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Este domingo tendrá lugar el balotaje o segunda vuelta electoral para elegir a quien encabezará el Poder Ejecutivo en Brasil durante los próximos cuatro años. Las elecciones generales, en primera vuelta, tuvieron lugar el pasado 3 de octubre. Ahí se eligieron a los gobernadores de los 26 estados brasileños, a 54 de los 81 miembros del Senado, a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y se realizó una primera votación para identificar a los candidatos punteros que continuarán en la competencia electoral hasta los comicios del domingo. Muchas son las lecciones de democracia que Brasil está dando al mundo y concretamente a América Latina.
En primer lugar, Brasil tiene una historia reciente de consolidación democrática sobre la que vale la pena profundizar. A finales de los años ochenta, cuando la dictadura militar entregó el poder a las primeras autoridades electas, comenzó a construirse en Brasil un nuevo entramado constitucional e institucional. No sin contratiempos, el nuevo régimen político comenzó a transformar el rostro, otrora autoritario del país sudamericano, en la que es hoy la segunda democracia más grande del hemisferio, tan solo después de Estados Unidos. Una demostración fehaciente de esta transformación, es el actual proceso electoral. Con un padrón de más de 130 millones de electores, Brasil cuenta con normas e instituciones electorales sólidas y altamente confiables. Cuenta con urnas electrónicas que reducen al mínimo la posibilidad de cometer errores en el conteo y que agilizan el recuento de papeletas al final del proceso. Todos estos elementos, aunados a la buena imagen que mantienen las instituciones electorales frente al grueso de la población, dieron certidumbre a un proceso ejemplar como el del pasado 3 de octubre. Supervisadas por 151 observadores extranjeros procedentes de 36 países y múltiples organismos internacionales, las elecciones fueron celebradas sin mayores contratiempos y en un clima de absoluta normalidad. No es poca cosa si se toma en cuenta la enorme extensión geográfica del país, las diferencias socioeconómicas y políticas entre sus cinco macrorregiones y la gran diversidad de partidos políticos competitivos que, en algunas demarcaciones, llegan a sumar entre veinte y veinticinco.
En segundo lugar, la segunda vuelta o balotaje es un mecanismo que merece ser considerado en nuestro sistema electoral. Se trata no sólo de una práctica institucionalizada en muchos países del mundo, incluidas algunas de las democracias más sólidas de nuestra región como Chile, Uruguay, Costa Rica y Brasil, sino una modalidad de elección que añade una dosis adicional de confianza a los comicios. El balotaje añade competitividad -cuando los candidatos saben que deben superar más de la mitad de los votos para no ir a segunda vuelta- pero, en caso de que esto no ocurra, obliga a que los electores tomen una decisión entre los candidatos punteros otorgándole al ganador un notable respaldo popular. Mediante la segunda vuelta se fortalece la legitimidad del funcionario electo y se genera una relación más estrecha entre el ciudadano y las autoridades electas robusteciendo la representación política. En efecto, ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos y por ello mañana contienden de nuevo Dilma Rousseff, del partido en el gobierno, y José Serra, de la oposición.
Por otro lado, y en tercer lugar, de acuerdo con una definición muy conocida, la democracia es certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Más allá de las encuestas y los sondeos de opinión, ninguno de los candidatos tiene asegurada la victoria. Tanto Serra como Rousseff buscan convencer a aquellos electores, principalmente a los casi 20 millones que votaron, en primera vuelta, por Marina Silva del Partido Verde, para que voten en su favor. Cabe señalar que al declararse Silva neutral en esta segunda contienda, los electores del tercer partido más votado podrán incidir y quizá determinar el resultado final de la elección. De ahí la importancia de las campañas y los debates. En una democracia como la brasileña, no hay nada para nadie, y los candidatos lo saben. Hasta el último momento, ambos siguen en campaña y la incertidumbre sobre los resultados solo se disipará hasta que el Tribunal Superior Electoral cuente el último voto.
