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Intervención en tribuna, 11 de enero
En lugar de que los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México diseñaran con toda oportunidad un programa metropolitano para hacer frente a la inminente clausura del Bordo Poniente, uno de los tiraderos de basura al aire libre más grandes del mundo, tomaron decisiones precipitadas y ominosas. En principio, clausurar el Bordo Poniente, y canalizar buena parte de los deshechos que ahí se depositaban al reciclaje, la elaboración de composta, y el aprovechamiento energético de los mismos, es un objetivo encomiable para proteger el medio ambiente y la salud en la capital de la República. No obstante, la negligencia que les impidió prever donde depositar 2 mil 600 toneladas de basura –de las más de 12 mil 600 que se tiraban a diario en el Bordo- abrió el paso a un episodio lamentable cuyas peores implicaciones están aún por verse. No obstante el clamor de cientos de miles de mexiquenses, cansados de vivir en áreas aledañas a tiraderos que a todas luces violan las normas oficiales, el Gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.
Para tomar esta decisión el Gobernador Eruviel Ávila no consultó a las autoridades municipales –precisamente las encargadas de este rubro- ni se ocupó de analizar, entre otros elementos, el previsible impacto ambiental y el deterioro de los rellenos sanitarios que operan esas demarcaciones. Tampoco se ocupó de informar qué tipo de apoyos estarían recibiendo las comunidades afectadas, qué medidas se tomarían para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios –su vida útil tan sólo se extiende por ocho años según la opinión de expertos- y tiraderos provoque la propagación de enfermedades, qué clase de programas se implementarían para impedir daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos del estado así como qué acciones se adoptarían para la preservación del equilibrio ecológico. Por un lado, está claro que 2 mil 600 toneladas diarias de basura –repartidas caprichosamente entre estos cuatro rellenos sanitarios- rebasa por mucho la capacidad real de operación de los mismos. Por el otro, que si no se toman pronto medidas de contención, los deshechos cumplirán su periodo de descomposición cerca de espacios habitacionales provocando toda clase de efectos negativos para la salud especialmente para las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Por ello el miércoles pasado presente un exhorto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, al Gobierno del estado de México para que establezca nuevos rellenos sanitarios, observe escrupulosamente las normas ambientales y de protección de la salud pública en la operación de los mismos y diseñe un programa de compensación a las comunidades afectadas. Además, le solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una inspección a fin de evaluar la observación de estas normas durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal.
No obstante, esta actitud poco solidaria de parte de nuestros vecinos metropolitanos y al mismo tiempo negligente de parte de nuestras autoridades, tiene otro botón de muestra. Mientras el estado de México envía agua al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala –aproximadamente nueve mil litros por segundo, el Distrito Federal nos devuelve basura. En definitiva, esta situación es ya insostenible y exige un nuevo entendimiento para resolver, de manera equitativa, justa y transparente, los problemas comunes de la zona metropolitana.
Artículo publicado hoy 14 de enero en Milenio Diario, estado de México
Entre los mexiquenses, y especialmente entre los más jóvenes, quizá no haya un tema que preocupe tanto como el alarmante crecimiento de la tasa de desempleo en los últimos años. A fines de 2010, la tasa de desempleo abierto llegó a 6.5% de la Población Económicamente Activa, la más alta del nuevo milenio según expertos. Actualmente la situación se ha agudizado por la falta de inversión y por el abandono de rubros enteros de la actividad económica, con alto potencial de desarrollo en el estado de México, por parte de los gobiernos priístas. Esto ha producido un doloroso flujo migratorio hacia los Estados Unidos e incluso hacia otras entidades donde el capital humano mexiquense puede desarrollarse plenamente. Los jóvenes universitarios no consiguen un empleo correspondiente con su preparación y expectativas y, en consecuencia, muchos de ellos engrosan las filas del comercio informal y del subempleo mientras contemplan la indolencia de las autoridades. En este sentido, las propuestas de Luis Felipe Bravo destacan por su pertinencia. Mediante apoyos sin precedentes al campo y al sector turístico, la creación de un programa de primer empleo para los jóvenes y el otorgamiento de créditos y apoyos para el establecimiento de microempresas, particularmente a mujeres emprendedoras, se crearían empleos permanentes, formales y bien remunerados.
