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Artículo publicado parcialmente el pasado 15 de agosto en Milenio Diario, estado de México
Adriana González Carrillo | Diputada Federal
Por si no fuera suficiente con la desaceleración económica global que afecta severamente el crecimiento mexicano así como los bajos precios del petróleo que amenazan con reducirse aún más a partir de la reincorporación de Irán a los mercados petroleros internacionales, China tomó una decisión de política monetaria que podría tener un impacto aún más negativo para nuestra política comercial. Me refiero a las tres devaluaciones que en menos de 72 horas sufrió el yuan como medida del Banco Central Chino para estimular la economía y volver más competitivas sus exportaciones. Se trata de la mayor devaluación en dos décadas (con una depreciación del 4.5%) y sucede tras la caída sostenida de las ventas al extranjero de China, una potencia económica preocupada por mantener el valor de su moneda para evitar la fuga de capitales y la pérdida de dinamismo en sus intercambios comerciales. Evidentemente, la medida entraña elementos positivos para la economía mundial en su conjunto. Desde la perspectiva occidental, hay un aplauso generalizado por lo que supone dejar que el mercado fije libremente el tipo de cambio del yuan frente al resto de las monedas internacionales. Una medida como la adoptada es clave para que el yuan sea incluido en la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, para que participe en las grandes ligas de las finanzas mundiales.
El principal problema es que el tamaño de la economía china provoca que el grado de afectación de cualquier transformación radical de su política monetaria sea realmente monumental. Otro asunto relevante tiene que ver con que para algunos inversionistas los imperativos del crecimiento de la economía china, que necesita urgentemente rebasar el umbral del 7% anual, podría no ser la única causa de la devaluación. El riesgo es que más allá de las repercusiones comerciales, la depreciación del yuan pueda alargarse en el tiempo desatando lo que los economistas llaman una guerra de divisas. Tampoco resulta impensable que China, al observar una fuerte desaceleración en su producción, esté buscando lo que se denomina una política de empobrecer al vecino volviéndose un exportador más competitivo al reducir los costos mientras encarece los de importación para proteger su mercado interno. En todo caso, la medida supone malas noticias para la economía mexicana. El abaratamiento de las exportaciones chinas implica una mayor competitividad frente a las manufacturas mexicanas especialmente en los rubros donde ambos disputan mercados importantes como los de computadoras, equipo eléctrico y maquinaria. Aunque es claro que no se verán efectos en el corto plazo en México, a largo plazo hay aún otros riesgos. Sobresale el de que los productores mexicanos comiencen a importar más productos chinos debido a los bajos precios de éstos lo cual afectaría gravemente a la pequeña y la mediana empresa nacional.
Desde luego que hay un cúmulo de medidas que tanto el Banco de México como el gobierno federal debieran implementar para hacer frente a este desafío. Es tiempo de entender que vienen tiempos difíciles y que urge invertir fuerte en al menos tres aspectos centrales para enfrentarlos: la educación en ciencia, tecnología e innovación, una nueva reforma fiscal que estimule la generación de empleos de calidad y una transformación integral del sistema de justicia que promueva un entorno de confianza empresarial. @AdriGlezCar
Foto: AFP y zocalo.com.mx
A mediados de semana tuvo lugar un acontecimiento poco visto en la historia reciente de los Estados Unidos que amenaza con tornarse en una crisis financiera y eventualmente en una recesión peor que la originada en 2008. Luego del fracaso en las negociaciones para la extensión temporal del presupuesto por parte de los republicanos que dominan la Cámara de Representantes y los demócratas en el Senado, la administración pública cerró labores. El primer minuto del martes, hora de Washington, comenzó esta parálisis fiscal y burocrática donde la mitad de los 2.1 millones de empleados federales han suspendido sus labores mientras la otra mitad seguirá trabajando –el personal federal con funciones esenciales como la seguridad pública, la salud, aduanas, el servicio postal entre otros- sin percibir salarios y tan sólo bajo la promesa de un pago retroactivo de los mismos.
