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Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Desde la creación del CONAPRED en 2003 mucho se ha avanzado en el tema de la discriminación. De entrada, hoy contamos con un diagnóstico certero sobre los tipos y niveles de permeabilidad que esta deleznable práctica adopta en distintos espacios y sectores de interacción de la sociedad mexicana. Un buen ejemplo es la recientemente presentada Encuesta Nacional sobre Discriminación de México 2010. Sus resultados principales son un compendio de los mecanismos de exclusión que hace falta combatir para gradualmente acercarnos al ideal de sociedad igualitaria al que aspiramos. Como bien afirmó el presidente del organismo, “la discriminación es un ancla a la pobreza, tierra fértil para la violencia y un cáncer para la democracia”. La tarea fundamental, por mucho, implica articular políticas públicas que destierren de la formación cívica y social de los mexicanos la tendencia a crear barreras ante lo diferente, ante lo minoritario o lo vulnerable.
En los resultados de la Encuesta se identifican múltiples prejuicios y estereotipos que alimentan la intolerancia, la segregación y la desigualdad que, en muchos aspectos, frena el desarrollo del país. He aquí algunos de los resultados que, a mi juicio, exigen redoblar los esfuerzos contra la discriminación. En primer lugar, destaca el clasismo que aún persiste en amplias capas de la sociedad mexicana puesto que 6 de cada 10 mexicanos consideran que es el nivel de ingresos la principal causa de división social. El 40% de ellos también cree que el color de piel da origen a prácticas discriminatorias mientras que el 20% afirma que su edad juega este papel. El 65% de la población con alguna discapacidad y el 60% de los inmigrantes sostienen que en México no se respetan sus derechos. La homofobia contamina la opinión de 4 de 10 mexicanos quienes afirman no estar dispuestos a que en su casa viva una persona homosexual mientras que los prejuicios contra el VIH Sida provocan que 5 de cada 10 admitan oponerse a compartir techo con un portador de este virus. Las trabajadoras domésticas, los afrodescendientes, extranjeros, indígenas, jóvenes y adultos mayores, minorías étnicas, religiosas y sexuales sufren también distintas manifestaciones de discriminación.
Pero si hay algo aún más escandaloso, tiene que ver con la situación de las mujeres y la niñez en nuestro país. Prácticamente el 85% de los encuestados afirma que las mujeres son golpeadas con regularidad, 23% de las mujeres entrevistadas afirma pedir permiso o consultar con su pareja por quién votará y prácticamente el 40% sostiene que pide permiso a sus esposos para salir solas por la noche. Por su parte, un porcentaje importante de la población infantil afirma que alguna vez le han pegado y aún un porcentaje más alto que incluso llega hasta el 39% sostiene que ha sido objeto de esas prácticas de humillación, burla e intimidación comúnmente denominadas como bullying. Alarma descubrir que casi el 30% de la población opina que los niños debieran tener sólo aquellos derechos que sus padres decidan otorgarles. El reto es mayúsculo y exige acciones para cerrar todas las brechas de desigualdad. De ahí la urgencia de establecer cuanto antes una agenda de cero tolerancia a la discriminación. Es la única manera, como afirma Ricardo Bucio, de impedir que el rompecabezas nacional se fragmente al permitir que algunas de sus piezas sean heridas en su dignidad.
Artículo publicado el pasad0 16 de abril en Milenio Diario estado de México
"Se estima que en los Estados Unidos existen más de un millón 200 mil inmigrantes mexiquenses" | eluniversal.com.mx
A prácticamente a un mes que comience el retorno temporal de migrantes que vuelven a nuestro país para pasar las fiestas navideñas y de año nuevo en compañía de su familia, un trágico fenómeno se asoma apenas ante la opinión pública mexiquense. Se trata de la migración infantil que este año adquiere una proporción preocupante en nuestra entidad.
En el contexto global y nacional, el tema no es necesariamente nuevo. Desde por lo menos hace cinco años, se cuenta con diagnósticos serios que dan cuenta de un repunte global en los flujos migratorios de menores de edad y con reportes que identifican a este grupo en una situación altamente vulnerable. Solos o acompañados, niños y adolescentes emprenden una travesía con el objetivo de encontrar a sus familiares, mejorar sus condiciones de vida o escapar del hambre y la pobreza.