La cuarta lección es también muy relevante. Se trata de la pertinencia y la validez de las alianzas electorales. Ambas candidaturas, tanto la de Serra como la de Rousseff están respaldadas por amplias coaliciones electorales (10 partidos la de Rousseff y 6 la de Serra) que incluyen tanto partidos nacionales como partidos locales. Las coaliciones en Brasil no sólo son legales sino que son especialmente pertinentes para evitar una atomización del voto en muchas regiones. Pero, más aún, suponen la posibilidad de arropar un programa político y una candidatura común que, una vez en el gobierno, se traducirá en un gobierno de coalición con representación política para todos los partidos participantes. En México, los enemigos de las alianzas podrían ver en Brasil el funcionamiento óptimo de esta legítima modalidad electoral que se replica en gran parte del planeta.
Finalmente, una última y muy importante lección. Ha sido durante este periodo de esplendor democrático, y no durante su pasado autoritario, que Brasil ha consolidado un estatus político y económico de potencia emergente, ocupando el octavo lugar entre las economías del mundo y construyendo un futuro cada vez más promisorio para su abundante población. En ese sentido, es Brasil también un magnífico ejemplo para instruir a todos quienes abanderan una regresión autoritaria como la vía para garantizar un mejor nivel de vida para la población.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Foto: notisistema.com
Hace algunos días arribó a Veracruz el Buque “Usumacinta” de la Armada de México con 250 haitianos a bordo quienes hoy se encuentran reunidos con sus familias residentes en nuestro país. Mediante la emisión de documentos migratorios, las autoridades mexicanas determinaron otorgarles el estatus de refugiados humanitarios a estos ciudadanos haitianos. Estas visas les permitieron no sólo abandonar su país después de la devastación acaecida con el terremoto de enero sino además comenzar a reconstruir en México su vida productiva, académica y familiar. Con este arribo, son ya 324 haitianos quienes podrán quedarse en México el tiempo que deseen sin necesidad de preocuparse por regularizar su situación migratoria. De hecho el Instituto Nacional de Migración determinó flexibilizar, en el caso de nuestros hermanos haitianos, los requisitos para la regularización de quienes ya se encontraban en México de manera indocumentada además de ordenar la suspensión de procesos de aseguramiento y repatriación de isleños en marcha. Desde hoy, estos ciudadanos haitianos tienen la oportunidad de rehacer sus vidas en México, de disfrutar de los servicios públicos y las oportunidades que ofrece el país y, al mismo tiempo, los mexicanos tenemos la oportunidad de recibirlos y de incorporarlos plenamente a nuestra sociedad.
Desde luego, esta importante decisión no puede desvincularse de una larga tradición histórica que en materia de refugio y asilo ha dado a México un prestigio internacional notable. Desde el siglo pasado, los mexicanos sabemos que el asilo y el refugio es un fenómeno positivo en donde ambas partes se benefician y en donde el país que los recibe se fortalece extraordinariamente. Asilo proviene del latín asilum y este vocablo a su vez del griego asulon que significa lugar inviolable en el que un perseguido consigue abrigo. Y eso es precisamente lo que México ha sido para miles de personas en la historia reciente.
Desde las primeras décadas del siglo XX, nuestro país acogió a miles de refugiados provenientes de países que ya fuera por conflictos bélicos o por hambrunas, por crisis económicas o por guerras civiles, necesitaban un nuevo país de residencia temporal o permanente. Con una política de brazos abiertos, el Gobierno y la sociedad mexicana recibieron un notable volumen de inmigración china, japonesa y rusa a principios de siglo. Posteriormente, vinieron oleadas muy importantes de inmigrantes europeos durante la Primera Guerra Mundial y en el periodo entre guerras de inmigración judía, libanesa, palestina y turca. Durante la segunda mitad de la década de los años treinta, llegarían alrededor de 25 mil españoles huyendo del franquismo. Entre ellos venían algunos de los más importantes intelectuales, científicos y académicos españoles quienes se incorporaron plenamente al desarrollo nacional. El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica son muestra de esta impronta intelectual y cultural tan relevante.
Durante la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la intervención de diplomáticos de la talla de Gilberto Bosques, recibimos una oleada de refugiados judíos, alemanes, austriacos, polacos, entre muchos otros perseguidos por el nazismo. Más tarde, durante los años sesenta y setenta, vinieron los refugiados brasileños, chilenos, argentinos y uruguayos quienes huían de los brutales regímenes militares en Sudamérica. En el caso chileno tuvo una muy destacada participación el Embajador Gonzalo Martínez Corbalá, gracias a cuya intervención cientos de chilenos pudieron salvar la vida luego del golpe militar de Pinochet. En los ochenta, fueron centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos a quienes recibimos durante las guerras civiles centroamericanas. Durante distintos momentos, sin embargo, México ha recibido a cubanos huyendo del régimen castrista, a coreanos, ciudadanos de las ex Repúblicas soviéticas y, por supuesto, a refugiados de otros países latinoamericanos como Colombia y Perú. Refugiados y asilados actualmente, provienen incluso de otros países como Eritrea, Etiopía, Irak, Marruecos, Myanmar, Congo, Somalia y Sri Lanka.
