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El Alcalde de Los Ángeles, (California) Antonio Villaraigosa y la Senadora Adriana González Carrillo
El pasado 25 de marzo, una delegación plural de Senadores de la República visitamos Sacramento, y Los Ángeles, a fin de continuar con un diálogo de la mayor relevancia emprendido en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el Presidente de la Asamblea de California, el demócrata John Pérez visitó nuestro país encabezando una Delegación de líderes legislativos de este estado de la Unión Americana. Desde aquella primera ocasión quedó clara la enorme relevancia estratégica de los vínculos entre México y California. Por un lado, se trata de una intensa relación comercial en donde ambos somos mercados prioritarios de un intercambio que el año pasado alcanzó un máximo histórico de poco menos de 60 mil millones de dólares. Por el otro, se trata del estado de la Unión Americana que concentra la mayor población de origen mexicano en ese país, así como el mayor número de indocumentados mexicanos -prácticamente 3 millones de personas-. Pero, más importante aún, se trata del estado que está haciendo la diferencia en un contexto nacional donde las deportaciones, la legislación xenofóbica y las acciones antimexicanas están a la orden del día. Durante la visita que hicimos este lunes, pudimos entrevistarnos no sólo con nuestro anfitrión y un grupo muy distinguido de integrantes de la Asamblea de California sino también con el Presidente del Senado, Darrel Steinberg, y el Gobernador de California, Jerry Brown, así como con grandes liderazgos del Caucus Latino en el Congreso, especialmente con su presidente Ricardo Lara, así como con el Senador Kevin de León y el Senador Gilbert Cedillo, autor de la denominada California Dream Act. Durante todas estas reuniones, reconocimos el liderazgo político de California a favor de un enfoque pragmático y constructivo frente al fenómeno migratorio -becas a inmigrantes en lugar de deportaciones y detenciones arbitrarias- e insistimos en la importancia de redoblar esfuerzos en la difusión de la contribución que hacen al desarrollo económico y social de los Estados Unidos.
No obstante, a pesar de los magníficos resultados de este diálogo parlamentario con autoridades e integrantes de la legislatura local, hubo una reunión que nos asombró a todos. Me refiero a la que sostuvimos con la agrupación Cien Amigos, asociación pionera compuesta por 100 líderes comunitarios independientes del norte de California. Aunque inició sus actividades en 2010 -en el marco de las celebraciones del Bicentenario- el grupo colabora intensamente con el Consulado en proyectos que impactan el bienestar de la comunidad mexicana y mexicoamericana en la región. En poco tiempo han construido una oferta amplísima de servicios de información, promoción educativa, capacitación laboral, intercambio cultural. Por ejemplo, junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, han lanzado el programa Cien Amigos-IME Becas mediante el cual se ofrecen becas universitarias, para preparatoria y para educación de adultos destinadas a personas de escasos recursos de la comunidad latina y de origen mexicano en California. Con estas iniciativas, y la aprobación de la denominada Dream Act, California se consolida como socio estratégico y amigo de México de primera línea. Corresponde a México actuar en consecuencia y apostarle fuerte a reforzar estos vínculos con California. Pero también respaldar iniciativas como la de Cien Amigos que se distinguen por su frescura, su creatividad y su gran apetito por sembrar la semilla del empoderamiento de los mexicanos en Estados Unidos.
Artículo publicado el pasado 31 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: milenio.com
La divulgación del proyecto que preparó el ministro Arturo Zaldívar, sobre la solicitud de amparo directo promovida por Florence Cassez ante la Suprema Corte, ha provocado un importante debate sobre la importancia del debido proceso, el derecho consular y los derechos de las víctimas de delitos tan graves como el secuestro. Por un lado el ministro Zaldívar presenta, en su proyecto, un caso con severas irregularidades. Sostiene que, durante su detención, Florence Cassez fue privada del derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular. Pero, peor aún, que se violentó su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público luego de su detención. Habla de un montaje mediático que deformó la realidad con el fin de exponer a una persona frente a la sociedad como culpable de un hecho delictivo, antes de que los hechos se ventilaran en un proceso judicial. De acuerdo con el ministro Zaldívar, esto tuvo un efecto corruptor en todos el proceso penal y por tanto la evidencia incriminatoria está viciada. Por otro lado, hay numerosas voces que insisten en la necesidad de respetar los derechos de las víctimas, la forma en que la veracidad de sus testimonios se ha venido acreditando y desde luego la necesidad de castigar a quienes hayan viciado el proceso sin que esto se traduzca en la liberación automática de la inculpada. Señalan además que la lucha contra el secuestro en nuestro país se vería seriamente mermada, tanto a nivel procesal como simbólico, con la eventual liberación de Cassez y que, en definitiva, errores y vicios de procedimiento, por graves que sean, no pueden ser usados como único argumento para que el inculpado, sin más, abandone la cárcel y se invalide todo el juicio. Según esta postura. la presencia de indicios que sustentan la veracidad de los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados positivamente en las sentencias de primera y segunda instancia, merece que el juicio y sus resultados no se invaliden del todo.
