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El martes pasado la UNICEF presentó en México su Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012: Niñas y Niños en un Mundo Urbano de la UNICEF. Se trata de un análisis sin precedentes en la medida en que evalúa las implicaciones que el proceso de urbanización, en marcha en prácticamente todo el mundo, tiene para la situación general de la niñez. Según el informe, hay una paradoja que explica bien la falta de políticas públicas orientadas hacia un problema en trepidante ascenso. Mientras el concepto de ciudad se ha venido asociando históricamente con el empleo, el desarrollo y el crecimiento económico, cientos de millones de niños y niñas sufren los embates de un modelo de urbanización que no toma en cuenta sus necesidades y que es completamente omisa frente a la violación de sus derechos esenciales. La UNICEF plantea así la dicotomía entre un porcentaje de la niñez que disfruta las ventajas que ofrece la vida urbana y otro que vive en condiciones infrahumanas de marginación y precariedad. Pero lo peor de su situación, sustenta el informe, es su relativa invisibilidad. Tanto la información estadística, como los programas de desarrollo tienden a poner mayor atención a lo que sucede en las zonas rurales y no hacen lo suficiente para esclarecer las brutales disparidades en las tasas de supervivencia, el estado nutricional, la educación y la salud que se registran entre barrios y asentamientos urbanos al interior de las ciudades. 43% de la niñez global vive en zonas urbanas, gran parte de ellos vive en barrios marginados y una alarmante proporción sencillamente vive en la calle. Todos ellos experimentan altos niveles de vulnerabilidad y de violaciones sistemáticas a sus derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El acceso de la niñez a la salud y a la higiene, a la educación y en general a su protección frente a los abusos de todo género está muy lejos de alcanzar una situación satisfactoria en el planeta. A este diagnóstico habría que agregar también el agravamiento de sus condiciones de vida a partir de desafíos que van desde la migración de niños a las ciudades, donde su vulnerabilidad aumenta exponencialmente, hasta los efectos de la crisis económica actual y la violencia urbana.
El Informe promueve no sólo la consciencia pública sobre este fenómeno sino además políticas enfocadas a satisfacer las necesidades y prioridades particulares de los niños que experimentan marginación urbana. Por ello, en voz de su Director Ejecutivo, Anthony Lake, la UNICEF alabó el programa Oportunidades y se refirió a él como un ejemplo que muchos otros países deberían emular en el combate a la marginación infantil de naturaleza urbana. De esta manera se reconoce que, si bien nos falta mucho por hacer en esta materia, México ha hecho un trabajo muy serio y una inversión sin precedentes para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio vinculados a la protección infantil. Vale la pena considerar, al menos, tres aspectos. En primer lugar, en junio de 2011, los legisladores reformamos la Constitución para cumplir con los derechos infantiles que se consagran en los Tratados Internacionales en la materia –dimos rango constitucional al precepto del “interés superior del niño”. En segundo lugar, en los últimos años, se alcanzó la cobertura universal en la educación primaria, se redujo en más del 60% la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años y se avance de manera contundente en las metas referentes al acceso a vivienda, agua y servicios de salud. Finalmente, tal y como lo anunció el Presidente Calderón, México invertirá un monto sin precedentes, 570 mil millones de pesos este año al desarrollo integral de niños y adolescentes. Es desde luego un honor pero también una gran responsabilidad ser sede de la presentación de este Informe Global. Es encomiable el esfuerzo de UNICEF para con este tema y por ello la mejor manera de honrarlo y unirse a él es trabajar incansablemente, como hasta ahora, en lograr un México digno, seguro y justo para nuestra niñez.
