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Hace un par de semanas un estudiante del Instituto Politécnico Nacional me hizo una entrevista en línea que me gustaría compartir a los blogueros y estudiantes universitarios de carreras afines a las Relaciones Internacionales. Creo que las preguntas planteadas por Eduardo Meneses pueden ser de muchos universitarios. Desde luego ustedes tienen la última opinión y palabra.
Sin mayor preámbulo les dejo la entrevista:
“Mi nombre es Eduardo Meneses estudiante del 6to semestre de la Lic. en Negocios Internacionales en el IPN y quisiera ver la posibilidad de hacerle un pequeño cuestionario de 5 preguntas para un proyecto escolar.
El trabajo que estamos realizando es acerca de cómo la Cámara se pone de acuerdo que es lo que toma en cuenta para un nuevo tratado internacional”
Estimado Eduardo.
Valoro mucho que te hayas acercado a conversar.
Te contesto mi opinión a tus preguntas:
1.Cuales son los medios que la cámara toma en cuenta para la celebración de un tratado internacional?
El Senado de la República tiene facultades constitucionales respecto a la aprobación de los Tratados que el Poder Ejecutivo celebra con sus homólogos de otros países. Por tanto, en principio, su rol más importante tiene que ver precisamente con aprobar los mismos. No obstante, de acuerdo con una reforma constitucional al artículo 76 que entró en vigor el 12 de febrero de 2007. El Senado tiene también facultades para aprobar las decisiones a las que llegue el Ejecutivo Federal con respecto a terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
En ambos casos, el Senado cuenta con asesoría técnica de parte de las Comisiones a las que se turnan los Tratados Internacionales, o cualquiera de estas acciones posteriores a su aprobación, con el fin de evaluar la pertinencia de los mismos no sólo bajo consideraciones estrictamente jurídicas sino en relación directa con el interés nacional, los principios normativos de nuestra política exterior y en general con los beneficios que se espera obtener en distintos rubros. De acuerdo con el artículo 238 del Reglamento del Senado las comisiones cuidan, en cada caso, el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales.
2. Cuales son las comisiones que se encargan para el dictamen final de un tratado internacional?
Normalmente, la Mesa Directiva del Senado turna a una o más Comisiones los Tratados Internacionales que remite el Ejecutivo. Actualmente hay 59 Comisiones Ordinarias. En general, es a partir de los temas que aborda cada Tratado como se decide el turno a la o las Comisiones respectivas. Por ejemplo, el reciente Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos entre México y Estados Unidos fue turnado, por obvias razones, a las Comisiones de Energía y Relaciones Exteriores, América del Norte.
3. Cual es el protocolo que da seguimiento dicha cámara para la aprobación de un tratado internacional?
Las Comisiones sesionan, deliberan y aprueban un dictamen a favor o en contra de la aprobación de ese Tratado. Ese dictamen, que debe ser firmado por la mayoría simple de los integrantes de cada Comisión, pasa a discutirse al pleno del Senado donde también requiere mayoría para su aprobación.
4. Determine si los factores sociales son impedimento para que el estado celebre dichos tratados.
Todas las posibles implicaciones, negativas y positivas de un Tratado, se examinan durante la deliberación respectiva de un Tratado Internacional.
5. Cuales fueron los acuerdos de manera internacional que se llevaron en la cumbre del G20 en relación a tratados internacionales?
El G-20 es un foro de consultas y cooperación que se reúne anualmente en Cumbres de Jefes de Estado y con mayor regularidad a nivel ministerial. Será hasta la próxima Cumbre que se celebrará en Los Cabos, México. en junio próximo cuando sabremos con certeza a que acuerdos llegaron los jefes de Estado de los países miembros.
09 de marzo de 2012 | Sen. Adriana González Carrillo
Gráfico: canada.informationplanet.com
Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.
No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/
En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.
Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México
Foto: http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/relextamericanorte | Foto Oficial de XVIII Interparlamentaria México-Canadá
Este lunes arrancan, en Ottawa, los trabajos de la XVIII Reunión Interparlamentaria México – Canadá. Se trata de una oportunidad extraordinaria para compartir puntos de vista sobre la manera de relanzar una relación que desde 2009 ha enfrentado algunas dificultades. Desde que en julio de 2009 se estableció el requisito de visa a los mexicanos que viajan a Canadá, las relaciones bilaterales se han afectado sensiblemente. Lo que solía ser una relación de cooperación modelo en términos de su profundidad y madurez, se convirtió en poco tiempo en una relación distante y plagada de obstáculos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante de ambos gobiernos, de las sociedades de ambos países y también de nuestros respectivos Poderes Legislativos para reconceptualizar muchos de nuestros problemas y comunicar la importancia de colocar nuestra relación al nivel de su verdadero potencial. En este esfuerzo se enmarca precisamente esta Reunión Interparlamentaria que se da, además, en un contexto peculiar. Se trata de la primera Reunión que legisladores de ambos países sostenemos después de una transformación radical de la configuración política de ese país luego de las elecciones de principios de año. El gobierno conservador salió fortalecido, al igual que una nueva fuerza política de pensamiento socialdemócrata, y se verificó un cambio generacional sin precedentes. Después de mucho tiempo, la Cámara de los Comunes tiene un nuevo speaker –Andrew Scheer del Partido Conservador- y en definitiva corresponde al Congreso Mexicano acercarse a los nuevos tomadores de decisiones y sensibilizarlos sobre la importancia de construir juntos una agenda de trabajo.
Esta renovación de la Cámara de los Comunes –el Senado no tiene propiamente una representación electa- supone una ocasión perfecta para sensibilizar a los nuevos legisladores canadienses sobre la importancia económica y política relativa de México no sólo para Canadá sino para la región entera. Mencionaría por lo menos tres botones de muestra. En primer lugar, tenemos un espacio potencial de enorme cooperación bilateral en los temas de inmigración y movilidad laboral. Nuestra misión es convencerlos de la complementariedad de nuestros mercados de trabajo y, por lo tanto, de la necesidad de invertir fuerte en capital humano para potenciar la competitividad de América del Norte. Por ello es necesario insistir no sólo en comenzar a eliminar ese visado -que afecta además el turismo, los negocios y otros intercambios recíprocos-, sino en ampliar el programa de trabajadores temporales e incluso generar nuevos programas de movilidad laboral y educativa entre ambos países. En segundo lugar pondremos sobre la mesa la necesidad de mejorar nuestros mecanismos de cooperación contra el crimen organizado. Nos preocupa especialmente una iniciativa que busca en Canadá eliminar su registro de armas y que eventualmente podría desatar operaciones de tráfico ilegal como las que actualmente enfrentamos armerías estadounidenses. Sin dejar de reconocer la jurisdicción y la soberanía canadiense para regular estos temas los legisladores mexicanos les haremos saber de las implicaciones negativas, que una legislación de esta naturaleza, podrían acarrear para la construcción de un marco de seguridad regional norteamericana. Desde luego que hay muchos otros temas que estaremos abordando con ellos y que van desde la protección de los derechos humanos hasta la sustentabilidad ambiental. Pero todos ellos se articularán bajo un denominador común. Y es que la Delegación Mexicana encabezada por el Senador José González Morfín, planteará los problemas pero también ofrecerá las soluciones a nuestros desafíos compartidos. Lo hará bajo posiciones de Estado que reflejen el interés nacional y que deriven en compromisos sólidos y duraredos para el bienestar de ambas sociedades.
Artículo publicado el pasado 19 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
Aunque sea un lugar común, los ataques del 11 de septiembre de 2001 que derribaron las Torres Gemelas de Nueva York constituyeron uno de esos eventos históricos que transformaron radicalmente la política internacional. Por un lado, y previsiblemente, la agenda apuntalada por los Estados Unidos priorizó la seguridad transnacional y el lanzamiento de una cruzada global contra el terrorismo por encima de cualquier otro tema. Por el otro, el gobierno del expresidente Bush encabezó un esfuerzo bélico sin precedentes que aún hoy está lejos de culminar del todo y que ha dejado una honda huella en la historia de las intervenciones militares de carácter unilateral. Aunque el presidente Obama dio un giro importante a ambas políticas a fin de reconciliarlas con aspectos cruciales de la tradición diplomática estadounidense como el énfasis multilateralista, la cooperación para la construcción de instituciones y el respeto al derecho internacional, los efectos del denominado 11-S han transformado, quizá para siempre, las relaciones de Estados Unidos con el mundo.