Gráfico: Milenio.Com
Por otro lado, los mexiquenses necesitamos transporte más barato, seguro y eficiente. Más de 7 millones de mexiquenses se transportan diariamente, a veces por muchas horas, a sus centros de trabajo en algún punto de la zona metropolitana que incluye al Distrito Federal. La vasta mayoría lo hace utilizando el transporte público. Pero esta inversión de esfuerzo y tesón de millones de ciudadanos se topa con aún mayores obstáculos. En primer lugar, lo costoso de un mediocre sistema de transporte público. Si asumimos que un trabajador gana el salario mínimo, su gasto diario en transportes equivaldría al menos a una cuarta parte. De ahí que Acción Nacional proponga no sólo una transferencia de alrededor de 300 pesos mensuales a los usuarios a fin de aminorar el impacto económico de este gasto sino hacer revisiones anuales de las condiciones en las que se encuentra el transporte público así como la creación de bases y paraderos de calidad. En segundo lugar, se trata de un transporte sumamente inseguro. A diario la gente aborda un microbús con la zozobra de ser asaltada en cualquier momento y toma previsiones, como viajar con el dinero apenas indispensable, y ocultando otras pertenencias, para lo que parece inevitable. De ahí la propuesta de crear un grupo policial de respuesta inmediata dedicado exclusivamente a la protección de los usuarios del transporte público y la de establecer, mediante herramientas tecnológicas, un sistema de alerta para el apoyo directo a la población víctima de un ilícito. También la de crear un transporte exclusivo para mujeres que garantice su seguridad así como un programa de certificación, con alcoholímetro y antidoping, para los conductores del transporte. Destaca también la propuesta de establecer un Registro integral de la totalidad de microbuses, autobuses, combis y taxis que circulan actualmente. Todo esto deberá hacerse, como afirma el candidato, respetando los legítimos intereses de cada sector pero atendiendo principalmente a resolver tus problemas diarios. En suma, empleo bien remunerado y transporte seguro y más barato. ¡Ya es justo!
Artículo publicado el pasado 11 de junio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Con todo, lo emprendido hasta ahora parecía estar muy lejos de satisfacer la apremiante necesidad de atajar un problema tan extendido y complejo. En efecto, la llamada esclavitud del siglo XXI se ha reflejado en nuestro país con formas y dimensiones indignantes que pasan por las distintas fases de origen, tránsito y destino de personas víctimas de la explotación sexual y laboral. De acuerdo con información de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (CATWALC, por sus siglas en inglés), México es no sólo el quinto país de la región latinoamericana con el mayor número de víctimas de este delito, sino uno de los que mayor riesgo corren frente a la expansión de redes nacionales y transnacionales del crimen organizado dedicadas a este aberrante negocio. Peor aún, dos coyunturas confluyen para agravar la vulnerabilidad de nuestro país frente a estas prácticas. Por un lado, la crisis económica internacional y, por el otro, la lucha frontal que el Estado Mexicano mantiene contra el narcotráfico han terminado por generar un proceso de diversificación de las organizaciones criminales que encuentran en la trata de personas una alternativa para seguir delinquiendo y obteniendo recursos cuantiosos para financiarse. Concretamente, los estados de la frontera norte y la frontera sur, así como aquellos que colindan con el Océano Pacífico concentran la mayor parte de los problemas relacionados con la trata de personas y la explotación. Todos los días, estas redes criminales desafían al Estado Mexicano, compran funcionarios de los tres niveles de gobierno, controlan complejos esquemas logísticos para su operación y sustentan económicamente muchas otras actividades delictivas. No hay que olvidar que se trata, según la Organización de las Naciones Unidas, del tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, justo después del tráfico de drogas y armas, puesto que sus ganancias ya rebasan los 30 mil millones de dólares anuales.
