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Foto: la informacion.mx
En la historia de la migración laboral entre México y Estados Unidos, el Programa Bracero ocupa un lugar muy destacado. Se trató del programa de trabajadores agrícolas más importante entre ambos países mediante el cual, entre 1942 y 1964, prácticamente 5 millones de mexicanos trabajaron el campo en los Estados Unidos durante un periodo determinado. Durante ese tiempo, los braceros no sólo hicieron una contribución extraordinaria al desarrollo del agro estadounidense sino que enviaron remesas que les permitieron mejorar la calidad de vida de sus familias.
El programa, que desde entonces ya reconocía la existencia y pujanza de un mercado laboral binacional, contemplaba la retención, por parte del gobierno estadounidense, de alrededor del 10% del salario de los trabajadores mexicanos con el objetivo de conformar un fondo de ahorro para el retiro. De manera injustificada esos recursos, si bien fueron entregados al gobierno mexicano para que éste a su vez los entregara a los trabajadores al regresar a México, nunca llegaron a manos de quienes trabajaron tanto para obtenerlos. Después de una larga lucha para recuperarlos, en 2005 se creó el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos. A partir de entonces se asumió el reto, luego de la autorización respectiva de los recursos por parte del Congreso, de entregar un apoyo de 38 mil pesos a cada uno de las personas que participaron en el Programa Bracero así como a sus viudas o hijos en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido.
Entre 2006 y 2011 se hicieron los pagos a 85 mil ex braceros y sus familias. No obstante, restaban alrededor de 108 mil beneficiarios pendientes que exigían el pago de este monto y, por ende, de lo que por décadas el Estado mexicano se negó a reembolsar. Felizmente, hace algunos días el Presidente Felipe Calderón anunció que se cuenta con los recursos para saldar, en el curso de este año 2012, esta deuda histórica con todos ellos. De esta manera, a través de un pago en efectivo o de un depósito a una cuenta bancaria, todos los ex braceros que no recibían aún su dinero podrán contar con él de manera gratuita y sin gestión alguna de intermediación. Se trata de un acto de justicia elemental para honrar la palabra empeñada de esta administración, y del Congreso de la Unión en su conjunto.
Artículo publicado el pasado 10 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: oelnu.org
Este es precisamente el título de la campaña que ONUSIDA, con la colaboración de otras instituciones, ha lanzado para comunicar el ambicioso objetivo que aspira a reducir a cero los nuevos casos de infección por el VIH-SIDA, la discriminación así como las muertes relacionadas con esta pandemia. Se trata de un esfuerzo de difusión sin precedentes que, en el contexto del Día Mundial contra el VIH-SIDA, contribuirá enormemente al compromiso asumido por la comunidad internacional en junio pasado durante la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de la ONU. En aquel momento se recordó que en 2011 se cumplen 30 años del descubrimiento del SIDA y que, en ese lapso, esta pandemia se había cobrado alrededor de 25 millones de vidas y el sufrimiento de más de 60 millones de víctimas. Más aún se informó que, a diario, 7 mil personas se infectan con el virus de los cuales mil son niños. Peor aún, las deficiencias institucionales y la escasa financiación de programas en grandes regiones geográficas del planeta han hecho que por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraigan la infección. Con todo, el Informe presentado por el secretario general intitulado Unidos por el acceso universal: hacia el logro de cero nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA subraya la forma en que la tasa mundial de nuevos casos de infección disminuye, el acceso al tratamiento especializado aumenta y la manera en que, en general, el mundo ha venido haciendo progresos importantes en lo que se denomina la reducción de la transmisión materno-infantil. Y es precisamente de este diagnóstico de donde surge este compromiso político de gran envergadura para vencer al SIDA y concretamente para lograr, en 2015, el acceso universal a la prevención, el tratamiento, y la atención al VIH, uno de los elementos fundamentales de las Metas del Milenio.
En México esta declaración con compromisos claros a nivel global se ha convertido en un eje rector de nuestra política de salud. Si bien aún tenemos mucho por hacer, desde 2007 a la fecha México ha invertido prácticamente 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que viven con VIH/SIDA y carecen de seguridad social. Esto no sólo es muy superior a la media mundial sino que es superior a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, el número de pacientes que recibieron tratamiento especializado se incrementó exponencialmente al pasar de 20 mil en 2007 a prácticamente 50 mil en 2011. Pero si hay una asignatura pendiente en nuestro país en la prevención y combate al SIDA, ésta tiene que ver más bien con su dimensión estatal y local. El estado de México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos de VIH por su altísima tasa de incidencia. Y esto ha venido afectando especialmente a las comunidades más marginadas en algunos de sus municipios más deprimidos económicamente o bien los más poblados. Ya son más de 8 mil quinientos muertos en la entidad desde hace 24 años y la tasa de infección sigue presentando cifras escandalosas. Es hora de hacer conciencia sobre este hecho y emprender una cruzada contra el SIDA en el estado de México, especialmente en Netzahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Toluca. En definitiva, una campaña informativa de gran calado, en el contexto de estos esfuerzos globales puede hacer la diferencia. Pero se requiere también de un compromiso mayor para apoyar a las víctimas y respaldar la labor de trabajadores sociales, personal médico, y todos quienes día a día se enfrentan a la letalidad de esta monstruosa enfermedad. Avanzar hacia una generación sin VIH tiene que ser una prioridad de todos y esto exige un deber mayor para los estados que presentan el mayor atraso en la realización de este objetivo.