En materia de asilo político, la tradición de México se remonta igualmente a principios de siglo. Casos emblemáticos son, desde luego, el perseguido del estalinismo León Trostky, el escritor español Max Aub buscado por el franquismo, el político peruano Víctor Haya de la Torre acosado por la dictadura de Augusto Leguía, y desde luego todos quienes han vivido y viven actualmente en la Casa Refugio Citlaltépetl, escritores, periodistas y poetas de Irak, los Balcanes, el Cáucaso, África y el Medio Oriente.
Los refugiados y asilados en México gozan de las garantías que les otorga la ley y los Tratados Internacionales en la materia. Son hombres y mujeres de trabajo de cuya presencia en nuestro país nos beneficiamos todos. Los mexicanos no sólo toleramos la diversidad y las diferencias culturales sino que hemos aprendido a percibirlas con agrado, a admirarlas e incluso a hacerlas propias a través de nuestros amigos, familiares y colegas inmigrantes, refugiados y asilados.
No obstante, en esta materia también hay pendientes muy importantes. El más relevante tiene que ver con la urgente aprobación de una Ley sobre Refugio y Protección Complementaria a fin de fortalecer esta vocación histórica. En colaboración con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Congreso Mexicano está trabajando en el diseño de esta importante legislación. Mediante esta ley, México podrá incorporar todos los parámetros y las mejores prácticas internacionales en la materia además de establecer procesos de vanguardia para la aceptación y la integración de asilados y refugiados en nuestro país.
Artículo publicado el pasado 8 de mayo en Milenio Diario Edomex
Foto: lostiempos.com - Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo de Río
Los días 22 y 23 de febrero en Cancún, Quintana Roo, 25 jefes de Estado y de Gobierno participaron en la denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe del Grupo de Río convocada por el Gobierno Mexicano. Con varios objetivos en la agenda, la reunión se desahogó con razonable éxito. Nuestro país hizo entrega del Informe de la Secretaría Pro Tempore que ocupó al interior de este mecanismo de concertación y diálogo político -entregando a Chile la estafeta- y auspició una Declaración con importantes compromisos en distintos rubros de la cooperación política y económica de los países miembros. Más importante aún, estableció el compromiso de todos con la creación de la denominada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un nuevo mecanismo de integración y una nueva organización, que a diferencia de la OEA, no contará con la presencia de los Estados Unidos ni de Canadá. En principio, esta organización quedará formalmente constituida en julio de 2011 durante otra reunión donde se determinarán con claridad los mecanismos para su operación, nombre oficial y formato definitivo. Además, la Cumbre se comprometió a efectuar una donación para Haití y se emitió un documento que respalda a Argentina en su reclamo por un proceso apegado al derecho internacional para la determinación final de la situación de las denominadas Islas Malvinas cuya soberanía territorial y marítima actualmente disputa al Reino Unido. En suma, la Cumbre reportó beneficios indudables para México en su interlocución con América Latina y, desde luego, en la recuperación de una importante posición de liderazgo en la región. Además sentó un precedente muy importante para la integración latinoamericana.