Con aproximadamente 200,000 víctimas anuales de la trata de personas –y 2 de cada 10 siendo menores de edad según datos de organizaciones no gubernamentales- , nuestro país está obligado a diseñar y emprender nuevos mecanismos que desarticulen a estos grupos criminales y que reduzcan sensiblemente la incidencia de este fenómeno global. Frente a la magnitud del desafío, el Programa Nacional para prevenir y sancionar la trata de personas publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, llega a cubrir un vacío fundamental en términos de la coordinación y colaboración de los sectores público, privado y social. Si bien el Programa se establece como encomienda de la Ley promulgada en 2007, va mucho más allá de lo que originalmente suponía un ejercicio de esta naturaleza. El programa formula un total de 58 líneas de acción fundamentalmente relacionadas con campañas de sensibilización, prevención y denuncia del delito, con el diseño y puesta en marcha de un sistema para la búsqueda sistemática de personas desaparecidas, y que se presuma estén en una situación de este tipo, así como una serie de políticas públicas con el objetivo de colocar este tema en un nivel de alta prioridad entre las tareas de esta administración. Más aún supone la elaboración de un nuevo y profundo diagnóstico sobre las dimensiones y manifestaciones actuales de esta práctica, el establecimiento de un código de conducta que comprometa a los medios de comunicación a no difundir, transmitir ni publicar anuncio que pueda tener que ver con trata y la celebración de un Convenio marco con los estados de la Federación para la plena armonización de legislaciones locales. De hecho, entre sus ambiciosos objetivos, se contempla armonizar las leyes de todas las entidades del país, aumentar el número de integración de averiguaciones previas a por lo menos el 80% así como aumentar sustancialmente el número de campañas mediáticas sobre el particular.
El programa también prevé el desarrollo de herramientas de capacitación y formación para los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno en materia de derechos humanos, prevención de la trata de personas y delitos relacionados, así como la implementación de procedimientos ágiles y seguros de acceso a la justicia, coordinación de las procuradurías para la persecución y sanción del delito y de concientización para asegurar que los centros de salud atiendan y orienten a las personas en situación de trata para acudir a las distintas instancias de procuración de justicia. Más aún prioriza como el grupo más vulnerable entre los vulnerables a la infancia. Por tanto, establece una serie de políticas encaminadas a denunciar posibles conductas asociadas al delito de trata de niños, promoviendo la denuncia entre proveedores de servicios como transportes y hospedaje, a impulsar una plena armonización del marco jurídico nacional con respecto a la Convención sobre los derechos del niño y a implementar una amplia campaña de difusión en este sentido. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cada año son explotados entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en el país.
Finalmente, el Programa no es omiso con respecto a la necesidad de establecer sistemas de cooperación internacional para la persecución de este delito. Como parte sustancial del mismo, se establece el intercambio de información con otros países sobre mejores prácticas para prevenir y sancionar, así como reforzar el intercambio de información de inteligencia, de acuerdo con la legislación internacional vigente.
Se trata de un paso sólido en la dirección correcta que deja atrás años de inacción, indolencia e indiferencia con respecto a este grave asunto de seguridad nacional. El Programa supone un avance sustancial que hoy le permite al gobierno mexicano reconocer que nuestro país se ha convertido en un país de tránsito, origen y destino de víctimas de trata y, en consecuencia, asumir con plenitud su responsabilidad en la erradicación de este delito así como en la generación de las condiciones óptimas para su prevención. Por supuesto que en esta empresa, como en muchas otras, los gobiernos estatales tienen mucho que aportar. De entrada parece inverosímil que tan sólo seis estados –Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala e Hidalgo- cuenten con legislación especializada en la materia mientras que sólo 12 estados cuentan con una legislación que busca armonizarse con el Protocolo de Palermo, el principal mecanismo internacional para atender, prevenir y sancionar la trata.
Artículo publicado el pasado 8 de enero en Milenio Diario, estado de México
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
Un nuevo recinto se unirá a los más de 120 museos con que cuenta la Ciudad de México. Se trata del Museo de la Mujer, el cual, por iniciativa de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU) y gracias al respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, abrirá sus puertas en breve en el Centro Histórico. Se trata de la antigua imprenta de la UNAM en la calle de República de Bolivia.
Inauguración del Museo de la mujer. Foto: www.terra.com.mx
Esta bella casa de dos pisos albergará un museo que era ya indispensable establecer en el contexto de la inminente celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. La Historia de México, durante buena parte del siglo XX, no sólo se venía narrando y construyendo desde una perspectiva masculina sino desde enfoques que soslayaron el papel protagónico de las mujeres en muchos de sus capítulos.
Por supuesto que esto comenzó a cambiar cuando una nueva generación de historiadores puso el acento en los temas de la vida cotidiana, en la llamada “historia de las mentalidades”, la evolución de los derechos de las mujeres y, de manera concreta, en la recuperación de biografías de mujeres notables en nuestro devenir histórico desde la época prehispánica y hasta la actualidad. En efecto, la recuperación y el estudio de esta historia, previamente marginada, será el aporte principal del Museo de la Mujer.
