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Foto: la informacion.mx
En la historia de la migración laboral entre México y Estados Unidos, el Programa Bracero ocupa un lugar muy destacado. Se trató del programa de trabajadores agrícolas más importante entre ambos países mediante el cual, entre 1942 y 1964, prácticamente 5 millones de mexicanos trabajaron el campo en los Estados Unidos durante un periodo determinado. Durante ese tiempo, los braceros no sólo hicieron una contribución extraordinaria al desarrollo del agro estadounidense sino que enviaron remesas que les permitieron mejorar la calidad de vida de sus familias.
El programa, que desde entonces ya reconocía la existencia y pujanza de un mercado laboral binacional, contemplaba la retención, por parte del gobierno estadounidense, de alrededor del 10% del salario de los trabajadores mexicanos con el objetivo de conformar un fondo de ahorro para el retiro. De manera injustificada esos recursos, si bien fueron entregados al gobierno mexicano para que éste a su vez los entregara a los trabajadores al regresar a México, nunca llegaron a manos de quienes trabajaron tanto para obtenerlos. Después de una larga lucha para recuperarlos, en 2005 se creó el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos. A partir de entonces se asumió el reto, luego de la autorización respectiva de los recursos por parte del Congreso, de entregar un apoyo de 38 mil pesos a cada uno de las personas que participaron en el Programa Bracero así como a sus viudas o hijos en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido.
Entre 2006 y 2011 se hicieron los pagos a 85 mil ex braceros y sus familias. No obstante, restaban alrededor de 108 mil beneficiarios pendientes que exigían el pago de este monto y, por ende, de lo que por décadas el Estado mexicano se negó a reembolsar. Felizmente, hace algunos días el Presidente Felipe Calderón anunció que se cuenta con los recursos para saldar, en el curso de este año 2012, esta deuda histórica con todos ellos. De esta manera, a través de un pago en efectivo o de un depósito a una cuenta bancaria, todos los ex braceros que no recibían aún su dinero podrán contar con él de manera gratuita y sin gestión alguna de intermediación. Se trata de un acto de justicia elemental para honrar la palabra empeñada de esta administración, y del Congreso de la Unión en su conjunto.
Artículo publicado el pasado 10 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: El Universal | Firma del decreto de promulgación de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31 que obliga al Estado a impartir educación media superior
Esta semana el Presidente Felipe Calderón firmó un decreto histórico. Se trata de la séptima reforma que en materia educativa, se realiza a la Constitución Mexicana desde su promulgación en 1917. El decreto reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución con el objetivo fundamental de otorgarle a la educación media superior en México carácter obligatorio. En consecuencia, por primera vez en su historia, el Estado Mexicano asume un compromiso extraordinario con garantizar el acceso a la educación básica, media y media superior a todos los niños y jóvenes mexicanos. Por supuesto esto exige un enorme esfuerzo que se proyecta concluirá, en el año 2022, cuando se logre la cobertura universal del bachillerato en México. Sin embargo, ya están colocadas las bases para que, incluso antes, en 2015, México cuente con una cobertura de al menos 85%. Desde luego que no se trata de un asunto menor por varias razones. La primera es que, como explicó el Subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán, mucho del desarrollo económico y social de México depende precisamente del fortalecimiento de la educación media superior. Quienes cursan el bachillerato acceden a mejores niveles salariales y, por ende, a mejores condiciones de vida. Esa es una lección que viene directamente del sudeste asiático quienes, en su momento, hicieron una fuerte apuesta por el robustecimiento de la cobertura, la infraestructura y los contenidos de la educación media superior.
La segunda es que nuestro país comenzará a remontar una situación lamentable que venimos arrastrando por décadas en materia de acceso a la educación media superior. De acuerdo con información reciente dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México junto con Turquía destaca entre los miembros de este organismo por tener el mayor porcentaje de jóvenes sin acceso al bachillerato. Ya sea por deserción, casi siempre originada por razones socioeconómicas o por lo que se denomina fracaso escolar, por falta de cobertura suficiente en distintas zonas del país y por insuficiencias importantes en el mejoramiento de calidad del magisterio entre otras carencias institucionales, México se ubica prácticamente al final de la lista.