Artículo publicado el pasado 3 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
Foto: Ignacio González - GPPAN
El jueves pasado, en el emblemático Castillo de Chapultepec -donde se firmaron los célebres acuerdos de paz que dieron fin a doce años de guerra civil en El Salvador- tuvo lugar una reunión sin precedentes. Un grupo de legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y alrededor de 40 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos reunimos con el propósito de escuchar sus demandas e intercambiar puntos de vista sobre la agenda de cambios que el poeta Javier Sicilia ha venido exigiendo a los distintos actores políticos del país. Como era previsible, la reunión se apartó de los formatos habituales y consiguió convertirse, al igual que aquella reunión con el presidente Calderón y su gabinete hace algunas semanas, en un diálogo franco y abierto sobre los efectos de la violencia que azota a nuestro país.
Quienes participamos de este encuentro fuimos testigos del dolor, la indignación y la desesperanza que invade a las familias de las víctimas. Escuchamos testimonios y recibimos señalamientos críticos, la gran mayoría fundados, a las omisiones e insuficiencias de nuestra actividad legislativa en el contexto del combate contra el crimen organizado. Sus intervenciones nos hicieron recordar no sólo nuestro deber como legisladores y representantes populares sino que subrayaron lo mucho que podemos hacer para construir políticas de Estado que prevengan la violencia, atiendan a las víctimas y a sus deudos y favorezcan el camino hacia una reconciliación que resulta inaplazable. Se trata de crear instituciones, coadyuvar para limpiar otras de la corrupción, la ineficacia y la impunidad, convertirnos en garantes de los derechos de las víctimas, en promotores de la reconstrucción del tejido social en distintos puntos del país y, en suma, unirnos a este movimiento ciudadano no sin antes pedir perdón por no haber sido capaces de actuar con la agilidad y la diligencia que exigen los tiempos actuales. Como dijo alguien, ese día parece haber cambiado algo muy importante en el Congreso. Por primera vez en mucho tiempo no se escuchaba tan clara y fuerte la voz de la ciudadanía y no se sentía que el Congreso fuera realmente la casa de todos los mexicanos. Pero más allá de esto, la reunión logró resultados concretos y específicos. El primero fue una serie de compromisos concretos para discutir y aprobar, con urgencia y en el menor tiempo posible, un conjunto de iniciativas. La agenda legislativa incluye una reforma política que ponga el acento en mecanismos de democracia participativa y de rendición de cuentas, una ley de víctimas que establezca un fondo para su atención, la aprobación de una ley contra las desapariciones forzadas y de la denominada ley 5 de junio que cambie radicalmente los criterios con los que operan las guarderías y estancias infantiles. La participación del Poder Legislativo será también crucial para hacer posibles otros compromisos que incluyen la auditoría ciudadana de la policía federal y la creación de una Comisión de la verdad que ponga nombre y apellido a las víctimas, honre su memoria e investigue las circunstancias en que perdieron la vida.
De principio a fin fue una reunión extraordinaria. Un ejercicio democrático y una llamada de alerta para empatar las prioridades de nuestro oficio legislativo con las demandas más sentidas de la sociedad.
Artículo publicado el pasado 30 de julio en Milenio Diario, estado de México
La Militancia | Rodolfo Valtierra
Este 2010 se cumplen diez años de que el Partido Acción Nacional consiguió lo que entonces parecía imposible: resquebrajar el sistema de partido hegemónico y dar paso a un periodo de alternancia en la Presidencia de la República. Es conveniente hacer un alto en el camino y hacer un recuento, objetivo y generoso, de los logros y pendientes a manera de balance de la administración del ex presidente Vicente Fox y de lo que va de la administración del Presidente Felipe Calderón. Indudablemente partimos de la convicción de que nuestro país es un mejor lugar para vivir, un país menos corrupto, más eficaz, más transparente y con mejores oportunidades que hace 10 años. En efecto, esto es producto de las transformaciones políticas que iniciaron hace 13 años. Me refiero a 1997 cuando el entonces partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y cuando comenzó a fraguarse una transformación mayúscula en la geografía política del México contemporáneo.