Es claro que hay argumentos de peso de ambos lados y que, en todo caso, conviene encontrar una solución intermedia que se aparte del falso debate entre si es más importante el respeto a los estándares internacionales y nacionales del debido proceso o la protección de los derechos de las víctimas. No hay que hurgar demasiado en la historia del derecho procesal penal para identificar una alternativa que bien podría reunir esta característica. Me refiero concretamente a la revisión y eventual reposición del proceso penal. Ese es finalmente el criterio que han adoptado dos importantes tribunales internacionales fallando a favor de México en distintos casos de violaciones al derecho consular de mexicanos en Estados Unidos. En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que la revisión y reconsideración de los juicios y las sentencias, por ejemplo mediante la celebración de nuevos procesos judiciales, era un mecanismo adecuado de reparación del daño cometido por el Estado al violar los derechos consulares de los implicados. Igualmente, ese ha sido el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos especialmente en su Opinión Consultiva 16/99 cuando determinó que la asistencia consular es un componente esencial del debido proceso y que la reposición del procedimiento está plenamente acreditada por el derecho procesal como una alternativa importante para desagraviar los vicios que pudieran presentarse. En todo caso la primera sala de la Suprema Corte tiene la última palabra y, sea cual sea su decisión final, es motivo de encomio descubrir que ejerce plenamente su potestad en materia de control constitucional y que sin su reciente activismo no puede entenderse la construcción de un estado de derecho cada vez más sólido en nuestro país.
Artículo publicado el pasado 17 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: zacatecashoy.com | Firma de Acuerdo México - Estado Unidos relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México
La semana pasada, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Tratado Internacional de la mayor relevancia para la explotación equitativa de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Se trata de un logro extraordinario para la política exterior de México y de una reivindicación que abanderó un gran mexicano en el Congreso de la Unión. Fue en 1996 cuando el entonces Senador panista José Ángel Conchello denunció que empresas estadounidenses habían comenzado la exploración y explotación de petróleo en aguas internacionales del Golfo de México. Denunció, además, que mediante el denominado “efecto popote” los Estados Unidos podrían ser capaces de extraer recursos petroleros ubicados allende su mar patrimonial que, en principio, debían estar compartiendo con nuestro país. Después de arduas negociaciones y a partir del compromiso que los Presidentes Calderón y Obama asumieron al respecto en mayo de 2010, ambos gobiernos suscribieron este acuerdo que deja atrás prácticamente década y media en la que no había reglas claras y certeza jurídica. Una vez que el Senado de la República lo ratifique, el Tratado establecerá procedimientos y normas para la extracción justa, responsable, y eficiente del petróleo que subyace en el subsuelo de la frontera marítima entre ambos países. A partir de entonces, México aprovechará los recursos petroleros a los que siempre tuvo derecho y propiciará inversiones conjuntas entre Petróleos Mexicanos y las compañías petroleras estadounidenses para un aprovechamiento mutuo y equitativo de los mismos.
El acuerdo contempla un procedimiento vinculante mediante el cual cualquiera de las partes tiene la obligación de informar a la otra sobre la presencia de hidrocarburos en la zona fronteriza. De lo que se trata, en el fondo, es que cada país explote el petróleo y el gas natural que le corresponde ahí donde los yacimientos de ambos países se entrelazan. En caso de duda o falta de acuerdo, el Tratado establece un mecanismo sólido de solución de controversias con la participación de expertos independientes. Por ello, es un acuerdo que viene a fortalecer la seguridad energética de ambos países, aumentar los ingresos públicos de manera sustancial -al utilizar estos recursos que venían enfrentando restricciones a su explotación y al reducir los costos de estas operaciones- y a robustecer a PEMEX que adquirirá experiencia y tecnología de punta en su esfuerzo incesante por convertirse en una empresa petrolera de clase mundial.