La parálisis es el resultado de un diferendo político que ha arrastrado al país a una crisis de proporciones aún insospechadas por las pocas posibilidades de ser resuelto en el corto plazo, a diferencia de su antecedente inmediato en diciembre de 1995. Por un lado, el presidente Obama y los demócratas han venido promoviendo agresivas políticas de gasto social y concretamente una reforma sanitaria –la denominada Obamacare- que se ha convertido en el sello característico de esta administración. Por el otro, algunos representantes del Partido Republicano, especialmente el grupo radical conocido como “Tea Party” defiende la idea de un gobierno que gaste menos, que elimine programas asistencialistas y se opone rotundamente a la entrada en vigor de la Obamacare que es ya una realidad. Mientras los primeros se oponen a discutir con los republicanos cualquier posibilidad de dar marcha atrás en la reforma sanitaria, los segundos advierten que no habrá presupuesto público. Sin duda, el conflicto tiene una importante vertiente electoral que si bien anticipada a los tiempos legales advierte ya una competida contienda política en los años por venir.
Los daños a la economía de Estados Unidos son evidentes pero también los que empiezan ya a sentirse en la economía mundial. El Departamento del Tesoro ha advertido ya que la suspensión de pagos –que podría tener lugar a mediados de mes- puede ser catastrófica al grado de desploma el dólar, paralizar los mercados de créditos y hacer aumentar exponencialmente las tasas de interés en Estados Unidos. Ante ello, los mexicanos parecemos no estar suficientemente conscientes de las consecuencias negativas que esto podría significar para la economía nacional. En primer lugar, la prensa en general, con notables excepciones, ha mostrado su cara más parroquiana al no dar la importancia debida a esta información. En segundo lugar, la crisis presupuestaria más grave de los Estados Unidos en las últimas décadas –esto a pesar de que en la historia de Estados Unidos haya sucedido esto ya al menos en unas 17 ocasiones- no ha merecido una declaración pública del Gobierno Mexicano. De prolongarse la crisis, México verá necesariamente reducirse su tasa de crecimiento de la mano de una reducción importante de las exportaciones y de los ingresos vía remesas. No obstante, como en muchos de los temas que nos vinculan con los Estados Unidos, las autoridades federales aún no toman decisiones y prefieren adoptar el silencio por política. Ojalá se estén planteando ya, con seriedad, la necesidad de un plan para sortear lo que puede ser una nueva y profunda crisis económica. @AdriGlezCar
Foto: informador.com.mx
Después de un proceso legislativo que comenzó en 2009, y en el que los Senadores participamos activamente, el Presidente Calderón firmó, el pasado 12 de enero, el decreto de reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( ). Mediante esta reforma, todos los trabajadores pensionados bajo el régimen de 1973 de la ley del Seguro Social, que no hayan ejercido su crédito de vivienda, podrán recuperar esos ahorros y permitirá que aquellos que hayan liquidado su primer crédito puedan adquirir otro. Finalmente, se atiende así una vieja demanda de los trabajadores que, con justa razón, tramitaban amparos para obtener la devolución de un dinero por el que trabajaron durante muchos años y al que, sin duda, tenían derecho de acuerdo con la Constitución. En ese sentido, la ley se origina en la necesidad de generalizar para todos los trabajadores un procedimiento que les permita recuperar su ahorro sin necesidad de presentar un recurso de amparo directo de acuerdo con las jurisprudencias que sobre el particular dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio pasado.
Aproximadamente 2 millones 200 mil pensionados comenzarán a recibir desde 20 mil pesos, en una sola exhibición, por concepto de devolución de los recursos no utilizados de su subcuenta de vivienda. Para dar agilidad al proceso, el INFONAVIT publicó una serie de reglas diferenciadas para cuatro grupos de pensionados. El primer grupo es para aquellas personas que se pensionarán después de la entrada en vigor de la ley. Todas ellas podrán entregar su solicitud, a partir del 13 de febrero próximo, en un Centro de Servicio INFONAVIT que les indicará la fecha del pago. El segundo grupo lo constituyen personas que tienen en proceso una demanda y aún no cuentan con una resolución del juez. Ellos podrán presentar sus solicitudes a partir del 16 de enero, desistirse de su demanda o amparo y al poco tiempo obtener su dinero. También a partir de esa fecha el tercer grupo -formado por quienes tienen en proceso una demanda laboral o un juicio en trámite todavía sin una resolución judicial-podrá presentar su solicitud de devolución y en el propio Centro de Servicio les especificarán el monto y el día del pago que se efectuará. Finalmente, un cuarto grupo está destinado a las personas que no han solicitado aún su devolución o para que aquellas que ya demandaron y cuentan con una resolución judicial en contra. Todos ellos tendrán que esperar un mínimo de seis meses para que la Secretaría de Hacienda emita las reglas para la devolución de sus ahorros.