La alternancia en el poder supuso inyectar un mayor dinamismo a la competencia electoral y establecer nuevos incentivos para que los gobernantes se empeñen en dar resultados ante el criterio de un electorado cada vez mayor informado. De entrada, este es un logro notable que cortó de tajo con la tradición autoritaria del partido que, independientemente del desempeño de sus gobiernos, sabía que de todas maneras se mantendría en el poder. Contra muchos pronósticos, la transición fue mayormente pacífica y terminó también con una triste condición de los cambios de gobierno durante el priato, las crisis sexenales. Y esta es probablemente una primera dimensión de cambio duradero y notable: la economía. Atrás quedaron las épocas de endeudamiento crónico, de arcas vacías, de crisis y devaluaciones que empobrecieron e hicieron perder o reducir su patrimonio a millones de mexicanos.
La incertidumbre sobre el futuro, la discrecionalidad con que se administraba la hacienda pública, la inflación de dos dígitos, la emisión de moneda bajo parámetros irresponsables, el aumento sistemático de las tasas de interés, etc. Todo ello quedó prácticamente en el pasado. La solidez de nuestras finanzas públicas, la autonomía de las autoridades monetarias -por la que nuestro partido trabajó intensamente bajo la última administración del PRI-, los múltiples controles para evitar un ejercicio irresponsable del gasto público, la disciplina fiscal, la acumulación de reservas internacionales y, en una palabra, la estabilidad económica de México son datos recientes que hoy tienden a darse por hecho. Sin embargo, se deben en buena medida a la política económica, responsable y eficaz, de los gobiernos panistas. Otras cifras como las que registran un aumento sostenido en el ingreso per capitade los mexicanos, una reducción importante en la pobreza extrema y una reducción notable tanto en la deuda interna como externa del país, complementan este esquema de logros económicos luego de diez años de gobiernos emanados del PAN.
En una segunda dimensión, de igual o mayor trascendencia, ubicamos avances sin precedentes en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el establecimiento de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio Profesional de Carrera transformó buena parte de las reglas con que la administración pública venía desempeñándose. Con todas sus insuficiencias y con las necesidades que aún necesitan ser cubiertas en este sentido, estas instituciones forman parte de un nuevo entramado con el que se combate con mayor eficacia a la corrupción, la opacidad, el patrimonialismo y los compadrazgos que habían venido lastimando la dignidad, el prestigio y la calidad de la función pública en nuestro país.
En materia social hay avances igual de significativos. En diez años, el presupuesto destinado a programas sociales creció en más del 70%. Millones de mexicanos han recibido crecientes apoyos en materia de alimentación, salud y educación bajo programas como Oportunidades. Gracias al programa de vivienda más ambicioso en nuestra historia reciente, más de 3 millones de familias consiguieron una vivienda propia. La creación del Seguro popular, la puesta en marcha de una nueva ley del ISSSTE, y el esfuerzo reciente por integrar todos los sistemas de salud bajo un esquema de cobertura universal es también muestra de estos cambios cualitativos en la política social. Por supuesto que los avances en materia de seguridad pública y combate a la impunidad son también evidentes.
No obstante, es honesto advertir que no todo son logros y que hace falta mucho por hacer en estos y otros rubros. Sin duda, un pendiente primordial es lanzar una amplia reforma educativa que remonte el atraso en el que se encuentra nuestra educación pública vis-à-vis la de países de desarrollo similar al nuestro. Es necesario enfrentar los monopolios, hacer mayores esfuerzos para combatir la pobreza extrema; invertir fuerte en los jóvenes; efectuar una reforma política que incentive la generación de acuerdos en el Congreso; insistir en mejorar el esquema para la competitividad de México; combatir la discriminación y avanzar hacia una cultura de protección integral a nuestros grupos vulnerables; construir más infraestructura, profundizar mucho más en la agenda social y poner en marcha una nueva reforma migratoria, entre otros pendientes.
Lo importante es que a diez años el balance es positivo y seguramente dará lugar a una amplia reflexión sobre la situación actual del país, sus necesidades más apremiantes y sobre las personalidades e institutos políticos a los que puede confiárseles estas tareas en el futuro inmediato.
Artículo publicado el pasado 27 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Informe de Resultados, ¡Pasión por Servir!
En mi calidad de Senadora de la República y junto al diputado local Gustavo Parra, el día de ayer tuve el honor de presentar mi Informe de Resultados por la labor legislativa realizada durante el primer año de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Este ejercicio tiene que ver directamente con el deber que todos los servidores públicos y representantes populares tenemos de informar debidamente a la población sobre el trabajo realizado. Sin embargo, implica también un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que contribuye a forjar un vínculo directo y de contacto permanente entre la ciudadanía y los legisladores.
