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Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
- Foto: josecardenas.net | Los representantes de los países del G20 en Cannes, noviembre 2011
El día de ayer, nuestro país asumió la presidencia del Grupo de los 20, uno de los mecanismos de diálogo sobre cooperación económica y financiera más importantes entre países industrializados y emergentes. Se trata de un reconocimiento muy importante a nuestro país y al mismo tiempo un desafío que entraña una gran responsabilidad. Se trata del primer país latinoamericano, y al mismo tiempo, el primer país en desarrollo que presidirá este mecanismo desde su creación en 1999. Por lo tanto, se reconoce así también el peso y la relevancia que las economías latinoamericanas tienen en la esfera global y el liderazgo de nuestro país para representar a esta región del mundo. Pero más allá de todas estas consideraciones, hay un elemento que no puede pasar inadvertido. Ya hacía mención a él, hace algunos días, la Canciller Patricia Espinosa cuando argumentaba la manera en que México tiene autoridad moral para conducir los trabajos del G20 en un contexto de profunda crisis financiera internacional. Y es que nuestro país cuenta con las credenciales y la credibilidad suficientes, construidas a lo largo de poco más de una década de intachable disciplina financiera, para encabezar la acción concertada de las economías más poderosas del mundo contra la crisis de la deuda soberana en Europa y a favor de una reforma toral al sistema de supervisión y estabilidad financiera internacional.
Desde luego que la presidencia mexicana del G20 se ocupará, de entrada, de asuntos coyunturales relativos a la denominada guerra de divisas, el resurgimiento de ciertos apetitos proteccionistas en distintos países del mundo y del rescate global a la economía griega. Lo hará como un profundo conocedor de los efectos negativos que producen, por un lado, las crisis de confianza y certidumbre financiera y, por el otro, las recetas inflexibles que terminan lastimando aún más a la población más vulnerable. No obstante, se ocupará también de los grandes temas de la recuperación de la economía global. Y aquí resulta muy importante la reforma a las instituciones financieras internacionales a fin de dotarles de los instrumentos necesarios para evitar nuevos escenarios de crisis en el futuro. Este esfuerzo supone, además, seguir avanzando en la reforma de sus instancias de gobierno, con el objetivo de dar una mayor legitimidad y eficacia al trabajo de estas instituciones a través de una adecuada representación de las economías emergentes.
Son las economías emergentes como la de México las que, gracias a su buen desempeño económico en los últimos años, se han convertido en fuerzas dominantes sin cuya participación cualquier discusión global sobre desarrollo y estabilidad económica carece de relevancia. En este contexto, la presidencia de México constituye una gran oportunidad para introducir una agenda que retome los temas centrales que las economías emergentes han puesto históricamente en la mesa de negociaciones del G-20. Me refiero a la promoción del desarrollo desde una perspectiva que de prioridad a la seguridad alimentaria, la reducción de desigualdades sociales, el combate a la corrupción, la sustentabilidad ambiental y la proliferación de fuentes de energía renovables. Además, supone una gran oportunidad para demostrar el liderazgo que México ejerce sobre muchos de estos temas y desplegar la capacidad negociadora de nuestro país para acercar posiciones que aún hace falta conciliar con el fin de recuperar la estabilidad económica que, por malas decisiones de los países desarrollados, perdimos en 2008.
Artículo publicado el pasado 5 de noviembre en Milenio diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Aunque sea un lugar común, los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York constituyeron uno de esos eventos históricos que transformaron radicalmente la política internacional. Por un lado, y previsiblemente, la agenda apuntalada por los Estados Unidos priorizó la seguridad transnacional y el lanzamiento de una cruzada global contra el terrorismo por encima de cualquier otro tema. Por el otro, el gobierno del expresidente Bush encabezó un esfuerzo bélico sin precedentes que aún hoy está lejos de culminar del todo y que ha dejado una honda huella en la historia de las intervenciones militares de carácter unilateral. Aunque el presidente Obama dio un giro importante a ambas políticas a fin de reconciliarlas con aspectos cruciales de la tradición diplomática estadounidense como el énfasis multilateralista, la cooperación para la construcción de instituciones y el respeto al derecho internacional, los efectos del denominado 11-S han transformado, quizá para siempre, las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
Las relaciones con México, su principal socio latinoamericano, vecino y aliado en múltiples frentes, no fueron la excepción. Las implicaciones de estos cambios fueron, en un primer momento, negativas para las prioridades de México. En general, los temas de cooperación con nuestro país y aquellos de carácter exclusivamente norteamericano fueron relegados a un lugar secundario en su política exterior. Más aún, aspectos clave como el comercio y la migración sufrieron cierto retroceso ante las expectativas de entonces -la negociación de un posible acuerdo migratorio y un TLCAN plus- a causa de las restricciones obvias de una frontera que endurecía cada vez más sus controles. Por otro lado, el unilateralismo del expresidente Bush se topó de frente con el multilateralismo de la política exterior mexicana. No fueron pocas las voces que, en su momento, advirtieron de un desencuentro mayor en el Consejo de Seguridad de la ONU que, sin embargo, terminó solamente en un distanciamiento temporal.