Durante el trayecto, son víctimas de abusos, explotación y maltratos. Algunos son cruel e indebidamente encarcelados, otros son deportados, muchos más terminan trabajando para organizaciones criminales, esclavizados y sometidos a las peores condiciones de subsistencia.
Muchos son víctimas de las organizaciones de trata de personas -1.2 millones según la Organización Internacional del Trabajo-, otros se enfrentan al trabajo en condiciones de alto riesgo para su integridad.
La mayoría, en general, sufre trastornos psicológicos y emocionales que le acompañarán por el resto de su vida.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 24 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos y prácticamente la mitad viaja sin compañía alguna. A este grupo habrá que añadir al menos otros 12 mil que, se calcula, son interceptados anualmente antes de que consigan cruzar la frontera. Por tanto, en promedio tendremos al menos 142 niños y niñas que intentan llegar sin éxito a los Estados Unidos y un número aún indeterminado de niños que, en efecto, consiguen su objetivo y llegan al vecino país.
De acuerdo con distintas estimaciones, y tomando en cuenta tanto a niños solos como acompañados, tanto a quienes consiguen llegar a Estados Unidos como a quienes no lo logran, la cifra podría llegar a alcanzar los 150 mil menores al año.
Este número podría ser aún más alto si se consideran los cientos de miles de niños que abandonan sus países de origen principalmente en América Central y arriban a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos o quedarse en nuestro país. De acuerdo con Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán, aproximadamente 40% de los migrantes detenidos en estaciones migratorias mexicanas son jóvenes de aproximadamente entre 14 y 17 años, la mayor parte de ellos no acompañados.
De ahí que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, haya establecido en 2008, la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) quienes están exclusivamente dedicados y adecuadamente capacitados para atender las necesidades de los menores que migran. Asimismo, se implementaron políticas específicas para darles protección directa y prevenir los abusos de los que son víctimas.
Sin embargo, a nivel local, el reconocimiento de esta realidad es bastante reciente. Apenas hace algunos días, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense estimó que el 10% de los niños que emigran solos a los Estados Unidos son originarios del estado de México. Son al menos 2 mil niños y jóvenes mexiquenses quienes, se tiene constancia, intentaron sin éxito migrar a los Estados Unidos convirtiéndose en objeto de deportaciones.
La mayoría de ellos, afirma la autoridad estatal, salen en busca de sus padres. La cifra, en efecto, es alta. Sin embargo, no toma en cuenta el volumen total de menores mexiquenses hacia Estados Unidos. Para ello habría que considerar no sólo a aquellos que consiguen internarse al territorio de la Unión Americana sino, además, a aquellos quienes en el camino son víctimas de crímenes y abusos, del reclutamiento del crimen organizado, el trabajo forzado, la trata y la prostitución, lo cual les impide continuar su camino y formar parte de la estadística oficial.
Muchos de ellos, es factible imaginar, tienen un origen indígena y podrían enfrentarse a más abusos debido a esa condición.
Desde luego que el problema principal tiene que ver con las condiciones que expulsan a la niñez de su lugar de origen y que les permiten llegar inadvertidos a la frontera norte. Pero otros problemas son también mayúsculos. Los menores mexiquenses deportados se ven a sí mismos en algún lugar de nuestra larga y a veces inhóspita frontera norte desprovistos de orientación y apoyo para volver a sus hogares.
De acuerdo con Arnulfo Valdivia, el gobierno del estado de México trabaja con fundaciones y casas hogar públicas y privadas para atender a los menores deportados a la frontera. Afirma que parte del presupuesto se ha aplicado en estas casas en Ciudad Juárez y Tijuana donde reciben apoyo para regresar al estado de México.
El funcionario desafortunadamente deja sin respuesta muchas interrogantes, por ejemplo: ¿Cuántos menores han conseguido volver a sus hogares a partir del apoyo brindado por esos acuerdos? ¿Cuántos de ellos siguen en la frontera? ¿Cuántos niños mexiquenses podrían estar en la Unión Americana y en qué estados? ¿Cuántos de estos niños han conseguido reunirse con sus padres y qué ha hecho el gobierno del estado para procurar este propósito? ¿Cuánto dinero se ha invertido y qué más prevé hacer el gobierno del estado en este rubro?