En conjunto se trata de un esfuerzo de devolución de 19 mil millones de pesos, mismo que constituye por su dimensión una iniciativa sin precedentes.
Y es otro botón de muestra de la eficacia de las políticas que en materia de vivienda ha venido impulsando el Presidente Felipe Calderón. Son ya casi 6 millones de créditos los otorgados por este gobierno – prácticamente el doble con respecto a la administración anterior- para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, y grandes expectativas las generadas por la Agenda de Impulso a la Vivienda que contempla en 2012 el lanzamiento de un programa que permitirá comprar o mejorar la casa a trabajadores que no están afiliados a instituciones de seguridad social. Junto con las reformas a la Ley del INFONAVIT, y la construcción de 255 mil viviendas para 1 millón de mexicanos en el curso de este año, constituyen la mejor demostración de que en esta materia, tan importante para el desarrollo socioeconómico de las familias mexicanas, vamos por muy buen camino.
Artículo publicado el pasado 21 de enero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
Esta semana, en Cancún, arrancó la edición décimo sexta de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 16). Bajo el liderazgo de México, país sede de este encuentro, este mecanismo de diálogo y cooperación multilateral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, se ha propuesto avanzar en la agenda de compromisos globales a los que es necesario arribar en favor de la sustentabilidad del planeta. Delegados de los 192 países miembros, expertos en la materia, representantes de cientos de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de Naciones Unidas, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil estarán reunidos hasta el 10 de diciembre con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo jurídicamente vinculante para reducir la emisión global de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo por parte del Senado de la República, estaremos participando un Grupo plural de 8 legisladores, del cual me enorgullece formar parte, en tan relevante evento.
Se ha dicho hasta el cansancio que en Cancún será difícil alcanzar este objetivo. La sombra de Copenhague -y sus exiguos resultados- deambula todavía en algunos grupos de países, aún renuentes a comprometerse del todo en adoptar un acuerdo mediante el que se verían obligados a asumir costos y responsabilidades sustanciales. Algunos de ellos argumentan, por ejemplo, que su crecimiento económico e industrial se verían severamente comprometidos.
Desde la perspectiva de México, sin embargo, este es un dilema falso. Con esa claridad lo expresó el Presidente Felipe Calderón durante la inauguración de la Cumbre. El crecimiento económico y la protección del medio ambiente no deben ser concebidos como objetivos mutuamente exclusivos. Se pueden obtener, en efecto, ambos objetivos de manera simultánea pero se necesita una visión de futuro que nos permita entender que el costo de no hacerlo, así como el impacto de esta inacción sobre las condiciones generales del planeta, es mucho mayor. En los últimos años las temperaturas del planeta se elevaron un grado centígrado en promedio provocando una elevación sin precedentes en las masas oceánicas. Buena parte del planeta podría comenzar a presentar inundaciones crónicas y la alteración de lo que los expertos denominan el equilibrio térmico podría traer repercusiones gravísimas para la humanidad como la desertificación de amplias zonas geográficas, la expansión de huracanes y olas de calor que, por lo menos desde 2003, han venido causando la muerte exponencial de cientos de miles de personas.
Los más vulnerables, como siempre, son quienes no cuentan con los recursos para hacer frente a estas emergencias. Son los pobres del planeta quienes sufrirán con mayor intensidad los embates más severos del cambio climático provocando grandes desplazamientos de población, la escasez de productos alimentarios y la propagación de enfermedades directamente relacionadas con la frecuencia de lluvias en territorios insalubres. En México, sus efectos ya se sienten con fuerza en estados como Tabasco y Chiapas y aunque se actúe en consecuencia, se requiere obviamente de compromisos globales que trasciendan los esfuerzos nacionales. Expertos han calculado, por ejemplo, que la vulnerabilidad de México ante el cambio climático es a tal grado relevante que, a menos que se multipliquen acciones para impedirlo, en 2050 la temperatura promedio del país se elevará dos grados Celsius lo que dará lugar a crudas sequías y, por tanto, a un problema severo de escasez de agua. Peor aún, de acuerdo con investigaciones realizadas por el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, hasta 48% del territorio nacional estaría gravemente expuesto a estos fenómenos.