No obstante hubo también efectos positivos para la relación bilateral que hoy resultan evidentes. En primer lugar, se institucionalizó una cooperación en materia de seguridad que no sólo ha hecho frente a las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico sino que ha conseguido expandirse para cooperar en materia de desastres naturales y pandemias. La idea de crear un perímetro de seguridad en América del Norte incluyendo a México y Canadá obligó a los tres países a diseñar estrategias regionales para enfrentar nuevos retos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Con todas sus limitaciones, proyectos como el de la Iniciativa Mérida han venido a fortalecer el principio de la responsabilidad compartida y la confianza mutua en la relación bilateral. Además se avanza lenta pero sistemáticamente para controlar el trasiego ilegal de armas a nuestro país. En segundo lugar, la agenda bilateral ya no disocia, como antaño, los temas del desarrollo del de la seguridad fronteriza. Para muestra baste repasar la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI de mayo de 2010. Sin embargo, hoy es indispensable voltear la mirada a la inmigración, un tema que aún menos puede disociarse del modelo de regionalismo abierto y complementariedad económica al que aspiramos en América del Norte.
Artículo publicado el pasado 10 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Si bien hay cierto margen de desacuerdo en la cifra exacta, aún las estimaciones más optimistas, generalmente de fuentes estadounidenses, señalan que al menos entre el 70 y el 80% de las armas que utiliza el crimen organizado para desafiar al Estado mexicano fueron adquiridas en armerías ubicadas en los Estados Unidos. Ante esta realidad, el gobierno mexicano ha venido reclamando al estadounidense asumir su responsabilidad e implementar las acciones necesarias para combatir este criminal trasiego que, en cierta medida, es responsable de los altos índices de violencia que se registran recientemente en distintas zonas de nuestro país. Si bien la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense permite comprar y portar armas bajo el principio de la protección personal, la legislación estadounidense prohíbe la exportación de armas a otro país donde estas estén prohibidas o sean de uso exclusivo del Ejército, tal y como sucede en México. Por ello, la sensación de que los Estados Unidos no hacen lo suficiente para combatir este flagelo continúa permeando en el grueso de la opinión pública en nuestro país. Sin embargo, esto podría estar comenzando a cambiar.
Una primera respuesta del gobierno estadounidense fue especialmente desafortunada. Mediante la denominada Operación Rápido y Furioso de la poderosa Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y explosivos (ATF), cuya existencia no fue comunicada al gobierno mexicano, se intentaba rastrear la compra y distribución de fusiles AK-47 a las bandas delincuenciales al sur de la frontera. Sin embargo, el escandaloso fracaso del operativo permitió a la delincuencia organizada en México la compra y distribución de más de mil 700 fusiles de este tipo. Tras este embarazoso capítulo, sin embargo, vino una segunda respuesta que, sin duda, representa un primer paso en la dirección correcta y quizá un parteaguas en la cooperación que ambos países estarán instrumentando en esta materia en el futuro cercano. Me refiero a la nueva regulación, recientemente anunciada por la administración del presidente Obama, que obligará a más de 8 mil armerías ubicadas en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, a reportar ventas múltiples de armas semiautomáticas de asalto a la misma persona en un lapso de cinco días.