En el desarrollo de la Cumbre, sin embargo, hubo un dato censurable. Me refiero a Honduras, país que no fue invitado. Todos sabemos que desde junio del año pasado Honduras ha sufrido terriblemente a causa de disrupciones significativas en su vida política y constitucional. En efecto, el golpe de Estado que terminó por destituir y expulsar del país al Presidente José Manuel Zelaya trajo como consecuencia un severo quebranto de la legalidad, la estabilidad y la paz. A pesar de los hercúleos esfuerzos de algunos países como Costa Rica, Estados Unidos, Brasil y México para acercar a las partes y superar el conflicto, mediante los denominados Acuerdos de San José, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti fue incapaz de imaginar una salida lo cual trajo consecuencias muy negativas para el país. La gran mayoría de los países del mundo retiraron a sus embajadores, impusieron sanciones económicas y políticas y, en consecuencia, colocaron los cimientos para lo que seria un aislamiento internacional que costó a Honduras un perjuicio económico cuantioso, su salida de la OEA y su marginación a nivel global. No obstante, luego de las elecciones celebradas en noviembre pasado, muchas cosas han cambiado en Honduras. Las elecciones se celebraron con total normalidad y transparencia; el presidente electo se comprometió con el cumplimiento de los Acuerdos de San José, con la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido en junio y finalmente con propiciar una salida digna para Zelaya. Ante ello, la comunidad internacional ha venido reaccionando positivamente con el objetivo de apoyar los procesos de reconciliación de la sociedad hondureña y de normalización de su situación política y constitucional. Es el caso de más de una veintena de países que han restablecido sus relaciones diplomáticas con Honduras. La propia OEA parece estar cercana a decidir su plena reincorporación al organismo y no son pocos los actores políticos que se han referido a la necesidad de dar fin a esta situación de anormalidad institucional.
Por su parte, México tiene a su alcance todo un bagaje doctrinario, histórico y constitucional para respaldar lo que puede ser la plena reinserción regional e internacional de este entrañable país hermano. En apego a la Doctrina Estrada -que supone el respeto al derecho de las naciones extranjeras para mantener o sustituir a sus autoridades sin participar en los penosos procesos de reconocimiento de gobiernos- y al derecho a la autodeterminación de los pueblos, nuestro país debería trabajar en la normalización de sus relaciones diplomáticas con Honduras. Adicionalmente, con apego a nuestros principios constitucionales de política exterior, debería abogar por la readmisión de Honduras a la OEA. Un paso fundamental en esta dirección habría sido su participación en la Cumbre del Grupo de Río. Paradójica y lamentablemente, la Cumbre de la Unidad cuya Declaración Final incluyó un compromiso para “intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la concertación política, nuestros principios y valores en consensos” excluyó a Honduras.
En memoria de Orlando Zapata Tamayo, prisionero por pensar distinto y por mantener posiciones políticas contrarias.
Artículo publicado el pasado 27 de febrero en Milenio Diario, Estado de México
El pasado 7 de febrero, Costa Rica celebró una jornada electoral para elegir a sus autoridades presidenciales, provinciales y cantonales así como para renovar la Asamblea Legislativa. En una auténtica fiesta de la democracia, los comicios se desarrollaron en completa normalidad y prácticamente sin incidentes. Los votantes costarricenses dieron el triunfo, por abrumadora mayoría, a Laura Chinchilla, candidata del Partido Liberación Nacional, ex vicepresidenta y ex ministra de justicia del gobierno encabezado por el premio Nobel de la paz Oscar Arias. De hecho, según cifras oficiales, Chinchilla obtuvo 46.8% de los votos, poco menos del doble de votos que su más cercano contendiente Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana y reconocido líder de la izquierda en ese país. Con ello, y sin necesidad de una segunda vuelta electoral, Chinchilla se convirtió en la primera mujer electa para gobernar la nación centroamericana. En efecto, el próximo 8 de mayo, Laura Chinchilla tomará protesta y se unirá a la lista de jefas y ex jefas de Estado en nuestra región que hasta el momento incluye a Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990), Mireya Moscoso en Panamá (1999), Michelle Bachelet en Chile (2005) y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007).
Sin embargo, no es del todo sorprendente que este trascendental paso para la participación política de las mujeres en América Latina se de en Costa Rica, la nación cuyo pacifismo y tradición democrática le han valido el sobrenombre de la “Suiza de América”. No es difícil entender porque se le califica así a este país, dado que el índice de analfabetismo es menor al 10% derivado de que desde 1948 Costa Rica decide abolir el ejercito e invertir ese presupuesto en educación; por si fuese poco son punteros en la preservación y respeto del medio ambiente acompañado de un orgullo e identidad nacional.
Costa Rica, como bien señaló María Emma Mejía, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, “durante 60 años ha tenido una transición de entrega de mando cada cuatro años”. Se dice fácil pero implica un profundo compromiso institucional y ético con la democracia que debería ser ejemplo para Latinoamérica, donde algunos países aún intentan contener los apetitos autoritarios de un grupo de líderes populistas. Los costarricenses hacen del las elecciones presidenciales una fiesta cívica, donde nadie se excluye.