La urgencia de la acción colectiva es evidente y, sin embargo, no todos parecen coincidir en la intensidad y el alcance de la respuesta global. Se interponen, sin duda, muchos intereses. Además se interponen reglas de operación de la Cumbre que bajo el principio del consenso cancelan la posibilidad de generar acuerdos imposibles de ser vetados.
Sin embargo, el liderazgo internacional de México, y el reconocimiento global hacia su política ambiental, son importantes activos para la generación de un compromiso suficientemente amplio como para acercar las posiciones de la Unión Europea y Japón, por un lado, y las de Estados Unidos, China e India por el otro. No podemos permitir, de ninguna manera, que la frustración de Copenhague contamine el ambiente en Cancún. Tampoco podemos permanecer impasibles ante las posiciones irreductibles de quienes hicieron fracasar la Cumbre previa. Mucho podemos hacer, en cambio, para avanzar con paso firme en la hoja de ruta que se planteó hace 13 años en Japón.
Es realista pensar que la Cumbre de Cancún podría servir para encontrar una posición intermedia. Desde luego que se necesita avanzar hacia un nuevo Protocolo post-Kyoto que, a partir de 2013, señale responsabilidades y compromisos concretos. Pero igual de importante resulta, por ejemplo, la obtención de resultados en materias cruciales como el financiamiento, los procesos de adaptación, mitigación, transparencia y monitoreo del cumplimiento de distintos compromisos previos o los denominados mecanismos de REDD-plus para reducir la deforestación y la degradación de los bosques. Se trata de una cita con la historia y con el futuro de la humanidad. De ese tamaño es el reto y la responsabilidad de los participantes de la Cumbre.
Artículo publicado el pasado 4 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
El martes pasado, como lo dicta la tradición desde el siglo XIX, los estadounidenses acudieron masivamente a las urnas para participar en las elecciones legislativas de medio mandato. Como se ha venido comentando en distintos espacios, toda elección intermedia supone intrínsecamente un referéndum a la gestión del partido gobernante y, en este caso, a la gestión individual del Presidente de la Unión Americana. En efecto, detrás de cada proceso comicial para la renovación total de la Cámara de Representantes, la renovación parcial -apenas de 37 escaños- del Senado y la elección de 38 gobernadores, varias legislaturas estatales y cuatro legislaturas territoriales puede identificarse, más allá de consideraciones locales y particulares, un voto de premio o castigo a la administración Obama. Como algunas encuestas y sondeos lo habían vaticinado, se registró un voto de castigo al presidente Obama y al partido demócrata lo suficientemente serio como para arrebatarles el control de la Cámara de Representantes y algunas gubernaturas y alcaldías de enorme importancia. Aunque los votos siguen contándose en ciertas demarcaciones, el saldo es abiertamente negativo para los demócratas.
Son múltiples las razones que seguramente incidieron en este resultado electoral. En primer lugar el deterioro económico que ha sufrido Estados Unidos en fechas recientes. El crecimiento económico fue menor a lo esperado el año pasado, el desempleo repuntó hasta alcanzar 9.6% (con más de 14 millones de estadounidenses sin empleo) y la incertidumbre financiera de una recuperación lenta y frágil generó una opinión negativa entre los expertos quienes hablan ya de una segunda recesión.
La crisis crediticia e hipotecaria -herencia de la catástrofe financiera global de 2008- contribuye a esta depresión económica frente a la que la administración estadounidense, según los electores, no ha hecho lo suficiente. Peor aún, la crisis económica provocó un cambio en los temas de prioridad electoral para la población. Si bien Obama fue electo, en buena medida, mediante un voto de castigo a la política exterior de Bush, hoy ese tema no preocupa a los estadounidenses tanto como la economía.