La medida desde luego tiene múltiples limitaciones. No toca a los vendedores en las denominadas ferias de armas -en las que se conoce que los delincuentes o sus testaferros son clientes frecuentes- obliga solo a reportar sin limitar si quiera la venta misma de armas y no se orienta directamente a combatir el tráfico ilegal. Con todo, representa un cambio sustancial en la manera de entender este grave problema bilateral. De un asunto esencialmente doméstico comienza a identificarse como un asunto con hondas implicaciones internacionales. Si a este anuncio, añadimos la desarticulación de bandas binacionales de tráfico de armas, como la encabezada por el ex edil de Columbus, y el nuevo activismo de la ATF en sendas investigaciones sobre tráfico de armas a nuestro país, parece que por fin se entiende el daño que se ha generado con una política omisa ante el creciente problema de seguridad. Sin embargo aun falta una batalla importantísima: convencer a la opinión pública estadounidense de la bondad de estas medidas.
Artículo publicado el pasado 16 de julio en Milenio Diario, estado de México
Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
El martes pasado, como lo dicta la tradición desde el siglo XIX, los estadounidenses acudieron masivamente a las urnas para participar en las elecciones legislativas de medio mandato. Como se ha venido comentando en distintos espacios, toda elección intermedia supone intrínsecamente un referéndum a la gestión del partido gobernante y, en este caso, a la gestión individual del Presidente de la Unión Americana. En efecto, detrás de cada proceso comicial para la renovación total de la Cámara de Representantes, la renovación parcial -apenas de 37 escaños- del Senado y la elección de 38 gobernadores, varias legislaturas estatales y cuatro legislaturas territoriales puede identificarse, más allá de consideraciones locales y particulares, un voto de premio o castigo a la administración Obama. Como algunas encuestas y sondeos lo habían vaticinado, se registró un voto de castigo al presidente Obama y al partido demócrata lo suficientemente serio como para arrebatarles el control de la Cámara de Representantes y algunas gubernaturas y alcaldías de enorme importancia. Aunque los votos siguen contándose en ciertas demarcaciones, el saldo es abiertamente negativo para los demócratas.
Son múltiples las razones que seguramente incidieron en este resultado electoral. En primer lugar el deterioro económico que ha sufrido Estados Unidos en fechas recientes. El crecimiento económico fue menor a lo esperado el año pasado, el desempleo repuntó hasta alcanzar 9.6% (con más de 14 millones de estadounidenses sin empleo) y la incertidumbre financiera de una recuperación lenta y frágil generó una opinión negativa entre los expertos quienes hablan ya de una segunda recesión.
La crisis crediticia e hipotecaria -herencia de la catástrofe financiera global de 2008- contribuye a esta depresión económica frente a la que la administración estadounidense, según los electores, no ha hecho lo suficiente. Peor aún, la crisis económica provocó un cambio en los temas de prioridad electoral para la población. Si bien Obama fue electo, en buena medida, mediante un voto de castigo a la política exterior de Bush, hoy ese tema no preocupa a los estadounidenses tanto como la economía.
El resultado electoral puede leerse también como un producto de la decepción, obvia y esperada, de una personalidad como Barack Obama quien, en campaña, sembró esperanzas y expectativas desproporcionadas sobre su gestión. La idea del cambio movilizó a los electores quienes difícilmente quedarían satisfechos con verla traducida tan sólo en una reforma al sistema de salud y en una reforma financiera, por relevantes que éstas sean. Y aquí, en tercer lugar, vale la pena mencionar un asunto que compete directamente a los mexicanos. La oferta de reforma migratoria que el candidato Obama llevó a distintos estados de la Unión Americana con alta densidad migrante, ha quedado solamente en retórica durante su administración. No hace falta hacer un análisis más profundo para identificar que el voto hispano está decepcionado de ver cómo los políticos lucran electoralmente con ese tema sin estar dispuestos a asumirlo plenamente cuando ocupan posiciones de poder. El resultado fue una especie de cisma al interior del voto latino y una menor participación electoral en general. En Florida, por ejemplo, el voto hispano apoyó mayoritariamente victorias republicanas. Sin embargo, en muchos otros estados de la Unión Americana, el voto latino siguió respaldando a los demócratas ante el discurso antiinmigrante y xenófobo de grupos como el denominado Tea party. Tanto la republicana Susana Martínez, primera mujer hispana en conquistar la gubernatura de Nuevo México, como el republicano Brian Sandoval, primer latino en ocupar la gubernatura de Nevada, no fueron favorecidos por el voto latino paradójicamente porque ambos mantuvieron un discurso antiinmigrante.