Como lo sostuvo el Presidente Calderón este acuerdo, más que ningún otro, satisface el doble compromiso de, por un lado, ejercer a plenitud nuestra soberanía sobre este recurso estratégico y, por el otro, construir una política exterior que se traduzca en beneficios directos a la sociedad. La derrama de desarrollo y crecimiento que este acuerdo generará apenas puede vislumbrarse así como las múltiples implicaciones positivas que tendrá para incrementar la competitividad y la integración regional en el plano energético. Sin duda, toca ahora el turno al Senado de la República para examinarlo y en su caso aprobarlo en el corto o mediano plazo. Tenemos un compromiso con el desarrollo del país y esta es una forma idónea de honrarlo.
foto: animalpolitico.com | Josefina Vázquez Mota
Mañana domingo 5 de febrero, el PAN tiene la oportunidad de refrendar una historia democrática que lo distingue frente al resto de los partidos políticos en México. Me refiero no sólo a una profunda convicción democrática en el ejercicio del gobierno sino a la democracia interna que venimos practicando cada vez con mayor ahínco. En esta ocasión, los panistas elegiremos a quien abanderará nuestra candidatura a la Presidencia de la República y por primera vez en nuestra historia tendremos la oportunidad de elegir candidata. No podría ser de otra manera puesto que fue nuestro partido el que exigió -antes que muchos otros- el voto para las mujeres y el que reconoce todos los días el liderazgo femenino en posiciones políticas de gran relevancia. Pero mañana los panistas tenemos una cita con la historia de nuestro partido y de nuestro país. La apuesta es, nada menos que, transformar a México desde una perspectiva femenina, tal y como muchos otros países de nuestro hemisferio lo están haciendo actualmente, y concentrándose en una serie de temas clave para el desarrollo nacional en el siglo XXI. Y es que Josefina Vázquez Mota es una gran representante de todo lo que miles de mujeres hemos venido aportando, desde distintas trincheras y por varias décadas, a la vida pública en nuestro país.
En primer lugar, representa a mujeres de lucha que mediante su esfuerzo incansable han conseguido mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. Josefina, de orígenes más bien modestos, pudo ir a la Universidad y luego desenvolverse con éxito en su profesión como periodista y economista por su propio esfuerzo. Sin padrinazgos de ninguna índole y tan sólo armada de su talento, Josefina también emprendió -por invitación del PAN- una carrera política extraordinaria.Su trayectoria ilustra, por ello, la manera en que el PAN se ha consolidado como una organización política que busca a los mejores ciudadanos y les ofrece la vía partidista como instrumento para trabajar en favor del bien común. “Nuestra alianza es con los ciudadanos”, ha repetido en numerosas ocasiones y es que, junto con Isabel Miranda en el Distrito Federal, Josefina refrenda el espíritu ciudadano del PAN. Precisamente el espíritu a partir del cual el Maquío construyó una oferta política con la sociedad y no con la clase política.
En segundo lugar, la carrera política de Josefina no puede disociarse desu paso por dos Secretarías de Estado cuya agenda plantea dos prioridades indiscutibles para el país. Su exitosa experiencia en la Secretaría de Desarrollo Social primero y en la Secretaría de Educación Pública después la convierten en la aspirante de mayor preparación paraencabezar la doble tarea de reducir la pobreza y mejorar la calidad de la educación. Sus propuestas de campaña reflejan fielmente estas convicciones y responden directamente a las inquietudes de millones de ciudadanos que queremos Crecer Más, Aprender Mejor y Vivir en Paz. El México Posible del que habla Josefina es precisamente el que apuesta fuerte por la educación y contra la desigualdad. De ahí su compromiso de aumentar de 7 a 14 millones, el número de becas que reciben estudiantes de educación superior en todo el país, de crear 170 nuevos planteles educativos y de apostar por un nuevo seguro universitario. Josefina habla con conocimiento de causa sobre los atavismos de la educación en México y es ella, con toda seguridad, quien tiene la capacidad para superarlos. Por estas razones, los invito amigas y amigos panistas a hacer lo que siempre hemos hecho: votar en libertad y elegir a la persona que mejor representa nuestros ideales. Vamos con Josefina a construir, entre todos, ese México posible de oportunidades, educación y paz que tanto anhelamos. @AdriGlezCar
Artículo publicado hoy 4 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: canada.informationplanet.com
Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.
No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/
En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.
Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México
Foto: presidencia.gob.mx | Instalación del Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad
El miércoles pasado tuvo lugar un evento de la mayor relevancia para la protección de los derechos humanos en México. La instalación del Consejo Nacional y la Junta de Gobierno para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido por la nueva ley en la materia promulgada en mayo, supone una transformación radical de las políticas públicas que hasta ahora habían venido implementándose en este rubro. Quizá desde la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2003, no se daba un paso tan significativo para avanzar en la agenda de atención a los grupos vulnerables.
El Consejo surge como un organismo público descentralizado que gozará de la autonomía técnica y administrativa suficiente para formular políticas, acciones y estrategias encaminadas a garantizar plenamente el ejercicio de los derechos fundamentales y velar por el desarrollo y la plena inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país. Su Junta de Gobierno, integrada por múltiples Secretarías de Estado y dependencias federales, velará además por garantizar, la plena accesibilidad en espacios públicos, edificios, transportes, y demás instalaciones y servicios tanto en zonas urbanas como rurales, así como proveerles de la atención especializada de la que han carecido por décadas. En el fondo se trata de resarcir un grave problema de inequidad y crear las condiciones para una plena igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, incluidos los más de cinco millones 700 mil personas que cuentan con alguna discapacidad. Pero quizá más importante aún, la ley supone hacerlo mediante un enfoque distinto al paternalismo y al asistencialismo que proliferó en la política social de antaño.
El Presidente de la República fue enfático al exigir a los secretarios de Estado y demás funcionarios federales verificar, por ejemplo, el establecimiento de rampas, accesos y sanitarios adecuados para personas con discapacidad en aeropuertos, edificios públicos, escuelas, guarderías, hospitales, entre otros espacios públicos. Se pronunció además por establecer programas encaminados a garantizar empleos dignos y bien remunerados para las personas con esta condición así como a establecer programación televisiva con lenguaje de señas. Y es que, más allá del imperativo ético que supone, un país no alcanza a consolidar su democracia si niega o restringe derechos, oportunidades y asistencia a los más vulnerables. El Presidente Calderón se pronunció además por retirar la Declaración Interpretativa interpuesta a la Convención internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, por resultar ya incompatible con la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como a favor de hacer mayores esfuerzos para armonizar este tratado internacional en nuestra legislación doméstica. Pero independientemente de los resultados de esta nueva política federal a corto y mediano plazo, toca ahora el turno a las entidades de la República para que se sumen a este esfuerzo inédito por defender la dignidad, promover el bienestar y favorecer la plena inclusión de las personas con alguna discapacidad.
Ojala don Gilberto Rincón Gallardo siguiera entre nosotros para celebrar esta primera victoria política y cívica que, en buena medida, es también la suya.
Artículo publicado el pasado 2 de junio en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Hace relativamente poco tiempo, los mexicanos contamos con la herramienta idónea para decidir e incidir sobre el futuro político de nuestro país. Gradualmente desde finales de los años noventa, hemos ido cobrando consciencia de la importancia que tiene acudir a las urnas y manifestar nuestra decisión sobre el rumbo de los asuntos públicos en nuestra localidad. Mientras más ciudadanos emitan su voto, mayor exigencia tendrán las autoridades electas para responder a los legítimos reclamos de la sociedad. Sin embargo, para que los mexiquenses salgamos todos a votar este 3 de julio hay razones adicionales y muy poderosas.
En primer lugar, tenemos la oportunidad de dar paso a la alternancia en el estado de México. Por décadas, el PRI ha encabezado el gobierno mexiquense con los resultados que todos tenemos a la vista. A manos del denominado Grupo Atlacomulco, el estado de México se convirtió en una de las entidades más corruptas del país, con índices intolerables de inseguridad y desempleo, con amplias zonas en la marginación y el abandono. Y es que para los políticos priístas las prioridades eran y siguen siendo otras. Primero está la supervivencia política de su camarilla y la estructura corporativista que les cobija, su enriquecimiento personal (no olvidemos el caso Montiel y tantos otros), la protección de su imagen y luego el bienestar de los mexiquenses. Mientras buena parte del país ha efectuado una auténtica transición hacia la alternancia política, el estado de México continúa funcionando aún como un feudo autoritario en el que la impunidad y los abusos se refugian en esta falta de pluralismo político. Sin la alternancia será difícil imaginar un futuro mejor para nuestro estado y los mexiquenses seguiremos siendo tratados como botín político-electoral de una elite sin escrúpulos. El desarrollo urgente de nuestro estado se verá de nuevo obstaculizado mediante las dinámicas clientelares de siempre y tendremos que esperar otros seis años para cambiar lo que ya urgía transformar de fondo hace muchas décadas. El abstencionismo y la apatía cívica sólo fortalecen al autoritarismo y a esta cultura de la arbitrariedad.