Foto: El Universal | Firma del decreto de promulgación de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31 que obliga al Estado a impartir educación media superior
Esta semana el Presidente Felipe Calderón firmó un decreto histórico. Se trata de la séptima reforma que en materia educativa, se realiza a la Constitución Mexicana desde su promulgación en 1917. El decreto reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución con el objetivo fundamental de otorgarle a la educación media superior en México carácter obligatorio. En consecuencia, por primera vez en su historia, el Estado Mexicano asume un compromiso extraordinario con garantizar el acceso a la educación básica, media y media superior a todos los niños y jóvenes mexicanos. Por supuesto esto exige un enorme esfuerzo que se proyecta concluirá, en el año 2022, cuando se logre la cobertura universal del bachillerato en México. Sin embargo, ya están colocadas las bases para que, incluso antes, en 2015, México cuente con una cobertura de al menos 85%. Desde luego que no se trata de un asunto menor por varias razones. La primera es que, como explicó el Subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán, mucho del desarrollo económico y social de México depende precisamente del fortalecimiento de la educación media superior. Quienes cursan el bachillerato acceden a mejores niveles salariales y, por ende, a mejores condiciones de vida. Esa es una lección que viene directamente del sudeste asiático quienes, en su momento, hicieron una fuerte apuesta por el robustecimiento de la cobertura, la infraestructura y los contenidos de la educación media superior.
La segunda es que nuestro país comenzará a remontar una situación lamentable que venimos arrastrando por décadas en materia de acceso a la educación media superior. De acuerdo con información reciente dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México junto con Turquía destaca entre los miembros de este organismo por tener el mayor porcentaje de jóvenes sin acceso al bachillerato. Ya sea por deserción, casi siempre originada por razones socioeconómicas o por lo que se denomina fracaso escolar, por falta de cobertura suficiente en distintas zonas del país y por insuficiencias importantes en el mejoramiento de calidad del magisterio entre otras carencias institucionales, México se ubica prácticamente al final de la lista.
Mientras países como Corea o República Checa el número de jóvenes, de entre 25 y 34 años sin bachillerato es inferior al 10%, México tiene, igual que Turquía, 58% de sus jóvenes sin educación media superior. La deserción escolar, especialmente durante el bachillerato, impide el acceso a los conocimientos y las habilidades indispensables para que cientos de miles de jóvenes se inserten con éxito en el mercado laboral. Pero si bien, en principio, esta es una responsabilidad del Gobierno Federal, las entidades federativas tienen también en sus manos gran parte de la solución. Lamentablemente, el estado de México es de nuevo un botón de muestra de lo que no se ha hecho al respecto. De acuerdo con información oficial difundida esta semana, nuestra Entidad tiene un déficit del 36% en la atención a los jóvenes que tratan de ingresar al bachillerato en la entidad. Es decir, de los 800 mil alumnos que egresan cada año de las secundarias mexiquenses, alrededor de 288 mil, por distintas razones, no consiguen ingresar a las preparatorias. Desde luego que faltan planteles pero también políticas adecuadas para impedir la deserción, y reducir la reprobación sin comprometer la calidad educativa. Sin duda, el decreto que incluye al bachillerato dentro del universo de niveles educativos obligatorios exige esfuerzos importantes para todos y esto incluye, por supuesto, a estados y municipios del País.
Artículo publicado el pasado 11 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: canada.informationplanet.com
Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.
No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/
En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.
Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Luis Felipe Bravo Mena | terra.com.mx
No es un secreto que el Estado de México cuenta con los sistemas educativos y de salud menos desarrollados y más inequitativos en toda la República. En promedio, al llegar a los 16 años de edad, cientos de miles de jóvenes abandonan sus estudios fundamentalmente por razones económicas. Pero el rezago social alcanza y golpea especialmente a los niños -uno de cada diez que no asisten a la escuela- y a los adultos puesto que 4 de cada 100 habitantes no saben leer ni escribir. Hay escasez de planteles e infraestructura educativa y desde luego de recursos que el gobierno estatal prefiere invertir en otros asuntos, como la promoción de su imagen. De ahí que Luis Felipe Bravo Mena proponga crear el Fondo de Infraestructura para la Educación. Se trata de destinar inversión pública para la construcción, el equipamiento, modernización y la rehabilitación de escuelas públicas. Además, propone un programa de cero analfabetismo para que no quede ni un solo mexiquense sin saber leer ni escribir. Así, consciente de la estrecha vinculación entre la educación y el desarrollo ha propuesto que ningún joven con ganas de estudiar se quede sin hacerlo a nivel bachillerato y universitario. Mediante becas-créditos para la educación y apoyos específicos a jóvenes que viven en comunidades de alta marginación, muchas de ellas indígenas, se dará un impulso sin precedente a la formación de una nueva generación de mexiquenses capaces de convertirse en agentes detonadores del desarrollo de su entorno. Ha propuesto también establecer un sistema educativo plenamente integrado al desarrollo digital con la dotación de computadoras, equipo audiovisual e Internet a todas las escuelas públicas. También se busca ampliar el sistema de escuelas de tiempo completo para los estudiantes de educación básica.