Las implicaciones de este proceso electoral para nuestro país son múltiples, cubren distintos aspectos de nuestras relaciones bilaterales pero son cada vez más difíciles de predecir. Al menos, se pueden hacer tres conjeturas sobre lo que es plausible esperar. En principio, es claro que si antes de las elecciones intermedias, fue difícil lanzar un proceso de deliberación sobre una reforma migratoria, ahora será aún más complicado. El Presidente Obama tendrá que dialogar y negociar con el partido republicano un paquete de iniciativas de ley para la recuperación económica entre las que será improbable incluir una reforma migratoria. La nueva correlación de fuerzas en el Congreso -como lo ha venido advirtiendo el Embajador de México en ese país- no favorece impulsar el tema migratorio en la discusión política estadounidense. Por un lado, la prioridad la ocupará el tema económico y, por otro lado, líderes muy importantes del Partido Republicano como John McCain, otro impulsor de la agenda migratoria, han endurecido unas posturas que hoy se antojan inflexibles en esta materia.
En segundo lugar, parece que el triunfo republicano en la Cámara de Representantes y esta denominada “nueva ola conservadora” será de utilidad para resolver disputas comerciales importantes y avanzar en la agenda de integración comercial. Sin embargo, la disputa comercial actual con China y el deteriorado estado de la economía estadounidense, podría generar ciertas presiones proteccionistas desde el propio Partido Republicano. En tercer lugar, la cooperación estadounidense en esfuerzos bilaterales contra el crimen organizado podría fortalecerse así como también las políticas de control y seguridad fronteriza.
Claramente Obama perdió la oportunidad de impulsar, durante el primer periodo de su mandato, muchos temas de interés recíproco para México y Estados Unidos como la reforma migratoria. Sin embargo, como en toda democracia sólida las victorias y las derrotas son, con todo y sus causas e implicaciones, temporales y relativas.
Artículo publicado el pasado 6 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Ante la entrada en vigor, el pasado 29 de julio, de la denominada Ley Arizona o SB 1070, resulta sin lugar a dudas una buena noticia el bloqueo judicial contra la puesta en marcha de algunas de sus disposiciones más hostiles para la inmigración. En efecto, la juez Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Susan Bolton, en respuesta a la impugnación interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ordenó la suspensión de las partes más controversiales de la ley que criminalizan el status migratorio de los indocumentados. La juez suspendió, entre otras, las disposiciones que exigían a los inmigrantes a llevar consigo, en todo momento, la documentación que acreditaba su residencia legal así como aquellas que autorizaban a cualquier corporación policiaca a revisar la condición migratoria de las personas “sospechosas”, una facultad que está reservada a los agentes migratorios federales prácticamente de manera exclusiva.
Además, Bolton ordenó la suspensión de la disposición que convertía en delito que un inmigrante solicitara u obtuviera un empleo en espacios públicos, la que se refería a arrestos sin orden judicial de aquellas personas que policías estatales y locales consideran que son “deportables” y la que establecía fuertes castigos a los inmigrantes que no se registraran ante el Departamento de Seguridad Interna. En la suspensión, la magistrada refiere que al aplicar estas disposiciones se corren dos peligros muy importantes. En primer lugar una “posibilidad significativa de que los agentes arresten de manera errónea a inmigrantes ilegales” al juzgarles por su aspecto y por no portar sus documentos. En segundo lugar, una “presión distinta, inusual y extraordinaria sobre los residentes legales que sólo el gobierno federal tiene la autoridad de imponer”. Más aún, refirió que la libertad de las personas detenidas podría verse gravemente interferida durante el periodo en que se harían las comprobaciones correspondientes sobre su estatus migratorio. Por tanto, el fallo de la Juez Bolton es un respiro ante lo que parecía la puesta en marcha de una serie de medidas draconianas y xenófobas contra los mexicanos y la comunidad latina en su conjunto en el estado de Arizona.
No obstante que es un primer paso significativo en contra de este tipo de legislación, el bloqueo resulta insuficiente por varias razones. En primer lugar por su carácter eminentemente provisional. La decisión de la Juez Bolton fue, como se esperaba, objeto de una apelación por parte de Jan Brewer, la Gobernadora de Arizona, quien promulgó la ley. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones, con sede en San Francisco California, misma que podría respaldar o desdecir la decisión de Bolton.