Costa Rica, además, tiene una larga historia de participación femenina en la actividad política que hoy encuentra un hito en la elección de Chinchilla. A pesar de las resistencias comunes en nuestra región latinoamericana, el voto femenino fue aprobado en 1949 por la Asamblea Constituyente inmediatamente después de la Guerra Civil del 48. En 1953, tres diputadas fueron electas y en 1986 Rose Marie Karpinski se convirtió en la primera presidenta de la Asamblea Legislativa. En distintos momentos desde 1994 y hasta 2006, el país ha tenido vicepresidentas como Grynspan, Fischel Vlio, Odio Benito, Saborío Chaverri y la propia Chinchilla. De acuerdo con un informe reciente del PNUD, Costa Rica es el tercer país latinoamericano con mayor participación femenina en el Congreso y uno de los que, en este contexto, han logrado mayor representación política de la mujer en distintos espacios de gobierno y administración pública.
La elección de Chinchilla es, además, significativa en la medida en que rompe con un esquema común de la participación de las mujeres en la política. Me refiero a que hay áreas de la administración pública, como la educación o la salud, que son tradicionales en el involucramiento de la mujer. Sin embargo, cada vez un mayor número de países han situado a mujeres a cargo de áreas donde su involucramiento ha sido muy bajo como, por ejemplo, defensa nacional, seguridad pública, relaciones exteriores, energía, justicia, entre otros. Esta es la denominada segunda generación en la participación política de la mujer que tiene en Chinchilla a un ejemplo emblemático. Hay que recordar que Laura Chinchilla fue viceministra (1994-1996) y mas tarde ministra de seguridad pública (1996-1998). Más tarde fue diputada en la Asamblea Nacional representando a la provincia de San José, para después integrarse al gobierno de Oscar Arias como ministra de Justicia y vicepresidenta antes de ser candidata presidencial.
Su elección representa también una oportunidad muy importante para fortalecer la relación con nuestro país. Sin duda, México y Costa Rica compartimos los valores de la democracia, los derechos humanos y la equidad de género, una convicción pacifista y de cooperación, así como la determinación para transformar nuestros países en auténticos estados de derecho. A partir de este relevo presidencial, esos pueden ser los cimientos para continuar edificando una relación bilateral aún más sólida y fructífera.
Artículo publicado el pasado 13 de febrero en Milenio Diario Estado de México
En la recuperación de Haití ante una de las peores catástrofes en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe, la comunidad internacional ha adquirido un papel fundamental. Apenas fluían las noticias sobre la devastación de Puerto Príncipe y de buena parte del país caribeño, los principales organismos internacionales comenzaron a coordinar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción. Con un saldo de alrededor de 200 mil muertos, según estimaciones de la Comisión Europea, 2 millones de niños huérfanos, cientos de miles de heridos y millones de damnificados sin hogar, sin alimentos ni agua potable, el terremoto de Haití y sus secuelas se han convertido en una prioridad imperiosa para los esfuerzos de cooperación internacional. Ante el colapso casi total de la infraestructura pública de salud, seguridad, transporte, comunicaciones, energía y servicios públicos, la Organización de las Naciones Unidas y decenas de países movilizados en auxilio de Haití se han venido enfrentando a problemas logísticos sin precedentes. Sin embargo, bajo el liderazgo de la ONU, la Unión Europea y múltiples organismos no gubernamentales, la ayuda está llegando y los esfuerzos de reconstrucción están en marcha.
En este proceso, México ha venido haciendo una serie de contribuciones muy importantes. A partir de nuestra propia experiencia como mexicanos, quienes hemos vivido en carne propia los estragos de un terrible terremoto como el de 1985, y en virtud de nuestra vocación y compromiso históricos con la ayuda humanitaria internacional, hemos brindado una cooperación sin precedentes a este hermano y entrañable pueblo caribeño. Hasta el momento de escribir estas líneas, nuestro país ha enviado 10 aviones y un buque con suministros, ayuda humanitaria, equipos de rescate y 208 especialistas en distintas labores médicas, de protección civil y rescate. Además, el Presidente Calderón ordenó el envío de una contribución mexicana de aproximadamente 8 millones de dólares para apoyar la hercúlea labor que encabeza el Presidente René Préval.