Las relaciones con México, su principal socio latinoamericano, vecino y aliado en múltiples frentes, no fueron la excepción. Las implicaciones de estos cambios fueron, en un primer momento, negativas para las prioridades de México. En general, los temas de cooperación con nuestro país y aquellos de carácter exclusivamente norteamericano fueron relegados a un lugar secundario en su política exterior. Más aún, aspectos clave como el comercio y la migración sufrieron cierto retroceso ante las expectativas de entonces -la negociación de un posible acuerdo migratorio y un TLCAN plus- a causa de las restricciones obvias de una frontera que endurecía cada vez más sus controles. Por otro lado, el unilateralismo del expresidente Bush se topó de frente con el multilateralismo de la política exterior mexicana. No fueron pocas las voces que, en su momento, advirtieron de un desencuentro mayor en el Consejo de Seguridad de la ONU que, sin embargo, terminó solamente en un distanciamiento temporal.
No obstante hubo también efectos positivos para la relación bilateral que hoy resultan evidentes. En primer lugar, se institucionalizó una cooperación en materia de seguridad que no sólo ha hecho frente a las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico sino que ha conseguido expandirse para cooperar en materia de desastres naturales y pandemias. La idea de crear un perímetro de seguridad en América del Norte incluyendo a México y Canadá obligó a los tres países a diseñar estrategias regionales para enfrentar nuevos retos transnacionales como el lavado de dinero y el tráfico de personas. Con todas sus limitaciones, proyectos como el de la Iniciativa Mérida han venido a fortalecer el principio de la responsabilidad compartida y la confianza mutua en la relación bilateral. Además se avanza lenta pero sistemáticamente para controlar el trasiego ilegal de armas a nuestro país. En segundo lugar, la agenda bilateral ya no disocia, como antaño, los temas del desarrollo del de la seguridad fronteriza. Para muestra baste repasar la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI de mayo de 2010. Sin embargo, hoy es indispensable voltear la mirada a la inmigración, un tema que aún menos puede disociarse del modelo de regionalismo abierto y complementariedad económica al que aspiramos en América del Norte.
Artículo publicado el pasado 10 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Ante el inmovilismo del Congreso Federal y la administración del presidente Obama en materia migratoria los estados de la Unión Americana han comenzado, al menos a partir del 2010, a tomar decisiones importantes para presionar al Capitolio. De acuerdo con datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, los Congresos locales han alcanzado un récord histórico de iniciativas en materia de inmigración en lo que va del 2011. Hasta junio pasado, alrededor de 1582 iniciativas fueron presentadas y de ellas emanaron aproximadamente 40 nuevos instrumentos legislativos.
En este contexto, se distinguen claramente dos modelos antagónicos y estrechamente vinculados a dos leyes emblemáticas. El primer modelo recupera las ideas centrales de la denominada Dream Act que permite a estudiantes indocumentados pedir ayuda financiera al Estado y eventualmente regularizar su situación migratoria. Aprobada ya por el Senado de California y sólo en espera de la promulgación por parte del gobernador Jerry Brown, parece que podría servir de inspiración para lo que se denominan iniciativas copy-cat en otros estados como Maryland y Connecticut. El segundo modelo reproduce, y por momentos radicaliza, el contenido de la denominada Ley Arizona (SB 1070) que la gobernadora Jan Brewer promulgó en ese estado fronterizo -el quinto con mayor número de inmigrantes indocumentados en ese país- en julio de 2010. Se trata de una ley xenófoba que criminaliza a la inmigración indocumentada, abre la puerta a numerosos abusos en la detención arbitraria de inmigrantes y prohíbe su contratación en distintas modalidades laborales. Los estados de Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Alabama y, en cierta medida, el de Utah, han aprobado ya legislación similar y aunque sus contenidos se encuentran impugnados en Cortes Federales, ya inspiran toda clase de acciones que abrevan de esta atmósfera poco favorable a la inmigración.