Adicionalmente, se espera que pronto se den a conocer las fechas para el desahogo de al menos otras siete demandas interpuestas por distintas organizaciones en contra de la aplicación de la ley. Se espera, también, que se presenten recursos de apelación que podrían llevar todos estos litigios hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, proceso que podría llevar varios meses e incluso años hasta verse completamente culminado. En segundo lugar, resulta insuficiente en el sentido de que no hizo referencia explícita a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, asunto de fondo sobre el cual deberá pronunciarse en algún momento otra autoridad judicial. Esto, en definitiva, abrió la puerta para que la juez Bolton no objetara la puesta en marcha de disposiciones que, si bien no son las más controversiales, atentan igualmente contra los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y, eventualmente, contra la propia Constitución y múltiples Tratados Internacionales de los que los Estados Unidos de América es parte. Desde el jueves pasado, en virtud de las disposiciones de la Ley Arizona que la juez no objetó, es delito transportar o prestar refugio a un inmigrante indocumentado. También es un delito alentarlo a vivir en Arizona, contratarlo para prestar cualquier clase de servicio y auxiliarle en otros asuntos relacionados con el empleo. Además, la ausencia de un primer señalamiento con referencia a la inconstitucionalidad de la ley podría estimular o, al menos, no disuadir a otros estados de la Unión Americana a promulgar legislaciones similares. En definitiva, la juez Bolton no sólo debió referirse a la inconstitucionalidad de la ley sino que, adicionalmente, debió haber suspendido la ley completa y no sólo algunas de sus disposiciones.
Resulta también insuficiente ante una Gobernadora y unos alcaldes, como el de Phoenix, que no tienen empacho en declarar que esto es apenas “una piedra en el camino” y que las redadas continuarán. Para el tristemente famoso alguacil del condado de Maricopa- Joe Arpaio-, nada ha cambiado y seguramente se las arreglará para seguir deteniendo, con toda impunidad, a miles de inmigrantes –la mayoría mexicanos- que se encuentran en situación irregular en los Estados Unidos. Al calor de las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, estos personajes no cesarán en su esfuerzo por colocar el tema migratorio al centro del debate electoral con el único de fin de verse respaldados en las urnas por los sectores más conservadores del electorado. Peor aún, la administración del Presidente Obama parece demasiado cauta, utilizando un lenguaje demasiado diplomático y ataviada con un perfil público más bien bajo frente a este asunto cuando, en cambio, debería estar encabezando una cruzada para aprobar una reforma migratoria integral tal y como lo prometió desde su campaña.
No obstante, aún hay esperanza de que el destino de la Ley Arizona sea el mismo que el de la Ley 187 y otras iniciativas similares que han sido derrotadas en los Tribunales de la Unión Americana. En este proceso, el Gobierno Mexicano a través de los Consulados en Arizona tiene un papel muy importante que desempeñar. De cualquier forma, el daño está hecho y será difícil para la comunidad latina en Arizona –tan numerosa y provechosa para la economía y la sociedad estadounidense- recuperar la confianza y la tranquilidad en un estado donde abunda el miedo y la zozobra.
Artículo publicado el pasado 31 de julio en Milenio Diario, estado de México
En lo que podría ser la mayor calamidad ambiental en la historia reciente, el derrame petrolero del 20 de abril en el Golfo de México ha producido múltiples y graves efectos nocivos en distintos frentes. El hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, desde donde la British Petroleum y sus socios, Halliburton y Transocean, hacían maniobras de extracción y exploración altamente riesgosas, se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para la preservación del medio ambiente. Estimado en cerca de 30 millones de galones de petróleo, el derrame ha afectado severamente a la fauna marina y a las aves cuyo hábitat se ubica en una amplia zona geográfica de más de 74,100 kilómetros, incluidos más de 240 kilómetros de costa estadounidense.
Foto: jornada.unam.mx
Desde Louisiana hasta la Florida, los pantanos se han contaminado, las playas comienzan a registrar manchas de alquitrán y las amplias reservas vegetales y animales, incluida la reserva de corales y manglares de los Cayos, la tercera más extensa del mundo, se encuentran en peligro literalmente letal. Ya sea por el crudo derramado o por los químicos dispersantes empleados para combatir su expansión en el océano, más de 600 especies animales -incluidos anfibios, aves, mamíferos y reptiles- están en severa amenaza de extinción. Además distintas especies de flora subtropical podrían simplemente desaparecer y múltiples cañones subterráneos -desde donde se origina la cadena alimentaria de la fauna marina- podrían intoxicarse gravemente.