Por otro lado, urge llevar el sistema de salud a todos los rincones de la entidad. En el Estado de México faltan centros de atención, personal médico, enfermeras y medicinas. El gobierno priísta no ha invertido correctamente los recursos presupuestales destinados originalmente al sector salud mermando así la de por si precaria infraestructura en la materia. El reto que asume Bravo Mena es que al cumplir el primer año de su administración, el 100% de los mexiquenses contarán con Seguro Popular. De igual forma, lanzará un programa emergente de capacitación del personal médico y una cruzada para multiplicar las denominadas caravanas de salud preventiva. Más aún se ha decidido a construir el hospital regional de la zona sur del Estado de México, una obra inaplazable que de manera inexplicable aún no consigue hacerse realidad así como el hospital en Villa Victoria.
La doctrina humanista de Acción Nacional pone el énfasis en la persona humana como destinatario de todo ejercicio público de gobierno. Subraya el bienestar como objetivo primordial de las políticas públicas y eso es lo que Bravo Mena busca hacer realidad en el Estado de México. Apoyar a quien más lo necesita será una línea toral durante su administración. Por eso se ha comprometido a ampliar significativamente los programas de Oportunidades, Sesenta y Más y de seguridad alimentaria así como un programa estatal para atender necesidades incumplidas en materia de vivienda y desarrollo en comunidades indígenas.
Artículo publicado el pasado 18 de junio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: beckgza.wordpress.com
Aunque parezca una obviedad que los derechos humanos formen parte de la parte dogmática de cualquier Constitución contemporánea, hasta hace muy poco tiempo México era una excepción en esta materia entre las democracias del mundo. A pesar de múltiples avances, los mexicanos no contábamos aún con una serie de disposiciones constitucionales para, entre otras cosas, armonizar los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos con nuestro derecho interno. Finalmente, y después de años de diálogo, negociación y deliberación entre las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras del Congreso y toda clase de organizaciones de la sociedad civil, la reforma se fortaleció extraordinariamente.
El pasado 8 de abril, el Senado aprobó esta reforma constitucional que, para el Sistema de las Naciones Unidas en México, supone “el paso más significativo en este campo en los últimos años” y “un avance sustantivo a favor del respeto y garantía de los derechos fundamentales”. Si bien es cierto que aún falta el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, el amplio consenso que ha suscitado parece indicar que la reforma prosperará.
Como objetivo fundamental la reforma pretende, si se me permite la expresión, constitucionalizar los Derechos Humanos consagrados en una pléyade de compromisos internacionales firmados por México y, con ello, darles plena operatividad y exigibilidad en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, mediante un juicio de amparo de acuerdo con el nuevo contenido del artículo 103. Se trata, además, de hacer de la promoción y respeto de los derechos humanos no sólo una tarea prioritaria del Estado mexicano sino un criterio orientador de todos los actos de gobierno. De ahí que se ha establecido el de los derechos humanos como principio rector de la Constitución misma –el capítulo primero se llamará ahora De los Derechos y sus Garantías- pero también de la educación, la política exterior, el sistema penitenciario y, por supuesto, de las políticas públicas como las relativas a la seguridad, la prevención y el combate al crimen. Se establece además el principio pro homine o pro persona, según el cual las normas han de interpretarse y aplicarse siempre de la manera más conveniente para el ser humano y se otorga un impulso extraordinario a la larga tradición de asilo y refugio que nuestro país ha enarbolado por décadas. Mediante esta reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplía sus facultades así como sus responsabilidades en esta materia –adquiriendo por ejemplo la facultad para conocer quejas y emitir recomendaciones en materia de derechos humanos laborales- y se establece el derecho de audiencia de toda persona extranjera en la eventual aplicación del artículo 33 constitucional.