En el caso del Estado de México, que represento en el Senado de la República, es urgente que se extienda esta práctica tan importante para combatir la opacidad, la corrupción y el abuso que, desafortunadamente, se registra en los distintos niveles de gobierno.
Por ello es también una oportunidad extraordinaria para divulgar información valiosa sobre los asuntos públicos en nuestra demarcación, y una ocasión espléndida para dotar a la ciudadanía de herramientas de juicio que les permitan tomar decisiones electorales informadas y responsables.
Los informes anuales, antes que un rito o ceremonia política a la vieja usanza, son momentos clave para establecer una amplia conversación con los distintos sectores de la sociedad mexiquense. Suponen la posibilidad de acercarse, dialogar, entender y comenzar a articular soluciones para los problemas que aquejan a los mexiquenses. Ese fue precisamente el ánimo que me llevó a reunirme, las últimas semanas, con miles de personas, grupos sociales, empresariales, culturales, académicos y religiosos.
La representación de los mexiquenses es, sin duda, una gran responsabilidad. Las necesidades de nuestra demarcación son a tal grado apremiantes que requieren de esfuerzos individuales y colectivos de gran envergadura. Como vecina, durante la mayor parte de mi vida, del municipio de Naucalpan, no soy de ninguna manera ajena a las necesidades de empleo, educación, salud, transporte de calidad, seguridad y desarrollo de nuestro municipio.
He procurado, con honestidad y sensibilidad, poner el acento en aquellas iniciativas que, ya sea desde el gobierno federal o desde el grupo parlamentario del PAN, han venido contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los mexiquenses en distintos rubros.
Con mucha satisfacción informé que gracias a una favorable interlocución con el gobierno federal, logramos que se aprobara el presupuesto más alto en la historia para el gobierno del estado y sus 125 municipios.
Con ello se facilitó no sólo un mayor acceso a la salud pública y de
calidad –por ejemplo con la construcción del hospital de alta especialidad Bicentenario en Tultitlán- sino una mejora sustancial del transporte público en la entidad con la construcción del Tren Suburbano Tlalnepantla-Cuautitlán, y de la seguridad pública municipal con un aumento importante en los subsidios para patrullas y policías. También, conseguimos la construcción del Túnel Emisor Oriente para evitar inundaciones, el desarrollo de nuevas vialidades metropolitanas y la puesta en marcha de una nueva red de estancias infantiles para las madres trabajadoras.
Por otro lado, trabajamos duro en el exhorto al gobierno del estado de México para eliminar el cobro del impuesto a la tenencia vehicular así como solicitar al Gobierno Federal aumentos importantes en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) para las familias afectadas por las devastadoras inundaciones que sufrimos hace algunos meses.
Hemos seguido de cerca la gestión del gobierno mexiquense y hemos sido críticos con las prioridades de gasto de la administración. En ese sentido, impulsamos diversas obras públicas de infraestructura como la edificación de más hospitales, la construcción y mantenimiento de nuevos emisores pluviales así como la creación y ampliación de rutas para el tren suburbano –concretamente extenderlas a las regiones de Huehuetoca, Amecameca y Tecámac, así como la creación de una nueva ruta Naucalpan- Toluca.
Desde luego, esto no es suficiente. Por ello me he propuesto seguir trabajando, en este nuevo periodo legislativo que comienza, a favor de los derechos de los grupos vulnerables en nuestro estado (adultos mayores, mujeres, niñas y niños), de la eliminación de los injustos cobros de peaje en vías públicas transitadas diariamente por cientos de miles de mexiquenses, por tarifas justas para estudiantes y adultos mayores, por penas más severas a los delincuentes y a los funcionarios públicos negligentes así como por una mejor utilización del presupuesto del estado. Continuaremos vigilando de cerca, por supuesto, la poco transparente gestión de la actual alcaldesa de Naucalpan.
Sin duda, es mucho lo que falta por hacer. Vivimos en un estado con bajos índices de desarrollo, salud y educación así como altos índices de pobreza, desempleo e inseguridad como resultado de gobiernos estatales y municipales deshonestos e ineficientes.
Por ello, es hora de sumar esfuerzos y multiplicar voluntades. De la mano de la administración del Presidente Felipe Calderón seguiremos trabajando por un país mejor y un estado de México más próspero y con mejores oportunidades de desarrollo para todos. En ese contexto, vale la pena analizar con seriedad, generosidad y patriotismo, una alianza electoral que, en 2011, traiga por fin la alternancia democrática al gobierno del estado.