Estos efectos podrían extenderse incluso a México y Cuba. Ante el inminente comienzo de la temporada de lluvias y huracanes, ambos países ya se preparan para monitorear una posible contaminación de sus flujos marítimos. En efecto, de acuerdo con estimaciones de distintos expertos las consecuencias del derrame son tan graves que podrían durar años, quizá décadas. De entrada, la empresa British Petroleum ha anunciado esta misma semana que el costo financiero del derrame alcanzaría cerca de mil millones de dólares. Esta estimación, sin embargo, parte sólo de las pérdidas por el crudo derramado sin cuantificar el daño a las industrias turísticas, comerciales y pesqueras en las playas y puertos afectados así como el costo total de las operaciones de contención, limpieza y restauración. Esa cifra, en cambio, llega a los 14 mil millones de dólares, según diversos analistas. Desde luego a esos costos habría que agregar la estrepitosa caída de las acciones de la British Petroleum que, a su vez, han derivado en daños importantes a otros sectores financieros y productivos en nuestro hemisferio.
Pero aún, el derrame podría tener consecuencias funestas para la salud de las comunidades locales y los trabajadores -pescadores, comerciantes, entre otros- que viven y hacen actividades de todo tipo en zonas costeras. El petróleo se evapora en el aire y crea un vapor que, al ser inhalado, tiene consecuencias fatales en forma de graves enfermedades respiratorias y toda clase de consecuencias tóxicas e irritantes para la población en general. Se trata, sin duda, de la peor marea negra en la historia de Estados Unidos no sólo por la extensión afectada sino por lo que ha sido una larga y, hasta el momento, infructuosa búsqueda por detenerla. Es además una historia de negligencia -la compañía desestimó tres alertas sobre la catástrofe- y de vacíos legales que podría dar lugar a un giro radical en la regulación de las industrias petroleras para hacerlas plenamente responsables, incluso penalmente, por daños de esta naturaleza y profundidad. No hay que olvidar que 11 trabajadores murieron a causa de una explosión que, según expertos, podría haberse evitado con mayores medidas de seguridad para la industria de la perforación mar adentro.
Los efectos políticos del derrame, por tanto, no son menores. British Petroleum, antes conocida como Anglo-Iranian Oil, es para muchos expertos, una de las cinco empresas más poderosas en los Estados Unidos. La empresa destina muchos recursos para influir en la discusión política en ese país y despliega un lobby que frecuentemente ha sido citado como uno de los más efectivos en la historia de esta actividad de los grupos de interés. Sin embargo, más allá de los pagos por las indemnizaciones correspondientes, la administración del presidente Obama ha mostrado una gran determinación para castigar a los responsables incluso mediante un eventual proceso penal derivado de las investigaciones de la Comisión Investigadora que se estableció con ese fin. Otra prioridad para el presidente Obama ha sido garantizar la transparencia los planes de limpieza a fin de informar, con veracidad y oportunidad, sobre las acciones implementadas por una empresa que ha sido duramente criticada por ser fundamentalmente opaca ante la opinión pública.
Finalmente, el derrame pone de manifiesto la necesidad urgente de generar fuentes alternativas de energía que, a diferencia del petróleo, son ecológicamente sustentables y renovables. De ahí que la administración del presidente Obama podría comenzar pronto su próxima batalla legislativa: una ley de energía y medio ambiente que podría llevar a Estados Unidos de regreso al grupo de países que, como el nuestro, quiere hacer un fuerte compromiso con la preservación del equilibrio ecológico.