En segundo lugar, se trata de darle vida a un proyecto de gobierno viable, responsable y humanista. Nadie mejor para garantizarlo que Luis Felipe Bravo Mena. Mientras Eruviel Ávila representa la continuidad de ese proyecto político perverso y corrupto, Alejandro Encinas representa más corporativismo, el desprecio a las instituciones -encarnado por Andrés Manuel López Obrador, su padrino político- y a la ciudadanía -que se manifestó a favor de una Alianza opositora contra el PRI-. Ese proyecto perpetuaría muchas prácticas del priato y, entre otras cosas, supondría un gobernador mucho más ocupado en promover la candidatura presidencial de López Obrador que en resolver los problemas de los mexiquenses. Con Bravo Mena, en cambio, podemos cambiar de fondo la forma de hacer política, de interactuar con los ciudadanos y de atender sus necesidades más urgentes. Se trata de darle una bocanada de aire fresco a una estructura de gobierno totalmente anquilosada y de compartir el poder con los ciudadanos. En una palabra, se trata de limpiar la casa y trabajar incansable y exclusivamente a favor del bienestar de los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 25 de junio en Milenio Diario, estado de México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aplicó con éxito el Censo de Población y Vivienda 2010 del 31 de mayo al 25 de junio. Más de 106 mil encuestadores tocaron puertas en prácticamente todo el país con el propósito de extraer de cada vivienda información útil para entender cuántos somos, con qué nivel de escolaridad contamos, entre otros datos relevantes para identificar el perfil de nuestra población, sus necesidades materiales, su acceso a servicios, entre otros importantes rasgos demográficos. Aunque apenas se ha dado a conocer información preliminar del Censo; -en marzo de 2011 se difundirán los resultados completos en variables de edad, sexualidad, ocupación entre muchos otros- datos muy interesantes que es posible interpretar y compartir.
El primer dato que salta a la vista es un aumento poblacional impresionante. Hoy somos 112 millones 322 mil habitantes, lo cual supone prácticamente 4 millones de mexicanos más que lo proyectado. Este dato por sí solo nos ubica en el undécimo lugar entre los países más poblados, lista que desde luego encabeza la República Popular China con mil 354 millones de habitantes.
El estado de México continúa siendo al entidad con el mayor número de población rebasando los 15.2 millones de habitantes -uno de cada siete mexicanos es mexiquense-. En toda la República, las zonas metropolitanas suman 62 millones de habitantes, es decir, prácticamente 56 de cada cien habitantes de México residen en alguna de estas zonas. Otro dato importante es la forma en que el crecimiento demográfico ha venido ensanchando la diferencia entre hombres y mujeres. Somos un país con más de 57 millones de mujeres mientras que hombres hay poco menos de 55 millones.
Pero es el censo de vivienda quizá el que más información provee sobre el estado que guarda la sociedad mexicana y su relación con este satisfactor esencial. De acuerdo con las cifras oficiales, México alcanzó un aumento extraordinario en materia de vivienda. Se indica en el censo que a mediados de 2010 había un parque habitacional de aproximadamente 28.6 millones de viviendas lo cual implica 3.9 millones de viviendas más que las que se registraron en 2005. Esta cifra deja entrever el impresionante esfuerzo de construcción de vivienda que se ha venido registrando en las ultimas dos administraciones del expresidente Fox y el presidente Calderón.
Son años históricos para la vivienda tal y como lo admite la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) según la cual nunca se construyó tanta vivienda en la historia de México como en este año que termina. Fue el año, dice la Canadevi, de la reactivación del sector a pesar de que la crisis financiera global impactó negativamente proyectos aún más ambicioso de inversión, construcción, financiamiento y subsidio a la vivienda para distintos sectores socioeconómicos en nuestro país. Las entidades que muestran un avance sostenido en crecimiento de viviendas habitadas son, en orden decreciente, Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Guanajuato, Colima, Tabasco, Hidalgo y Nuevo León. El menor avance en este rubro se registra, entre estados como Campeche, Zacatecas, Guerrero, Puebla y el estado de México. Así mismo en el estado de México está también el municipio con mayor densidad poblacional de todo el país -el municipio de Nezahualcóyotl con más de 17 mil quinientos habitantes por kilómetro cuadrado- y algunos de los municipios con mayor población en términos absolutos en la República -destaca el caso de Ecatepec de Morelos con 1 millón 658 mil habitantes-. Tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México se contabilizaron 20.1 millones de habitantes y una densidad poblacional mucho mayor que en el resto del país. La zona metropolitana de nuestro país se ubica, de esta forma, como la tercera más grande del mundo detrás de la de Tokio, Japón, que cuenta con 36.5 millones de habitantes y casi alcanzando a Delhi, en India, con una población de 21.7 millones de habitantes. Tras de la mexicana se ubican metrópolis como Sao Paulo, en Brasil, con 20 millones y Bombay, también en India, con aproximadamente 19.7 millones de habitantes.
