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Foto: presidencia.gob.mx | Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 5 al 8 de septiembre de 2000
Hace nueve años que la comunidad internacional en su conjunto adoptó, durante la denominada Cumbre del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, 8 compromisos que desde entonces se conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el año 2015, todos los estados miembros de la organización mundial se comprometieron a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar un medio ambiente sustentable y fomentar una asociación mundial para la cooperación y el desarrollo.
El primer corte de caja ocurrió en 2005 y el diagnóstico era francamente optimista. Las cifras permitían vislumbrar un desempeño razonablemente positivo a nivel global y se preveía que salvo algunas notables excepciones –sobretodo en ciertas regiones de África y América Latina- el 2015 llegaría con la gran mayoría de los compromisos cumplidos.
Sin embargo, los avances registrados sobre todo en el combate a la pobreza y el hambre han comenzado a reducirse e incluso a revertirse como resultado de la crisis financiera y alimentaria en la que estamos actualmente inmersos. De acuerdo con el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre esta materia, la población que vive en pobreza extrema se estima que ha crecido aproximadamente en 90 millones de personas más a partir de la crisis económica. Además, la población mundial que sufre hambre habría pasado del 16 al 17%, más de un cuarto de los niños en países en desarrollo están sufriendo desnutrición, y la equidad de género en el acceso al trabajo remunerado y a posiciones de empoderamiento también ha sufrido un importante decremento. Peor aún, una implicación especialmente indeseable para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tiene que ver con una reducción generalizada, en la mayoría de los países del mundo, de los programas y políticas sociales que habrían contribuido a superar satisfactoriamente estas metas en 2015. Este es sólo un elemento más que junto con el colapso de las exportaciones desde países en desarrollo, el aumento exponencial de la deuda internacional que contraen y la grave reducción en el envío de remesas dibuja un escenario poco halagüeño para cerrar la enorme brecha de desigualdad prevaleciente.
En México, la crisis alimentaria y económica mundial ha impactado considerablemente a la población más vulnerable. Las remuneraciones al trabajo se redujeron 21% entre 2006 y 2008 para el 20% de la población más pobre. En este mismo periodo, observamos que hubo incrementos en el número de mexicanos en condiciones de pobreza. Ello se verifica al observar que en lo que se refiere a la pobreza patrimonial, en el año 2006 el 42.6% de los mexicanos se encontraban en esta situación mientras que para el año 2008 se incrementó este porcentaje al 47.4%. Asimismo, en el 2006, el 20.7% vio mermado su ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, cifra que aumentó a 25.1% en el 2008. Igualmente, en el 2006 el 13.8% de los mexicanos con insuficiencia de ingreso disponible para adquirir una canasta básica de alimentos, se vio engrosada en el 2008 a 18.2%. Esto prueba que, en el actual contexto de crisis, el cumplimiento de las Metas del Milenio se antojan lejanas. Incluso, el informe de la ONU menciona que frente a otros desafíos que implican reformas legislativas y compromisos políticos amplios, los resultados son mucho más modestos y, en ocasiones, regresivos.
De acuerdo con Sha Zukang, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, existen una serie de recomendaciones útiles para que la comunidad internacional, y particularmente nuestro país, retome la vía que le permitirá cumplir o acercarse mucho al cumplimiento cabal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015.
Entre otras, destacan las propuestas de promover el empleo femenino, donde hay al mismo tiempo un atraso que representa una gran oportunidad para la economía global, establecer agresivas políticas estatales para la reducción del hambre entre las poblaciones más vulnerables, cooperar para generar un mayor compromiso político para darle prioridad a la salud pública, implementar políticas que atiendan la precariedad de la pobreza urbana y, por supuesto, combatir con determinación el cambio climático y otros fenómenos ambientales asociados.
Es un imperativo para esta LXI Legislatura del Congreso legislar y efectuar reformas para impedir recortes injustificados a los programas sociales, para dotar de más presupuesto a las políticas focalizadas a la población más vulnerable del país y robustecer un aspecto que, en nuestros países, es palanca clave para el desarrollo: garantizar una educación de calidad para todos.
Artículo publicado el pasado 5 de diciembre en Milenio Diario, Estado de México
Tras la ratificación de la República Checa hace apenas unas semanas, el 1° de diciembre próximo entrará en vigor el Tratado de Lisboa que, en buena medida, puede ser el avance más significativo en la integración europea desde el Tratado de Maastricht en 1992 que estableció la Unión Monetaria. La larga evolución hacia la supranacionalidad en distintos aspectos de la vida comunitaria ha derivado en un Tratado ambicioso cuyo objetivo primordial es hacer de la Unión Europea una entidad mucho más democrática, con mayor eficacia y mejor preparada para enfrentar retos globales.