En fin, muchas preguntas y aún prácticamente ninguna respuesta sobre un asunto que preocupa y consterna a los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 13 noviembre en Milenio Diario, estado de México
Artículo publicado el pasado 23 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: milenio.com
Aunque México se ha venido sumando con cada vez mayor interés en las celebraciones y evaluaciones que año tras año, cada 21 de marzo, se producen a propósito del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial, hacía falta una efeméride nacional. Más allá de su carácter simbólico, el decreto que establece, a partir de este 19 de octubre, el Día Nacional contra la discriminación, supone un sólido compromiso del gobierno del Presidente Calderón con avanzar en la lucha por la erradicación de esta lamentable práctica. Supone, además, un avance importante en la colocación de este asunto en el corazón de nuestra agenda pública. Durante la presentación de este decreto, el Presidente de la República señaló que la discriminación “atenta contra la dignidad humana e impide que todos seamos parte del desarrollo social, económico y cultural de nuestro país”. En efecto, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el racismo, la intolerancia y la xenofobia son problemas globales que están lejos de haberse superado como muestran múltiples ejemplos que van desde la xenofobia contra los gitanos del grupo denominado Roma en Europa y hasta el sentimiento anti inmigrante que algunos grupos siguen explotando políticamente en los Estados Unidos.
En México, la discriminación existe y se nutre de una serie de fobias irracionales pero desafortunada y profundamente enraizadas en múltiples capas de la población. De ahí que el Estado Mexicano ha venido caminando con paso firme en la prohibición legal y en la censura ética y moral contra toda exclusión, restricción o distinción basada en cualquier consideración religiosa, social, económica, sexual, racial o de otra índole que impida a las personas el goce y ejercicio pleno de sus derechos. Desde la fundación -en 2003- del Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED) y la publicación de la Ley para Prevenir la Discriminación los mexicanos hemos venido mejorando el esquema jurídico y de políticas públicas para atajar este flagelo y garantizar el derecho a la igualdad consagrado en el Artículo primero de nuestra Constitución.
Más aún, desde 2005 contamos con una herramienta indispensable para el diagnóstico de la discriminación en México. Me refiero a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, publicada en mayo de ese año. La Encuesta ha orientado políticas públicas a nivel nacional pero también ha arrojado información delicada sobre el tamaño del reto que enfrentamos. En efecto, a pesar de que existen avances en el mejoramiento de la condición de distintos grupos vulnerables, tales como los discapacitados y los enfermos de VIH-SIDA, arrastramos aún nocivas conductas sociales a las que es necesario cerrarles el paso. De acuerdo con ese sondeo, hay una grave situación de discriminación contra los indígenas, los homosexuales y los discapacitados. Aunque estas conductas no siempre sean visibles y en ocasiones se minimice su impacto, producen graves consecuencias en el contexto del que son parte. Tan sólo 30% de los mexicanos opinaba, por ejemplo, que es normal que los hombres tengan mejores salarios que las mujeres; 15% de los encuestados opinó que no es necesario gastar en la educación de las niñas puesto que eventualmente se casarán y serán dependientes económicos y prácticamente el 48% asegura que no estaría dispuesto a compartir su casa con un homosexual. Más del 20% señaló que no conviviría con un indígena, 15% que no lo haría con un discapacitado.