El resultado electoral puede leerse también como un producto de la decepción, obvia y esperada, de una personalidad como Barack Obama quien, en campaña, sembró esperanzas y expectativas desproporcionadas sobre su gestión. La idea del cambio movilizó a los electores quienes difícilmente quedarían satisfechos con verla traducida tan sólo en una reforma al sistema de salud y en una reforma financiera, por relevantes que éstas sean. Y aquí, en tercer lugar, vale la pena mencionar un asunto que compete directamente a los mexicanos. La oferta de reforma migratoria que el candidato Obama llevó a distintos estados de la Unión Americana con alta densidad migrante, ha quedado solamente en retórica durante su administración. No hace falta hacer un análisis más profundo para identificar que el voto hispano está decepcionado de ver cómo los políticos lucran electoralmente con ese tema sin estar dispuestos a asumirlo plenamente cuando ocupan posiciones de poder. El resultado fue una especie de cisma al interior del voto latino y una menor participación electoral en general. En Florida, por ejemplo, el voto hispano apoyó mayoritariamente victorias republicanas. Sin embargo, en muchos otros estados de la Unión Americana, el voto latino siguió respaldando a los demócratas ante el discurso antiinmigrante y xenófobo de grupos como el denominado Tea party. Tanto la republicana Susana Martínez, primera mujer hispana en conquistar la gubernatura de Nuevo México, como el republicano Brian Sandoval, primer latino en ocupar la gubernatura de Nevada, no fueron favorecidos por el voto latino paradójicamente porque ambos mantuvieron un discurso antiinmigrante.
Las implicaciones de este proceso electoral para nuestro país son múltiples, cubren distintos aspectos de nuestras relaciones bilaterales pero son cada vez más difíciles de predecir. Al menos, se pueden hacer tres conjeturas sobre lo que es plausible esperar. En principio, es claro que si antes de las elecciones intermedias, fue difícil lanzar un proceso de deliberación sobre una reforma migratoria, ahora será aún más complicado. El Presidente Obama tendrá que dialogar y negociar con el partido republicano un paquete de iniciativas de ley para la recuperación económica entre las que será improbable incluir una reforma migratoria. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso -como lo ha venido advirtiendo el Embajador de México en ese país- no favorece impulsar el tema migratorio en la discusión política estadounidense. Por un lado, la prioridad la ocupará el tema económico y, por otro lado, líderes muy importantes del Partido Republicano como John McCain, otro impulsor de la agenda migratoria, han endurecido unas posturas que hoy se antojan inflexibles en esta materia.
En segundo lugar, parece que el triunfo republicano en la Cámara de Representantes y esta denominada “nueva ola conservadora” será de utilidad para resolver disputas comerciales importantes y avanzar en la agenda de integración comercial. Sin embargo, la disputa comercial actual con China y el deteriorado estado de la economía estadounidense, podría generar ciertas presiones proteccionistas desde el propio Partido Republicano. En tercer lugar, la cooperación estadounidense en esfuerzos bilaterales contra el crimen organizado podría fortalecerse así como también las políticas de control y seguridad fronteriza.
Claramente Obama perdió la oportunidad de impulsar, durante el primer periodo de su mandato, muchos temas de interés recíproco para México y Estados Unidos como la reforma migratoria. Sin embargo, como en toda democracia sólida las victorias y las derrotas son, con todo y sus causas e implicaciones, temporales y relativas.
Artículo publicado el pasado 6 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.
Además, Bolton ordenó la suspensión de la disposición que convertía en delito que un inmigrante solicitara u obtuviera un empleo en espacios públicos, la que se refería a arrestos sin orden judicial de aquellas personas que policías estatales y locales consideran que son “deportables” y la que establecía fuertes castigos a los inmigrantes que no se registraran ante el Departamento de Seguridad Interna. En la suspensión, la magistrada refiere que al aplicar estas disposiciones se corren dos peligros muy importantes. En primer lugar una “posibilidad significativa de que los agentes arresten de manera errónea a inmigrantes ilegales” al juzgarles por su aspecto y por no portar sus documentos. En segundo lugar, una “presión distinta, inusual y extraordinaria sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer”. Más aún, refirió que la libertad de las personas detenidas podría verse gravemente interferida durante el periodo en que se harían las comprobaciones correspondientes sobre su estatus migratorio. Por tanto, el fallo de la Juez Bolton es un respiro ante lo que parecía la puesta en marcha de una serie de medidas draconianas y xenófobas contra los mexicanos y la comunidad latina en su conjunto en el estado de Arizona.