Herman Van Rompuy www.eluniversal.com.mx
De entrada, el Tratado le otorga nuevas e importantes facultades al Parlamento Europeo en materia de legislación, presupuesto y acuerdos internacionales de la Unión. Con ello, el Parlamento obtendrá un estatus de igualdad frente al Consejo y la Comisión Europea que era indispensable dado el déficit democrático que imperaba en el entramado institucional de la toma de decisiones comunitarias. Además, el Tratado ha establecido la figura de la “iniciativa ciudadana” mediante la cual un grupo de por lo menos un millón de ciudadanos puede proponer a la Comisión hacer propuestas concretas de legislación. La Unión Europea ganará también en materia de eficacia con ágiles procesos de operación y votación y con nuevas mejoras institucionales. En primer lugar, la unanimidad nunca más será un criterio válido para la aprobación de decisiones sobre una multiplicidad de temas (excepto política exterior, defensa y asuntos fiscales) en el Consejo de Ministros a partir del 2014. A partir de entonces y mediante un proceso de adaptación hasta el 2017 pasarán de 36 a 87 los asuntos que se adoptarán por mayoría calificada en el seno de esta institución clave para la instrumentación de políticas de todo orden. Además, el Tratado otorga rango de Derecho primario a la Carta de Derechos Fundamentales que contiene un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales -las denominadas cuatro libertades- de observancia obligada para los Estados miembros y para la Unión en su relación con los ciudadanos europeos.
Catherine Margaret Ashton www.eluniversal.com.mx
Igualmente importantes resultan dos novedades especialmente relevantes para la acción exterior de la Unión Europea. Me refiero a la creación de las figuras de Presidente permanente del Consejo Europeo y de Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En el primer caso se trata de dar mayor impulso político a la Unión nombrando un Presidente, de tiempo completo, para un periodo de dos años y medio, cuya misión principal será la de favorecer el consenso y la toma de decisiones al más alto nivel político así como representar a la Unión Europea en la escena internacional. Como resultado de arduas negociaciones previas a la deliberación que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, el entonces premier belga Herman Van Rompuy (recientemente sustituido en ese encargo por Yves Leterme) fue electo por los 27 países miembros. Van Rompuy es un destacado político belga, ex presidente de la Cámara de Representantes de ese país, a quien se atribuye la entrada de Bélgica a la zona euro -cuando era ministro de Hacienda- y la exitosa formación de una coalición gubernamental que dio fin a fuertes tensiones entre flamencos y valones, por un lado, y democratacristianos, liberales y socialistas, por el otro. Por su parte, para el cargo de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad -quien a su vez será por disposición del Tratado de Lisboa vicepresidenta de la Comisión Europea- fue electa la laborista británica Catherine Asthon. Ashton se ha desempeñado, previo a este importante encargo, en múltiples posiciones de la administración pública en el Reino Unido y recientemente presidenta de la Cámara de los Lores -donde su rol fue crucial para la ratificación del Tratado de Lisboa- así como comisaria de Comercio de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa dispuso también la creación de una tercera figura de relevancia no necesariamente menor. Se trata de la Secretaría del Consejo Europeo para la cual fue electo el destacado diplomático francés Pierre De Boisseiu, un hombre que ha trabajado buena parte de su vida para la integración y una auténtica leyenda de experiencia y talento diplomático entre la burocracia comunitaria de Bruselas.
Los tres nombramientos tienen una relevancia sin precedentes. Son muestra clara del equilibrio y las perspectivas de diálogo y cooperación entre distintas convicciones políticas, tradiciones de pensamiento sobre la integración europea y diagnósticos sobre las perspectivas a futuro de esta empresa colectiva. Demuestran, además un alto grado de madurez institucional de la Unión que no necesita de liderazgos mediáticos para ocupar un peso específico en el entorno internacional. Pero, quizá más importante aún, son evidencia de que las relaciones de la Unión Europea con el mundo son un tema prioritario para la buena marcha del propio proceso de integración. En ese sentido y ante estos desarrollos comunitarios, las relaciones entre nuestro país y la Unión Europea pueden encontrar una oportunidad muy importante para consolidarse aún más. Especialmente en virtud de que en 2010 mexicanos y europeos celebraremos por igual el 50 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre las partes y el 10 aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo Global con esta entidad que es hoy ejemplo en el mundo de integración política, económica, comercial pero, sobre todo, de integración humana para la libertad y la paz.