Más allá de que las cifras nos avergüencen deben hacernos reflexionar en lo que hace falta por hacer para que esta situación termine. En primer lugar, hay que tipificar la discriminación como delito en el Código Penal Federal -existe ya una iniciativa en esta dirección en la Cámara de Diputados- y hay que darle dientes al CONAPRED para actuar con mayor eficacia y contundencia en la prevención y sanción de estas conductas. En consonancia con los últimos desarrollos penales a nivel internacional debería también estudiarse la viabilidad de establecer una Fiscalía contra la discriminación al interior de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el reto va mucho más allá de lo que se refiere al entramado jurídico e institucional a nivel Federal. De acuerdo con información del propio CONAPRED, tan sólo 16 estados de la República han expedido leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación. En el resto existen disposiciones antediluvianas que incluso podrían generar actos discriminatorios desde la propia autoridad estatal. Peor aún, incluso en aquellos estados donde se registra algún avance institucional, las autoridades estatales han cometido atropellos inaceptables. Para no ir más lejos, en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, el profesor Agustín Estrada Negrete ha sido atacado en diversas ocasiones tan sólo por su preferencia sexual. Quien fuera director de los Centros de Atención Múltiples 33 y 34 -escuelas para niños con capacidades diferentes- fue recluido en el penal de Almoloya de Juárez luego de protestar frente al palacio de gobierno de Toluca. En el penal fue objeto de agresiones físicas y de abuso sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó en abril al Estado Mexicano otorgar medidas cautelares. Sin embargo, las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron hasta que Estrada tuvo que huir del país y solicitar asilo político en el extranjero, luego de haber sido agredido nuevamente el pasado 15 de septiembre en su antiguo domicilio. Ahí está también el caso de Eufrosina Cruz Mendoza a quien le arrebataron su triunfo en el municipio de Santa María Quiegolani por ser mujer, utilizando como excusa los usos y costumbres de la comunidad. Podría ser ese también el caso de Thelma Adriana Chávez, a quien no permiten gobernar en el municipio de Pe de Ejutla bajo el mismo argumento.
Son historias de impunidad que demuestran la forma en que gobiernos estatales y municipales amenazan con entorpecer un esfuerzo de armonización legislativa y transversalización de las políticas públicas para revertir la discriminación de nuestra cultura social y política. En ese sentido, un pendiente fundamental tiene que ver con hacer de este tema una prioridad en la educación. Educar a respetar al otro, a entender y tolerar sus diferencias, es crucial para hacer una realidad el ideario de protección a la dignidad humana. Corresponde a todos, no dejar pasar más tiempo y ocuparnos que el próximo 19 de octubre tengamos mucho más que celebrar y menos que lamentar. En lo inmediato urge aprobar, en la Cámara de Diputados, la minuta de reforma constitucional en materia de derechos humanos avalada por el Senado y comenzar a construir sobre ella un futuro distinto para la armonía y la tolerancia entre todos los mexicanos.
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.
Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
La semana pasada, el gobierno del estado de Arizona tomó una decisión desafortunada. La gobernadora Jan Brewer firmó la implementación de una legislación xenófoba y, con ello, asestó un duro golpe a los vínculos entre México y ese estado de la Unión Americana. De acuerdo con la ley SB1070, cualquier cuerpo policiaco, en cualquier momento y en cualquier sitio, tiene la potestad de interrogar a cualquier persona sobre su condición migratoria basado solamente en la sospecha de que su estancia es ilegal. Los oficiales de policía, transformados en agentes migratorios, podrán detenerlos y consignarlos a las autoridades judiciales quienes establecerían multas que van desde el pago de dos mil 500 dólares, cárcel hasta por seis meses y, por supuesto, la deportación de todos quienes carezcan de documentos. En suma, la ley permitiría a las autoridades del estado de Arizona a efectuar redadas y deportaciones masivas de inmigrantes, sin importar las implicaciones económicas y la desintegración social y familiar que esto acarrearía. El fundamento formal de la ley es, desde luego, absurdo y falaz. De hecho parte de un argumento falso cuando se refiere a que la violencia en la frontera, la criminalidad y la inmigración ilegal son partes de un mismo fenómeno. De acuerdo con estadísticas oficiales, los crímenes violentos en Arizona se han venido reduciendo sistemáticamente desde 2005 y se ha demostrado, gracias al trabajo delImmigration Policy Institute, que los inmigrantes tienden a cometer menos crímenes que los propios estadounidenses.
Por obvias razones, esta disposición tiene un sesgo racial lamentable y exhibe un profundo desconocimiento de las obligaciones que los Estados Unidos en su conjunto han contraído, tanto en su regimen jurídico interno como en el internacional, para proteger y respetar los derechos esenciales de las personas. Más aún, esta ley representa un punto de quiebre con lo que, al menos desde una perspectiva histórica, ha sido la tradición y los valores de apertura, tolerancia e inclusión de los migrantes en la sociedad y la economía estadounidenses.
