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Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
El pasado 13 de enero, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se entrevistó con el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, en Washington para revisar los temas centrales de la relación bilateral y sostener un primer encuentro de intercambio de puntos de vista sobre los retos y desafíos comunes.
Barack Obama prometió abrir “un nuevo capítulo” en las relaciones con Latinoamérica durante su administración y advirtió que “estamos listos para pasar la página y escribir un nuevo capítulo en esta historia”.
Además de reconocer al presidente y al pueblo de México por la lucha que se libra contra el narcotráfico, se comprometió a hacer esfuerzos importantes para la reducción de la exportación ilegal de armas a nuestro país así como para cooperar de manera decidida en el establecimiento de un nuevo esquema de alianza estratégica en materia de seguridad a partir de la Iniciativa Mérida.
Igualmente se comprometió con el presidente Calderón a lograr una reforma migratoria integral, tratar a los inmigrantes con dignidad y revisar las redadas contra la población indocumentada por considerarlas inhumanas.
Adicionalmente, abordaron temas relativos a la competitividad de la región norteamericana, a la crisis financiera y otros asuntos de interés para la cooperación bilateral.
El Presidente de México fue recibido, además, en el Capitolio donde sostuvo reuniones privadas por separado con los liderazgos de las Cámaras de Senadores y de Representantes de Estados Unidos.
Así, el Presidente Calderón se convirtió en el primer jefe de Estado en entrevistarse con el presidente electo de Estados Unidos previo a su toma de protesta del pasado 20 de enero. Este hecho deja en claro el liderazgo de México a nivel regional y la prioridad que el nuevo gobierno estadounidense estaría otorgando a la agenda con nuestro país.
Como primer acercamiento con el presidente Obama y con los integrantes de la 111 Legislatura del Congreso estadounidense no fue de ninguna manera un acto rutinario de revisión de la agenda bilateral sino un ejercicio de gran relevancia para cambiar el rumbo de una relación que necesita ser más estrecha para enfrentar los desafíos comunes.