Mientras países como Corea o República Checa el número de jóvenes, de entre 25 y 34 años sin bachillerato es inferior al 10%, México tiene, igual que Turquía, 58% de sus jóvenes sin educación media superior. La deserción escolar, especialmente durante el bachillerato, impide el acceso a los conocimientos y las habilidades indispensables para que cientos de miles de jóvenes se inserten con éxito en el mercado laboral. Pero si bien, en principio, esta es una responsabilidad del Gobierno Federal, las entidades federativas tienen también en sus manos gran parte de la solución. Lamentablemente, el estado de México es de nuevo un botón de muestra de lo que no se ha hecho al respecto. De acuerdo con información oficial difundida esta semana, nuestra Entidad tiene un déficit del 36% en la atención a los jóvenes que tratan de ingresar al bachillerato en la entidad. Es decir, de los 800 mil alumnos que egresan cada año de las secundarias mexiquenses, alrededor de 288 mil, por distintas razones, no consiguen ingresar a las preparatorias. Desde luego que faltan planteles pero también políticas adecuadas para impedir la deserción, y reducir la reprobación sin comprometer la calidad educativa. Sin duda, el decreto que incluye al bachillerato dentro del universo de niveles educativos obligatorios exige esfuerzos importantes para todos y esto incluye, por supuesto, a estados y municipios del País.
Artículo publicado el pasado 11 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: gerenciasocial.net
Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de España, publicó el informe: El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres. Se trata no sólo de un diagnóstico meticuloso sobre la situación de las mujeres en América Latina sino además un Compendio extraordinario de lo mucho que nos falta por hacer para tomar “la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”. El análisis es desde el principio demoledor. De acuerdo con el informe, “las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación el acceso a vivienda y a servicios de salud especializados, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países”. Desde luego, el hallazgo más importante tiene que ver con la identificación de factores estructurales específicos que explican no solo el lento avance que registra la región en materia de combate a la discriminación y la desigualdad sino, incluso, el empeoramiento de condiciones en algunos países. En el diagnóstico resalta, en primer lugar, la pobreza como el origen de esta condición estructural. Aunque afecta a todos, el impacto de la pobreza en las mujeres es mayor al considerar la discriminación de la que son objeto.
Sin embargo, identifica también factores específicos. Entre los más importantes, destacan los del ámbito laboral y concretamente lanza un argumento muy persuasivo al respecto. En una palabra, advierte que buena parte de la discriminación laboral contra las mujeres, la brecha salarial entre sexos, la prevalencia del acoso sexual en el trabajo, entre otros lastres, tienen relación directa con la debilidad del marco normativo para el acceso a la justicia. Es decir, no hay suficientes mecanismos para que las mujeres recurran efectivamente a los tribunales, se impongan sanciones a quienes violen sus derechos y se repare adecuadamente el daño ocasionado. El informe se ocupa además del derecho a la educación y aquí viene otro hallazgo. Aunque advierte que existe un incremento notable en el número de mujeres que completan su educación superior, ello no se traduce en mejores empleos y salarios. Y esto apunta directamente a otro fenómeno que los países latinoamericanos no han sido capaces de combatir. Me refiero a las políticas para el acceso y control de recursos económicos por parte de las mujeres. Es decir, los límites al ejercicio de sus derechos a la propiedad, la vivienda, la tierra y la herencia, entre otros ámbitos, ha minado gravemente su capacidad para empoderarse. Factores sociales y culturales refuerzan esta condición estructural que las aleja del crédito, la inversión productiva, los servicios financieros, la formación empresarial y un largo etcétera. Sin duda la lectura de este informe y la atención a sus recomendaciones, es tarea obligada de nuestro país y del resto de los países latinoamericanos para cerrar estas brechas en el año venidero.
Foto: elsoldelaflorida.com | "A woman walks past a mural of late former Czech President Vaclav Havel in Prague"
Artículo publicado el pasado 24 de diciembre de 2011 en Milenio Diario, estado de México
En todas sus facetas, que fueron muchas, Václav Havel se preocupó siempre por hacer una reflexión profunda de los distintos fenómenos asociados al poder. Como activista y férreo opositor al brutal régimen pro-soviético así como dramaturgo y escritor, puso siempre el acento en el potencial transformador de los movimientos sociales basados en la resistencia civil y pacífica. Pero, aún más importante, se ocupó de abordar un tema fundamental para entender las transiciones democráticas que, por lo menos desde mediados de los ochenta y hasta el presente, ocupan un lugar protagónico en el acontecer internacional. Me refiero a un largo ensayo de importancia sin precedente -El Poder de los Sin Poder- que Havel publica en 1978 y por el cual es encarcelado durante más de tres años. Su argumento principal -persuasivo y contundente- tiene que ver con que sin importar los mecanismos de control y el armamento con que cuentan los poderosos para reprimir, su capacidad no es comparable con el poder popular siempre que decida retirar su apoyo al régimen y rehusarse pacíficamente a jugar el juego del tirano. Desde luego que fue esta idea la que Havel puso en práctica durante la denominada Revolución de Terciopelo que encabezó en 1989 y que inspiró transformaciones semejantes de carácter pacífico hacia regímenes parlamentarios, de apertura económica y multipartidismo político en Europa del Este en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del Muro en Berlín.
