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La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.
A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad. Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.
Foto: www.elespectador.com
De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.
La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.
En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación. Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.
Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee. Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.
Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
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Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
El próximo 1º de septiembre arranca una nueva Legislatura del Congreso de la Unión y, con ella, la necesidad de hacer frente a retos mayúsculos en nuestro país. En el contexto de una crisis económica global que amenaza al empleo, la inversión y el crecimiento, en un momento álgido de nuestra lucha contra el crimen organizado y durante un periodo de tres años que se antoja crucial para el futuro de México, los integrantes de la LXI Legislatura tenemos la oportunidad de hacer realidad muchas ideas para resolver los problemas prioritarios de nuestro país.
Los partidos políticos, sin duda, tenemos agendas legislativas las cuales a pesar de obvias diferencias, mantienen algunas coincidencias muy relevantes. En temas propios de una reforma del Estado, la opinión mayoritaria de los líderes de las distintas fuerzas políticas es a favor, por ejemplo, de la reelección legislativa. Sin duda, urge legislar para crear esta figura, demarcar sus alcances y establecer sus límites –personalmente creo que uno o dos periodos consecutivos sería suficiente-. Se registra un consenso cada vez mayor a favor de reducir el número de legisladores así como de efectuar una nueva reforma electoral que enmiende algunos elementos que, durante la pasada jornada, probaron su ineficacia para regular los comicios.
Esta agenda, que distintos actores empresariales, intelectuales y sociales están promoviendo, podríamos denominarla de competitividad, y se basa sobre todo en las conclusiones del más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Aborda, entre otros, los siguientes aspectos prioritarios: 1) Maximizar la renta petrolera mediante una auténtica reforma energética que abriera a la inversión privada la exploración y extracción de petróleo al tiempo de flexibilizar sustancialmente la regulación del sector, 2) Otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia legislando para que tenga mayores prerrogativas sobre más mercados, imponga multas mayores, regule sindicatos y genere un clima de competencia en los distintos sectores productivos especialmente en el de las telecomunicaciones (a este punto volveremos más adelante), 3) Mantener un equilibrio presupuestal para, antes de pensar en elevar impuestos, asegurarnos de que se utilicen y recauden con eficiencia, quizá mediante la creación de una Comisión Federal de Eficiencia Presupuestal y la homologación de la Cuenta Pública Nacional, 4) Crear un sistema de seguridad social universal para los mexicanos así como permitir la libre competencia de los aseguradores privados , 5) Diseñar una nueva estrategia comercial para privilegiar sus relaciones con países clave con los que no hay tratado de libre comercio y que son grandes potencias importadoras -como China e India-, desarticular políticas proteccionistas como el uso de cuotas antidumping y antisubvenciones así como hacer una desgravación arancelaria mayor de productos industriales y otros bienes, 6) Hacer una fuerte apuesta a favor de la inversión urgente para la capacitación informática en todos los niveles educativos, eliminar la denominada “marginación digital”, multiplicar centros de capacitación y aprendizaje fuera de la estructura educativa formal, crear un Sistema Nacional de competencias laborales empresariales para enseñar a competir a los mexicanos en un mundo cada vez más globalizado así como cambiar el modelo universitario para ajustarlo a los estándares internacionales reflejados en el Proceso de Bolonia, entre otras reformas.
A estas ideas de gran valía para desahogar una agenda de competitividad, algunos autores han pugnado recientemente por una agenda anti monopólica. Es el caso de Jorge Castañeda y Manuel Rodríguez Woog quienes, en un libro y un artículo de reciente aparición, proponen una serie de reformas para asegurar el desmantelamiento de uno de los elementos clave del viejo régimen y cuya presencia explica en buena medida el rezago de México: las corporaciones y los monopolios públicos y privados. Han propuesto además una agenda para la protección social y ciertas reformas institucionales –en donde convergen ampliamente con el IMCO-. Coincido con los autores cuando sustentan que este no es un programa de gobierno sino una agenda para la discusión durante los próximos tres años. Eso es precisamente uno de los principales cometidos de la nueva Legislatura. Con estas ideas, y muchas otras provenientes de la propia sociedad civil, de organizaciones empresariales, agencias internacionales y los propios partidos políticos, puede comenzar una reflexión y un debate parlamentario que eventualmente provoque cambios trascendentales para México.