La reforma es revolucionaria, por tanto, no sólo en términos jurídicos sino también en términos culturales. Se trata de reconocer, por primera vez en nuestra historia, que existen derechos inalienables a la condición humana que deben ser protegidos y garantizados plenamente por nuestro orden jurídico. Derechos que no pueden ser restringidos ni suspendidos con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad contemplados por el derecho internacional de los derechos humanos. Así, el derecho a la vida, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, la protección a la familia, los derechos políticos, la libertad religiosa, de conciencia y pensamiento, la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada y la servidumbre de cualquier índole son derechos que no podrán ser restringidos. Corresponde ahora alentar a los Congresos estatales para ratificar esta reforma cuanto antes a fin de que arranque su vigencia así como los procesos legislativos ulteriores para garantizar su eficacia plena. Mientras tanto hay que celebrar la unanimidad con que se aprobó esta reforma. Es muestra de que los legisladores estamos obligados y somos capaces de hacer a un lado nuestras diferencias partidistas y electorales para concentrarnos en lo que debe ser verdaderamente nuestra ocupación cotidiana: los intereses de la sociedad mexicana.
Artículo publicado el pasado 19 de marzo en Milenio Diario, estado de México
A mediados de la década de los treinta, México entró en una etapa muy importante de construcción de instituciones. Bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas y sus ministros, se impulsó la idea de hacer de las escuelas técnicas, entonces dispersas y escasas, una piedra angular del desarrollo económico y social del país. El entonces Secretario de Educación Pública, don Narciso Bassols, lanzó la propuesta de integrar todas esas escuelas en una institución nacional con una fuerte orientación hacia la investigación científica y la formación de cuadros que proveyeran a la naciente industria mexicana del capital humano indispensable. De esta manera, el 16 de enero de 1936, abrió sus puertas el Instituto Politécnico Nacional. Bajo la batuta del Ingeniero Juan de Dios Bátiz, gran educador mexicano, el IPN consolidó una reputación intachable como la máxima institución de estudios técnicos en el país. Articulando todo un esquema educativo, como alternativa a la educación preparatoria y universitaria encabezada por la UNAM, el IPN comenzó la fundación de las escuelas vocacionales, llamadas posteriormente Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), donde los jóvenes podían comenzar sus estudios intermedios especializándose en las ramas físico-matemáticas, médico-biológicas y comerciales-administrativas. Bajo el lema La Técnica al Servicio de la Patria, el Politécnico ha venido ampliando sus actividades docentes, de investigación, de divulgación, de carácter cultural y deportivo hasta ser hoy una institución sin cuya existencia no puede explicarse la historia contemporánea de nuestro país.