Artículo publicado el pasado 5 de junio en Milenio Diario, estado de México
Como era de esperarse, luego del altísimo nivel de las expectativas que generó su campaña, los resultados que hasta el momento arroja el primer año de la administración del Presidente estadounidense son, en el mejor de los casos, modestos. En efecto, el presidente Barack Obama ha puesto en marcha un proceso de reformas en distintas áreas del quehacer público que, no exento de tropiezos, no parece generar el consenso necesario para avanzar. Es el caso de la reforma al sistema de salud pública actualmente en impasse. Evidentemente no ha sido fácil enfrentar las múltiples resistencias en este renglón y en otros que, como en el de la regulación financiera o la energía, se han volcado en contra de las propuestas presidenciales. Las presiones de lobbies extraordinariamente poderosos no sólo han puesto obstáculos para el desahogo legislativo de estos temas sino que han hecho también un contrapeso mediático muy importante a la notable presencia y popularidad que el presidente Obama venía manteniendo ante la opinión pública estadounidense. Peor aún, el triunfo del republicano Scott Brown en el escaño que durante prácticamente medio siglo ocupó el extinto senador Ted Kennedy y, por ende, el final de la “supermayoría” de sesenta votos que tenía el Partido Demócrata en el Senado, ha sido un duro golpe para la administración Obama y sus principales proyectos legislativos. Con una popularidad de alrededor del 50%, comparado con más del 70% que alcanzó a registrar durante los primeros días de su administración, Barack Obama necesita un nuevo impulso y probablemente una nueva estrategia para afrontar muchos de estos desafíos. Esto es especialmente urgente ante las próximas elecciones legislativas en otoño de 2010.
Este panorama de claroscuros es esencialmente el mismo en materia de política exterior. De entrada, sus esfuerzos por dar un golpe de timón con respecto al unilateralismo de la administración Bush fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Frente al mundo musulmán instrumentó una nueva política de entendimiento y reconciliación, dio marcha atrás al escudo antimisiles que planeaba instalar en la República Checa y empezó un largo proceso, aún inconcluso, para cerrar la cárcel de Guantánamo. Recientemente, el presidente Obama encabezó un esfuerzo sin precedente por asegurar la estabilidad de Haití, promover un flujo intenso de ayuda humanitaria hacia la isla y coordinar los esfuerzos de reconstrucción del país caribeño.
Foto:www.wikimedia.org - Barack Obama, premio Nobel de la Paz 2009
Sin embargo, se le reprocha aún su incapacidad para poner fin a la guerra de Irak y recientemente, con la decisión de aumentar los efectivos en Afganistán, para dar fin a esta costosa y azarosa empresa militar de los Estados Unidos. Se le reprocha también la poco comprometida actuación estadounidense durante la Cumbre de Copenhague, su política de apaciguamiento hacia autócratas connotados como Gaddafi o Chávez además de, en cierta medida, minusvalorar las relaciones transatlánticas con la Unión Europea al cancelar su asistencia a una importante reunión cumbre prevista para celebrarse en mayo próximo en Madrid. Corea del Norte, Irán y en general los temas relativos a la desnuclearización no han merecido de la administración estadounidense grandes y nuevas definiciones como se prometió durante la campaña electoral. Por si fuera poco, el primer discurso sobre el Estado de la Unión centró su atención en asuntos domésticos y dejó de lado la política exterior.
En efecto, como ya un gran número de analistas han venido apuntando, el periodo de gracia entre el presidente estadounidense y la opinión pública internacional ha terminado. Me temo que esto también es cierto para el caso de la relación con México. Hace apenas unos días se informó que el Presidente Obama, quien se había comprometido por conseguir una reforma migratoria integral, envió al Congreso un proyecto presupuestal en sentido inverso. La petición incluye 200 millones de dólares más para la identificación y deportación a indocumentados, 27 millones de dólares más para el programa E-Verify mediante el cual el gobierno monitorea el estatus legal de los trabajadores contratados por las empresas, un aumento sustancial para completar el primer tramo del muro virtual entre México y Estados Unidos, otros aumentos para fondos administrados por la Patrulla Fronteriza y una reducción importante a los fondos de la Iniciativa Mérida. En tiempos de crisis económica y obligado recorte presupuestal para afrontar un creciente déficit fiscal, ante el compromiso de echar a andar una reforma migratoria y estrechar las relaciones con México en materia de seguridad, el presidente ha decidido gastar precisamente en los rubros que obstaculizan estos objetivos. No hay que olvidar que el presidente Obama también se había comprometido a terminar con las redadas y con la política de criminalización de los migrantes indocumentados. En caso de prosperar, estas iniciativas contrarias a los derechos humanos, al espíritu de buena vecindad y responsabilidad compartida, echarán por tierra cualquier expectativa sobre el futuro de nuestra cooperación. De ahí el Punto de acuerdo que presenté el miercoles pasado ante el pleno del Senado de la República para exhortar al Ejecutivo Federal a manifestar al Gobierno de los Estados Unidos un extrañamiento ante este desconcertante proyecto antiinmigrante.