Artículo publicado el pasado 28 de agosto en Milenio Diario, estado de México
La semana pasada el Senado de la República aprobó lo que puede llegar a ser, una vez que la Cámara de Diputados y la mayoría de las Legislaturas locales haga lo propio, una reforma histórica. En efecto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos representa una de esas transformaciones de gran calado cuya trascendencia abarca rubros fundamentales de la vida nacional. Después de un largo proceso de deliberación legislativa, esta reforma representa un avance conceptual gracias a la cual, por primera vez en nuestra historia, la protección de los derechos humanos se convierte en un eje rector de nuestra Carta Magna.
La sola inclusión del término, en el artículo primero de nuestra Constitución, da cuenta del nivel del compromiso que el Estado Mexicano está adquiriendo con los derechos humanos consagrados en los múltiples tratados internacionales de los que somos parte. Bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano tendrá la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se registren en el territorio nacional. Además, se plasma en la Constitución un catálogo de derechos que, bajo ninguna circunstancia, podrán restringirse ni suspenderse en caso de decretarse estado de excepción. Se trata de los derechos a la no discriminación, a la vida, la integridad personal, la protección de la familia, los derechos del niño, los derechos políticos, la libertad religiosa, de pensamiento y conciencia, entre muchos otros. Por primera vez, además, se establece de manera literal la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada de personas.
En consonancia con lo que la mayoría de las democracias del mundo han venido estableciendo en su respectiva legislación, la reforma dispone además de la creación de mecanismos que impedirán cualquier retroceso o involución en esta materia. De esta forma, se prohíbe la celebración de cualquier tratado o convenio internacional en virtud del cual se vulneren los derechos humanos, se establece el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos como principio normativo de nuestra política exterior y se establece la obligación de todo servidor público para responder a las recomendaciones que les hagan los organismos públicos de defensa de los derechos humanos.
En este sentido, la reforma también establece mecanismos para fortalecer y ampliar las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además de establecer que la elección de su titular se ajustará a un proceso transparente de consulta pública, se otorga a la CNDH la facultad para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad de investigación la llevará a cabo sin que ninguna autoridad pueda negarle la información que requiera. Desde luego, la propia Comisión podrá presentar las denuncias civiles o penales a que haya lugar ante la autoridad competente.
Más aún, la reforma estará transformando algunas disposiciones constitucionales que, por anacrónicas, era urgente modificar. Es el caso del artículo 33 mediante el cual nunca más un extranjero podrá ser expulsado del territorio nacional sin que se celebre antes un procedimiento administrativo que les reconozca plenamente los derechos humanos y las garantías individuales que la Constitución establece para todos.
La reforma también aborda uno de los temas más complejos en la promoción de los derechos humanos. Me refiero al imperativo de consolidar una cultura del respeto a los derechos humanos, asunto que comienza necesariamente por la educación. De ahí que la reforma establezca que la educación en nuestro país deberá incluir a los derechos humanos, a fin de que una nueva generación de mexicanos tenga un conocimiento básico sobre ellos.
En suma, los derechos humanos serán no sólo conceptos ante los cuales todos tenemos un compromiso abstracto. Con esta reforma constitucional, los derechos humanos serán derechos plenamente exigibles ante la autoridad y principios rectores del quehacer público. Serán obligaciones permanentes para el diseño e implementación de políticas públicas y un bagaje normativo que llevará a México a asumir este compromiso allende nuestras fronteras. Por ello, nunca más podrá argumentarse que el principio constitucional de no intervención impide o restringe el activismo internacional de México en materia de derechos humanos.
De acuerdo con organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la aprobación de estas reformas representa una base legal sólida para que los compromisos asumidos por el Estado a través de tratados internacionales se armonicen en nuestro derecho interno. Desde luego hace falta un esfuerzo complementario en esta dirección mismo que, gracias a la nueva Ley sobre celebración y aprobación de Tratados que el Senado aprobó esta semana, comenzará a hacerse de manera sistemática. Será necesario también hacer una armonización de los contenidos de la reforma en las constituciones locales de los Estados de la República para hacerlos plenamente ejecutables.
La aprobación de esta reforma es una demostración de que, en las condiciones actuales, es posible entrar a la discusión de los grandes temas nacionales. Además, es la demostración de que los temas centrales de la reforma del Estado suscita consensos mucho mayores de lo que imaginamos. El segundo tema es, sin duda, la reforma política sobre la que es necesario redoblar esfuerzos para su pronta aprobación.