Para muchos observadores, la ley tiene solamente un propósito electoral de cara a los próximos comicios y el objetivo adicional de distraer la atención de los votantes del mal desempeño de la Gobernadora y su administración. No obstante, esta ley también forma parte de una nueva ola antiinmigrante y, hasta cierto punto, antimexicana que especialmente en estados fronterizos ha venido lastimando nuestras relaciones bilaterales. De hecho, es en Arizona donde recientemente los mexicanos han sufrido abusos que difícilmente encuentran paralelo en otros estados de la Unión Americana. En Arizona es donde Joe Arpaio, comisario del condado de Maricopa, ha venido aterrorizando a los mexicanos que trabajan en Phoenix y que aportan, junto con quienes viven en el resto del estado, alrededor de 2 mil 700 millones de dólares anuales a la economía local. Aunque muchos analistas han apuntado atinadamente al carácter anti constitucional de la ley y a lo que puede ser su interrupción a partir de las múltiples demandas presentadas y por presentarse, el peligro es inminente. Incluso antes de su implementación legal, prevista dentro de tres meses, Arpaio ha anunciado que este fin de semana comenzará la decimoquinta redada desde 2008 mientras políticos radicales en otras entidades de Estados Unidos han venido manifestando su deseo por replicar este tipo de legislación.
Evidentemente, la reacción global de repudio no se ha hecho esperar. Desde todos los rincones del planeta, e incluso desde la propia Unión Americana, se expresa una gran preocupación por esta ley y un clamor generalizado por detenerla. El procurador Eric Holder estudia actualmente los mecanismos para detener su puesta en marcha, las principales ciudades del estado de Arizona han anunciado que implementarán acciones legales en esta dirección y un grupo de ciudadanos ha comenzado el proceso para reunir las 76,000 firmas necesarias para proponer un plebiscito que podría posponer la entrada en vigor de la ley hasta entrado el 2012.
Arizona no sólo corre el riesgo de expulsar a quienes en buena medida sostienen su economía sino que podría estar en riesgo de sufrir un boicot turístico y comercial sin precedentes en el que incluso participarían otras ciudades estadounidenses como San Francisco y Los Ángeles.
En los Estados Unidos la aprobación de esta ley, como la aprobación de la ley 187 en 1994 en California, ha traído de regreso el debate migratorio a la esfera pública. Tan sólo en este sentido, la aprobación de esta ley puede representar una oportunidad dorada para la administración del presidente Obama. Y es que con lo que sucedió en Arizona se pone de manifiesto la urgente necesidad de entrar de lleno a una reforma migratoria integral que corrija, de una vez por todas, los vacíos legales y las incongruencias de un sistema que hace mucho tiempo dejó de funcionar. Durante la visita de Estado que el presidente Felipe Calderón realizará del 19 al 20 de mayo a Estados Unidos, habrá oportunidad de plantear este tema ante el Ejecutivo y, más importante aún, ante el propio Congreso estadounidense. Mientras tanto, el resto de los actores políticos en México tenemos que trabajar juntos a fin de detener estas expresiones xenófobas y alentar la generación de un mecanismo que legalice y ordene el flujo migratorio.
Artículo publicado el pasado 1º de mayo en Milenio Diario, estado de México
Como era de esperarse, luego del altísimo nivel de las expectativas que generó su campaña, los resultados que hasta el momento arroja el primer año de la administración del Presidente estadounidense son, en el mejor de los casos, modestos. En efecto, el presidente Barack Obama ha puesto en marcha un proceso de reformas en distintas áreas del quehacer público que, no exento de tropiezos, no parece generar el consenso necesario para avanzar. Es el caso de la reforma al sistema de salud pública actualmente en impasse. Evidentemente no ha sido fácil enfrentar las múltiples resistencias en este renglón y en otros que, como en el de la regulación financiera o la energía, se han volcado en contra de las propuestas presidenciales. Las presiones de lobbies extraordinariamente poderosos no sólo han puesto obstáculos para el desahogo legislativo de estos temas sino que han hecho también un contrapeso mediático muy importante a la notable presencia y popularidad que el presidente Obama venía manteniendo ante la opinión pública estadounidense. Peor aún, el triunfo del republicano Scott Brown en el escaño que durante prácticamente medio siglo ocupó el extinto senador Ted Kennedy y, por ende, el final de la “supermayoría” de sesenta votos que tenía el Partido Demócrata en el Senado, ha sido un duro golpe para la administración Obama y sus principales proyectos legislativos. Con una popularidad de alrededor del 50%, comparado con más del 70% que alcanzó a registrar durante los primeros días de su administración, Barack Obama necesita un nuevo impulso y probablemente una nueva estrategia para afrontar muchos de estos desafíos. Esto es especialmente urgente ante las próximas elecciones legislativas en otoño de 2010.