Artículo publicado el pasado 28 de noviembre en Milenio Diario, Estado de México
Esta semana, la respetada organización Transparencia Internacional dio a conocer desde su sede en Berlín, Alemania, los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción que, año tras año, ubica los niveles de percepción de corrupción en el sector público de 180 países. Transparencia Internacional define corrupción como el abuso del servicio público para el beneficio particular e identifica como fenómenos asociados, entre otros, el soborno a funcionarios públicos, pagos irregulares en contrataciones, malversación de fondos públicos y utilización de información gubernamental para privilegiar determinados intereses privados.
Ilustración: www.ciudadanosenred.org.mx
Mediante encuestas realizadas a expertos, empresas y otros actores protagónicos de la sociedad civil, el IPC posiciona estos países en una escala de 0 (donde se percibe más corrupción) a 10 (donde se percibe menos corrupción) aunque no ofrece un diagnóstico particular que explique la puntuación que cada uno de ellos recibe. Sin embargo, el Informe ofrece un diagnóstico regional en donde de alguna manera explica los bajos niveles que muchos de los países latinoamericanos obtuvieron. Mientras Nueva Zelandia, Dinamarca y Singapur mantienen las primeras posiciones con las más altas calificaciones (9.2-9.4), varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, registran una calificación muy baja. Según el informe, varios factores de incidencia sobre este resultado tienen que ver con la desigualdad en el ingreso -que a su vez provoca más sobornos- con una percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial y con la presencia de amplias redes que, lícitas e ilícitas, consiguen desvirtuar las políticas públicas en su beneficio y aprovechar los espacios de impunidad que aún no han podido eliminarse en nuestros países. El informe cita, además, el contexto de la crisis financiera internacional y la presencia de problemas institucionales importantes en países que, como el nuestro, debieran ser referentes en esta lucha.
De acuerdo con estos resultados, México cayó 17 lugares con respecto a su ubicación en 2007 al posicionarse en 2008 en el sitio 89 de la lista con una calificación de 3.3 compartida con Lesotho, Malawi, Moldavia y Ruanda, entre otros países. Desde luego que, aún tratándose de percepciones y no de una medición basada en realidades empíricas, el retroceso es muy grave. Las causas seguramente están relacionadas con los aspectos ya citados del Informe y su diagnóstico regional para América Latina y el Caribe. Aunque hay avances sustantivos en materia de transparencia, fiscalización del gasto público y combate a la corrupción, informes como este son bienvenidos y cruciales para el mejoramiento de la administración pública así como para la consolidación de un auténtico Estado democrático y de derecho en nuestro país. Son muchas las sugerencias que la presidenta de la organización, Huguette Labelle, ha realizado y tienen cabida en nuestro país. Para Labelle, contener la corrupción implica “un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción con recursos adecuados”, así como una enérgica aplicación de la ley, transparencia presupuestal y espacios amplios para el ejercicio profesional de los medios independientes de comunicación. Buena parte de estos temas están en la agenda pendiente de nuestra reforma del Estado y es pertinente recordar que aún falta mucho por hacer en la meteria.
Sin embargo, cabe señalar que la corrupción, siendo un problema grave a nivel nacional no está igualmente presente en todos los estados y municipios de la República. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que publicó Transparencia Mexicana en 2008, la entidad con el mayor nivel de corrupción, tanto en términos absolutos como en términos relativos en nuestro país es el Estado de México. Basta con observar que el 18% de los actos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense para constatar que el problema no es nacionalmente homogéneo y que por tanto requiere, a la par de una fuerte política federal, un esfuerzo focalizado ante la gravedad de algunas realidades locales.
El próximo año se llevarán a cabo procesos electorales en trece entidades de la República y con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se puede abrir un nuevo capítulo de corrupción y retroceso en materia de transparencia. A pesar de las múltiples voces a favor de colocar candados en la utilización de los recursos que los Estados ejercerán el próximo año, la mayoría priísta en la Cámara de Diputados eliminó importantes reglas de rendición de cuentas incluidas por el Ejecutivo en el proyecto original a fin de dejar un gran margen a la discrecionalidad presupuestal de sus gobernadores. Ese tipo de acciones ponen en entredicho el compromiso de algunas fuerzas políticas con la generación de mejores condiciones para la transparencia y el combate a la corrupción y condenan al país a una situación lamentable en estos rubros.