Pero Havel no interrumpió ahí su cruzada por la libertad. Como último Presidente de Checoslovaquia -siempre mantuvo una opinión en contra de la separación de las dos Repúblicas- y primer Presidente de la República Checa, apuntaló un proyecto de consolidación de la democracia, el estado de derecho, la economía de mercado -sin abogar nunca sin embargo por el ultraliberalismo- y las libertades públicas. Para afianzar esos cambios, fue el principal promotor del ingreso del país a la Unión Europea y un impulsor de la apertura irrestricta a organismos no gubernamentales para la defensoría de los derechos humanos. Desde que firmó la Carta de los 77 -aquel documento que desató la fallida Primavera de Praga- no hubo político europeo más comprometido con los derechos de quienes llamaba “los sin poder”. Tampoco hubo un líder político europeo de las transiciones del Este más comprometido que Havel con la reconciliación como un valor cívico supremo. Suya es la frase, que debiera ser un verdadero ideal para muchos movimientos de cambio político hoy especialmente concentrados en el Cercano Oriente: “La verdad y el amor prevalecen sobre la mentira y el odio”. Que en paz descanse y que el mundo nunca olvide su ejemplo y su ideario.
Foto: http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relextamericanorte | Foto Oficial de XVIII Interparlamentaria México-Canadá
Este lunes arrancan, en Ottawa, los trabajos de la XVIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá. Se trata de una oportunidad extraordinaria para compartir puntos de vista sobre la manera de relanzar una relación que desde 2009 ha enfrentado algunas dificultades. Desde que en julio de 2009 se estableció el requisito de visa a los mexicanos que viajan a Canadá, las relaciones bilaterales se han afectado sensiblemente. Lo que solía ser una relación de cooperación modelo en términos de su profundidad y madurez, se convirtió en poco tiempo en una relación distante y plagada de obstáculos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante de ambos gobiernos, de las sociedades de ambos países y también de nuestros respectivos Poderes Legislativos para reconceptualizar muchos de nuestros problemas y comunicar la importancia de colocar nuestra relación al nivel de su verdadero potencial. En este esfuerzo se enmarca precisamente esta Reunión Interparlamentaria que se da, además, en un contexto peculiar. Se trata de la primera Reunión que legisladores de ambos países sostenemos después de una transformación radical de la configuración política de ese país luego de las elecciones de principios de año. El gobierno conservador salió fortalecido, al igual que una nueva fuerza política de pensamiento socialdemócrata, y se verificó un cambio generacional sin precedentes. Después de mucho tiempo, la Cámara de los Comunes tiene un nuevo speaker –Andrew Scheer del Partido Conservador- y en definitiva corresponde al Congreso Mexicano acercarse a los nuevos tomadores de decisiones y sensibilizarlos sobre la importancia de construir juntos una agenda de trabajo.
Esta renovación de la Cámara de los Comunes –el Senado no tiene propiamente una representación electa- supone una ocasión perfecta para sensibilizar a los nuevos legisladores canadienses sobre la importancia económica y política relativa de México no sólo para Canadá sino para la región entera. Mencionaría por lo menos tres botones de muestra. En primer lugar, tenemos un espacio potencial de enorme cooperación bilateral en los temas de inmigración y movilidad laboral. Nuestra misión es convencerlos de la complementariedad de nuestros mercados de trabajo y, por lo tanto, de la necesidad de invertir fuerte en capital humano para potenciar la competitividad de América del Norte. Por ello es necesario insistir no sólo en comenzar a eliminar ese visado -que afecta además el turismo, los negocios y otros intercambios recíprocos-, sino en ampliar el programa de trabajadores temporales e incluso generar nuevos programas de movilidad laboral y educativa entre ambos países. En segundo lugar pondremos sobre la mesa la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. Nos preocupa especialmente una iniciativa que busca en Canadá eliminar su registro de armas y que eventualmente podría desatar operaciones de tráfico ilegal como las que actualmente enfrentamos armerías estadounidenses. Sin dejar de reconocer la jurisdicción y la soberanía canadiense para regular estos temas los legisladores mexicanos les haremos saber de las implicaciones negativas, que una legislación de esta naturaleza, podrían acarrear para la construcción de un marco de seguridad regional norteamericana. Desde luego que hay muchos otros temas que estaremos abordando con ellos y que van desde la protección de los derechos humanos hasta la sustentabilidad ambiental. Pero todos ellos se articularán bajo un denominador común. Y es que la Delegación Mexicana encabezada por el Senador José González Morfín, planteará los problemas pero también ofrecerá las soluciones a nuestros desafíos compartidos. Lo hará bajo posiciones de Estado que reflejen el interés nacional y que deriven en compromisos sólidos y duraredos para el bienestar de ambas sociedades.