Artículo publicado el pasado 17 de abril, en Milenio Diario stado de México
El pasado 7 de febrero, Costa Rica celebró una jornada electoral para elegir a sus autoridades presidenciales, provinciales y cantonales así como para renovar la Asamblea Legislativa. En una auténtica fiesta de la democracia, los comicios se desarrollaron en completa normalidad y prácticamente sin incidentes. Los votantes costarricenses dieron el triunfo, por abrumadora mayoría, a Laura Chinchilla, candidata del Partido Liberación Nacional, ex vicepresidenta y ex ministra de justicia del gobierno encabezado por el premio Nobel de la paz Oscar Arias. De hecho, según cifras oficiales, Chinchilla obtuvo 46.8% de los votos, poco menos del doble de votos que su más cercano contendiente Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana y reconocido líder de la izquierda en ese país. Con ello, y sin necesidad de una segunda vuelta electoral, Chinchilla se convirtió en la primera mujer electa para gobernar la nación centroamericana. En efecto, el próximo 8 de mayo, Laura Chinchilla tomará protesta y se unirá a la lista de jefas y ex jefas de Estado en nuestra región que hasta el momento incluye a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990), Mireya Moscoso en Panamá (1999), Michelle Bachelet en Chile (2005) y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007).
Sin embargo, no es del todo sorprendente que este trascendental paso para la participación política de las mujeres en América Latina se de en Costa Rica, la nación cuyo pacifismo y tradición democrática le han valido el sobrenombre de la “Suiza de América”. No es difícil entender porque se le califica así a este país, dado que el índice de analfabetismo es menor al 10% derivado de que desde 1948 Costa Rica decide abolir el ejercito e invertir ese presupuesto en educación; por si fuese poco son punteros en la preservación y respeto del medio ambiente acompañado de un orgullo e identidad nacional.
Costa Rica, como bien señaló María Emma Mejía, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, “durante 60 años ha tenido una transición de entrega de mando cada cuatro años”. Se dice fácil pero implica un profundo compromiso institucional y ético con la democracia que debería ser ejemplo para Latinoamérica, donde algunos países aún intentan contener los apetitos autoritarios de un grupo de líderes populistas. Los costarricenses hacen del las elecciones presidenciales una fiesta cívica, donde nadie se excluye.
Costa Rica, además, tiene una larga historia de participación femenina en la actividad política que hoy encuentra un hito en la elección de Chinchilla. A pesar de las resistencias comunes en nuestra región latinoamericana, el voto femenino fue aprobado en 1949 por la Asamblea Constituyente inmediatamente después de la Guerra Civil del 48. En 1953, tres diputadas fueron electas y en 1986 Rose Marie Karpinski se convirtió en la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. En distintos momentos desde 1994 y hasta 2006, el país ha tenido vicepresidentas como Grynspan, Fischel Vlio, Odio Benito, Saborío Chaverri y la propia Chinchilla. De acuerdo con un informe reciente del PNUD, Costa Rica es el tercer país latinoamericano con mayor participación femenina en el Congreso y uno de los que, en este contexto, han logrado mayor representación política de la mujer en distintos espacios de gobierno y administración pública.
La elección de Chinchilla es, además, significativa en la medida en que rompe con un esquema común de la participación de las mujeres en la política. Me refiero a que hay áreas de la administración pública, como la educación o la salud, que son tradicionales en el involucramiento de la mujer. Sin embargo, cada vez un mayor número de países han situado a mujeres a cargo de áreas donde su involucramiento ha sido muy bajo como, por ejemplo, defensa nacional, seguridad pública, relaciones exteriores, energía, justicia, entre otros. Esta es la denominada segunda generación en la participación política de la mujer que tiene en Chinchilla a un ejemplo emblemático. Hay que recordar que Laura Chinchilla fue viceministra (1994-1996) y mas tarde ministra de seguridad pública (1996-1998). Más tarde fue diputada en la Asamblea Nacional representando a la provincia de San José, para después integrarse al gobierno de Oscar Arias como ministra de Justicia y vicepresidenta antes de ser candidata presidencial.
Su elección representa también una oportunidad muy importante para fortalecer la relación con nuestro país. Sin duda, México y Costa Rica compartimos los valores de la democracia, los derechos humanos y la equidad de género, una convicción pacifista y de cooperación, así como la determinación para transformar nuestros países en auténticos estados de derecho. A partir de este relevo presidencial, esos pueden ser los cimientos para continuar edificando una relación bilateral aún más sólida y fructífera.
Artículo publicado el pasado 13 de febrero en Milenio Diario Estado de México
Uno de los capítulos más dolorosos en la historia contemporánea ha sido la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente seis millones de judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, a manos del régimen nazi y sus colaboradores. Además del funesto antisemitismo, la ideología nazi dio origen a una política de eliminación de todas las razas que, contrario a la raza aria, eran consideradas como inferiores o impuras. A las muertes judías, se unieron las de millones de integrantes de otros grupos étnicos, religiosos y políticos durante la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que aproximadamente cinco millones de gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra, fundamentalmente soviéticos, homosexuales, testigos de Jehová, polacos, rumanos, entre otros, fueron asesinados o murieron como consecuencia de las condiciones deplorables en que se les recluyó en numerosos campos de trabajo forzado y esclavitud.