Artículo publicado el pasado 21 de noviembre en Milenio Estado de México
Foto: Rodolfo Valtierra
Para nadie es un secreto que la pasada jornada electoral dejó pésimos resultados electorales para el Partido Acción Nacional en el Estado de México. En un contexto plagado de irregularidades y de múltiples eventos de compra y coacción del voto, el panismo sufrió una derrota sin precedentes en nuestra demarcación. Acción Nacional perdió el denominado “corredor azul” así como gran parte de las posiciones legislativas en juego. El partido paso de gobernar los principales municipios -incluyendo la capital del Estado- a gobernar actualmente municipios que representan tan sólo al 4% de la población de la entidad. En este contexto, el pasado 16 de septiembre se emitió la Convocatoria para elegir Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal para el periodo 2009-2012.
A esta convocatoria se registraron como candidatos importantes personalidades del partido en el Estado de México como Sergio Octavio Germán Olivares, Alejandro Landero, Ruth Olvera, Iván Rodríguez, Carlos Madrazo y Francisco Gárate. Desde la primera votación, Sergio Octavio Germán Olivares se alzó con la victoria con 62 votos por lo que le corresponderá emprender las acciones de reestructuración y replanteamiento estratégico del PAN mexiquense. Durante la sesión de elección se adoptaron sendos documentos – los Objetivos Estratégicos para el Comité Directivo Estatal y los Lineamientos para la Administración y Funcionamiento del Comité Directivo Estatal para el periodo 2009-2012- mismos que, en buena medida, guiarán este proceso de reflexión y transformación de la estructura, el funcionamiento y la estrategia electoral de nuestro instituto político. Los retos son múltiples ante un panorama políticamente adverso. La nueva dirigencia tendrá en sus manos la motivación y reconquista de su membresía, así como el lograr mantener la unidad respetando la pluralidad en torno al ideal. Resulta urgente adaptar al PAN mexiquense a una nueva etapa de frugalidad -en vista de que se reducirán sustancialmente los recursos públicos que al partido corresponde administrar- y de fuerte competencia con nuestros adversarios políticos. Con más de 20 mil miembros activos, de cien mil miembros adherentes, más de 270 regidurías y sindicaturas, 12 presidencias municipales, 12 diputaciones locales, 5 diputaciones federales y 2 senadores, el PAN tiene frente a sí un futuro promisorio y un gran capital humano del cual asirse para consolidar grandes proyectos.
Otro reto tiene que ver con mejorar la estructura administrativa del partido. En este sentido, los Lineamientos a los que hice referencia enfatizan el establecimiento de programas de autofinanciación, mejores políticas de pago de cuotas de funcionarios públicos, definir una estructura orgánica para colocar tope máximo mensual de sueldos y personal así como reducir el número de Secretarías así como hacer más eficientes sus procedimientos. Esto implica también una mejor administración de los recursos materiales y un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos, financieros y organizacionales.
Como resultado del análisis y evaluación del proceso electoral 2009 y sus efectos sobre el PAN mexiquense, los Objetivos Estratégicos plantean una serie de medidas concretas encaminadas a mejorar y fortalecer la estructura partidista. Entre otras medidas se establece la necesidad de nuevas campañas de afiliación (especialmente de jóvenes y mujeres), el apoyo técnico a las estructuras municipales, la formación de servidores públicos de excelencia y con fuerte compromiso social, la formación y capacitación de liderazgos, mejores mecanismos de rendición de cuentas y estímulo a la participación ciudadana, nuevos esquemas de austeridad en la utilización de los recursos así como nuevos proyectos para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de nuestros servidores públicos.
Estos objetivos de mediano plazo son consistentes con el llamado que el nuevo Presidente estatal ha hecho al panismo mexiquense para construir una nueva etapa de Acción Nacional en el Estado de México. Una etapa donde el Partido tiene que acercarse cada vez más a la ciudadanía, recuperando muchas de las banderas sociales que enarboló en el pasado y una nueva actitud constructiva y dialogante para resolver los problemas de la entidad.
