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En las últimas semanas, uno de los temas más relevantes entre la opinión pública de cara al próximo proceso electoral tiene que ver con el denominado voto nulo. Para sus defensores, la idea de acudir a las urnas y anular las boletas se justifica por una serie de razones que van desde el descrédito y la desconfianza que existen entre la población hacia los partidos políticos hasta la idea de que no hay suficientes opciones entre los partidos y candidatos actuales. Muchos de ellos han manifestado que de esta manera se hará frente al “monopolio” de la política electoral que mantienen los partidos políticos y han advertido incluso que hay una crisis de nuestro esquema de representación política. Este movimiento –afirman- tiene el objetivo de generar un esquema de exigencia hacia los partidos políticos y movilizar a la sociedad civil en demanda de cambios profundos en la democracia mexicana.
Los detractores de esta iniciativa afirman que anular el voto es eludir la responsabilidad más importante que tienen los ciudadanos en materia política. De acuerdo con José Woldenberg, por ejemplo, quienes hagan eso “dejarán en manos de quienes sí vamos a votar” la decisión de cómo se integrará la Cámara de Diputados, los Congresos locales, quienes serán los gobernadores, los presidentes municipales, entre otros cargos de elección popular. Advierten también que si hay alguna corriente política-ideológica que no se siente suficientemente representada en el espectro institucional, que busque su registro como partido político. Esto porque, arguyen con mucha razón, no es posible construir una democracia moderna sin partidos políticos.
Coincido mucho más con quienes se oponen al voto nulo. Sin embargo, eso no significa dejar de reconocer que hay elementos valiosos en la argumentación de sus apologistas. En principio, concuerdo con su análisis según el cual los vínculos entre ciudadanía y partidos están cada vez más lastimados. Además, estoy convencida de que es indispensable generar contextos de exigencia a los partidos a fin de que se vuelvan mejores, más competitivos, más transparentes, responsables y confiables. También sé que hay una urgencia por ampliar el régimen de rendición de cuentas a todos los aspectos de la actuación de los partidos políticos. Adicionalmente, simpatizo con cualquier iniciativa que desde la sociedad civil plantee mejorar el funcionamiento de nuestra democracia.
Pienso, a diferencia de otros políticos, que aunque no la compartamos hay que respetar la opción que representa el voto nulo y actuar en consecuencia. Implica un rechazo generalizado a los partidos que nos obliga a hacer un análisis serio sobre lo que hemos venido haciendo mal. Implica una oportunidad, además, para hacer una autocrítica que normalmente está ausente en la respuesta que algunos políticos han venido dando a esta idea. El voto nulo y el abstencionismo, aunque de distinto origen y motivación, deben provocar en nosotros –los políticos- una fuerte reacción para, en muchos aspectos, corregir el rumbo y mejorar nuestras propuestas.
Sin embargo, el voto nulo no resulta una iniciativa creativa para promover cambios en nuestro país toda vez que no plantea ninguna alternativa salvo el rechazo mismo. Al contrario, el grupo que lo promueve debería organizarse para comprometer a los candidatos a suscribir una agenda de compromisos que los obliguen a transformar las instituciones y las reglas en que operan nuestras organizaciones políticas.
No hay que olvidar que hemos pasado de un México monocolor, sin alternativas políticas y con un régimen de partidos sumamente débil a un país con instituciones políticas plurales y competitivas. Con el voto nulo corremos el riesgo de sabotear ese avance democrático que, en definitiva, debemos consolidar. Antes que fortalecer el mandato de la representación popular, lo cual incentiva un mejor desempeño del político electo, el voto nulo abonaría a debilitar el mandato popular y a excluir a la población del proceso democrático. En resumidas cuentas, una persona que vota por un partido tiene más autoridad para reclamarle una respuesta a sus demandas que una persona que anuló su voto. Por tanto, la rendición de cuentas tiende también a disminuirse.
Los promotores del voto nulo sostienen que todos los políticos somos iguales lo cual es a todas luces falso. No sólo en los partidos encontramos agendas contrastantes en muchos temas de la vida pública sino que encontramos a distintos candidatos, distintos perfiles, igualmente contrastantes, de donde los electores escogen libremente conforme a su conciencia. Además, corremos también el riesgo de que este llamado a anular el voto termine promoviendo ciertos apetitos autoritarios de personas y entidades que, como bien señalan diversos analistas, les importan mucho más sus intereses que la democracia misma. Peor aún, en el supuesto de que el voto nulo alcance una proporción significativa en la elección, paradójicamente saldrían beneficiados aquellos acostumbrados a prácticas corporativistas de manipulación y movilización burda del voto.
