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La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.elcorreo.ca
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
En las últimas semanas el descubrimiento del nuevo virus H1N1 ha ocupado la acción de las autoridades sanitarias globales y nacionales en prácticamente todos los países del mundo. Fue a México -donde se registraron algunos de los primeros casos- a quien tocó avisar del brote a la comunidad internacional y a quien correspondió responsabilizarse por las primeras acciones de mitigación contra el mismo. A más de 15 días de surgida esta emergencia, está claro que nuestras autoridades federales y estatales actuaron con gran celeridad y de manera oportuna para frenar el avance del virus y establecer de inmediato medidas eficaces de protección y prevención del contagio así como la infraestructura para detectar y curar a quienes lo contrajeron. Sociedad y gobierno en México hemos sido reconocidos por distintas instancias internacionales por la seriedad y la prudencia con que nos hemos conducido todos para establecer y observar los lineamientos para el control de esta nueva amenaza para la salud. En nuestro país, cada vez son menos las personas hospitalizadas y los decesos como consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, tanto en México como en el extranjero, las medidas sanitarias continúan y de su escrupulosa observancia dependerá la suerte de este mal en el futuro inmediato. De ahí que distintos gobiernos como el de Corea, España, Japón, China, Francia y otros hayan enviado a México equipo médico, productos de higiene y medicamentos así como donaciones en efectivo haciendo eco de las palabras del presidente Calderón cuando advirtió “el frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no sólo a los mexicanos sino a todos los seres humanos”.
Secretario de Salud, conferencia de prensa 24 de abril 09. Fuente: Presidencia
No obstante, algunos países han respondido a esta amenaza y a la urgente necesidad de cooperación internacional para atajarla, con medidas restrictivas, autárquicas, discriminatorias, xenofóbicas, injustas y lesivas de los derechos humanos. En principio, varios países como Ecuador, Bolivia, Honduras, China, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Azerbaiyán restringieron el acceso a sus mercados de productos porcinos de nuestro país sin fundamento científico alguno. En consecuencia, México se ha visto en la necesidad de rechazar estas medidas proteccionistas e injustificadas en materia comercial así como solicitar a estos países una explicación ante la Organización Mundial del Comercio.
Más grave aún, sin embargo, han sido las medidas hostiles que bajo el argumento de la protección sanitaria han adoptado otros países en contra de los mexicanos. Perú, Argentina, Cuba y Ecuador determinaron, por ejemplo, la suspensión de vuelos recíprocos con nuestro país a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Colombia y Chile, por su parte, se negaron a albergar partidos de futbol por la Copa Libertadores en donde participen equipos mexicanos además de cancelar la presentación de actores y músicos mexicanos en su territorio. Algunos de estos países como Cuba y Argentina decidieron, además, enviar aviones para “rescatar” a sus ciudadanos que se encontraban en nuestro país. La ignorancia surgida a propósito de este virus ha provocado que la ministra de salud argentina, país con el que México mantiene una “Asociación Estratégica”, nos llame el hermano enfermo y que Haití, el país más pobre de nuestra región, rechace 70 toneladas de alimentos que recientemente enviara el gobierno de México como ayuda humanitaria. Francia, por otro lado, fracasó en su intento por hacer que la Unión Europea tomara medidas restrictivas hacia México y suspendiera los respectivos vuelos.
En China, además de la cancelación de vuelos, en ese país los mexicanos por el solo hecho de serlo, y sin tener síntomas de este virus, fueron privados de su libertad, recluidos en situación de aislamiento en hoteles y hospitales en pésimas condiciones de higiene además de haber sido sometidos a humillantes e incesantes inspecciones. Eso obligó al Gobierno Mexicano a recomendar no viajar a China y enviar una aeronave comercial para repatriar a nuestros connacionales. Bajo esa misma lógica autoritaria e intransigente, el gobierno de Singapur ordenó cuarentenas de siete días a todos los pasajeros mexicanos so pena del pago de multas o aún cárcel hasta por un año.
Las desmedidas acciones que emprendieron estos países asiáticos, aunque sin fundamento y absolutamente injustificables, se comprenden mejor al contextualizarlas como parte de la neurosis colectiva que desató la gripe aviar. Habría que recordar que en contraste con la actitud transparente del gobierno mexicano, el chino ocultó por más de tres meses la gravedad de esta epidemia infligiendo con esta negligencia un daño incalculable al mundo. Sin embargo, en el caso latinoamericano, resulta inexplicable y al mismo inaceptable esta actitud. Nunca ninguno de estos países ha recibido un trato semejante por parte de México. Por ello es indispensable apoyar el mensaje del Presidente en rechazo a estas medidas vejatorias e impulsar algunas acciones que clarifiquen el grave daño a la dignidad del pueblo mexicano y, por tanto, a nuestras relaciones bilaterales. El presidente Calderón debería abstenerse de visitar Cuba, como estaba previsto para este año, y los integrantes del Congreso Mexicano deberíamos suspender la celebración de la primera Reunión Interparlamentaria con legisladores argentinos.