No obstante que es un primer paso significativo en contra de este tipo de legislación, el bloqueo resulta insuficiente por varias razones. En primer lugar por su carácter eminentemente provisional. La decisión de la Juez Bolton fue, como se esperaba, objeto de una apelación por parte de Jan Brewer, la Gobernadora de Arizona, quien promulgó la ley. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco California, misma que podría respaldar o desdecir la decisión de Bolton.
Adicionalmente, se espera que pronto se den a conocer las fechas para el desahogo de al menos otras siete demandas interpuestas por distintas organizaciones en contra de la aplicación de la ley. Se espera, también, que se presenten recursos de apelación que podrían llevar todos estos litigios hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, proceso que podría llevar varios meses e incluso años hasta verse completamente culminado. En segundo lugar, resulta insuficiente en el sentido de que no hizo referencia explícita a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, asunto de fondo sobre el cual deberá pronunciarse en algún momento otra autoridad judicial. Esto, en definitiva, abrió la puerta para que la juez Bolton no objetara la puesta en marcha de disposiciones que, si bien no son las más controversiales, atentan igualmente contra los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y, eventualmente, contra la propia Constitución y múltiples Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos de América es parte. Desde el jueves pasado, en virtud de las disposiciones de la Ley Arizona que la juez no objetó, es delito transportar o prestar refugio a un inmigrante indocumentado. También es un delito alentarlo a vivir en Arizona, contratarlo para prestar cualquier clase de servicio y auxiliarle en otros asuntos relacionados con el empleo. Además, la ausencia de un primer señalamiento con referencia a la inconstitucionalidad de la ley podría estimular o, al menos, no disuadir a otros estados de la Unión Americana a promulgar legislaciones similares. En definitiva, la juez Bolton no sólo debió referirse a la inconstitucionalidad de la ley sino que, adicionalmente, debió haber suspendido la ley completa y no sólo algunas de sus disposiciones.
Resulta también insuficiente ante una Gobernadora y unos alcaldes, como el de Phoenix, que no tienen empacho en declarar que esto es apenas “una piedra en el camino” y que las redadas continuarán. Para el tristemente famoso alguacil del condado de Maricopa- Joe Arpaio-, nada ha cambiado y seguramente se las arreglará para seguir deteniendo, con toda impunidad, a miles de inmigrantes –la mayoría mexicanos- que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Al calor de las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, estos personajes no cesarán en su esfuerzo por colocar el tema migratorio al centro del debate electoral con el único de fin de verse respaldados en las urnas por los sectores más conservadores del electorado. Peor aún, la administración del Presidente Obama parece demasiado cauta, utilizando un lenguaje demasiado diplomático y ataviada con un perfil público más bien bajo frente a este asunto cuando, en cambio, debería estar encabezando una cruzada para aprobar una reforma migratoria integral tal y como lo prometió desde su campaña.
No obstante, aún hay esperanza de que el destino de la Ley Arizona sea el mismo que el de la Ley 187 y otras iniciativas similares que han sido derrotadas en los Tribunales de la Unión Americana. En este proceso, el Gobierno Mexicano a través de los Consulados en Arizona tiene un papel muy importante que desempeñar. De cualquier forma, el daño está hecho y será difícil para la comunidad latina en Arizona –tan numerosa y provechosa para la economía y la sociedad estadounidense- recuperar la confianza y la tranquilidad en un estado donde abunda el miedo y la zozobra.
Artículo publicado el pasado 31 de julio en Milenio Diario, estado de México
El próximo 3 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización Internacional de Energía Global y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) entregarán a un proyecto mexiquense el prestigiado Premio Internacional de Energía Global Energy World Award. El premio, que se entregará en Kigali, Rwanda, se otorgará bajo el rubro de mejor proyecto de reciclaje de residuos industriales. Y en efecto, de entre 884 proyectos de distintas regiones del planeta, el jurado integrado por connotados expertos internacionales eligió a Mitz, un proyecto mexiquense, como el ganador en su edición 2009.
