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Luis Felipe Bravo Mena | Campaña a la Gubernatura del estado de México 2011 | Foto: Rodolfo Valtierra
En contraste con las campañas de relumbrón de otros candidatos, la candidatura de Luis Felipe Bravo, próximo gobernador del estado de México, está construida sobre la base de un ideario y una serie de propuestas para resolver gran parte de los problemas que a diario enfrentan millones de mexiquenses. Frente a las obras faraónicas que han caracterizado a las administraciones emanadas del PRI, la encabezada por Bravo Mena tendrá como objetivo primordial establecer un diálogo con la ciudadanía a fin de dar respuesta a sus legítimas necesidades y reclamos. En una palabra, se trata de servir a la gente y no a la clase política. Se trata de enfrentar la realidad y no seguirla evadiendo como se ha venido haciendo por décadas. Sus propuestas, a diferencia de las promesas inviables y populistas con las que el candidato del PRI ha venido ofendiendo la inteligencia y traicionando la confianza del electorado, son viables, pertinentes y orientadas a procurar el bienestar de una población lastimada por la inseguridad, el desempleo y la desigualdad.
En primer lugar, urge contar con más seguridad para las familias mexiquenses. Se trata no sólo del problema más sentido de la sociedad sino también uno donde se demuestra la perversidad de un gobierno indolente y omiso ante la dimensión del problema. Aún cuando el estado de México ha recibido de la Federación partidas presupuestales adicionales para cubrir necesidades en este rubro, el gobierno del estado ejerce menos y ejerce mal este gasto. Por ejemplo, invierte tan sólo 258 pesos por habitante en seguridad -mientras el promedio nacional es de 415 pesos- mantiene millonarios subejercicios de hasta por 220 millones de pesos que en definitiva no se utilizaron y obtiene pésimos resultados en la materia. Nuestro estado se ubica en el primer lugar nacional de robo de autos, el secuestro ha crecido 500% durante el gobierno de Peña Nieto y las extorsiones han aumentado al pasar de 120 casos en 2007 a 1482 en 2010. Encima, van más de mil feminicidios en los últimos años y un promedio de 8 violaciones al día.
Por ello, es necesario dar un golpe de timón. Necesitamos un nuevo modelo policial, que recupere la confianza de los ciudadanos y que verdaderamente cuide a la gente. Es crucial aquí no sólo establecer certificados con controles de confianza para la policía sino integrar un Observatorio Ciudadano que evalúe los resultados en seguridad pública y que encabece los procesos de monitoreo y limpia de las corporaciones policíacas. Por otro lado, es indispensable reforzar la prevención del delito y atacar formas delincuenciales que lastiman gravemente a las familias. Para ello, se propone establecer un programa permanente de seguridad escolar y otro más para proteger el transporte público donde actualmente las personas son asaltadas a diario. Igualmente urge crear la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y los Centros de Información e Inteligencia. Basta ya de policías quienes, como Rogelio Cortés Cruz, Director de Seguridad Pública y Tránsito, toleran, autorizan y estimulan la corrupción, la extorsión y el cohecho de los agentes de tránsito y otras corporaciones policíacas. Basta también de la utilización siniestra de los recursos destinados para la seguridad a otros fines, incluso los electorales como recientemente se ha puesto de manifiesto. ¡Ya es Justo, seguridad para todos!
Artículo publicado el pasado 4 de junio en Milenio Diario, estado de México
El Instituto Mexicano de la Juventud dio a conocer los resultados de una importante encuesta. Se trata de la Encuesta de Juventud del estado de México 2009, misma que ofrece un diagnóstico amplio sobre la situación general de este sector poblacional en nuestra demarcación.
De entrada, destaca el escandaloso número de jóvenes que pertenecen a una categoría sociológica que se ha venido denominando en España como ni-ni para referirse al hecho de que ni estudian, ni trabajan.
En el Estado de México la cifra ha alcanzado más de 900 mil jóvenes ni-ni quienes mayoritariamente habitan en los municipios metropolitanos del principalmente en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán.

Generación ni-ni | Foto: standardmusic.zoomblog.com
Sin duda, la falta de opciones y oportunidades para estos jóvenes los convierte en presa fácil de la delincuencia y de distintas expresiones del crimen organizado. Prueba de ello son los más de 230 mil muchachos quienes, parte también de esta estadística, enfrentan algún proceso penal en centros de readaptación y reclusión.