En suma, demandarnos a los políticos más respuestas ante los graves problemas que enfrenta nuestro país siempre es positivo y plausible. Quienes militamos en los partidos políticos estamos obligados a responder a ello y a transformar lo que en su estructura ya no es funcional para este propósito. Pero plantear la anulación del voto sin ofrecer ninguna otra propuesta para enriquecer la democracia no parece una opción encomiable. Una de ellas podría ser la reelección legislativa como un auténtico mecanismo de control y rendición de cuentas que le daría más poder al voto ciudadano.
Artículo publicado el pasado 13 de junio de 2009 en Milenio Diario, EdoMéx.
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En nuestro país, la actividad política se encuentra inmersa en un creciente desprestigio por parte de la opinión pública. En general, la población no sólo manifiesta una permanente incredulidad sobre las ofertas que los políticos realizan en campaña sino que, peor aún, reduce año tras año su confianza en las instituciones. En la Encuesta 2008 sobre confianza en las instituciones políticas, la empresa Consulta Mitofsky encontró que mientras las Universidades, la Iglesia y el Ejército mantienen una reputación razonablemente buena entre la vasta mayoría de los mexicanos, las instituciones con “confianza baja” son -en el siguiente orden- los Senadores, la policía, los sindicatos, los diputados y por último los partidos políticos.
No obstante, esta opinión que tienen los mexicanos sobre la actividad política no es gratuita. Se ha forjado a pulso con la ineficacia para atender adecuadamente las demandas ciudadanas, con el gasto excesivo y la opacidad que se registra en el uso de los recursos públicos, así como a base de escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y -en el caso más extremo y lamentable- con episodios de la vida política que demuestran sus vínculos con el crimen organizado y concretamente con el narcotráfico.
Recientemente, en medios impresos se informó de la investigación que la Procuraduría General de la República emprendió para determinar la responsabilidad de Cándido y David Monreal Ávila, hermanos del Senador perredista Ricardo Monreal, en el hallazgo de más de 14 toneladas de mariguana en bodegas de la deshidratadora de chiles de su propiedad en Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, no hace mucho que el ex presidente Miguel de la Madrid hiciera reveladoras declaraciones sobre la administración del presidente Salinas y lo que, según su testimonio, fueron los abusos, la corrupción, los negocios ilícitos y los vínculos con cárteles del narcotráfico del ex presidente y su hermano Raúl. En una palabra, la política de la impunidad que caracterizó al gobierno mexicano durante décadas.
En este contexto, y tomando en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral competida para la renovación de la Cámara de Diputados así como de autoridades legislativas y ejecutivas de algunos estados de la Federación, la ciudadanía necesita comprobar la honorabilidad de quienes aspiran a ser sus representantes. De ninguna manera basta con la promesa de ser personas de bien, sin vínculos con el crimen, sin problemas de adicciones, sin antecedentes penales, sin propiedades y recursos de inexplicable origen. Los partidos y los candidatos tienen el deber de poner a disposición de la opinión pública toda la evidencia que garantice su probidad. Sólo así, la población comenzará gradualmente a recuperar la confianza en los políticos y en la democracia y habrá mayor participación política.
Por ello, en un hecho inédito, el candidato del PAN a diputado local por el Distrito 30 de Naucalpan, Luis Gustavo Parra, se sometió el 20 de mayo pasado a una prueba antidoping para mostrar que se encuentra libre del consumo de drogas. En efecto, una vez concretada la prueba, que resultó negativa, el candidato, la dirigencia estatal del partido y una servidora nos manifestamos a favor de que los candidatos de todos los partidos políticos, a lo largo de la República, se realicen esta prueba y hagan públicos sus resultados.
No hay que olvidar que en México vivimos un grave problema de aumento en el consumo de droga –especialmente entre nuestros jóvenes- y por tanto es indispensable enviar un mensaje al electorado sobre las dimensiones de este reto así como hacer un firme compromiso con la prevención y el combate a las adicciones.
Esta actitud para mostrarse con la mayor transparencia ante la sociedad debería permear en el resto de los Partidos que participan de la contienda. Y no sólo para frenar el descrédito de la política sino, además, para generar incentivos a fin de que los ciudadanos hagan pleno uso de sus derechos cívicos y con ello disminuya el abstencionismo que acecha la elección del próximo 5 de julio.