No obstante hay cifras que encierran un significado más profundo amén de su interpretación literal. Por ejemplo, Oaxaca es la entidad federativa con la mayor cantidad de población en localidades menores de 2,500 habitantes. Prácticamente el 52% (2 millones de personas) vive en comunidades de estas características. Sin decirlo literalmente, el censo devela así el profundo nivel de marginalidad que comunidades enteras han alcanzado en el estado de Oaxaca. Aunque la distribución de la población entre las localidades menores a 2,500 habitantes y las que albergan a más de 2,500 se ha cerrado notablemente en los últimos decenios, la presencia de 23% de la población en localidades aisladas y de alta marginación pone en perspectiva un dato más bien desalentador. Integrar al desarrollo a ese 23% de la población debe ser una alta prioridad de los gobiernos municipales, estatales y federal.
El Censo sirvió, en efecto, al propósito de recabar valiosa información para el diagnóstico demográfico de México y la identificación de soluciones a problemas derivados de sus condiciones materiales. No obstante también fue útil para demostrar que, a pesar de lo que algunos argumentaban, las instituciones del Estado Mexicano están en control del territorio nacional y, por tanto, los encuestadores pudieron llegar a cada rincón del país. De acuerdo con Alejandro Poiré, vocero en materia de seguridad de la Presidencia de la República, el INEGI pudo aplicar debidamente el censo en prácticamente el 99.96% del país.
El México retratado por el censo es un México fuerte, dinámico y cambiante, con problemas que enfrentar, en efecto, pero con un futuro sólido y altamente promisorio.
Artículo publicado el pasado 1º de enero en Milenio Diario, estado de México
A pesar de la denominada ley Peña Nieto, todos los días la idea de una Alianza opositora para el estado de México gana solidez, adeptos y contenido. En efecto, ya somos muchos quienes pensamos que la manera más eficaz de llevar la transición democrática nuestra entidad, es de la mano de una estrategia conjunta de la oposición alrededor de un ideario y un candidato comunes. Ambos temas son decisivos para la competitividad de la alianza y, en definitiva, para asegurar que el próximo gobernador llegue al Palacio de Toluca con un claro mandato de transformación en el ejercicio de gobierno a favor de los mexiquenses. Pero, ¿qué características, qué perfil debería tener el candidato o candidata? Para resolver esta interrogante es conveniente echar un vistazo a experiencias similares en otros estados de la República, que recientemente han experimentado esta transformación, como en Oaxaca, Puebla o Sonora, y acaso a algunos antecedentes internacionales en la materia.
En primer lugar, queda claro que la Alianza deberá ser formalmente una Alianza entre partidos opositores pero, en el fondo, una Alianza con la ciudadanía. En este sentido, independientemente de su trayectoria partidista o aún sin ella, el candidato o candidata deberá contar con el apoyo y el reconocimiento de amplias capas de la sociedad mexiquense. Gabino Cué en Oaxaca, Mario López Valdez en Sinaloa y Rafael Moreno Valle en Puebla son personalidades reconocidas y respetadas, son líderes sociales con una gran experiencia en asuntos de gobierno, con trayectorias sólidas en la representación parlamentaria y con vínculos estrechos con innumerables grupos de la sociedad civil de sus entidades. Su actividad política ha sido a ras de suelo, en contacto con la gente, llevando el pulso cotidiano de las necesidades más apremiantes de la población y experimentando, en carne propia, las injusticias y los abusos despóticos de las satrapías locales.
En segundo lugar, es evidente que necesita ser un candidato con profundas preocupaciones en materia social. Es la generación de empleos, las oportunidades educativas, la inversión pública en infraestructura, el establecimiento de créditos productivos, el apoyo al campo y la protección a los grupos vulnerables como los indígenas, las mujeres y los adultos mayores, temas que no sólo recibieron una alta prioridad en sus campañas sino que les han acompañado a lo largo de su trayectoria política y social. A pesar del atraso profundo y crónico que viven entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa, el estado de México registra, tal y como hemos venido documentando en este espacio, un rendimiento de mediocre a deplorable en rubros como la educación, la seguridad social, el empleo y la atención a grupos vulnerables, entre muchos otros. Por tanto, este tema debe ser toral y el compromiso del candidato o candidata con estas causas debe ser creíble, comprobable y de larga data.