Este panorama de claroscuros es esencialmente el mismo en materia de política exterior. De entrada, sus esfuerzos por dar un golpe de timón con respecto al unilateralismo de la administración Bush fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Frente al mundo musulmán instrumentó una nueva política de entendimiento y reconciliación, dio marcha atrás al escudo antimisiles que planeaba instalar en la República Checa y empezó un largo proceso, aún inconcluso, para cerrar la cárcel de Guantánamo. Recientemente, el presidente Obama encabezó un esfuerzo sin precedente por asegurar la estabilidad de Haití, promover un flujo intenso de ayuda humanitaria hacia la isla y coordinar los esfuerzos de reconstrucción del país caribeño.
Foto:www.wikimedia.org - Barack Obama, premio Nobel de la Paz 2009
Sin embargo, se le reprocha aún su incapacidad para poner fin a la guerra de Irak y recientemente, con la decisión de aumentar los efectivos en Afganistán, para dar fin a esta costosa y azarosa empresa militar de los Estados Unidos. Se le reprocha también la poco comprometida actuación estadounidense durante la Cumbre de Copenhague, su política de apaciguamiento hacia autócratas connotados como Gaddafi o Chávez además de, en cierta medida, minusvalorar las relaciones transatlánticas con la Unión Europea al cancelar su asistencia a una importante reunión cumbre prevista para celebrarse en mayo próximo en Madrid. Corea del Norte, Irán y en general los temas relativos a la desnuclearización no han merecido de la administración estadounidense grandes y nuevas definiciones como se prometió durante la campaña electoral. Por si fuera poco, el primer discurso sobre el Estado de la Unión centró su atención en asuntos domésticos y dejó de lado la política exterior.
En efecto, como ya un gran número de analistas han venido apuntando, el periodo de gracia entre el presidente estadounidense y la opinión pública internacional ha terminado. Me temo que esto también es cierto para el caso de la relación con México. Hace apenas unos días se informó que el Presidente Obama, quien se había comprometido por conseguir una reforma migratoria integral, envió al Congreso un proyecto presupuestal en sentido inverso. La petición incluye 200 millones de dólares más para la identificación y deportación a indocumentados, 27 millones de dólares más para el programa E-Verify mediante el cual el gobierno monitorea el estatus legal de los trabajadores contratados por las empresas, un aumento sustancial para completar el primer tramo del muro virtual entre México y Estados Unidos, otros aumentos para fondos administrados por la Patrulla Fronteriza y una reducción importante a los fondos de la Iniciativa Mérida. En tiempos de crisis económica y obligado recorte presupuestal para afrontar un creciente déficit fiscal, ante el compromiso de echar a andar una reforma migratoria y estrechar las relaciones con México en materia de seguridad, el presidente ha decidido gastar precisamente en los rubros que obstaculizan estos objetivos. No hay que olvidar que el presidente Obama también se había comprometido a terminar con las redadas y con la política de criminalización de los migrantes indocumentados. En caso de prosperar, estas iniciativas contrarias a los derechos humanos, al espíritu de buena vecindad y responsabilidad compartida, echarán por tierra cualquier expectativa sobre el futuro de nuestra cooperación. De ahí el Punto de acuerdo que presenté el miercoles pasado ante el pleno del Senado de la República para exhortar al Ejecutivo Federal a manifestar al Gobierno de los Estados Unidos un extrañamiento ante este desconcertante proyecto antiinmigrante.