Otra dimensión del esfuerzo de México tiene que ver con su participación en organismos multilaterales. Nuestro país auspició la celebración de la sesión especial del Consejo de Seguridad que emitió la resolución 1908 mediante la cual se decidió aumentar considerablemente el número de efectivos de la Misión de estabilización de Haití (MINUSTAH). Además, México sigue haciendo hincapié en la urgencia de adaptar la misión a las nuevas necesidades que emanan de esta nueva condición de emergencia. Más importante aún, contingentes mexicanos como los heroicos “Topos” han venido efectuando funciones de rescate – localizando a más de 16 personas con vida entre los escombros- trabajando en los refugios, brindando servicios de salud a miles de personas y apoyando el establecimiento de medidas epidemiológicas. Adicionalmente, se espera en breve, la partida del buque Papaloapan que llevará mil 200 toneladas de ayuda y dos helicópteros que serán utilizados para facilitar la descarga de dos mil kilos de carga en cada viaje. Esta ayuda ha sido recopilada de donaciones públicas y privadas que cientos de miles de personas, empresas y organizaciones solidariamente han enviado a distintos centros de acopio para las víctimas del terremoto. En Haití, día y noche trabajan incansablemente brigadistas de protección civil, múltiples elementos de la Policía Federal Preventiva, miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, elementos de la Armada de México y un sinnúmero de voluntarios. Desde luego, las funciones de rescate incluyen la identificación y la atención a los mexicanos en Haití. Concretamente las labores se han intensificado para ubicar a 58 de los 138 mexicanos que se estima estuvieron en Haití el pasado 12 de enero. Otro dato muy importante es que el Presidente Calderón ha girado instrucciones para seguir buscando nuevas formas de colaborar en la plena recuperación de Haití y, en ese sentido, se convocará una Cumbre Internacional que, bajo el título de Unidos por un Mejor Haití, coordine ulteriores esfuerzos para la asistencia a la isla.
En el interés de México está ayudar a Haití y brindarle todo el apoyo necesario para devolverle alivio, estabilidad y esperanza. Haití no sólo ha sufrido este terrible acontecimiento sísmico sino que, en el pasado, ha sido azotado por los huracanes, la inestabilidad política, la dictadura, el hambre y la corrupción. Es momento de lanzar una verdadera cruzada por la reconstrucción de este bello e importante país para el continente. Está en el interés del mundo entero impedir que el primer país de la región que obtuvo su independencia, el país pionero en la erradicación de la esclavitud, el lugar que vio nacer a Gérard Pierre-Charles, Yvonne Hakim-Rimpel, Emile Ollivier y tantos otros grandes intelectuales, se convierta en un auténtico Estado fallido.
Como parte fundamental de nuestra tercera frontera, la frontera que tenemos con el Caribe, Haití no debe ser relegado a un segundo plano en nuestra política exterior. En este sentido, los pasos que gobierno y sociedad hemos dado para volcarnos todos en auxilio solidario y fraterno a Haití, son muestra de una voluntad renovada para, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los haitianos, dejar atrás para siempre periodos de relativo abandono e indiferencia en nuestras relaciones.
Artículo publicado el pasado 23 de enero del 2010 en Milenio Diario, Estado de México
Foto:presidencia.gob.mx
Durante la pasada XXI Reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México, el presidente Felipe Calderón pidió a los más de cien representantes de México en adscripciones consulares y diplomáticas alrededor del mundo informar con veracidad sobre lo que ocurre en nuestro país y, con ello, contribuir al mejoramiento de la imagen de México en el exterior. Con sobrada razón, el Presidente instó a distinguir donde están las discrepancias políticas y donde el interés superior de la República al admitir que si bien “se vale disentir y se vale criticar, también se vale hablar bien de México”.
En respuesta a esta petición, el cuerpo diplomático mexicano ha decidido emprender una campaña global para revertir la imagen de violencia que nuestro país mantiene, por ejemplo, en los medios de comunicación y la opinión pública de algunos países. Se trata, afirmaron algunos miembros del Servicio Exterior Mexicano, de contextualizar la situación de nuestro país y de impedir que el sensacionalismo se apodere de la información que circula sobre México en Estados Unidos y algunos países europeos principalmente. “México” como afirmó nuestro embajador en España Jorge Zermeño, “es mucho más que noticias sobre inseguridad”.