Foto: www.redescolar.ilce.edu.mx
Artículo publicado el pasado 15 de agosto de 2009 en Milenio Diario Estado de México
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De acuerdo con datos oficiales, la población del Estado de México, el estado con mayor densidad demográfica en el país, alcanza ya los 14 millones 800 mil habitantes. De ellos, 6.9 millones de personas, es decir el 46% de la población total del estado, vive en condiciones de pobreza y marginación social. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Gustavo Vicencio Acevedo quien advirtió que esta cifra va en aumento como resultado de distintos fenómenos. Uno de ellos es la migración interna. En efecto, cada año llegan a nuestra entidad, alrededor de 190 mil nuevos residentes, la mayoría originarios del Distrito Federal y otras entidades así como en condiciones de gran precariedad económica. A este fenómeno se añade el histórico rezago económico y de desarrollo social que viven entidades rurales e indígenas como San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero y Sultepec así como entidades y corredores urbanos como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por mencionar tan sólo algunos.
Ante este panorama, advirtió Vicencio Acevedo, no hay recursos que alcancen. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social asignó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales y de apoyo, para la entidad, éste monto es claramente insuficiente para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población afectada.
Pero desde esta perspectiva, las cifras dicen poco de las dificultades que pasan casi siete millones de mexiquenses que viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto de crisis económica, aumento en los precios de los alimentos y satisfactores básicos, desempleo y desintegración familiar. Este es parte del diagnóstico de Miguel Ángel Díaz Carreño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en noviembre pasado presentó los resultados de una investigación sobre esta materia. En promedio, sostiene Díaz Carreño, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios, menos de dos salarios mínimos, y destinan el 50% de esos ingresos a la compra de alimentos lo cual no les permite ahorrar ni invertir en educación, salud y otros rubros importantes para la superación de la pobreza.
En general, las viviendas de estos mexicanos en pobreza patrimonial tienen piso de tierra, los techos son de lámina o madera y no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje. Pero la pobreza, en algunos casos, también es alimentaria. De acuerdo con el Banco de Alimentos Cáritas en el primer trimestre del año la pobreza alimentaria aumentó en 23 de los 125 municipios del Estado de México. Esta organización ha venido documentando la necesidad alimentaria de los municipios localizados en el norte del estado como San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco y Acambay. El grado superlativo de esta pobreza alimentaria es la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses indígenas que, además, enfrentan peores condiciones de marginalidad.
De acuerdo con distintos análisis académicos, la situación general de pobreza suele ser a tal grado desesperada que anualmente 36 mil mexiquenses se marchan a Estados Unidos a trabajar. En promedio, son 100 mexiquenses, la mayoría provenientes de zonas rurales y urbanas de alta marginalidad, quienes diariamente cruzan la frontera norte escapando del desempleo y la falta de oportunidades que priva en nuestra demarcación. En algunas zonas, como Tonatico o Coatepec Harinas, primeros lugares entre los municipios mexiquenses en migración a Estados Unidos, se registra incluso un fenómeno denominado “despoblamiento”. La mayoría de sus habitantes terminan siendo adultos mayores, niños y mujeres que viven de las remesas que los hombres en edad productiva envían desde Estados Unidos.
De los más de dos mil millones de dólares que anualmente envían los migrantes mexiquenses a sus familias, dependen buena parte de éstas comunidades que gracias a ellas atenúan su precariedad. Son ya más de un millón de mexiquenses quienes viven y trabajan en Estados Unidos y a cuyo trabajo y esfuerzo hay que atribuir que las cifras de pobreza y desempleo en el estado no sean aún más alarmantes.
Sin embargo, en el contexto de la actual crisis económica internacional, se prevé el regreso de algunos de ellos y, más importante aún, una reducción importante que ya se registra en el monto de remesas recibidas.
En definitiva, el combate a la pobreza debe convertirse en una altísima prioridad del gobierno del Estado. La generación de empleos, de proyectos productivos, de oportunidades para el desarrollo humano y de mejoras sustanciales en la educación y capacitación para la vida laboral son políticas cuya implementación en todo el estado no pueden esperar más. En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad.