Artículo publicado el pasado 6 de febrero en Milenio Diario, Estado de México
Un efecto especialmente nocivo para el desarrollo de México y, particularmente, para el mejoramiento del nivel de vida de los más pobres, es la reducción en el envío de remesas internacionales. Por causa de la crisis económica, y particularmente del desempleo y la desaceleración productiva en los Estados Unidos, el envío de remesas a nivel global se ha reducido considerablemente y México no es la excepción. Tan sólo durante el segundo trimestre de 2008, el envío de remesas de mexicanos en el extranjero a sus familias se redujo un 18%. Peor aún, el número de hogares que se beneficiaban de esos envíos disminuyó, aproximadamente, un 14.8% según un reciente informe del Banco BBVA con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. De acuerdo con estas cifras, en el periodo que comprendió de 2006 a 2008, más de 275 mil familias a nivel nacional y concretamente 225 mil en poblaciones rurales, dejaron de contar con esta importantísima fuente de ingresos. Con base en estos resultados, y bajo el entendido de que para una alta proporción de este segmento poblacional las remesas eran prácticamente su único o principal ingreso, es evidente que la pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio aumentará considerablemente.
Peor aún, aunado a la disminución de remesas que envían nuestros connacionales desde la Unión Americana, la crisis ha provocado que incluso familias mexicanas, especialmente en estados como Michoacán, Zacatecas y el Estado de México, envíen dinero a sus familias en Estados Unidos. Y es que la crisis económica en Estados Unidos ha lastimado especialmente al sector donde cada vez más migrantes ofrecen servicios: la construcción.
Tan sólo en el Estado de México, de enero a mayo del 2009, las remesas sumaron 750 millones de dólares, 100 millones de dólares (11%) menos que en el mismo periodo del año pasado.
Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, mucho se puede hacer desde los gobiernos y la iniciativa privada para reducir el impacto que tiene la crisis sobre la disminución de las remesas. Para ello menciona, entre otras medidas, la exigencia a los bancos para que reduzcan sus comisiones y para que no trasladen el costo de las transferencias sobre los migrantes, focalizar las medidas anticrisis al mejoramiento del ingreso de los hogares más pobres así como evitar nuevas restricciones migratorias. Pero, mucho más importante todavía, afirma que es indispensable incentivar inversiones productivas en comunidades expulsoras de migrantes.
En los Estados Unidos, distintas instancias de origen mexicano están haciendo un esfuerzo importante en este sentido. Destaca el reciente anuncio del consulado de México en Chicago de una nueva estrategia de promoción de las remesas denominado “Directo a México”. Este proyecto tiene la finalidad de identificar “circuitos migratorios” como el existente en el corredor Chicago-Michoacán-Jalisco-Guanajuato en donde en breve se pondrá en marcha una alianza entre instituciones bancarias, cajas de ahorro y uniones de crédito para un envío seguro y económico de dinero a nuestro país. La importancia de este programa tiene que ver con que fue una creación de los bancos centrales de México y Estados Unidos quienes, conscientes de la necesidad de reducir los costos de los envíos, consiguieron reducir la comisión a su mínimo: tres dólares por envíos de hasta cinco mil dólares.
Foto: ciudadania-express.com
Y es que con crisis económica o sin ella, una condición estructural de las economías mexicana y estadounidense es la complementariedad en materia de mano de obra y capital por lo que seguirá habiendo migración. Además, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, los mexicanos están demostrando tener capacidad de adaptación a la crisis y están compensando su reducción de ingresos trabajando más o incursionando en otros sectores donde existen más oportunidades para emplearse.
De ahí lo importante que será dar puntual seguimiento a la discusión que, el presidente estadounidense Barack Obama ha anunciado ya, se dará en el Congreso estadounidense a principios del próximo año con respecto a una reforma migratoria. Tocará a la política exterior mexicana y sus funcionarios responsables redoblar esfuerzos para hacer ver la mutua conveniencia de esta trascendental reforma.
Artículo publicado el pasado 19 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, Estado de México