Sin duda, la lucha contra el crimen organizado ha traído un reconocimiento mundial a la determinación del Presidente Calderón por no dar tregua al narcotráfico. Esto ha supuesto, sin embargo, que algunos medios de comunicación en el extranjero se sientan atraídos por este tema y reporten muy poco sobre otros. De ahí la importancia de ofrecer más elementos de análisis a la comunidad internacional a fin de que entienda cabalmente el momento por el que pasa nuestro país. Por supuesto que la situación es difícil y eso no puede ni debe pasar inadvertido en la prensa global. Pero lo que tampoco debe pasar inadvertido es la información que acredita el éxito de nuestra política contra el crimen organizado y el hecho de que, como afirmara el Secretario de Seguridad Pública, nuestro país cuenta con la capacidad tecnológica y humana para terminar de desmantelar las bandas criminales y los carteles de la droga. En ese terreno, los representantes de México en el exterior además podrían informar sobre los avances en la estrategia de seguridad del gobierno federal, sobre el número de detenciones, de extradiciones, de aseguramiento de drogas, dinero y armas, entre muchos otros factores que permitan distinguir una visión mucho más equilibrada sobre este tema.
Más importante aún, la información sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país puede también efectuar un cambio sustancial en términos de nuestra imagen en el exterior. Frente a las violaciones a los derechos humanos que aún se registran debe añadirse información valiosa sobre la situación institucional de México en la materia. En México, contamos con instituciones y con legislación suficientes para investigar y castigar abusos. Tenemos un Programa Nacional de Derechos Humanos y una Comisión Nacional que trabajan para que esto ocurra y para edificar una cultura generalizada de respeto y promoción de los derechos humanos. En palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, “una atmósfera de ejercicio pleno de la seguridad ciudadana es una atmósfera que permitirá también el ejercicio pleno de los derechos humanos”. Y eso también ha sigo marginalizado en buena parte de la información publicada en medios internacionales.
En general, 2009 fue un año excepcionalmente difícil en muchos terrenos incluido el de seguridad, el económico, el de salud y algunos otros. En todos estos frentes, nuestro país ha venido haciendo esfuerzos notables para hacerles frente y superarlos. Por eso, vale la pena sumarnos todos a esta convocatoria que ha lanzado el Presidente Calderón. Desde nuestras respectivas trincheras políticas o profesionales hay que comunicar con veracidad, especialmente en el extranjero, sobre todo lo que ocurre en nuestro país con una visión equilibrada y responsable, sin exageraciones ni tintes catastrofistas.
Al Gobierno por supuesto que toca hacer su parte. Lanzar una campaña de Diplomacia Pública que atraiga inversiones, turistas, empresarios, estudiantes, científicos y artistas. Informar con oportunidad y dar cuenta del fracaso rotundo de los pronósticos que a principios de 2009 hablaban de un Estado fallido. Seguir trabajando para ofrecer resultados sólidos y concretos en estos rubros.
Frente al Bicentenario de la Independencia a celebrarse en septiembre próximo, cambiar la imagen de México en el exterior es una tarea prioritaria pero es una tarea de todos los mexicanos.
P.D. Haití atraviesa por una tragedia sin precedentes. Nuestros hermanos haitianos necesitan toda nuestra ayuda y generosidad. No escatimemos en ayudar a este entrañable país y pueblo amigo durante lo que es quizá la peor desgracia en décadas. La Embajada de Haití en México que funciona como centro de acopio está en Presa San Martín 53, Colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, entre Cervantes Saavedra y Ejército Nacional en la Ciudad de México, teléfono: (0155) 5557 2065 y 5580 2487; o en el centro de acopio oficial más cercano a tu comunidad.
Artículo publicado el pasado 16 de enero en Milenio Diario, Estado de México
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
El próximo 17 de agosto, el Presidente Calderón hará una visita oficial a Brasil a fin de signar compromisos concretos en materia política, comercial, científica, cultural y educativa. Sin duda, la visita representa una gran oportunidad para enfatizar la necesidad de institucionalizar plenamente la relación bilateral y dejar atrás la indefinición, las rivalidades y los desencuentros que desafortunadamente han caracterizado históricamente a nuestras relaciones bilaterales.
