Por un lado, y previsiblemente, la agenda apuntalada por los Estados Unidos priorizó la seguridad transnacional y el lanzamiento de una cruzada global contra el terrorismo por encima de cualquier otro tema. Por el otro, el gobierno del expresidente Bush encabezó un esfuerzo bélico sin precedentes que aún hoy está lejos de culminar del todo y que ha dejado una honda huella en la historia de las intervenciones militares de carácter unilateral. Aunque el presidente Obama dio un giro importante a ambas políticas a fin de reconciliarlas con aspectos cruciales de la tradición diplomática estadounidense como el énfasis multilateralista, la cooperación para la construcción de instituciones y el respeto al derecho internacional, los efectos del denominado 11-S han transformado, quizá para siempre, las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
Las relaciones con México, su principal socio latinoamericano, vecino y aliado en múltiples frentes, no fueron la excepción. Las implicaciones de estos cambios fueron, en un primer momento, negativas para las prioridades de México. En general, los temas de cooperación con nuestro país y aquellos de carácter exclusivamente norteamericano fueron relegados a un lugar secundario en su política exterior. Más aún, aspectos clave como el comercio y la migración sufrieron cierto retroceso ante las expectativas de entonces -la negociación de un posible acuerdo migratorio y un TLCAN plus- a causa de las restricciones obvias de una frontera que endurecía cada vez más sus controles. Por otro lado, el unilateralismo del expresidente Bush se topó de frente con el multilateralismo de la política exterior mexicana. No fueron pocas las voces que, en su momento, advirtieron de un desencuentro mayor en el Consejo de Seguridad de la ONU que, sin embargo, terminó solamente en un distanciamiento temporal.
No obstante hubo también efectos positivos para la relación bilateral que hoy resultan evidentes. En primer lugar, se institucionalizó una cooperación en materia de seguridad que no sólo ha hecho frente a las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico sino que ha conseguido expandirse para cooperar en materia de desastres naturales y pandemias. La idea de crear un perímetro de seguridad en América del Norte incluyendo a México y Canadá obligó a los tres países a diseñar estrategias regionales para enfrentar nuevos retos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Con todas sus limitaciones, proyectos como el de la Iniciativa Mérida han venido a fortalecer el principio de la responsabilidad compartida y la confianza mutua en la relación bilateral. Además se avanza lenta pero sistemáticamente para controlar el trasiego ilegal de armas a nuestro país. En segundo lugar, la agenda bilateral ya no disocia, como antaño, los temas del desarrollo del de la seguridad fronteriza. Para muestra baste repasar la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI de mayo de 2010. Sin embargo, hoy es indispensable voltear la mirada a la inmigración, un tema que aún menos puede disociarse del modelo de regionalismo abierto y complementariedad económica al que aspiramos en América del Norte.
Artículo publicado el pasado 10 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Ante el inmovilismo del Congreso Federal y la administración del presidente Obama en materia migratoria los estados de la Unión Americana han comenzado, al menos a partir del 2010, a tomar decisiones importantes para presionar al Capitolio. De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los Congresos locales han alcanzado un récord histórico de iniciativas en materia de inmigración en lo que va del 2011. Hasta junio pasado, alrededor de 1582 iniciativas fueron presentadas y de ellas emanaron aproximadamente 40 nuevos instrumentos legislativos.
En este contexto, se distinguen claramente dos modelos antagónicos y estrechamente vinculados a dos leyes emblemáticas. El primer modelo recupera las ideas centrales de la denominada Dream Act que permite a estudiantes indocumentados pedir ayuda financiera al Estado y eventualmente regularizar su situación migratoria. Aprobada ya por el Senado de California y sólo en espera de la promulgación por parte del gobernador Jerry Brown, parece que podría servir de inspiración para lo que se denominan iniciativas copy-cat en otros estados como Maryland y Connecticut. El segundo modelo reproduce, y por momentos radicaliza, el contenido de la denominada Ley Arizona (SB 1070) que la gobernadora Jan Brewer promulgó en ese estado fronterizo -el quinto con mayor número de inmigrantes indocumentados en ese país- en julio de 2010. Se trata de una ley xenófoba que criminaliza a la inmigración indocumentada, abre la puerta a numerosos abusos en la detención arbitraria de inmigrantes y prohíbe su contratación en distintas modalidades laborales. Los estados de Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Alabama y, en cierta medida, el de Utah, han aprobado ya legislación similar y aunque sus contenidos se encuentran impugnados en Cortes Federales, ya inspiran toda clase de acciones que abrevan de esta atmósfera poco favorable a la inmigración.