En Arizona, por ejemplo, hay problemas severos para hacer valer los derechos esenciales de los trabajadores indocumentados. Hay connacionales detenidos a quienes, por su situación migratoria, se les niega el pago de sus salarios. Otros a quienes se les contrata por salarios inferiores al mínimo o a quienes se les exige trabajar horas extra sin obtener la remuneración correspondiente. Ante ello, en el contexto de la Semana de los Derechos Laborales y el Día del Trabajo en ese país, los cinco Consulados mexicanos en Arizona (Tucson, Phoenix, Yuma, Douglas y Nogales) firmaron hace algunos días un Memorándum de Entendimiento con el Departamento del Trabajo estadounidense. Se trata de un documento pionero para defender los derechos de los trabajadores indocumentados y enviar un mensaje contundente de respaldo a nuestros connacionales que sufren esta actual oleada de leyes, políticas, decisiones y actitudes antiinmigrantes en ese y otros estados de la Unión Americana. Es precisamente este contexto el que exige extender este tipo de instrumentos a otras demarcaciones donde la situación es igualmente crítica y donde es preciso también elevar una severa denuncia contra el odio, los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad inmigrante. Es además parte también de un recordatorio respetuoso, pertinente y enérgico sobre la potestad y jurisdicción federal, y no local, de la política migratoria estadounidense.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Si bien hay cierto margen de desacuerdo en la cifra exacta, aún las estimaciones más optimistas, generalmente de fuentes estadounidenses, señalan que al menos entre el 70 y el 80% de las armas que utiliza el crimen organizado para desafiar al Estado mexicano fueron adquiridas en armerías ubicadas en los Estados Unidos. Ante esta realidad, el gobierno mexicano ha venido reclamando al estadounidense asumir su responsabilidad e implementar las acciones necesarias para combatir este criminal trasiego que, en cierta medida, es responsable de los altos índices de violencia que se registran recientemente en distintas zonas de nuestro país. Si bien la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense permite comprar y portar armas bajo el principio de la protección personal, la legislación estadounidense prohíbe la exportación de armas a otro país donde estas estén prohibidas o sean de uso exclusivo del Ejército, tal y como sucede en México. Por ello, la sensación de que los Estados Unidos no hacen lo suficiente para combatir este flagelo continúa permeando en el grueso de la opinión pública en nuestro país. Sin embargo, esto podría estar comenzando a cambiar.
Una primera respuesta del gobierno estadounidense fue especialmente desafortunada. Mediante la denominada Operación Rápido y Furioso de la poderosa Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y explosivos (ATF), cuya existencia no fue comunicada al gobierno mexicano, se intentaba rastrear la compra y distribución de fusiles AK-47 a las bandas delincuenciales al sur de la frontera. Sin embargo, el escandaloso fracaso del operativo permitió a la delincuencia organizada en México la compra y distribución de más de mil 700 fusiles de este tipo. Tras este embarazoso capítulo, sin embargo, vino una segunda respuesta que, sin duda, representa un primer paso en la dirección correcta y quizá un parteaguas en la cooperación que ambos países estarán instrumentando en esta materia en el futuro cercano. Me refiero a la nueva regulación, recientemente anunciada por la administración del presidente Obama, que obligará a más de 8 mil armerías ubicadas en los estados de Texas, California, Arizona y Nuevo México, a reportar ventas múltiples de armas semiautomáticas de asalto a la misma persona en un lapso de cinco días.
La medida desde luego tiene múltiples limitaciones. No toca a los vendedores en las denominadas ferias de armas -en las que se conoce que los delincuentes o sus testaferros son clientes frecuentes- obliga solo a reportar sin limitar si quiera la venta misma de armas y no se orienta directamente a combatir el tráfico ilegal. Con todo, representa un cambio sustancial en la manera de entender este grave problema bilateral. De un asunto esencialmente doméstico comienza a identificarse como un asunto con hondas implicaciones internacionales. Si a este anuncio, añadimos la desarticulación de bandas binacionales de tráfico de armas, como la encabezada por el ex edil de Columbus, y el nuevo activismo de la ATF en sendas investigaciones sobre tráfico de armas a nuestro país, parece que por fin se entiende el daño que se ha generado con una política omisa ante el creciente problema de seguridad. Sin embargo aun falta una batalla importantísima: convencer a la opinión pública estadounidense de la bondad de estas medidas.