En fechas recientes el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, destacó que durante el último trimestre de 2008, el estado de México perdió 11 mil empleos a causa de la crisis global. Aseguró, además, que a pesar de esta pérdida, el Estado de México se mantiene como una de las entidades del país que ha resentido menos la merma de empleos con respecto al promedio nacional. Al inaugurar la semana pasada el parque industrial Prologis en Cuautitlán Izcalli, el gobernador enfatizó la importancia que tiene la inversión pública y privada en distintos sectores productivos no sólo para mantener el empleo sino para evitar el desfase inminente en la construcción de obras en el estado tales como el Viaducto Bicentenario o la licitación y construcción de nuevas líneas del tren suburbano.
Departamento municipal de empleo del Ayuntamiento de Toluca. www.trespm.com.mx
Sin embargo, con apego a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país alcanzó en enero una tasa de desocupación del 5% de la Población Económicamente Activa y el Estado de México registró durante el ultimo cuatrimestre de 2008 una tasa de desocupación similar del 5.13%. De hecho, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2008, el Estado de México destaca como una de las entidades que registraron mayores tasas de desocupación.
Más aún, según datos dados a conocer en enero pasado por el ex secretario del trabajo estatal, Ignacio Rubí, se proyecta para este año la pérdida de 120 mil empleos lo que derivaría en una fluctuación de la tasa de desempleo entre el 6 y el 7% durante este primer semestre de 2009 en nuestra entidad.
A estas cifras dramáticas, aunque frías, sobre el triste desempeño de la economía del estado en la materia, habría que agregar el verdadero drama que viven los mexiquenses buscando trabajo sin encontrarlo, subempleándose o desempeñándose en un empleo informal y pocas veces legal.
Además, habría que agregar el pobre desempeño de la economía estatal en un indicador crucial para determinar el grado de dinamismo de la industria y los servicios y su capacidad de generación de empleos. Me refiero al Índice Mexicano de Competitividad Estatal 2008 del Instituto Mexicano para la Competitividad que ubica al Estado de México en la posición 25 de las 32 entidades federativas.
De esa urgente necesidad surge la decisión del Congreso de destinar aproximadamente 13 mil millones de pesos al Estado de México en 2009 como parte del Programa Nacional de Infraestructura lo cual proviene, de hecho, del Presupuesto más alto que el Congreso haya destinado históricamente a nuestro Estado.
Así surge también la firma del Acuerdo Mexiquense para la Protección de la Planta Productiva y el Empleo que, sin embargo, está constituido fundamentalmente por políticas de corte paternalista y limitado alcance como la creación de 37 mil empleos temporales en mejora de calles, construcción de aulas, entre otros. El gobernador también anunció otras medidas para incentivar el establecimiento de empresas en la entidad y otorgar apoyos a algunos microempresarios.
En esta línea de políticas se ubica también la distribución de más de medio millón de despensas entre personas de escasos recursos así como la extensión del Programa de Seguridad Alimentaria que entrega una canasta nutricional a familias cuyo ingreso es inferior a 20 pesos diarios.
Para promover el empleo y enfrentar la crisis –que por supuesto no tiene origen en México sino en manejos irresponsables de la economía estadounidense y global- no basta con políticas que, de manera tangencial, aborden el problema sino trazando objetivos de largo plazo que, por ejemplo, estimulen una educación de calidad, aseguren un manejo sustentable del medio ambiente en las actividades productivas, exploten con eficacia sectores económicos con potencial de desarrollo, e inviertan en la innovación tecnológica y la creación de capital intelectual.
En consonancia con esta exigencia, los senadores de la República estaremos ocupándonos de legislar a partir de las conclusiones más relevantes del foro ¿Qué hacer para crecer? a fin de otorgar mayores facultades a los órganos de regulación económica, modificar las leyes de ciencia y tecnología para incentivar su desarrollo, generar una legislación que fomente el crédito, el ahorro y el desarrollo de infraestructura así como efectuar mejoras sustanciales en beneficio de una educación pública de calidad, el adelanto del sector turístico y la simplificación administrativa para atraer mayores flujos de inversión.
Estas reformas tendrán un impacto moderadamente positivo sobre el empleo en nuestra entidad. Sin embargo, han de complementarse con políticas estatales y municipales que, sin asistencialismo ni paliativos, promuevan la competitividad y el desarrollo humano sustentable.
Artículo publicado en Milenio-Diario del EDOMEX, el domingo 1º de marzo del 2009