Una tercera característica de no menor importancia debe ser un fuerte compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. No es un secreto que el estado de México ha sido gobernado en una atmósfera de opacidad en la que innumerables irregularidades de toda índole se han perpetrado con toda impunidad. La corrupción campea en la administración local y la descomposición del ejercicio público alcanza niveles alarmantes. Para no escarbar en el pasado más remoto, desde por lo menos el caso Montiel, la corrupción, el compadrazgo y la impunidad redefinen sus alcances en el estado de México. Frescos en la memoria tenemos los mexiquenses docenas de eventos de esta naturaleza frente a los que, a pesar de haber responsables, no hay castigos. La indolencia social y la impunidad de altas esferas políticas interactúan hasta llegar al absurdo. Habitantes del municipio de San Salvador Atenco purgaron condenas a las que fueron sentenciados de manera irregular mientras que el exgobernador del estado de México se pasea alegremente por distintas capitales europeas, según documentan revistas del corazón. Esto no sólo tiene que terminar sino que tienen que establecerse mecanismos para investigar y fincar responsabilidades a una pléyade de exfuncionarios corruptos quienes desde hace mucho tiempo vienen traicionando la confianza de los mexiquenses. La determinación bienintencionada por hacer justicia y establecer un auténtico Estado de derecho, no un afán justiciero de ninguna especie, debe ser un elemento muy importante en las convicciones personales y políticas del candidato o candidata de la Alianza.
Este rasgo ha sido muy relevante en las campañas locales de Alianzas opositoras a las que nos hemos venido refiriendo en otras entidades de la República pero es también una característica cardinal de las Alianzas opositoras que en el mundo se han propuesto abrir un nuevo capítulo para dejar atrás el autoritarismo. En el microcosmos mexiquense y guardadas las obvias distancias comparativas, necesitamos un Walesa, un Havel, un hombre de convicciones que arrastre cambios sustantivos en la manera de entender y dignificar la función pública después de décadas de gobiernos de depredación, complicidad e ineptitud. El candidato o candidata de la Alianza debe priorizar ver hacia el futuro pero, en definitiva, sin enterrar el pasado.
Desde mi punto de vista, el último aspecto a considerarse tiene que ver con la capacidad de diálogo del candidato con distintas fuerzas políticas. Igual de importante que los aspectos ya señalados, resulta cambiar los mecanismos de interacción entre el Gobernador, el Congreso local y las presidencias municipales. La personalidad del candidato debe ser tal que, en lugar de generar divisiones, concite consensos e inspire la construcción de una mayoría de oposición que unida consiga respaldar la agenda de cambio de la alianza. Esto no sólo cambiaría la indignante dinámica de complicidad entre el gobernador y los congresistas de su partido -como ocurrió con la aprobación de la Ley Peña Nieto- sino que facilitaría un proceso de adaptación hacia nuevas formas democráticas de generación de acuerdos.
Me parece que atendiendo a estos mínimos requerimientos, la Alianza estaría a un paso de derrotar al Grupo Atlacomulco que por décadas se ha enquistado en el poder.
adriana.gonzalez@pan.senado.gob.mx
Artículo publicado el pasado 25 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
"Se estima que en los Estados Unidos existen más de un millón 200 mil inmigrantes mexiquenses" | eluniversal.com.mx
A prácticamente a un mes que comience el retorno temporal de migrantes que vuelven a nuestro país para pasar las fiestas navideñas y de año nuevo en compañía de su familia, un trágico fenómeno se asoma apenas ante la opinión pública mexiquense. Se trata de la migración infantil que este año adquiere una proporción preocupante en nuestra entidad.
En el contexto global y nacional, el tema no es necesariamente nuevo. Desde por lo menos hace cinco años, se cuenta con diagnósticos serios que dan cuenta de un repunte global en los flujos migratorios de menores de edad y con reportes que identifican a este grupo en una situación altamente vulnerable. Solos o acompañados, niños y adolescentes emprenden una travesía con el objetivo de encontrar a sus familiares, mejorar sus condiciones de vida o escapar del hambre y la pobreza.
Durante el trayecto, son víctimas de abusos, explotación y maltratos. Algunos son cruel e indebidamente encarcelados, otros son deportados, muchos más terminan trabajando para organizaciones criminales, esclavizados y sometidos a las peores condiciones de subsistencia.