Emb. Gilberto Bosques, "Un hombre de todos los tiempos" Museo Judío y del holocausto en México - Senado de la República - Abril 2009
Todos ellos fueron víctimas de actos atroces que evocan lo que hoy llamamos el Holocausto o la Shoah en su acepción hebraica. Ambas voces tienen un origen etimológico común: la noción de quemado o pasado por fuego en alusión a las cámaras de gas y los hornos crematorios donde los cadáveres eran incinerados. La crueldad y la barbarie con que esta política fue instrumentada sigue asombrando al mundo entero y dando origen a millares de obras históricas, literarias, pictóricas y cinematográficas intentando no sólo explicar esta tragedia sino refrescar la memoria a las nuevas generaciones para impedir un evento semejante. Y es que, como afirmaba el gran escritor judío italiano Primo Levi, “nuestro lenguaje no cuenta con suficientes palabras para expresar la ofensa que hemos recibido, es decir, la destrucción del hombre”.
En efecto, el genocidio judío mediante la denominada “solución final” ha dejado una huella imposible de borrar en la conciencia histórica de la humanidad. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas decidiera preservar el legado de los sobrevivientes del Holocausto mediante una conmemoración internacional que año tras año, el 27 de enero, recuerda la liberación en 1945 de Auschwitz- Birkenau, el campo de exterminio más emblemático del régimen nazi. Mediante la resolución 60/7 de noviembre de 2005, la Asamblea General de la ONU insta a los estados miembros a elaborar programas educativos “que inculquen a las futuras generaciones las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro” así como ayudar a “rechazar toda negación, ya sea parcial o total, del Holocausto como hecho histórico”. La resolución, adicionalmente, hace hincapié en aprovechar esta conmemoración para emitir un enérgico rechazo a todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia. De ahí que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, afirmara que el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es también “el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos”.
Por supuesto que ésta es una oportunidad muy importante para reafirmar la vigencia y pertinencia de las múltiples lecciones del Holocausto. En primer lugar, la necesidad de identificar y atajar de lleno las expresiones de odio, xenofobia e intolerancia que, de suyo, son incompatibles con las sociedades abiertas y democráticas a las que aspiramos al menos en el mundo occidental. En distintos puntos del planeta, hay líderes políticos irresponsables, populistas y extremistas que se arman de agendas y discursos políticos de animadversión hacia una raza, una religión, una etnia o un grupo social determinado. Es tarea de todos los regímenes democráticos detener este tipo de expresiones y hacer uso de la única intolerancia permisible, me refiero a la que se ejerce contra la intolerancia misma. La política del apaciguamiento probó su ineficacia y su ceguera cuando Neville Chamberlain toleró y dejo pasar la intervención alemana en la Guerra Civil española, la anexión nazi de Austria y otras graves violaciones al Tratado de Versalles.
En segundo lugar, la urgencia de extender los alcances de la justicia internacional y el respeto a los derechos humanos ahí donde aún hay rezagos severos en estas materias. Esto incluye prevenir e impedir nuevos genocidios como los que desafortunadamente se registraron, después del Holocausto, en Ruanda, Cambodia, Sudán, Burundi, Uganda, la ex Yugoslavia, entre otros. El Siglo de los Genocidios, dijo Bernard Bruneteau, refiriéndose al siglo XX, tuvo que ver con “la puesta en escena de un enemigo total y bárbaro, objeto así de todos los odios, representación alucinada de atrocidades” que originó “sucesos de violencia extrema y muerte en masa”. El siglo XXI puede llegar a ser, en cambio, el siglo de la justicia y la reconciliación para muchas de estas sociedades.
En este contexto, el Senado de la República tuvo el acierto de organizar, en el marco de la Conmemoración anual por las víctimas del Holocausto, un Homenaje al Schindler mexicano, don Gilberto Bosques Saldívar. Bosques, cónsul general de México en Francia de 1939 a 1942, quién auspició la salida a México de más de 40 mil perseguidos del nazismo. Son individuos excepcionales como el quienes nos recuerdan que, aún en las peores condiciones, hay espacio para el humanismo, la solidaridad y la fraternidad.