Artículo publicado el pasado 19 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: globalmedia.mx | Unidad móvil del Programa del Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud
El pasado 19 de octubre, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, los mexicanos volvimos a reflexionar sobre la importancia de cerrarle el paso a esta letal enfermedad que se cobra la vida de alrededor de 5 mil mexicanas cada año. Si bien 13 mil mexicanas son diagnosticadas de este padecimiento –aproximadamente 35 cada día- lo cual les permite comenzar un tratamiento médico adecuado, el problema de fondo está en la prevención, la detección temprana y el diagnóstico oportuno. Es esta escasa cultura preventiva un factor fundamental para entender la manera en que se ha convertido en la principal causa de muerte por tumor maligno entre las mexicanas. Si bien es cierto que se trata de un problema global – la Organización Mundial de la Salud estima insuficiente la tasa de detección actual de un caso cada treinta segundos- hace tiempo que el Gobierno Federal en México decidió invertir cuantiosos recursos humanos, económicos y científicos a fin de remontar esta tendencia. Desde el 2007, por ejemplo, el Seguro Popular cubre de manera gratuita el tratamiento de distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Con ello, la esperanza de vida de las mujeres, especialmente de escasos recursos, se ha multiplicado exponencialmente. De las 25 de cada 100 mujeres, que antes abandonaban el costoso tratamiento médico por falta de recursos, hoy solo lo abandonan 3. Esto es el resultado de un esfuerzo mayúsculo para difundir la importancia de la detección temprana mediante la puesta en marcha de numerosas unidades móviles de mastografía en el país y también la creación de 43 unidades médicas que, a nivel nacional, se ocupan prácticamente de manera exclusiva de la atención al cáncer de mama.
Sin embargo, a nivel estatal hay un rezago que no hace sino profundizarse. Tristemente este es también el caso del estado de México. En nuestra entidad, tres mujeres mueren por esta causa cada 48 horas lo cual representa 550 mujeres al año. Se trata de más del 10% de las mujeres que en todo el país fallecen por esta causa. Son muertes evitables mediante la inversión en hospitales especializados, campañas de prevención y detección oportuna. Para nadie es un secreto que en el estado de México hay un déficit crónico de infraestructura hospitalaria y cobertura médica que contrasta con nuestra realidad como la entidad más poblada del país. Pero si bien los recursos disponibles para este fin han venido aumentando sistemáticamente año tras año, son las propias autoridades de salud del estado quienes reconocen, por ejemplo, que en los últimos tres años la incidencia de cáncer de mama se ha elevado en al menos un 12%. Es vergonzoso constatar que si bien el Seguro Popular amplía su alcance en entidades como la nuestra, las autoridades estatales y municipales no han cumplido con su obligación de crear la infraestructura complementaria que atienda de manera gratuita y a tiempo a aquellas mujeres para quienes el costo de un examen de mastografía es prácticamente el del sustento semanal o incluso mensual para su familia. Si seguimos así, afirma el Dr. José Luis Barrera, director del Centro Oncológico Estatal, en el 2040 una de cada tres mujeres mexiquenses padecerá la enfermedad. Exigir a las autoridades que pongan atención a este asunto y de sumarse a esta campaña de concientización mundial es la mejor manera de recordar a las víctimas.