Esta semana el IPN cumplió 75 años de fundación y, por tanto, vale la pena hacer un recuento amplio sobre sus logros. En primer lugar, 800 mil egresados de sus 174 programas docentes han hecho una contribución inestimable al desarrollo de nuestro país. De sus 81 unidades académicas –entre las que destacan las Escuelas Nacionales de Ciencias Biológicas, de Comercio y Administración, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de Física y Matemáticas, además de sus 15 CECyt y sus 12 Centros de Educación Continua y a distancia, han egresado hombres y mujeres cuyos nombres abundan en la historia de la modernización de nuestro país. Son grandes personalidades como el Ingeniero Alejo Peralta, el doctor Jesús Kumate, el neurofisiólogo Pablo Rudomin –uno de los científicos más reconocidos del mundo en esta área del conocimiento- y el expresidente de México Ernesto Zedillo, el testimonio vivo de esta fructífera empresa. Entre su planta docente han venido destacando nombres tan relevantes como los del gran arquitecto Juan O’Gorman, don Heberto Castillo y el pionero de la computación Adolfo Guzmán Arenas. En segundo lugar, hay una vocación investigadora y de invención que le da un carácter distintivo al Politécnico. Desde que Guillermo González Camarena, egresado de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), inventó el transmisor que hizo posible la televisión a color dio comienzo una tradición que afortunadamente no cesa de darle grandes satisfacciones al IPN y a México. El primer videojuego mexicano, el Bipedestador –silla única en el mundo para la rehabilitación y movilidad de discapacitados-, los pilotes de control –una gran innovación en la arquitectura contemporánea-, así como el concreto traslúcido son apenas algunos de los miles inventos que científicos del IPN han dado al mundo. En tercer lugar, el IPN se ha venido colocando a la vanguardia en la investigación científica con el trabajo de algunos institutos además de mantener altos niveles de calidad entre las instituciones de educación pública. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), por ejemplo, ha sido reconocido con el premio ANUIES 2010 y, por tercer año consecutivo, el IPN se mantiene como la mejor escuela a nivel medio superior de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) que aplica anualmente la Secretaría de Educación Pública.
Son instituciones públicas de excelencia, como el Instituto Politécnico Nacional, las que un país como el nuestro necesita fortalecer y multiplicar. Enhorabuena al IPN, a su directora Yoloxóchitl Bustamante, y a todos los egresados, profesores, investigadores y trabajadores de este gran proyecto educativo, cultural y, por citar al Ingeniero Bátiz, de responsabilidad y solidaridad social.
Artículo publicado el pasado 26 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 11 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
El pasado 5 de septiembre, el gobernador Enrique Peña Nieto rindió su quinto informe de gobierno. Ante representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de nuestra entidad además de numerosos invitados especiales de los más diversos sectores de la sociedad mexiquense, Peña Nieto rindió un informe parcial, incompleto, impreciso, demagógico y fantasioso sobre el estado que guarda su administración. Durante sendos mensajes pronunciados ante el Palacio Legislativo local y en el Teatro Morelos de Toluca, el gobernador hizo gala del triunfalismo ramplón que caracteriza muchas de sus alocuciones públicas. Presumió políticas públicas que no han rendido frutos, omitió yerros, rezagos y autocrítica, se refirió a acciones que no se ven, y dibujó un Estado de México próspero, dinámico y seguro que sólo existe en su imaginación. Por supuesto, incluyó sus llevados y traídos 608 compromisos suscritos ante notario público y afirmó que, aparentemente, ha cumplido el 83% del total. Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el peso específico de estos “compromisos” frente a la gran mayoría de asuntos sin resolver que tiene el gobernador en su despacho. De entrada, la cifra no dice gran cosa. Omite que su gobierno ha podido ejercer el presupuesto más alto en la historia de la entidad pasando de 80 mil millones de pesos a más de 130 mil millones en pocos años. Por su parte, sus 503 compromisos cumplidos han tenido un costo de 9 mil 418 millones de pesos lo cual representa apenas el 2% del presupuesto total de su administración. De el 98% restante, el Gobernador informa poco y siembra muchas dudas sobre su uso eficiente.
Peña Nieto habla de una cruzada contra la inseguridad y a favor de la construcción de un Estado de derecho que se antoja una falacia. Habló de nuevas tecnologías, de capacitación, profesionalización y control de confianza para agentes policiacos; de una reestructuración de la Procuraduría de Justicia y de un nuevo esquema para la denuncia ciudadadana. En la realidad cotidiana del estado de México, sin embargo, se respira un aire a inseguridad, a incertidumbre y a miedo como nunca antes en nuestra historia. El de su discurso no puede ser el mismo Estado de México que tenemos. El nuestro -el auténtico- es una de las entidades punteras en materia de secuestros a nivel nacional, es el lugar donde vienen operando con altas dosis de impunidad toda clase de grupos de la delincuencia organizada, es donde ha crecido más el robo de automóviles (cada 25 minutos se hurta uno), los índices de corrupción, de extorsión y los asesinatos de mujeres o feminicidios a nivel nacional. Es la entidad donde, gracias a los operativos de las autoridades federales, grandes capos del narcotráfico han sido detenidos en lo que ha sido su refugio predilecto. Es la entidad que vio perfectamente ejemplificado, en el lamentable caso de la niña Paulette, la incapacidad de la procuración de justicia estatal para investigar, castigar y prevenir los homicidios de mujeres y niñas que ha alcanzado una tasa muy superior a la media nacional.