Fotografía: www.todososfogos.blogspot.com
Desde 1862, cuando el primer embajador mexicano pisó Río de Janeiro, las relaciones entre México y Brasil no han estado exentas de fuertes desencuentros y rivalidades. Estos desencuentros tuvieron que ver, de acuerdo con Guillermo Palacios, con una cultura de hostilidad en las burocracias medias alimentadas por los disímbolos regímenes políticos de ambos países. El origen de esto pudo estar en las preferencias distintas de un país independiente en el siglo XIX, que se desangraba en la lucha entre conservadores y liberales decantándose por la construcción de una República, y un país que eligió la monarquía como forma de gobierno promoviéndola en todo el hemisferio hasta finales del siglo XIX.
Los desencuentros se agudizarían en el siglo XX con el advenimiento de la dictadura de Vargas en los años treinta y cuarenta y, más tarde, de las dictaduras militares de los sesenta y setenta. Sin embargo, ante los procesos paralelos de construcción de la democracia en ambos países a partir de los años ochenta, las posibilidades de encuentro son cada vez mayores y, en buena medida, urgentes.
Aunque la política exterior de ambos países también ha sido en buena medida distinta, hoy México y Brasil mantienen un importante liderazgo regional en Centro y Sudamérica respectivamente y aspiran a un liderazgo global que pueden y deben mantener sin considerarlo mutuamente excluyente. Las legítimas aspiraciones de México y Brasil ante posiciones internacionales de relevancia no puede ser impedimento y, más aún, debería ser un incentivo para construir un mejor diálogo e intercambio bilateral. Por extraño que parezca ese es precisamente el criterio de la opinión pública mexicana que, de acuerdo con la encuesta publicada por el CIDE sobre sus percepciones en materia de política exterior, concibe a Brasil más como un amigo (53%) que como un socio (30%) y prácticamente nunca como un rival (4%) de México.
Frente a mecanismos de diálogo y cooperación excluyentes como la Unión Sudamericana, el denominado G-3 –que Brasil formó con India y Sudáfrica-, entre otros, es necesario fortalecer mecanismos incluyentes a nivel hemisférico como el Grupo de Río –donde Brasil y México son actores protagónicos- y dar forma a proyectos que moldeen una agenda bilateral ambiciosa.
De ahí que se antoja indispensable la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con Brasil aún más ambicioso que los que ha firmado México con países como Argentina, Chile y, recientemente, Costa Rica. Esta Asociación Estratégica debería abordar una amplia agenda de cooperación y advertir que su implementación abrirá una nueva etapa de consultas expeditas sobre asuntos políticos, energéticos y multilaterales.
Solo así se honraría una relación comercial que fluye anualmente con volúmenes cercanos a los ocho mil millones de dólares, una multimillonaria inversión recíproca, un PIB combinado entre los dos países de más de 1.2 billones de dólares y, por supuesto, la responsabilidad mutua que compartimos con la estabilidad, el crecimiento, el bienestar y la integración en América Latina. La existencia de este mecanismo implicaría, además, entender cabalmente nuestras divergencias y ampliar las oportunidades de converger. México tiene que comprender la pertinencia del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y Brasil aceptar que el TLCAN no divide ni amenaza a América Latina.
En este contexto, y a partir de la creación en marzo de 2007 de la Comisión Binacional México – Brasil, deberían seguir anuncios similares para establecer mecanismos de diálogo y concertación entre ambos países en distintas materias. Sería relevante, por ejemplo, recuperar la relación parlamentaria a fin de celebrar a la brevedad la Segunda Reunión Interparlamentaria México – Brasil (la primera se celebró hace ya más de 5 años en febrero de 2004) y de alguna manera ciudadanizar lo que ha sido hasta el momento, casi exclusivamente, una relación diplomática mediante la creación de mecanismos específicos para la convergencia de empresarios, intelectuales, artistas, estudiantes, científicos, entre otros. Nuestra mutua participación en el denominado G5 justifica, además, mejores esfuerzos para ampliar nuestra cooperación energética, la generación de Centros Binacionales de Investigación y, por supuesto, un constante diálogo para fortalecer la postura de la región latinoamericana en foros internacionales en temas clave de la agenda multilateral como los financieros, agrícolas, energéticos y ambientales.
Artículo publicado el pasado 8 de agosto del 2009 en Milenio Diario EdoMéx