Artículo publicado el pasado 22 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: wordpress.com
Hace aproximadamente tres semanas, el estado de Veracruz se vio inmerso en una controversial y peligrosa discusión sobre terrorismo y redes sociales. Entre la comunidad de Boca del Río circulaban ya, desde hacía algún tiempo, rumores sobre inminentes ataques a centros educativos por parte de organizaciones criminales. De acuerdo con fuentes periodísticas, una semana antes aparecieron mantas en diversos puntos de la ciudad advirtiendo sobre ello. Como era previsible, la falta de información y de un pronunciamiento oficial por parte del gobierno estatal propició las condiciones idóneas para el esparcimiento de rumores como éste que, por su naturaleza, generaron una cadena de reacciones de pánico. En este contexto de zozobra y desinformación, los rumores fueron ganando terreno en las redes sociales. Mucho de lo que se escuchaba en las calles era replicado por toda clase de reporteros ciudadanos quienes, como los denominados twitteros, enviaron mensajes de alerta con información falsa sobre el presunto ataque a escuelas primarias. La reacción no se hizo esperar y el caos se apoderó de Boca del Río.
En consecuencia, el gobierno estatal acusó de terroristas y saboteadores a dos twitteros, cateó sus domicilios sin orden judicial, les confiscó ciertos bienes y los mantuvo prácticamente incomunicados hasta que un juez les dictó auto de formal prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades. Ante semejante aberración jurídica, las voces críticas contra esta decisión, tanto en México como desde el extranjero, se multiplicaron y ejercieron una presión importante sobre el gobierno de Javier Duarte. Después de semanas de alertar sobre las implicaciones de este artero atentado contra los derechos humanos y la libertad de expresión, el gobierno estatal decidió desistirse de la acción penal. No obstante lo hizo mediante otro recurso sumamente desafortunado. Me refiero a la aplicación, de manera retroactiva, de una nueva y peligrosa legislación aprobada hace algunos días en el Congreso estatal que introduce el delito de “perturbación del orden público” en el Código penal. Horas después, los acusados fueron liberados sin cargos.
Ante este fenómeno, no faltan las voces que hablan de una indispensable regulación de las redes sociales. Sin embargo, el problema de fondo tiene que ver con el nivel de compromiso de las autoridades locales con los derechos humanos. Es un recurso fácil culpar a lo que se publica en las redes sociales de los problemas de inseguridad y violencia que vive Veracruz y concretamente Boca del Río, donde recientemente aparecieron 35 cadáveres torturados debajo de un puente vial. Es también razonablemente sencillo tipificar nuevos delitos mediante legislaciones irresponsables, intolerantes y autoritarias, así como potencialmente anticonstitucionales, aunque al final generen más problemas de los que resuelve. Lo verdaderamente difícil es asumir combatir al crimen con la ley en la mano, sin caer en tentaciones autoritarias, y respetando en todo momento los derechos humanos.
La ley “antirumores” recientemente aprobada en el Congreso local no solo contiene disposiciones preocupantes por su parecido con legislaciones totalitarias en el mundo -al abrir un espacio enorme de discrecionalidad para interpretar lo que constituye una “perturbación del orden público”- sino que nos hace recordar la monstruosa historia priísta de tipificación de derechos como delitos. Se viene a la mente, de inmediato, el delito de “disolución social” que le permitió al régimen autoritario castigar por décadas múltiples libertades ciudadanas. Se trata, como entonces, de un peligro real para la democracia y de una legislación que no podemos pasar por alto.
Artículo publicado el pasado 24 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Ante el inmovilismo del Congreso Federal y la administración del presidente Obama en materia migratoria los estados de la Unión Americana han comenzado, al menos a partir del 2010, a tomar decisiones importantes para presionar al Capitolio. De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los Congresos locales han alcanzado un récord histórico de iniciativas en materia de inmigración en lo que va del 2011. Hasta junio pasado, alrededor de 1582 iniciativas fueron presentadas y de ellas emanaron aproximadamente 40 nuevos instrumentos legislativos.
En este contexto, se distinguen claramente dos modelos antagónicos y estrechamente vinculados a dos leyes emblemáticas. El primer modelo recupera las ideas centrales de la denominada Dream Act que permite a estudiantes indocumentados pedir ayuda financiera al Estado y eventualmente regularizar su situación migratoria. Aprobada ya por el Senado de California y sólo en espera de la promulgación por parte del gobernador Jerry Brown, parece que podría servir de inspiración para lo que se denominan iniciativas copy-cat en otros estados como Maryland y Connecticut. El segundo modelo reproduce, y por momentos radicaliza, el contenido de la denominada Ley Arizona (SB 1070) que la gobernadora Jan Brewer promulgó en ese estado fronterizo -el quinto con mayor número de inmigrantes indocumentados en ese país- en julio de 2010. Se trata de una ley xenófoba que criminaliza a la inmigración indocumentada, abre la puerta a numerosos abusos en la detención arbitraria de inmigrantes y prohíbe su contratación en distintas modalidades laborales. Los estados de Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Alabama y, en cierta medida, el de Utah, han aprobado ya legislación similar y aunque sus contenidos se encuentran impugnados en Cortes Federales, ya inspiran toda clase de acciones que abrevan de esta atmósfera poco favorable a la inmigración.