Desde luego que el problema es global. De hecho, el desempleo juvenil mundial alcanzó la cifra más alta de su historia en este 2010 ubicándose en 81 millones. Más aún, el 21% de los jóvenes en edad productiva se ubican en la categoría ni-ni.
En México, son aproximadamente 2.3 millones de jóvenes quienes se encuentran desempleados. Es decir, el 13% de los 18 millones de mexicanos que se encuentran en esa franja de edad entre los 15 y los 29 años. Por supuesto, el fenómeno no es igualmente grave en todo el territorio nacional. Son el Estado de México y el Distrito Federal los que registran la tasa más alta de desocupación juvenil, seguidos muy de cerca por los estados del sur de la República.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, esta situación se ha venido agravando con la crisis financiera internacional pero tiene su origen en políticas insuficientes para hacer que los jóvenes ingresen exitosamente al mercado laboral o bien para que continúen sus estudios.
En un año, por ejemplo, el número de jóvenes con estudios superiores buscando empleo se incrementó en un 25% según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI). Peor aún, más de un millón de jóvenes, de acuerdo con esta estadística, han perdido la esperanza de encontrar un empleo.
El problema es mayúsculo si se reflexiona sobre sus distintas dimensiones. En primer lugar, supone un enorme desperdicio de recursos humanos que podrían hacer una contribución crucial al desarrollo. En cambio, muchos de estos jóvenes se convierten en una carga adicional para sus familias cuando no sólo no aportan al presente de su entorno sino que, peor aún, no manifiestan tampoco un interés en hacer una aportación hacia el futuro.
En segundo lugar, implica un escenario en el que las nuevas generaciones podrían tener una calidad de vida inferior a la de sus padres. En tercer lugar, porque muchos de ellos terminarán engrosando las filas de la economía informal, del subempleo, del empleo no remunerado y, en el peor de los casos, de la criminalidad. Tan sólo en la economía informal, el INEGI calcula la presencia de más tres millones setecientos mil jóvenes, es decir, personas entre los 14 y 29 años de edad.
Como razones fundamentales para el ingreso a la economía informal, los jóvenes mexicanos refieren la desigualdad entre los salarios que reciben vis a vis el salario que reciben los adultos así como las pobres perspectivas de desarrollo que ofrecen, desde su punto de vista, los empleos convencionales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) si todo sigue igual, el número de jóvenes desempleados aumentará del 13% al 17% a finales del año 2011. Esto es especialmente importante si tomamos en cuenta que México se encuentra en una etapa avanzada de la denominada transición demográfica mediante la cual, en dos décadas, tendremos una gran cantidad de personas en edad económicamente activa que, en principio, debería ser capaz de sostener a la población dependiente.
La ecuación se complica si agregamos otro factor importante: la migración. Actualmente, más de 20 mil jóvenes con al menos estudios de licenciatura abandonan el país anualmente para buscar empleo y mejores oportunidades en el extranjero. Este es también el caso del Estado de México en donde tanto el rostro del desempleo como el de la migración es juvenil.
La respuesta a este desafío, por supuesto, debe ser integral y atender buena parte de las aristas señaladas. Por principio de cuentas, y una vez que la crisis financiera internacional parece estar en una de sus etapas finales, debería estudiarse la posibilidad de recuperar el programa “Primer Empleo” en sus modalidades locales.
En el estado de México, además, será importante facilitar créditos y otorgar toda clase de incentivos a aquellas empresas que empleen jóvenes así como ejercer presión sobre las autoridades para que se establezcan políticas públicas dirigidas especialmente a sacar a nuestra juventud de la inactividad y la desocupación. Formar a los jóvenes, ofrecerles alternativas educativas y laborales para un mejor futuro y acompañarles en el proceso de convertirse en personas plenamente productivas debe ser una prioridad del Estado Mexicano y un tema fundamental para las políticas públicas de los gobiernos locales.
Artículo publicado el pasado 21 de agosto, en Milenio Diario estado de México
En nuestra pasada entrega nos referimos a la necesidad de comenzar a evaluar la pertinencia de una alianza electoral entre el PAN y el PRD durante los próximos comicios para elegir gobernador del estado de México. Con ese fin, enumeramos cinco elementos de un Decálogo que plenamente justifican la existencia de una alianza opositora en torno a un programa común de democratización, apertura y desarrollo. En esta oportunidad nos referiremos a los cinco puntos restantes relacionados fundamentalmente con la agenda de transformación social y económica que la Alianza debería impulsar al encabezar el gobierno estatal.