Muchos son víctimas de las organizaciones de trata de personas -1.2 millones según la Organización Internacional del Trabajo-, otros se enfrentan al trabajo en condiciones de alto riesgo para su integridad.
La mayoría, en general, sufre trastornos psicológicos y emocionales que le acompañarán por el resto de su vida.
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 24 mil niños y niñas mexicanos son deportados cada año de Estados Unidos y prácticamente la mitad viaja sin compañía alguna. A este grupo habrá que añadir al menos otros 12 mil que, se calcula, son interceptados anualmente antes de que consigan cruzar la frontera. Por tanto, en promedio tendremos al menos 142 niños y niñas que intentan llegar sin éxito a los Estados Unidos y un número aún indeterminado de niños que, en efecto, consiguen su objetivo y llegan al vecino país.
De acuerdo con distintas estimaciones, y tomando en cuenta tanto a niños solos como acompañados, tanto a quienes consiguen llegar a Estados Unidos como a quienes no lo logran, la cifra podría llegar a alcanzar los 150 mil menores al año.
Este número podría ser aún más alto si se consideran los cientos de miles de niños que abandonan sus países de origen principalmente en América Central y arriban a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos o quedarse en nuestro país. De acuerdo con Gustavo López Castro, investigador del Colegio de Michoacán, aproximadamente 40% de los migrantes detenidos en estaciones migratorias mexicanas son jóvenes de aproximadamente entre 14 y 17 años, la mayor parte de ellos no acompañados.
De ahí que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, haya establecido en 2008, la figura de los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) quienes están exclusivamente dedicados y adecuadamente capacitados para atender las necesidades de los menores que migran. Asimismo, se implementaron políticas específicas para darles protección directa y prevenir los abusos de los que son víctimas.
Sin embargo, a nivel local, el reconocimiento de esta realidad es bastante reciente. Apenas hace algunos días, el coordinador de asuntos internacionales del gobierno mexiquense estimó que el 10% de los niños que emigran solos a los Estados Unidos son originarios del estado de México. Son al menos 2 mil niños y jóvenes mexiquenses quienes, se tiene constancia, intentaron sin éxito migrar a los Estados Unidos convirtiéndose en objeto de deportaciones.
La mayoría de ellos, afirma la autoridad estatal, salen en busca de sus padres. La cifra, en efecto, es alta. Sin embargo, no toma en cuenta el volumen total de menores mexiquenses hacia Estados Unidos. Para ello habría que considerar no sólo a aquellos que consiguen internarse al territorio de la Unión Americana sino, además, a aquellos quienes en el camino son víctimas de crímenes y abusos, del reclutamiento del crimen organizado, el trabajo forzado, la trata y la prostitución, lo cual les impide continuar su camino y formar parte de la estadística oficial.
Muchos de ellos, es factible imaginar, tienen un origen indígena y podrían enfrentarse a más abusos debido a esa condición.
Desde luego que el problema principal tiene que ver con las condiciones que expulsan a la niñez de su lugar de origen y que les permiten llegar inadvertidos a la frontera norte. Pero otros problemas son también mayúsculos. Los menores mexiquenses deportados se ven a sí mismos en algún lugar de nuestra larga y a veces inhóspita frontera norte desprovistos de orientación y apoyo para volver a sus hogares.
De acuerdo con Arnulfo Valdivia, el gobierno del estado de México trabaja con fundaciones y casas hogar públicas y privadas para atender a los menores deportados a la frontera. Afirma que parte del presupuesto se ha aplicado en estas casas en Ciudad Juárez y Tijuana donde reciben apoyo para regresar al estado de México.
El funcionario desafortunadamente deja sin respuesta muchas interrogantes, por ejemplo: ¿Cuántos menores han conseguido volver a sus hogares a partir del apoyo brindado por esos acuerdos? ¿Cuántos de ellos siguen en la frontera? ¿Cuántos niños mexiquenses podrían estar en la Unión Americana y en qué estados? ¿Cuántos de estos niños han conseguido reunirse con sus padres y qué ha hecho el gobierno del estado para procurar este propósito? ¿Cuánto dinero se ha invertido y qué más prevé hacer el gobierno del estado en este rubro?
En fin, muchas preguntas y aún prácticamente ninguna respuesta sobre un asunto que preocupa y consterna a los mexiquenses.
Artículo publicado el pasado 13 noviembre en Milenio Diario, estado de México