Artículo publicado el pasado 16 de julio en Milenio Diario, estado de México
Foto: noticiashoy.net
La noche del pasado jueves 7 de julio, las autoridades del estado de Texas, en la Unión Americana, desoyeron las múltiples peticiones que tanto el gobierno de México, como el de Estados Unidos, países amigos como Brazil, Suiza y Honduras, así como organismos internacionales hicieran para frenar la ejecución de Humberto Leal mediante la denominada inyección letal. El caso de Leal, junto con otros 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, fue materia de una larga controversia ante la Corte Internacional de Justicia por lo que México alegó fue la violación de sus derechos consulares que los Estados Unidos están obligados a cumplir como signatarios de la Convención de Viena. Este Tratado establece el derecho a la notificación consular como una piedra angular en la defensa de cualquier extranjero detenido y eventualmente implicado en un crimen. Mediante esa notificación oportuna, las autoridades mexicanas están en posibilidad de brindar asesoría legal y de ofrecer otros apoyos invaluables para la defensa del inculpado. Sin prejuzgar sobre si eran o no culpables, y sin pronunciarse sobre la inhumanidad de la pena de muerte, nuestro País exigió el cumplimiento de las normas del debido proceso. En consecuencia, la Corte Internacional emitió un fallo a favor de México y ordenó a los Estados Unidos hacer lo necesario para ponderar el daño que esta falta de notificación consular había tenido sobre sentencias que, eventualmente, podrían conmutarse. Algunas de ellas, en efecto, se han conmutado ya. Sin embargo el gobierno de Texas se ha negado a dar cumplimiento a esta orden que compromete internacionalmente a todo el país. En 2008, la Corte de Apelaciones de Texas negó a José Ernesto Medellín la revisión del caso y de manera inexplicable este mismo criterio fue respaldado por la Suprema Corte de ese país que manifestó que para que la Convención y el fallo fueran ejecutables en el derecho interno se necesitaba de una legislación específica.
Medellín fue ejecutado y de alguna manera todos imaginábamos que, a pesar del daño ya inflingido, habría oportunidad y tiempo suficiente para que el Congreso aprobara esta legislación. A 3 años de la ejecución de Medellín, sin embargo, parece que estamos aún lejos de una solución integral a este conflicto. En primer lugar, los Estados Unidos parecen determinados al incumplimiento crónico a todo lo que tiene que ver con derechos consulares. No sólo decidieron abandonar, en marzo de 2005, el Protocolo Opcional a la Convención de Viena mediante el cual el país se obliga a sujetarse a la jurisdicción y a los fallos de la Corte de la Haya sino que ahora tampoco parece existir la voluntad para aprobar la legislación que pidió la Suprema Corte. En segundo lugar, se ha vuelto políticamente rentable para el gobernador de Texas, quien aspira a la Presidencia estadounidense, y eventualmente para otros, el desafiar al derecho internacional y adoptar una actitud envalentonada y de “mano dura”. En ambos casos, los Estados Unidos enfrentan un proceso, quizá irreversible, de desprestigio internacional por su dudoso compromiso con los derechos consulares. Corren además el riesgo de verse impedidos moral y jurídicamente a invocar estos mismos derechos para sus connacionales detenidos en el extranjero. Más aún, envían una señal negativa a México con múltiples y nocivas implicaciones para la salud de nuestras relaciones bilaterales.
Artículo publicado el pasado 7 de julio en Milenio Diario, estado de México
"Se estima que en los Estados Unidos existen más de un millón 200 mil inmigrantes mexiquenses" | eluniversal.com.mx
A prácticamente a un mes que comience el retorno temporal de migrantes que vuelven a nuestro país para pasar las fiestas navideñas y de año nuevo en compañía de su familia, un trágico fenómeno se asoma apenas ante la opinión pública mexiquense. Se trata de la migración infantil que este año adquiere una proporción preocupante en nuestra entidad.
En el contexto global y nacional, el tema no es necesariamente nuevo. Desde por lo menos hace cinco años, se cuenta con diagnósticos serios que dan cuenta de un repunte global en los flujos migratorios de menores de edad y con reportes que identifican a este grupo en una situación altamente vulnerable. Solos o acompañados, niños y adolescentes emprenden una travesía con el objetivo de encontrar a sus familiares, mejorar sus condiciones de vida o escapar del hambre y la pobreza.
Durante el trayecto, son víctimas de abusos, explotación y maltratos. Algunos son cruel e indebidamente encarcelados, otros son deportados, muchos más terminan trabajando para organizaciones criminales, esclavizados y sometidos a las peores condiciones de subsistencia.