Sin embargo, de acuerdo con sus creadores, será también “un espacio vivo” dedicado a divulgar los elementos principales de una cultura de equidad y no discriminación.
Además de su Colección Permanente que actualmente se encuentra en construcción, el Museo divulgará, mediante presentaciones de libros, ciclos de cine y conferencias, temas relevantes sobre la situación actual de la mujer en México y se unirá a la red de instituciones que se ocupa de apuntalar la equidad de género en nuestro país. Aunque el Museo apenas celebró su preinauguración el pasado 5 de agosto, la UNAM informó que el compromiso es terminar de instalarlo y abrirlo al público el próximo 8 de marzo precisamente cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer.
La colección contará con una breve pero imponente exposición que, de manera cronológica, partirá desde la presencia de las mujeres en la sociedad y cosmovisión prehispánicas y culminará en 1953, año en que las mujeres obtuvieron su derecho al sufragio.
En este recorrido histórico se prevé que ocupen un lugar destacado aquellas mujeres que, en distintos momentos, hicieron una aportación fundamental a la construcción de la Nación Mexicana. Es el caso de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, la Dra. Matilde Montoya – primera mujer titulada en medicina en nuestro país, las artistas Ángela Peralta, Frida Kahlo, Lola Álvarez Bravo y María Izquierdo, la escritora, activista y diplomática Amalia González Caballero de Castillo –quien abanderó la lucha por el derecho al voto de la mujer en los años cincuenta-, la Dra. Helia Bravo –pionera de la biología en México-, entre muchas otras.
No obstante, en el contexto de la doble celebración por el Bicentenario de la Independencia y la Revolución Mexicana, resulta especialmente pertinente recuperar el papel protagónico que tanto las mujeres en lo general, como algunos personajes femeninos en lo particular, tuvieron en ambos episodios de nuestra historia.
La independencia de México habría seguido un curso distinto sin la presencia de La Corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Gracias a su valiente y decidida intervención, la Conspiración de Querétaro consiguió emitir la Declaración de Independencia y movilizar amplias capas de la población a favor de la insurrección.
Entre los insurrectos había numerosas mujeres. Una de ellas fue la célebre Gertrudis Bocanegra cuya temeridad le ganó el sobrenombre de La Heroína de Pátzcuaro. María Ignacia Rodríguez, alias la Güera Rodríguez, fue otra importante artífice de la consumación de la Independencia.
Sin su intervención, reflexionan algunos historiadores, Iturbide probablemente no se hubiera unido a las filas de los insurgentes y el famoso Abrazo de Acatempan podría no haberse producido. Leona Vicario ocupa también un lugar destacado en la historia de la Independencia de México.
Única mujer a la que se le brindaron Funerales de Estado, Vicario fundó, con su propia fortuna, la orden secreta Los Guadalupes, misma que brindaba apoyo financiero y logístico a los insurgentes.
Por otro lado, durante la Revolución Mexicana, mujeres notables como la maderista Carmen Serdán, la zapatista Esperanza Chavarría, la coronela Juana Gutiérrez de Mendoza, alias La China y la periodista Elisa Acuña engrosaron las filas de un movimiento crucial para la modernización de México. Pero más importante aún, junto a todas ellas, hubo millones de mujeres quienes, desde el anonimato, lucharon por un México libre, independiente y con más oportunidades para todos. Desde las Adelitas revolucionarias, hasta los movimientos feministas en Yucatán, San Luis Potosí y el Distrito Federal, las rebeldes maderistas de Madera, Chihuahua y las primeras universitarias que conformaban el movimiento sufragista, las mujeres son parte indisoluble de esta historia.
Mujeres jóvenes y de la tercera edad, en situación de pobreza y con mejores condiciones económicas, amas de casa, escritoras, poetas, monjas y empresarias, participaron activamente en ambos movimientos. Es menester, por tanto, sacar del olvido sus hazañas, recuperar las historias que dan testimonio de su valentía, compromiso y amor por México así como destacar la actualidad de su ideario a favor de la consecución de mayores oportunidades para mujeres y hombres por igual.
Artículo publicado el pasado 7 de agosto en Milenio Diario, estado de México
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