6. Atender la alarmante situación de pobreza en el Estado.- Según datos oficiales, alrededor del 46% de la población del estado vive en condiciones de pobreza y marginación social. Aproximadamente siete millones de mexiquenses viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto generalizado de desempleo y depresión económica. De acuerdo con una investigación de la Universidad Autónoma del estado de México, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios lo cual les impide ahorrar, invertir en su educación y ocuparse adecuadamente de su salud. La pobreza patrimonial es generalizada en 23 de los 125 municipios del Estado y la pobreza alimentaria es culpable de la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses, en su mayoría indígenas. Esta intolerable situación debe ser remontada y una serie de medidas deben ser adoptadas para reorientar el gasto público a fin de que sea capaz de extender y profundizar los actuales programas sociales y de empleo. En ese contexto, el multimillonario gasto en imagen del gobierno estatal, que en 2009 llegó al máximo histórico de 177 millones de pesos, tiene que reducirse considerablemente.
7. Rescatar al estado de México de la inseguridad.- De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el estado de México ocupa el primer lugar en denuncias por delitos del fuero común a nivel nacional con un promedio de 260 mil denuncias anuales en promedio. Esto supone una proporción de más de 1700 delitos por cada 100 mil habitantes y un aumento sostenido de la En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad. El gobierno encabezado por el PRI ha mostrado una indiferencia atroz con respecto a esta realidad. Tenemos la deshonra de ser el Estado con el mayor número de feminicidios -más de 650 mujeres asesinadas desde 2000 de acuerdo con cifras oficiales- la demarcación con el primer lugar en mujeres maltratadas de acuerdo con el Consejo Estatal de Población y uno de los Estados que más sufren el embate delincuencial en sus distintas manifestaciones. Una de ellas, es el secuestro que azota nuestro Estado con la tercer incidencia más alta en el país y otra el robo de autos que con 130 eventos diarios, en promedio, ha alcanzado dimensiones alarmantes. En este contexto, la Agencia de Seguridad Estatal ha dado muestras fehacientes de ineficacia y falta de profesionalización. Un gobierno opositor en el estado de México cambiaría esta fallida estrategia de combate al crimen, adoptaría medidas enérgicas en la depuración de mandos policíacos y apostaría por políticas vanguardistas en el uso de la inteligencia policial para recuperar la tranquilidad que los mexiquenses hemos venido perdiendo.
8. Trabajar en una agenda para el desarrollo.- Salud y educación son temas que, a pesar de su obvia importancia, han merecido tan sólo una atención coyuntural para el gobierno mexiquense. En materia de salud el estado de México cuenta con insuficientes e ineficaces políticas de prevención y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, somos la segunda demarcación con el mayor número de casos de enfermos de VIH SIDA en la República. Peor aún, 57 de cada 100 mexiquenses carecen de seguridad social. En materia educativa el rezago es muy profundo y las cifras de analfabetismo superan la media nacional. En coordinación con el Gobierno Federal, esos dos temas deberán ocupar un lugar prominente en el programa aliancista de gobierno.
9. Hacer del estado de México un modelo de competitividad.- Aproximadamente 100 mexiquenses cruzan la frontera norte en busca de oportunidades laborales ante un creciente índice de desempleo que supera el 5%. Esta pérdida de recursos humanos es tan solo una faceta del atraso que en materia de competitividad registra el Estado. A pesar de ser una entidad industriosa que aporta más del 9% al PIB nacional, el estado de México carece de la infraestructura y los servicios necesarios para atraer inversiones, fomentar empleos y generar nuevos negocios. Corregir ese desequilibrio es fundamental para el futuro de nuestro Estado.
10. Combatir la corrupción. Cifras del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno publicados por la organización Transparencia Mexicana señalan al estado de México como la entidad con el mayor nivel de corrupción en el país. 18% de los eventos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense. La corrupción proviene desde las más altas esferas del poder en nuestro Estado. Sólo un gobierno de oposición seria capaz de romper ese esquema y combatir las múltiples complicidades de los actos de corrupción que socavan la legalidad y la ética pública.
No hay razón para creer que un gobierno del PRI podría ocuparse de esta agenda. Prácticamente todos los gobiernos estatales en las últimas décadas no han hecho aportaciones relevantes en ninguna de estas áreas. Quienes creemos en estos rubros, sólo podríamos verlos convertidos en políticas públicas bajo un gobierno opositor. Es hora de comenzar este debate con los distintos actores políticos y sociales en el Estado a fin de darle forma a esta pertinente y urgente alianza electoral y de gobierno.
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx


Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.