Muchos son víctimas de las organizaciones de trata de personas -1.2 millones según la Organización Internacional del Trabajo-, otros se enfrentan al trabajo en condiciones de alto riesgo para su integridad.
La mayoría, en general, sufre trastornos psicológicos y emocionales que le acompañarán por el resto de su vida.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 24 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos y prácticamente la mitad viaja sin compañía alguna. A este grupo habrá que añadir al menos otros 12 mil que, se calcula, son interceptados anualmente antes de que consigan cruzar la frontera. Por tanto, en promedio tendremos al menos 142 niños y niñas que intentan llegar sin éxito a los Estados Unidos y un número aún indeterminado de niños que, en efecto, consiguen su objetivo y llegan al vecino país.
De acuerdo con distintas estimaciones, y tomando en cuenta tanto a niños solos como acompañados, tanto a quienes consiguen llegar a Estados Unidos como a quienes no lo logran, la cifra podría llegar a alcanzar los 150 mil menores al año.
Este número podría ser aún más alto si se consideran los cientos de miles de niños que abandonan sus países de origen principalmente en América Central y arriban a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos o quedarse en nuestro país. De acuerdo con Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán, aproximadamente 40% de los migrantes detenidos en estaciones migratorias mexicanas son jóvenes de aproximadamente entre 14 y 17 años, la mayor parte de ellos no acompañados.
De ahí que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, haya establecido en 2008, la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) quienes están exclusivamente dedicados y adecuadamente capacitados para atender las necesidades de los menores que migran. Asimismo, se implementaron políticas específicas para darles protección directa y prevenir los abusos de los que son víctimas.
Sin embargo, a nivel local, el reconocimiento de esta realidad es bastante reciente. Apenas hace algunos días, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense estimó que el 10% de los niños que emigran solos a los Estados Unidos son originarios del estado de México. Son al menos 2 mil niños y jóvenes mexiquenses quienes, se tiene constancia, intentaron sin éxito migrar a los Estados Unidos convirtiéndose en objeto de deportaciones.
La mayoría de ellos, afirma la autoridad estatal, salen en busca de sus padres. La cifra, en efecto, es alta. Sin embargo, no toma en cuenta el volumen total de menores mexiquenses hacia Estados Unidos. Para ello habría que considerar no sólo a aquellos que consiguen internarse al territorio de la Unión Americana sino, además, a aquellos quienes en el camino son víctimas de crímenes y abusos, del reclutamiento del crimen organizado, el trabajo forzado, la trata y la prostitución, lo cual les impide continuar su camino y formar parte de la estadística oficial.
Muchos de ellos, es factible imaginar, tienen un origen indígena y podrían enfrentarse a más abusos debido a esa condición.
Desde luego que el problema principal tiene que ver con las condiciones que expulsan a la niñez de su lugar de origen y que les permiten llegar inadvertidos a la frontera norte. Pero otros problemas son también mayúsculos. Los menores mexiquenses deportados se ven a sí mismos en algún lugar de nuestra larga y a veces inhóspita frontera norte desprovistos de orientación y apoyo para volver a sus hogares.
De acuerdo con Arnulfo Valdivia, el gobierno del estado de México trabaja con fundaciones y casas hogar públicas y privadas para atender a los menores deportados a la frontera. Afirma que parte del presupuesto se ha aplicado en estas casas en Ciudad Juárez y Tijuana donde reciben apoyo para regresar al estado de México.
El funcionario desafortunadamente deja sin respuesta muchas interrogantes, por ejemplo: ¿Cuántos menores han conseguido volver a sus hogares a partir del apoyo brindado por esos acuerdos? ¿Cuántos de ellos siguen en la frontera? ¿Cuántos niños mexiquenses podrían estar en la Unión Americana y en qué estados? ¿Cuántos de estos niños han conseguido reunirse con sus padres y qué ha hecho el gobierno del estado para procurar este propósito? ¿Cuánto dinero se ha invertido y qué más prevé hacer el gobierno del estado en este rubro?
En fin, muchas preguntas y aún prácticamente ninguna respuesta sobre un asunto que preocupa y consterna a los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 13 noviembre en Milenio Diario, estado de México