La Fundación Mitz fue creada en 2003 por Judith Achar, con el propósito de garantizar la autosuficiencia de la Casa de los Niños de Palo Solo, prácticamente la única escuela Montessori para niños de bajos recursos en México. Palo Solo es una zona de alta marginación ubicada en lo que fuera una barranca del municipio mexiquense de Huixquilucan. Desde entonces la Fundación se encargó de capacitar a 4 mujeres indígenas y madres de familia de escasos recursos, para reciclar adecuadamente toda clase desperdicios industriales de diferentes marcas con la finalidad de convertirlos en artículos como cinturones, manteles, porta celulares, agendas, carteras, esferas navideñas, bolsas, entre otros. Estas mujeres, dedicadas antiguamente a la denominada “pepena” de estos residuos, pudieron darse cuenta pronto del gran potencial empresarial, filantrópico y social de este proyecto sin precedentes.
Hoy el proyecto ha hecho autosuficientes a 140 madres de familia en Palo Solo que anualmente elaboran más de 150 mil productos que se exportan a Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Inglaterra y Bélgica. Siguiendo una estrategia comercial muy exitosa, Mitz logró relaciones estratégicas con compañías como la chocolatera Mars -de la que obtiene no sólo materia prima sino cursos de capacitación de las mujeres artesanas- y con Pepsico yTerracycle, empresas que les proveen de los insumos necesarios, como residuos, envases y bolsas plásticas, para hacer sus pequeñas obras de arte. La alianza con Mars fue decisiva puesto que los productos comenzaron a venderse en las tiendas M & M en ciudades estadounidenses como Nueva York, Orlando y Las Vegas. En estas tiendas aún se comercializa prácticamente el 70% de sus productos.
El modelo no sólo brinda ingresos a estos hogares que, antes de Mitz, sufrían de un crónico desempleo sino que hace posible un modelo integral de desarrollo comunitario en Palo Solo. De las ventas totales, un 50% se destina a las artesanas que integran una cooperativa, un 20% a becas para los alumnos de la escuela primaria, mientras otro 30% se ocupa en la compra de accesorios de valor agregado, gastos administrativos y de operación de la Fundación. Por si fuera poco, los talleres y las técnicas de elaboración privilegian el trabajo hecho a mano por lo que no contaminan ni el aire ni los mantos acuíferos además de no producir ningún tóxico. De acuerdo con datos de la Fundación, hoy son más de 150 mil productos que han sido vendidos, generando más de 1 millón de dólares en ventas, más de 40 toneladas de residuos han sido recicladas y más de 2500 niños se han beneficiado con becas completas para completar su educación básica. El objetivo es que para 2012, sean 70 toneladas de residuos las que provean de becas a más de 5000 niños y, eventualmente, a más familias mexiquenses.
Por supuesto que el modelo puede y debe ser replicado en otras comunidades. Miles de comunidades indígenas en nuestro país tienen a mujeres como cabezas de familia. Son ellas quienes, a través de su trabajo, y con el apoyo de empresas y organizaciones no gubernamentales, pasan de una posición pasiva a una posición activa para su desarrollo y el de su comunidad. El alto impacto social de este tipo de proyectos debería inspirar a actores privados y gubernamentales, sociales y económicos a generar, a partir de este modelo, iniciativas similares en zonas de especial marginación en nuestro país.
En efecto, se trata de uno de esos proyectos en donde todos ganan. Ganan las mujeres que se convierten en empresarias, ganan los niños que pueden seguir estudiando, gana la comunidad que se vuelve artífice de su propio desarrollo, ganan las empresas, el medio ambiente e incluso ganan los consumidores cada vez con mayor interés buscan comprar productos del denominado “comercio justo” toda vez que encarna múltiples externalidades positivas.
Desde luego que el premio es una distinción muy importante para la Fundación Mitz. Pero quizá lo sea aún en mayor medida para estas mujeres quienes, a pesar de sus carencias, han tomado las riendas de su propio destino mejorando notablemente su calidad de vida y la de sus familias. Sin duda, la cooperativa “Mujeres Unidas por Mitz” nos recuerda, a todos los que vivimos, y en momentos particularmente aciagos, el orgullo de ser mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 29 de mayo en Milenio Diario, estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.
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