Artículo publicado el pasado 30 de enero en Milenio Diario del Estado de México
Foto: abogadogeneral.uady.mx
Pléyades de informes de distintas agencias y organismos internacionales señalan sistemáticamente los rezagos de la educación en México. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marca la pauta para identificar donde están los problemas de nuestro sistema escolar. Recientemente, esta organización ubicó a México en el primer lugar de desaprovechamiento del tiempo escolar en una comparación de los 23 miembros de la misma. Afirma que los maestros en nuestro país dedican 57 de los 200 días efectivos de clase, es decir, 345 horas anuales, a resolver conflictos, a disciplinarlos, a poner orden en el aula y a realizar trámites burocráticos.
De acuerdo con distintas estimaciones, datos y conclusiones de la OCDE en diversos estudios y análisis recientes, el gasto de México por estudiante en secundaria es también uno de los más bajos de entre los miembros de la organización (aproximadamente mil 656 dólares, lo cual es un cuarto de la media que asciende a 6 mil 560 dólares). Nuestro país registra también uno de los rendimientos más bajos en términos de educandos egresados de los distintos niveles escolares. Tan sólo alrededor del 25% de los mexicanos de entre 25 y 34 años de edad terminaron satisfactoriamente su secundaria mientras que en países como Noruega, Corea, Dinamarca o Japón el porcentaje va del 90 al 100%. La denominada eficiencia terminal no es mejor a nivel universitario. Aunque las inscripciones a las universidades aumentan año tras año, sólo 16% de los mexicanos entre 25 y 34 años terminaron satisfactoriamente sus estudios superiores.
Los problemas en materia de divulgación del conocimiento no son menores. De acuerdo con el pasado informe PISA de evaluación del nivel de formación de los estados integrantes de la OCDE, México se ubica en el último lugar, por detrás de países como Turquía y Grecía con apenas 410 puntos mientras que Finlandia se ubicó a la cabeza con 563 puntos seguida por Hong Kong, Canadá, Taiwán, Estonia y Japón. En consecuencia, entre estudiantes mexicanos y finlandeses de 15 años, primeros y últimos de la clasificación, hay 4 años enteros de formación escolar de diferencia. Además, de acuerdo con el informe en su edición 2007, 50% de los jóvenes de 15 años se ubicó en los niveles cero y uno –los más bajos evidentemente- en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura, áreas cruciales para tener éxito en sus estudios universitarios. De acuerdo con la evaluación, este porcentaje de jóvenes son incapaces incluso de resolver problemas elementales a nivel académico.
Este contexto de absoluto desastre educativo contrasta con la presencia del poderoso y millonario Sindicato de Trabajadores de la Educación. El SNTE aglutina al magisterio, lo moviliza y lo convierte en una herramienta electoral. Sin embargo, y frente a la ostentosa corrupción de algunos de sus dirigentes, no hace muchos esfuerzos para profesionalizarlo, para mejorar sustancialmente su precaria situación salarial y para transparentar sus procesos para ocupar nuevas plazas. La sección 22 del sindicato, disidente del Comité Ejecutivo del mismo, se ha convertido en un grupo que sistemáticamente se opone, a veces incluso por vías violentas, a cualquier mecanismo o reforma que pretenda terminar con las prerrogativas de las que gozan sus dirigentes y establecer formas meritocráticas y transparentes de ascenso y promoción del magisterio. Su oposición furibunda a la Alianza para la Calidad Educativa mantuvo a los niños oaxaqueños y morelenses sin clases durante meses y sus líderes jamás se ruborizaron por ello.
En definitiva, la reforma educativa deseable tendría que abordar todos los aspectos que resultan tabú en la negociación con las corporaciones gremiales. Sería deseable que abordara la necesidad de evaluar sistemáticamente a las escuelas y los maestros, que se ocupara de la formación científica y cívica, que revisara los contenidos, métodos y fórmulas para el aprendizaje, que eliminara la memorización como técnica de estudio e incorporara las vanguardias pedagógicas que en el mundo han probado su efectividad. Tendrían que destinarse más recursos a la educación y menos recursos a las burocracias sindicales, más recursos a la formación y actualización de los docentes y menos a su politización, más en la tecnología y menos en los recursos convencionales para la transmisión del conocimiento. Implicaría también un cambio de paradigma para modificar los esquemas de baja, retiro, sanciones, ascensos, ingresos y adscripciones de los docentes.
Pero sería, sobre todo, una transformación estructural que dejara atrás ese modelo educativo “anticuado, rígido, poco estimulante para profesores y estudiantes, centrado en la memorización, en el docente y el aula, no conducente a la interacción creativa entre educador y educando ni al desarrollo de habilidades y destrezas en este último” (IMCCO, Informe 2009).
Estoy segura de que miles de maestros en México, así como de actores políticos, económicos, sociales e intelectuales estarían dispuestos a contribuir para construir un nuevo sistema educativo. Es en el mejoramiento de la educación en donde los mexicanos necesitamos una inversión de capital económico y político urgente.