Cuando el gobernador habla de mejoras en la impartición de justicia, no se entiende por qué hoy por hoy nuestro Estado de México guarda un inmenso rezago en materia de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia es la institución con el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Cuando el gobernador presume obras de infraestructura y carreteras, no se entiende por qué se propone la celebración del Bicentenario de la Independencia eliminando bienes públicos como los carriles y puentes peatonales del Periférico Norte; así como cobrando un peaje injusto en nuevos circuitos viales. También cuesta trabajo entender por qué el gobernador hace referencia a un supuesto dinamismo económico que atrae inversiones y genera empleos. La realidad es que el Estado de México viene perdiendo competitividad año tras año, ubicándose actualmente en la posición número 28 de entre los estados de la República, así como perdiendo empleos con mucha rapidez. El desempleo creció, según datos del INEGI, prácticamente al doble de 2005 al 2010 y, peor aún, nuestra entidad tiene el primer lugar nacional en jóvenes que no tienen ni empleo ni educación.
Suman más de 700 mil jóvenes quienes, se corre el riesgo, podrían caer en manos de la delincuencia. Esa delincuencia que según el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal controla al menos 20 municipios mexiquenses.
Tal y como lo afirmó la diputada Mónica Fragoso, son sus viajes al extranjero y sus multicitados foros de reflexión las actividades que, con dinero público, están encaminadas no a satisfacer al interés general en nuestra demarcación sino a impulsar una agenda y un proyecto político.
Con todo, es imposible tapar el sol con un dedo. A estas alturas, hay cada vez menos mexiquenses que tomen las cifras alegres del gobierno estatal como genuinas. La credibilidad del gobernador está siendo puesta en duda con mayor frecuencia y también la viabilidad de su ulterior proyecto político. En ese contexto, cada vez hay mayor convergencia entre las principales fuerzas opositoras y distintos sectores de la sociedad mexiquense alrededor de la idea un gobierno de coalición. De ahí la vehemencia con que el gobernador mostró su desacuerdo con una alianza electoral para las elecciones de 2011. Y es que es precisamente una alianza ciudadana, con el respaldo de los principales partidos de oposición en la entidad, la que podría, como en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, atajar la ruta del autoritarismo y transformar a nuestro estado que, en prácticamente ocho décadas, no ha visto salir la luz de la alternancia democrática.
Informe de Resultados, ¡Pasión por Servir!
En mi calidad de Senadora de la República y junto al diputado local Gustavo Parra, el día de ayer tuve el honor de presentar mi Informe de Resultados por la labor legislativa realizada durante el primer año de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Este ejercicio tiene que ver directamente con el deber que todos los servidores públicos y representantes populares tenemos de informar debidamente a la población sobre el trabajo realizado. Sin embargo, implica también un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que contribuye a forjar un vínculo directo y de contacto permanente entre la ciudadanía y los legisladores.
En el caso del Estado de México, que represento en el Senado de la República, es urgente que se extienda esta práctica tan importante para combatir la opacidad, la corrupción y el abuso que, desafortunadamente, se registra en los distintos niveles de gobierno.
Por ello es también una oportunidad extraordinaria para divulgar información valiosa sobre los asuntos públicos en nuestra demarcación, y una ocasión espléndida para dotar a la ciudadanía de herramientas de juicio que les permitan tomar decisiones electorales informadas y responsables.