En Arizona, por ejemplo, hay problemas severos para hacer valer los derechos esenciales de los trabajadores indocumentados. Hay connacionales detenidos a quienes, por su situación migratoria, se les niega el pago de sus salarios. Otros a quienes se les contrata por salarios inferiores al mínimo o a quienes se les exige trabajar horas extra sin obtener la remuneración correspondiente. Ante ello, en el contexto de la Semana de los Derechos Laborales y el Día del Trabajo en ese país, los cinco Consulados mexicanos en Arizona (Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Nogales) firmaron hace algunos días un Memorándum de Entendimiento con el Departamento del Trabajo estadounidense. Se trata de un documento pionero para defender los derechos de los trabajadores indocumentados y enviar un mensaje contundente de respaldo a nuestros connacionales que sufren esta actual oleada de leyes, políticas, decisiones y actitudes antiinmigrantes en ese y otros estados de la Unión Americana. Es precisamente este contexto el que exige extender este tipo de instrumentos a otras demarcaciones donde la situación es igualmente crítica y donde es preciso también elevar una severa denuncia contra el odio, los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad inmigrante. Es además parte también de un recordatorio respetuoso, pertinente y enérgico sobre la potestad y jurisdicción federal, y no local, de la política migratoria estadounidense.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Si bien hay cierto margen de desacuerdo en la cifra exacta, aún las estimaciones más optimistas, generalmente de fuentes estadounidenses, señalan que al menos entre el 70 y el 80% de las armas que utiliza el crimen organizado para desafiar al Estado mexicano fueron adquiridas en armerías ubicadas en los Estados Unidos. Ante esta realidad, el gobierno mexicano ha venido reclamando al estadounidense asumir su responsabilidad e implementar las acciones necesarias para combatir este criminal trasiego que, en cierta medida, es responsable de los altos índices de violencia que se registran recientemente en distintas zonas de nuestro país. Si bien la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense permite comprar y portar armas bajo el principio de la protección personal, la legislación estadounidense prohíbe la exportación de armas a otro país donde estas estén prohibidas o sean de uso exclusivo del Ejército, tal y como sucede en México. Por ello, la sensación de que los Estados Unidos no hacen lo suficiente para combatir este flagelo continúa permeando en el grueso de la opinión pública en nuestro país. Sin embargo, esto podría estar comenzando a cambiar.
Una primera respuesta del gobierno estadounidense fue especialmente desafortunada. Mediante la denominada Operación Rápido y Furioso de la poderosa Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y explosivos (ATF), cuya existencia no fue comunicada al gobierno mexicano, se intentaba rastrear la compra y distribución de fusiles AK-47 a las bandas delincuenciales al sur de la frontera. Sin embargo, el escandaloso fracaso del operativo permitió a la delincuencia organizada en México la compra y distribución de más de mil 700 fusiles de este tipo. Tras este embarazoso capítulo, sin embargo, vino una segunda respuesta que, sin duda, representa un primer paso en la dirección correcta y quizá un parteaguas en la cooperación que ambos países estarán instrumentando en esta materia en el futuro cercano. Me refiero a la nueva regulación, recientemente anunciada por la administración del presidente Obama, que obligará a más de 8 mil armerías ubicadas en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, a reportar ventas múltiples de armas semiautomáticas de asalto a la misma persona en un lapso de cinco días.
La medida desde luego tiene múltiples limitaciones. No toca a los vendedores en las denominadas ferias de armas -en las que se conoce que los delincuentes o sus testaferros son clientes frecuentes- obliga solo a reportar sin limitar si quiera la venta misma de armas y no se orienta directamente a combatir el tráfico ilegal. Con todo, representa un cambio sustancial en la manera de entender este grave problema bilateral. De un asunto esencialmente doméstico comienza a identificarse como un asunto con hondas implicaciones internacionales. Si a este anuncio, añadimos la desarticulación de bandas binacionales de tráfico de armas, como la encabezada por el ex edil de Columbus, y el nuevo activismo de la ATF en sendas investigaciones sobre tráfico de armas a nuestro país, parece que por fin se entiende el daño que se ha generado con una política omisa ante el creciente problema de seguridad. Sin embargo aun falta una batalla importantísima: convencer a la opinión pública estadounidense de la bondad de estas medidas.
Artículo publicado el pasado 16 de julio en Milenio Diario, estado de México
Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