En Arizona, por ejemplo, hay problemas severos para hacer valer los derechos esenciales de los trabajadores indocumentados. Hay connacionales detenidos a quienes, por su situación migratoria, se les niega el pago de sus salarios. Otros a quienes se les contrata por salarios inferiores al mínimo o a quienes se les exige trabajar horas extra sin obtener la remuneración correspondiente. Ante ello, en el contexto de la Semana de los Derechos Laborales y el Día del Trabajo en ese país, los cinco Consulados mexicanos en Arizona (Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Nogales) firmaron hace algunos días un Memorándum de Entendimiento con el Departamento del Trabajo estadounidense. Se trata de un documento pionero para defender los derechos de los trabajadores indocumentados y enviar un mensaje contundente de respaldo a nuestros connacionales que sufren esta actual oleada de leyes, políticas, decisiones y actitudes antiinmigrantes en ese y otros estados de la Unión Americana. Es precisamente este contexto el que exige extender este tipo de instrumentos a otras demarcaciones donde la situación es igualmente crítica y donde es preciso también elevar una severa denuncia contra el odio, los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad inmigrante. Es además parte también de un recordatorio respetuoso, pertinente y enérgico sobre la potestad y jurisdicción federal, y no local, de la política migratoria estadounidense.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer los resultados de su medición de pobreza 2010. Las cifras, que arrojan un penoso crecimiento de la pobreza en el país, dan cuenta del impacto que la crisis financiera global ha tenido en México a pesar de las políticas de contención que implementó la administración actual. Con todo y este adverso contexto internacional, las cifras del Coneval reportan que se redujeron carencias importantes en materia de seguridad social, vivienda y educación y demuestran que hubo un trabajo importante para contener la pobreza extrema. Sin embargo, al observar tan sólo la dimensión nacional de este fenómeno se pierde de vista un aspecto crucial para su análisis objetivo. Si bien la crisis financiera es una variable que explica este resultado adverso en la lucha contra la pobreza, lo hace tan sólo parcialmente. La otra variable tiene que ver con lo que los Estados de la Federación han hecho o han dejado de hacer al respecto. El informe lo dice claramente cuando advierte que los cambios en las entidades federativas tienen un impacto mayúsculo en el aumento, a nivel nacional, del porcentaje de la población en situación de pobreza y, por ende, en la caída reciente en el ingreso de los hogares mexicanos.
De acuerdo con esta medición, Veracruz registró el mayor aumento en el número de personas pobres mientras que el estado de México presentó el mayor incremento, entre todas las entidades de la República, en el número de personas en pobreza extrema del 2008 al 2010. En estos dos años, el número de personas en situación de pobreza extrema, es decir viviendo con ingresos menores a 978 pesos al mes en zonas urbanas y 684 pesos en áreas rurales, aumentó considerablemente al pasar de 1 millón a 1 millón 214 mil ciudadanos. De igual forma, la población que vive condiciones de vulnerabilidad por tener ingresos inferiores al valor de la línea de bienestar se incrementó también al pasar de 558 a 837 mil personas en esta situación. En suma, se estima que prácticamente el 43% de la población mexiquense vive en condiciones de pobreza con aproximádamente 5 millones 293 mil mexiquenses que viven en situación de pobreza moderada. Especialmente doloroso resulta constatar que desde hace décadas, la población indígena en nuestro estado, otomíes en Temoaya, mazahuas en San Felipe del Progreso, matlazincas, nahuas y tlahuicas en distintas regiones viven en condiciones de pobreza alimentaria, vulnerabilidad estructural y marginación frente a una criminal inacción de administraciones estatales.
Para asombro e indignación de todos los mexiquenses, el gobierno estatal ha venido contando con presupuestos millonarios para establecer programas sociales, de infraestructura, capacitación y empleo que reduzcan la desigualdad y combatan la pobreza. Sin embargo, no es un secreto que el grupo en el poder ha preferido emplearlos para propósitos distintos, la mayoría de carácter político-electoral, dejando el peor legado de miseria en nuestra historia. Por ello, habrá que vigilar de cerca el desempeño del gobernador electo, exigirle que atienda esta problemática e impedir aún peores negligencias en este rubro.