Los informes anuales, antes que un rito o ceremonia política a la vieja usanza, son momentos clave para establecer una amplia conversación con los distintos sectores de la sociedad mexiquense. Suponen la posibilidad de acercarse, dialogar, entender y comenzar a articular soluciones para los problemas que aquejan a los mexiquenses. Ese fue precisamente el ánimo que me llevó a reunirme, las últimas semanas, con miles de personas, grupos sociales, empresariales, culturales, académicos y religiosos.
La representación de los mexiquenses es, sin duda, una gran responsabilidad. Las necesidades de nuestra demarcación son a tal grado apremiantes que requieren de esfuerzos individuales y colectivos de gran envergadura. Como vecina, durante la mayor parte de mi vida, del municipio de Naucalpan, no soy de ninguna manera ajena a las necesidades de empleo, educación, salud, transporte de calidad, seguridad y desarrollo de nuestro municipio.
He procurado, con honestidad y sensibilidad, poner el acento en aquellas iniciativas que, ya sea desde el gobierno federal o desde el grupo parlamentario del PAN, han venido contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los mexiquenses en distintos rubros.
Con mucha satisfacción informé que gracias a una favorable interlocución con el gobierno federal, logramos que se aprobara el presupuesto más alto en la historia para el gobierno del estado y sus 125 municipios.
Con ello se facilitó no sólo un mayor acceso a la salud pública y de
calidad –por ejemplo con la construcción del hospital de alta especialidad Bicentenario en Tultitlán- sino una mejora sustancial del transporte público en la entidad con la construcción del Tren Suburbano Tlalnepantla-Cuautitlán, y de la seguridad pública municipal con un aumento importante en los subsidios para patrullas y policías. También, conseguimos la construcción del Túnel Emisor Oriente para evitar inundaciones, el desarrollo de nuevas vialidades metropolitanas y la puesta en marcha de una nueva red de estancias infantiles para las madres trabajadoras.
Por otro lado, trabajamos duro en el exhorto al gobierno del estado de México para eliminar el cobro del impuesto a la tenencia vehicular así como solicitar al Gobierno Federal aumentos importantes en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para las familias afectadas por las devastadoras inundaciones que sufrimos hace algunos meses.
Hemos seguido de cerca la gestión del gobierno mexiquense y hemos sido críticos con las prioridades de gasto de la administración. En ese sentido, impulsamos diversas obras públicas de infraestructura como la edificación de más hospitales, la construcción y mantenimiento de nuevos emisores pluviales así como la creación y ampliación de rutas para el tren suburbano –concretamente extenderlas a las regiones de Huehuetoca, Amecameca y Tecámac, así como la creación de una nueva ruta Naucalpan- Toluca.
Desde luego, esto no es suficiente. Por ello me he propuesto seguir trabajando, en este nuevo periodo legislativo que comienza, a favor de los derechos de los grupos vulnerables en nuestro estado (adultos mayores, mujeres, niñas y niños), de la eliminación de los injustos cobros de peaje en vías públicas transitadas diariamente por cientos de miles de mexiquenses, por tarifas justas para estudiantes y adultos mayores, por penas más severas a los delincuentes y a los funcionarios públicos negligentes así como por una mejor utilización del presupuesto del estado. Continuaremos vigilando de cerca, por supuesto, la poco transparente gestión de la actual alcaldesa de Naucalpan.
Sin duda, es mucho lo que falta por hacer. Vivimos en un estado con bajos índices de desarrollo, salud y educación así como altos índices de pobreza, desempleo e inseguridad como resultado de gobiernos estatales y municipales deshonestos e ineficientes.
Por ello, es hora de sumar esfuerzos y multiplicar voluntades. De la mano de la administración del Presidente Felipe Calderón seguiremos trabajando por un país mejor y un estado de México más próspero y con mejores oportunidades de desarrollo para todos. En ese contexto, vale la pena analizar con seriedad, generosidad y patriotismo, una alianza electoral que, en 2011, traiga por fin la alternancia democrática al gobierno del estado.
Artículo publicado el pasado 28 de agosto en Milenio Diario, estado de México
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