Artículo publicado el pasado 23 de mayo de 2009 en el diario Milenio – EdoMéx
En el horizonte político del país se avecina un nuevo proceso electoral mediante el cual se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, se elegirá gobernador en Colima, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro además de autoridades municipales y legisladores locales en estos estados además del Distrito Federal, Sonora, Morelos, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México donde se renovarán 125 ayuntamientos y 75 diputados al Congreso local. En octubre, se realizarán también elecciones locales en Coahuila y Tabasco.
Sin embargo, uno de los temas más importantes para la reforma del Estado permanece aún sin definición. Me refiero a la reelección legislativa inmediata.
Históricamente, la Constitución de 1917 no estableció límites de ninguna especie para que los ciudadanos pudieran reelegir, de manera inmediata, a sus representantes, fuesen Senadores de la República o Diputados Federales. En los antecedentes constitucionales previos a 1917 tampoco hay antecedentes de prohibición a la reelección inmediata. Fue hasta la reforma constitucional publicada el 29 de abril de 1933 cuando se estableció la prohibición de la reelección legislativa inmediata.
En el marco de la Constitución de 1857 se vivió la dictadura de Porfirio Díaz en donde el Congreso mexicano se convirtió, como decía Daniel Cosío Villegas, en un “museo de historia natural” dado que quienes fueron designados al Poder Legislativo permanecieron por décadas sin el aval popular. El problema no era, entonces, la reelección sino la imposibilidad de la elección. Esto bastó para que el lema maderista de “Sufragio efectivo, no reelección” terminara extendiéndose, en 1933, al ámbito legislativo.
Pero había otra razón de fondo que, en su momento, citó el ex diputado y presidente nacional del PAN Adolfo Christlieb: “reducir a la Cámara y al Congreso a la categoría de órganos de partido; subordinar la actividad parlamentaria nacional a la acción extraparlamentaria del partido oficial”.
Luego de décadas ésta prohibición resulta no sólo injustificable sino indeseable para la buena marcha de nuestro desarrollo democrático. Y es que mientras en un régimen autoritario, la reelección supone perpetuar a la clase política, en un régimen democrático implica hacer una sólida apuesta por la autonomía del Poder Legislativo.
En este contexto existen al menos dos razones de peso para fortalecer la representación popular. La primera tiene que ver con la rendición de cuentas por parte de los legisladores. En la actualidad, los legisladores tienen incentivos para ser más leales a su partido que a sus representados debido a que su carrera política no necesariamente depende de su desempeño legislativo actual. En la búsqueda de más y mejores mecanismos para rendir cuentas sería muy relevante otorgar al ciudadano la posibilidad de reelegir, de manera inmediata, a su representante en caso de que considere que hizo un buen trabajo o sustituirlo en caso de que así lo sancione. En este sentido, la reelección inmediata, y la lógica que entraña de estrecha vinculación entre los legisladores y la sociedad, tendrían un efecto positivo sobre el carácter representativo de nuestras instituciones parlamentarias.
La segunda razón tiene que ver con la profesionalización de los legisladores. De acuerdo con el constitucionalista Antonio Martínez Báez, ésta prohibición es una rara avis en el derecho constitucional comparado toda vez que “existe en todos los países modernos una profesión de gran importancia que requiere no sólo una verdadera vocación sino también una especialización” por lo que “conviene la formación de gente con experiencia política dentro de las asambleas legislativas, experiencia que no se puede alcanzar sin la posibilidad de permanecer en el Parlamento”. En efecto, esta experiencia, con que cuentan la gran mayoría de legisladores de Parlamentos en países democráticos, hace posible la construcción de alianzas estables sobre temas relevantes, reduce las dimensiones de la actual curva de aprendizaje que resulta muy onerosa en términos financieros y políticos además de que estimula la eficiencia y fortalece al Poder Legislativo cuyas tareas son crecientemente complejas.
La reelección inmediata, sin embargo, no debería ser ilimitada aun cuando hoy contamos con elecciones competitivas y razonablemente transparentes. Plantear límites, como uno o dos periodos consecutivos, podría ser una buena idea para gradualmente introducir esta nueva modalidad en nuestro orden constitucional y en nuestra incipiente cultura política.
En el contexto de los esfuerzos para una reforma integral del Estado mexicano, y del proceso electoral en puerta, convendría saber la opinión de los principales actores políticos nacionales y estatales sobre este tema que, sin duda, podría ser una de las grandes aportaciones de la LXI Legislatura.
Artículo publicado por Milenío, EDOMEX el 15 de febrero de 2009