Artículo publicado el pasado 6 de febrero en Milenio Diario, Estado de México
Foto: presidencia.gob.mx | Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 5 al 8 de septiembre de 2000
Hace nueve años que la comunidad internacional en su conjunto adoptó, durante la denominada Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, 8 compromisos que desde entonces se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el año 2015, todos los estados miembros de la organización mundial se comprometieron a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar un medio ambiente sustentable y fomentar una asociación mundial para la cooperación y el desarrollo.
El primer corte de caja ocurrió en 2005 y el diagnóstico era francamente optimista. Las cifras permitían vislumbrar un desempeño razonablemente positivo a nivel global y se preveía que salvo algunas notables excepciones –sobretodo en ciertas regiones de África y América Latina- el 2015 llegaría con la gran mayoría de los compromisos cumplidos.
Sin embargo, los avances registrados sobre todo en el combate a la pobreza y el hambre han comenzado a reducirse e incluso a revertirse como resultado de la crisis financiera y alimentaria en la que estamos actualmente inmersos. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre esta materia, la población que vive en pobreza extrema se estima que ha crecido aproximadamente en 90 millones de personas más a partir de la crisis económica. Además, la población mundial que sufre hambre habría pasado del 16 al 17%, más de un cuarto de los niños en países en desarrollo están sufriendo desnutrición, y la equidad de género en el acceso al trabajo remunerado y a posiciones de empoderamiento también ha sufrido un importante decremento. Peor aún, una implicación especialmente indeseable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tiene que ver con una reducción generalizada, en la mayoría de los países del mundo, de los programas y políticas sociales que habrían contribuido a superar satisfactoriamente estas metas en 2015. Este es sólo un elemento más que junto con el colapso de las exportaciones desde países en desarrollo, el aumento exponencial de la deuda internacional que contraen y la grave reducción en el envío de remesas dibuja un escenario poco halagüeño para cerrar la enorme brecha de desigualdad prevaleciente.
En México, la crisis alimentaria y económica mundial ha impactado considerablemente a la población más vulnerable. Las remuneraciones al trabajo se redujeron 21% entre 2006 y 2008 para el 20% de la población más pobre. En este mismo periodo, observamos que hubo incrementos en el número de mexicanos en condiciones de pobreza. Ello se verifica al observar que en lo que se refiere a la pobreza patrimonial, en el año 2006 el 42.6% de los mexicanos se encontraban en esta situación mientras que para el año 2008 se incrementó este porcentaje al 47.4%. Asimismo, en el 2006, el 20.7% vio mermado su ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, cifra que aumentó a 25.1% en el 2008. Igualmente, en el 2006 el 13.8% de los mexicanos con insuficiencia de ingreso disponible para adquirir una canasta básica de alimentos, se vio engrosada en el 2008 a 18.2%. Esto prueba que, en el actual contexto de crisis, el cumplimiento de las Metas del Milenio se antojan lejanas. Incluso, el informe de la ONU menciona que frente a otros desafíos que implican reformas legislativas y compromisos políticos amplios, los resultados son mucho más modestos y, en ocasiones, regresivos.
De acuerdo con Sha Zukang, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, existen una serie de recomendaciones útiles para que la comunidad internacional, y particularmente nuestro país, retome la vía que le permitirá cumplir o acercarse mucho al cumplimiento cabal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.
Entre otras, destacan las propuestas de promover el empleo femenino, donde hay al mismo tiempo un atraso que representa una gran oportunidad para la economía global, establecer agresivas políticas estatales para la reducción del hambre entre las poblaciones más vulnerables, cooperar para generar un mayor compromiso político para darle prioridad a la salud pública, implementar políticas que atiendan la precariedad de la pobreza urbana y, por supuesto, combatir con determinación el cambio climático y otros fenómenos ambientales asociados.
Es un imperativo para esta LXI Legislatura del Congreso legislar y efectuar reformas para impedir recortes injustificados a los programas sociales, para dotar de más presupuesto a las políticas focalizadas a la población más vulnerable del país y robustecer un aspecto que, en nuestros países, es palanca clave para el desarrollo: garantizar una educación de calidad para todos.
Artículo publicado el pasado 5 de diciembre en Milenio Diario, Estado de México