El PAN mexiquense se encuentra ante una magnifica oportunidad para demostrar ser consistente con sus discursos, que sabe ganar elecciones sin claudicar en los valores. Los ciudadanos podrán creer en el PAN si Acción Nacional cree en sus principios. La tarea deberá ser compromiso de todos los militantes y fortalecer esa armonía de bienes superiores que es la unidad en los propósitos. Seguiremos trabajando para que el PAN sea un instrumento de los ciudadanos en favor del bien común de México.
Artículo publicado el pasado 14 de noviembre en Diario Milenio, Estado de México
Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: nuovosoldo.wordpress.com
El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu, el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.
Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.
El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.
Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.
Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.
Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
En fechas recientes, una de las expresiones delincuenciales más nocivas para la sociedad -el robo de autos- ha venido aumentando en niveles francamente alarmantes en el Estado de México. Diariamente, según cifras oficiales, se registran entre 125 y 130 robos de autos en la entidad, aproximadamente el 35% de ellos con altos niveles de violencia. Además, de acuerdo con estadísticas provenientes de la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos relacionados con el Transporte, este año se registra una tendencia a la alza con más de 16 mil averiguaciones previas, lo cual supone un incremento del 13% con respecto al mismo periodo en el año 2008. En ese sentido, las autoridades han mencionado que tan sólo el 35% de los vehículos robados cuenta con seguro lo cual hace aún más nocivo este delito. Aunque en lo que va del año se han recuperado más de 2 mil vehículos, muchos de ellos no son reclamados toda vez que nunca fueron objeto de una denuncia judicial. Si bien el Distrito Federal cuenta con el mayor porcentaje de robo de vehículos -con el 34 por ciento- , el Estado de México prácticamente ha llegado a un nivel similar con el 31% seguido muy de lejos por Nuevo León con el 14% y Chihuahua y Jalisco con un 10% respectivamente. Por supuesto, este fenómeno requiere de una política consistente a nivel local para darle fin. Es indispensable mejorar los sistemas de vigilancia, por ejemplo mediante el aumento de colocación de cámaras de video, y aumentar las penas a quienes cometan este ilícito en nuestra demarcación a fin de que, por ejemplo, se conviertan sin excepción en delitos graves sin derecho a fianza. Habría que hacer, además, un esfuerzo para fortalecer un mecanismo de alerta temprana que opere en estos casos.
Sin embargo, el robo de vehículos también tiene que ver con redes nacionales y transnacionales que operan con impunidad disfrutando de altos grados de convivencia con algunas autoridades. Algunas de ellas se concentran en el robo de vehículos de lujo y cuentan con una red capaz de “maquillarlos”, es decir alterar algunos elementos que hacen posible su identificación, y de contactar directamente con compradores en México o el extranjero. En nuestro país, operan bandas que son capaces de enviar los vehículos robados, en pocos días e incluso horas, a distintos puntos ilegales de venta en Centro, Sudamérica y Europa. Vehículos robados en México se han encontrado en países tan remotos como Rusia, Bulgaria o Finlandia. En Finlandia, precisamente, se encontró un automóvil Mercedes Benz robado en la zona conurbada del Estado de México, mismo que fue recuperado en 2008 gracias a un Convenio firmado con la INTERPOL.
Por supuesto, en la cadena delictiva, el robo de vehículos debe ser visto como una prioridad para prevenir otros delitos. Y es que en vehículos robados se transporta droga y mercancía ilegal y en ellos los delincuentes perpetran otros crímenes, especialmente el secuestro y el robo a casa habitación.
Recientemente, el caso de “El Lobo” ejemplifica muy bien parte de esta realidad. En efecto, Joel Alejandro Valladolid Hernández intentó robar en septiembre del 2007 el automóvil del Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera. Recientemente detenido a bordo de un vehículo robado en la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, el delincuente confirmó dedicarse al robo de vehículos en el Estado de México y el Distrito Federal, pero también a otros delitos. De hecho, “El Lobo” enfrentó un proceso por homicidio y cuenta con un amplio historial criminal. Lo peor del caso, sin embargo, es que su detención fue producto de la casualidad y no de una investigación seria y profesional como la que debería darse en la persecución de este tipo de ilícitos.
Por todo lo antes dicho, es necesario que en el contexto actual de crisis económica -que exige más sacrificios de los mexiquenses para hacerse de un patrimonio, por ejemplo, adquirir un automóvil- se presenta la urgente necesidad de que el Gobierno Estatal trabaje en una estrategia bien estructurada y efectiva, a fin de combatir esta terrible expresión de la delincuencia y que nuestro derecho a la seguridad se vea garantizado.
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Artículo publicado el pasado 10 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
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Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
